La sociedad contra el Estado: cómo fueron y de dónde vinieron los ataques a la familia Maldonado
La familia Maldonado presentó, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe que ubica a funcionarios del gobierno y diputados, pero también a periodistas y operadores, en un rol central en la creación de noticias falsas y las granjas de trolls. Devela la estrategia para ocultar la desaparición, instalar pistas falsas y criminalizar y deshumanizar al joven y a su familia. Por otro lado, un dossier elaborado por la periodista Claudia Acuña subraya, a la vez, la tarea social que sigue representando mantener el reclamo de memoria, verdad y justicia cuando el Estado se vuelve de terror.
Por lavaca.org
“Se describe quiénes fueron los actores involucrados en la comunicación oficial del gobierno, funcionarios de segunda línea, y también de los periodistas más famosos, operadores y el rol central que asumieron los creadores de noticias falsas y las granjas de trolls que diseminaron los contenidos a través de las redes sociales para polarizar la sociedad”. Así comienza el informe que la familia de Santiago Maldonado presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que refleja los ataques que sufrieron por parte de los funcionarios de Cambiemos y del Gobierno (que debían investigar la desaparición de un joven de 28 años en contexto de protesta social) a través de las redes y los medios de comunicación.
El informe fue presentado mientras la familia espera que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resuelva si confirma o no el archivo de la causa, dictaminada por el juez federal Gustavo Lleral el 29 de noviembre del año pasado. “Están vencidos todos los plazos y, una vez más, advertimos que los plazos de los jueces van a ser políticos y electorales”, apunta a lavaca la abogada de la familia, Verónica Heredia. Y ejemplifica con algunos hechos:
– El primer juez de la causa, Guido Otranto, y la fiscal Silvina Ávila allanaron el domicilio de Santiago en El Bolsón el 12 de agosto de 2017, un día antes de las PASO.
– El 21 de octubre, un día ante de las elecciones legislativas, el juez Lleral dijo que el fallecimiento de Maldonado no se había tratado de una “muerte violenta”.
– El archivo de la causa llegó un día antes del comienzo del G20.
“Es evidente que la investigación respondió a tiempos políticos electorales y confirma que no hubo una investigación ni independiente ni imparcial”, dice Heredia. “Por eso, en el marco de la era de las noticias falsas y los ataques mediáticos, este informe es una prueba que presentamos para acreditar la relevancia que tuvo el caso. Una relevancia que no se encierra toda en sí misma, sino para toda la sociedad y para toda la región».
«Por eso, es imprescindible que, como sistema interamericano que establece los estándares de investigación y procedimiento, se expidan y den parámetros de hasta cuál es el límite de la libertad de expresión y qué regulación debe haber ante la utilización del Estado de las redes sociales para atacar no sólo a una persona, sino a la familia, a la víctima, a los amigos y a la causa”, añade.
El periodismo troll
El informe sobre los ataques parte de la base de que la comunicación oficial desde el Poder Ejecutivo fue escasa. Según el resumen, el propio Macri no se pronunció en ningún momento. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, emitió un solo tweet (“Mintieron, quisieron engañar a la sociedad y generar miedo”, festejó cuando Lleral cerró la causa), al igual que el ministro de Justicia, Germán Garavano. En tanto, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, fue el más activo, con tres intervenciones. “Claramente, el objetivo era silenciar la comunicación oficial y ´hablar´ a través de otros canales”, apunta el informe.
Uno de esos canales fueron funcionarios de segunda línea (diputados) que tuvieron un rol activo en comunicación.
“Se definió que la comunicación tuviera un tono político”, explica. “La intención era polarizar a la sociedad, deslegitimando el reclamo de aparición con vida de Santiago, reduciéndolo a un montaje político que solo intentaba dañar al Gobierno».
«Esto tuvo el efecto deseado en una parte de la sociedad, que, hasta el día de hoy, sostiene que el caso fue ´muy politizado´ o ´usado políticamente´”. Así, el informe reúne alguno de los mensajes de la diputada Elisa Carrió, que dijo que la desaparición era un “invento kirchnerista”.
“La constante demanda social fue diaria hasta la aparición del cuerpo”, apunta. “Durante 18 meses seguidos, la sociedad argentina produjo un promedio de dos hechos diarios de importante magnitud informativa para mantener en agenda el caso. Significa, entonces, que las movilizaciones masivas que concentraron la atención sobre Santiago Maldonado hay que analizarlas en el contexto de un trabajo cotidiano de comunicación y transmisión de información para alertar sobre el caso y también sobre sus implicancias actuales y sus relaciones con la Historia argentina: desaparecidos, dictadura, derechos humanos, etc.”.
Luego, describe tres casos de periodistas de alcance masivo, cuyo discurso –precisa la familia- “pasaba centralmente a deshumanizar a las víctimas”. Destaca que el objetivo era polarizar la audiencia y desprestigiar a todos los que reclamaban por la aparición del joven. En este grupo, están Jorge Lanata (quien dijo que Sergio Maldonado debía pedirle “perdón” a la Gendarmería y a Bullrich), Eduardo Feinmann (quien dijo que Sergio y su abogada sólo “quieren más guita”) y Baby Etchecopar (que dijo que el joven era un “delincuente”).
Otro apartado se enfoca en los “Operadores”, partícipes de la creación de un “sentido común” de la versión oficial. El informe ubica allí a Claudio Andrade (Clarín), Loreley Gaffoglio (La Nación, primero, e Infobae, después) y Silvia Mercado (Infobae). Los dos primeros, además, fueron galardonados por Fopea y Adepa, respectivamente. El informe los describe como las personas que contaban “con información privilegiada, inclusive en algunos casos, anticipando las resoluciones judiciales y las próximas acciones del Ministerio de Seguridad”. Los tres difundieron las versiones que Maldonado había estado en Chile, que había pasado a la clandestinidad o que había sido herido por el puestero de Epuyén. Mercado, por ejemplo, publicó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU había felicitado al Gobierno por su intervención en el caso, pero las propias autoridades la desmintieron.
En ese sentido, la familia apunta que esta construcción fue la base sobre la que se montaron las granjas de trolls, que atacaban vía redes.
“A partir de cuentas falsas, se organizaron para esparcir un mensaje uniforme y coordinado. Los ataques trolls mostraron el lado más siniestro de las redes sociales y de la sociedad. Festejaron la desaparición, la muerte, esparcieron un mensaje de odio que alcanzó a gran parte del país y generó más dolor, angustia e impotencia a la familia”.
El informe acompaña un estudio de la diputada Graciela Camaño, que expuso cuál era la estructura y el alcance del troll center macrista (más 7.500 cuentas falsas, 1 millón de interacciones diarias), comandado por el jefe de Gabinete Marcos Peña.
La importancia de este escenario cobra una importancia central por el contexto: en los 78 días que siguieron a la desaparición, circularon más de 7,5 millones de tweets.
La respuesta social
Por su parte, un dossier realizado por la periodista y escritora Claudia Acuña analiza el impacto social que tuvo el caso Maldonado, en el que destaca que la búsqueda del joven fue una tarea asumida a nivel social y que tuvo su correlato en documentales, libros, videos, ensayos, intervenciones en el espacio público y en escuelas.
La periodista Acuña destaca que la variedad de recursos comunicacionales desplegados representa el bagaje que la sociedad creó en su lucha contra la violencia de Estado. “En pleno dominio de las redes sociales virtuales, es interesante comprobar cómo, en casos de denuncia de una desaparición forzada y presión para la aparición con vida, la sociedad argentina recurre a un lenguaje fundamentalmente artístico y, si bien se irradia en soportes muy variados, los murales callejeros siguen siendo una prioridad”.
La tradición argentina ubica un lenguaje artístico, que también se expresó en escribir en billetes de 100 pesos la leyenda “¿Dónde está Santiago?”, tal como hacían las Madres de Plaza de Mayo en plena dictadura. Acuña apunta: “Esta tarea social se hace notoria al analizar el impacto del caso en las aulas, hecho que sólo puede haber generado la información difundida socialmente, ya que ningún medio comercial sembró ese interés, sino, por el contrario, lo desalentó con campañas de desinformación que daban permanentemente cuenta de ´apariciones´ y teorías sobre el presunto paradero de Santiago. Para poder responder a la demanda del interés de niños y niñas, los gremios docentes tuvieron que preparar material didáctico, ya que ningún organismo del Estado atendió a esta demanda. Por el contrario, el Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, difundió una línea telefónica destinada a denunciar a aquellos docentes que hicieran mención del caso en el aula”.
Los informes, así, se complementan, y mientras describen el ataque coordinado a la familia, también resaltan la tarea social para mantener en movimiento el pedido de memoria, verdad y justicia, con el “trauma social” que representa una desaparición forzada: millones de personas dedicando horas y recursos para demandar al Estado acciones justas, prontas y concretas.
La abogada Heredia explica que el informe sobre los ataques apunta redefinir los parámetros de investigación de una desaparición forzada en democracia. “Así como Iván Torres (desaparecido en 2003, en Trelew) significó el reconocimiento argentino de la existencia de desapariciones forzadas, llevó a que se tipificara el delito y estableció en el Código Procesal que debían ser apartadas las fuerzas sospechadas, el caso de Santiago demuestra que esa norma ahora no alcanza. No sólo se tiene que apartar a la fuerza involucrada, sino apartar a toda la estructura de la cual depende esa fuerza, es decir, también el juez y la fiscal que entendían en el hecho”.
— ¿Qué revela el informe?
— Lo planificado y lo sistemático. No es al azar. Ahí ves el accionar del Gobierno, de la ministra Bullrich, de los diputados, de los periodistas, todo una estructura que da cuenta que no es casual que Santiago haya desaparecido, con una lógica de deshumanizar a él, a Sergio y a todo lo que se dijera en un correlato con las resoluciones judiciales. Hay que entender que es un hecho que no afecta sólo a la familia de Santiago y a la sociedad, sino a toda la región. Por ejemplo, la utilización del Poder Judicial por parte del poder político no sólo se dio acá, sino que es una metodología regional. Es necesario que rápidamente se establezcan parámetros de esta época. La desaparición de Santiago es un quiebre y necesita respuestas del sistema.
*Por lavaca.org. Imagen de portada: Colectivo Manifiesto
