La salud y la libertad
En las últimas semanas el estado de las cárceles y las personas presas tomó gran visibilidad en la provincia. Las sucesivas noticias de muertes de detenidas, evidenció la situación actual de la población carcelaria en general, de las mujeres en particular, y del sistema de salud en las cárceles de Córdoba. El derecho a la salud, violado constantemente en nuestras sociedades, en las cárceles es casi inexistente.
Por Redacción La tinta
“María del Carmen Oviedo, de sesenta años, murió de cárcel, murió por abandono de persona en el complejo carcelario de Bouwer”, escribió la compañera de larga trayectoria Adriana Revol en su cuenta de Facebook. Lo escribió el sábado 12 de mayo, un día después de que Grecia Catalina Gómez, de veintidós años, perdiera un embarazo de cuatro meses tras no recibir la atención necesaria.
María del Carmen murió en la cárcel, dicen sus compañeras, al igual que Elsa Medina, mujer de 62 años, fallecida el 2 de febrero tras pasar por el Hospital Misericordia, re-ingresando a la cárcel a las 3:20 y muriendo pocas horas después. Ante la duda: a la cárcel. Revol es clara, “el estado privilegia la seguridad a la salud de las personas”.
No se trata de un caso aislado ni es una situación novedosa, familiares de presos/as, ex preses y organizaciones sociales denuncian esta situación desde hace décadas. El número de muertes en cárceles en estos meses aportan visibilidad: en lo que va del 2019, sólo en Córdoba, suman 11 los detenidos y detenidas fallecidas dentro de los penales o en hospitales tras ser trasladados. La situación es una consecuencia del hacinamiento y la falta de condiciones mínimas de sanidad y atención médica, agravándose en el caso de las mujeres.
En este sentido, a partir del eco de las movilizaciones y protestas a favor de los derechos y la vida de las personas detenidas, la Justicia exhortó a las autoridades a tomar las medidas necesarias para garantizar “el debido acceso del derecho a la salud”. Según el tribunal, el Gobierno provincial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la interventora del Establecimiento Penitenciario N° 3 deben tomar las medidas necesarias para “asegurar el debido acceso del derecho a la salud de todas las internas alojadas en el Establecimiento Penitenciario N° 3”.
Si bien debería estar garantizado, los derechos humanos básicos en las cárceles parecen no existir, como si la prisión tuviera como correlato la deshumanización. El estado actual de los centros de salud de las barriadas populares y de los hospitales provinciales y municipales son tema recurrente de protesta y denuncia. No es difícil imaginar entonces su correlato dentro de los establecimientos carcelarios, entendiendo además que la mayor parte de la población carcelaria corresponde a los sectores populares, es decir, personas que siempre han tenido dificultades para acceder a los servicios de salud, y que han recibido atención médica deficiente. Consecuentemente, las presas presentan en muchos casos, enfermedades crónicas con complicaciones.
La matriz heterosexual y patriarcal se profundiza entre los pasillos y las rejas, y las mujeres presas lo sufren a diario: requisas vejatorias, falta de asistencia médica, violencia obstétrica y dispositivos de aislamientos encubiertos. Los castigos en las cárceles son sumamente violentos, empeorando en los cuerpos femeneizados. Los miles de pliegues de la jerarquía de géneros.
La resolución de la Justicia ordena que se deben “arbitrar todos los medios adecuados en pos de dispensar, de modo inmediato, abordajes interdisciplinarios en materia de salud, acordes a las necesidades de cada interna y los compromisos legales asumidos por el Estado”. Según los relatos de las propias presas, ellas deben atravesar varias barreras antes de recibir atención médica: personal no médico que decide si se trata de una urgencia, médicos que no posee los conocimientos suficientes para juzgar la necesidad de una consulta especializada, autorizaciones de la solicitud influenciadas por razones de seguridad o conducta. Sin contar con las dificultades para conseguir los medicamentos adecuados.
Así, el impacto de esta situación sobre los cuerpos de las mujeres presas es aún peor. En el sistema carcelario, que está pensado y diseñado para hombres, las necesidades de salud de las mujeres en general no son tenidas en cuenta, tanto en los programas como en los procedimientos. Es por ello que las cuestiones médicas que se relacionan con la salud reproductiva y con aspectos psicosociales relacionados con el encarcelamiento de mujeres sostén único de familia son a menudo, pasadas por alto.
La violencia hacia las mujeres se duplica en condiciones de encierro. No se trata principalmente de golpes, como ocurre con los varones, sino también con formas de intromisión en el cuerpo y con cuestiones vinculadas con la salud mental. En el contexto actual la situación se ve agravada por la cantidad de presas.
En los últimos años el ingreso de mujeres en las cárceles se multiplicó por infracciones a la Ley 23.737, es decir, por algún delito vinculado al narcotráfico, siendo la mayoría mujeres de 25 a 45 años, en general madres. Esta ley impactó fuertemente sobre las mujeres, en detrimento de sus condiciones materiales de alojamiento, por ejemplo en la implementación del arresto domiciliario, limitando su efectivo cumplimiento, lo que afecta fuertemente los vínculos con sus hijes y los entornos propicios de cuidado. Las presas por lo general son solteras o divorciadas, siendo las menos visitadas del sistema carcelario. Mientras en los pabellones de varones se dibujan largas colas de mujeres que llevan alimentos, medicamentos y muestras de afecto, las mujeres suelen recibir muy pocas visitas, lo que impacta en sus condiciones de vida.
La supuesta guerra contra las drogas, que los gobiernos se afanan en propagandear, es una arista más de la guerra contra las mujeres, porque ellas son las primeras en ir a la cárcel. En lugar de desbaratar a las grandes organizaciones, que tienen sobradas complicidades con los poderes de turno, la cadena se corta por el eslabón más débil. El cuadro de esta guerra no podría estar completo sin el atravesamiento de algunas otras condiciones que en nuestras sociedades suponen mayor vulnerabilidad. Ser mujer, presa, pobres y extranjera: según datos oficiales el 48% de las detenidas por delitos vinculados a las drogas, son extranjeras, la gran mayoría de países latinoamericanos. Por otro lado, la cantidad de mujeres trans vinculadas a este delito también creció en los últimos años.
El atravesamiento de distintas opresiones empeoran las condiciones de salud de las presas: están condenadas por un delito, por ser cuerpos femeneizados, por ser malas madres o por rebelarse a la virilidad dominante, por migrar, ser pobres, ser negras. Si en nuestra sociedad estos cruces generan un sinfín de opresiones, en contextos de encierro la gravedad trepa perversamente, con el abandono y la muerte como consecuencias.
*Por Redacción La tinta.
