Desmantelamiento educativo: 2500 trabajadores de CAJ y CAI sin respuesta
Educadores de toda la provincia denuncian el vaciamiento de dos programas socioeducativos que benefician a 20.000 alumnxs y que significa la pérdida de 2500 puestos laborales. El próximo miércoles convocan a una manifestación frente al Ministerio de Educación para exigir una respuesta concreta acerca de la continuidad de estos proyectos.
Por Redacción La tinta
¿Cuándo empieza el CAJ? es la pregunta que vienen haciendo hace más de dos meses docentes, jóvenes, niñes y familias. La respuesta es siempre la misma: «La semana que viene se sabrá algo». La realidad es que la semana que viene nunca llega y no encuentran repuesta por parte del Estado Provincial.
Los últimos años la precarización de este espacio se ha acrecentado: cada vez se patea más el comienzo de actividades, se recorta el fin de ciclo, se ajusta el presupuesto a límites que no permiten acceder a los materiales que los talleres requieren para su desarrollo anual, se retrasa el pago de sueldos sin explicación llegando a 2, 4 y hasta 6 meses de incertidumbre salarial.
La situación actual es de silencio e incertidumbre total: «Nos dijeron que no habían novedades del CAJ, cerraron los grupos de whatsapp a través de los cuales nos comunicábamos con las referentes, unos dicen que sigue, otros que no, que la semana que viene habrá novedades y nada», cuenta una coordinadora, y un tallerista agrega: «Estamos juntando deuda con el monotributo, guardando esas horas para no abandonar al espacio y a lxs pibxs, esperando una respuesta que no llega».
A la vulneración de derechos laborales -que comprende precarización, desconocimiento y un entramado de persecución y manipulación política-, se suman unos 20.000 pibes y pibas cuyos derechos a la educación y a la cultura sufrirán un nuevo embate si estos programas socioeducativos sufren recortes o desaparecen, como tantos otros en los últimos años.
Este miércoles 17 de abril a las 11 de la mañana, la comunidad educativa se reúne frente al Ministerio de Educación (Santa Rosa 751) a exigir respuesta y continuidad.
Hablamos de derechos (vulnerados)
Conectar, Tutorías, Plan de lectura, Plan Nacional de Orquestas, CAJ, CAI… son todos proyectos pedagógicos que ponen el foco en la participación, la recreación y la expresión, y cuya efectividad ha sido comprobada en la mejora de la calidad de vida de jóvenes y niñes. «Es un derecho de les niñes y jóvenes a la educación y a la cultura en sentido general. En la ley de Educación dice que el Estado debe promover espacios de participación y derechos sobre todo con jóvenes en condición de vulnerabilidad social, a los que muchas veces las familias no pueden pagarles un taller cultural o facilitarles un ámbito para hacer lo que les gusta o un espacio para relacionarse con otros jóvenes», amplía una tallerista.
Además de los derechos de infancias y juventudes, hablamos de derechos laborales. Todos los trabajadores de CAJ y CAI están «en negro», trabajando a través de monotributos que les dejan la mitad de sus precarios sueldos: $125 la hora de trabajo con 20 o 30 chicxs a cargo, sin contar transporte (porque tampoco pueden acceder al Boleto Educativo Gratuito), sin seguro, obra social o aportes… ni siquiera se les reconoce puntaje docente. «Desde el gremio UEPC también nos desconocen como trabajadores de la educación, aunque nos exigen ser docentes porque exigen título profesional y el proyecto que uno arma como coordinador tiene que ser redactado con la lógica docente porque tiene que proponer y generar intervención», sostienen.
Por su parte, el Ministerio de Educación se pasa la pelota jugando al cansancio de quien les solicita una respuesta concreta. Del Ministro de Educación al Subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, quien los envía al Director General de Educación Media y a la Directora General de Educación Inicial y Primaria, quienes delegan el problema a los responsables de CAJ y CAI, quienes a su vez señalan a los referentes zonales y éstos a los directivos de las escuelas, quienes vuelven a enviarlos al ministerio en un paseo piramidal que nunca llega a ningún lado.
Los Centros de Actividades Juveniles (CAJ) y los Centros de Actividades Infantiles (CAI) son programas socioeducativos destinados a fortalecer las trayectorias escolares de lxs jóvenes desde una perspectiva de derechos y de educación integral. Fortalecen las trayectorias escolares y mejoran las condiciones de acceso, permanencia y egreso de niñes y jóvenes, al proponer un espacio que posibilita otras formas de socializar y de aprender. Estos espacios promueven el encuentro, la participación y la posibilidad de que jóvenes y niñes de toda la provincia accedan a talleres de deporte, arte, medioambiente y comunicación, que se dictan en la escuela a contraturno y de asistencia no obligatoria. Implementado hace más de quince años en establecimientos educativos públicos de todo el país, ha demostrado ser una respuesta efectiva en cuanto a empoderamiento, participación, aprendizaje, expresión y permanencia en el sistema educativo.
Lxs coordinadores de estos espacios deben presentar a principio de año un proyecto pedagógico y cada tallerista una planificación anual, por lo que hay una evaluación docente de estas propuestas de educación alternativa. En estos proyectos está previsto como requisito la articulación con los espacios del aula, garantizando un soporte pedagógico de las materias curriculares.
«El CAJ ancla con una articulación de sostener las trayectorias educativas. Por ejemplo, si lxs preceptorxs detectaban un caso de posible abandono o de socialización débil, hacían acciones y lazos con el CAJ como un recurso de contención que están esperando las actores institucionales también», cuenta un coordinador.
De participación y protagonismo juvenil
Telas, robótica, botánica, pintura, rap, defensa personal, radio, murga, artes marciales, cine, instrumentos, danza, fotografía, muralismo, aeróbica… los talleres de los Centros de Actividades Juveniles son elegidos por lxs propixs estudiantes mediante encuestas realizadas a todo el estudiantado por parte de sus compañerxs del Equipo de Gestión. De este modo, el CAJ posibilita no solo que los jóvenes accedan al aprendizaje de disciplinas y oficios que de manera particular no pueden alcanzar, sino también que aprendan a participar, tomar desiciones, organizarse y gestionar acciones.
Los CAJ cuentan con un coordinador y tres talleristas, junto al Equipo de Gestión formado por referentes de cada curso, quienes motorizan actividades, viajes, torneos y proyectos que se complementan con los contenidos curriculares que aprenden en las materias clásicas. Pero sobre todo, el CAJ es otro modo de habitar la escuela: es el compromiso y la motivación de un chico o una chica que se levanta un sábado a las 8 de la mañana para viajar una hora en el colectivo que lo lleva desde su barrio a la escuela con el solo fin de aprender, encontrarse y compartir con otrxs. Algo que a la escuela tradicional le cuesta lograr aún con la obligatoriedad.
«Genera el reconocimiento de los sujetos a través de sus propias capacidades y genera lazo social. Sabemos que las escuelas de Córdoba tienen altos índices de abandono y repitencia. Entonces ¿Por qué los pibes iban los sábados cuando no era obligatorio y copaban la escuela? ¿Por qué pibas que abandonaron el colegio seguían volviendo al CAJ? ¿Qué pasa ahí?», reflexiona una coordinadora.
No votan, no importan
El Centro de Actividades Infantiles funciona en escuelas públicas de nivel primario y está destinado a acompañar pedagógicamente a niñas y niños para completar sus estudios, así como a brindar talleres que posibilitan su acceso a actividades artísticas, científicas, tecnológicas, deportivas y recreativas.
«Entrás en diálogo y en otro vínculo con los niños, las niñas y sus familias. Es realmente una articulación socio comunitaria porque de repente estás dibujando y sale a la luz una situación de abuso, o te enterás de niñes que no están pudiendo acceder al alimento básico o que dejan de concurrir porque no tienen para pagar el boleto de transporte», cuenta una de las talleristas. «Es re importante que un niño tenga un espacio cultural con una lógica no disciplinar, es laburo comunitario donde se vincula desde otro lugar. En el marco de derechos, las infancias tienen que tener acceso a la cultura. Pero no les importa porque les niñes no votan», agrega.
Luego de meses sin respuesta y de elevar notas a distintas entidades públicas sin la más mínima respuesta, a algunxs coordinadorxs les llegó un mail ambiguo y acotado en el que comunicaban que el CAI será ahora un club: de programa socioeducativo a club de fin de semana. En la letra chica, esto implica no solo un cambio de lógica en cuanto a su trascendencia e impacto en la vida educativa y social de les niñes, sino también el recorte explícito de puestos de trabajo a la mitad.
La esperanza se construye
El Centro de Actividades Juveniles funcionaba también en contextos de encierro juvenil como el Complejo Esperanza y en algunos sectores de Bower. En estos casos el programa fue discontinuado el año pasado a través de la misma metodología: un constante silencio oficial que dilató la discusión y terminó por desmembrar el espacio.
Un ex-tallerista del Complejo Esperanza resaltó la importancia del CAJ en un contexto de encierro como la única posibilidad de contención, socialización y expresión que tienen estos jóvenes. «La realidad dentro del Complejo es la homogeneización del sujeto transformándolo en objeto con tratamientos para todos igual, con psicofármacos… cuando lxs pibxs salían del instituto para ir a la escuela salían o dopados o indomables por lo que venían de vivir adentro con los ‘agentes socioeducativos’ a los que no se les puede llamar guardiacárceles, pero son eso».
En este sentido, el CAJ era el espacio en que estos jóvenes podían animarse a descubrir otras realidades, a aprender y a pensar en su futuro: «Hoy si queremos reinserción social de lxs pibxs es necesario brindarles un espacio en el que puedan acceder a la cultura, a la formación laboral y a otros mundos: son chicos que vienen vulnerados desde la familia, vienen de institución en institución desde muy chicos. Poder trabajar la desinstitucionalización y brindarles un margen de autonomía para con ellos es importantísimo».
Analizando el recorte educativo en establecimientos penitenciarios juveniles, el proyecto de ley que busca bajar aún más la edad de imputabilidad (a 15 años) y otras medidas polémicas, podemos hablar de un conglomerado de políticas tendiente a oprimir y anular el margen de acción y participación de la población sub-18.
Topos, amenazas y manipulación política
Los y las talleristas que brindaron sus testimonios prefieren el anonimato y esto no es un capricho: la realidad de persecución y la amenaza de despidos es una constante en este ámbito. Al mejor estilo «topo», los agentes educativos espían a coordinadores y talleristas y no tienen ningún reparo en amenazar y amedrentar a quienes osan preguntar acerca de sus derechos laborales o de la ética del trabajo que están realizando.
Una coordinadora y tres talleristas de un establecimiento educativo de zona sur fueron desvinculados en el acto por cuestionar la obligación de concurrir con todos los alumnos a un acto de campaña. «Nos llamaron un miércoles para decirnos que el día sábado, día en que no funcionaba el CAJ en la escuela y por lo tanto ni los chicos ni los docentes íbamos, teníamos que trasladar a 60 chicos desde el barrio hasta Quality. Yo le expresé que había talleristas que tenían otros trabajos esos días además de que es muy difícil conseguir movilizar a tantos chicos, ni hablar de conseguir las autorizaciones firmadas por sus padres, en tan poco tiempo. Al otro día, sin mediar palabra, me comunicaron que coordinador y talleristas estábamos desvinculados del establecimiento», cuenta una de las talleristas. Este evento contó con la participación obligada de coordinadores y talleristas junto con más de mil alumnxs de escuelas públicas de toda la provincia. «Era, nada menos, que un acto de campaña disfrazado de jornada recreativa donde brindó un sugerente discurso Martín Llaryora, tiempo antes de las elecciones legislativas de 2017″, concluye la tallerista.
Cualquier intento de organización entre talleristas (para preguntarse, por ejemplo, si alguien sabía algo de los sueldos adeudados hace más de tres meses sin respuestas oficiales por parte del Estado) también era sofocado mediante espías en los propios grupos de whatsapp, cuyas capturas de pantalla llegaban hasta el Ministerio de Educación y desde allí «bajaban» las advertencias vía inspector-referente educativo-directivo-cooridnador de CAJ. Los identificados como voceros eran directamente desvinculados con cualquier excusa.
La coordinadora de una escuela del este de la ciudad fue notificada de que debía obligar a una de sus talleristas a borrar un posteo que ésta había realizado en su facebook personal en el que decía que hacía tres meses no cobraba su sueldo y que no tenía ninguna respuesta de cuándo iba a regularizarse esta situación. La cadena de aprietes desciende con rigor y quien no acate las directivas sabe que su puesto de trabajo peligra y que no hay quien resguarde sus derechos laborales.
«El año pasado fue tremenda la persecución por parte de los referentes, un laburo de estar contándole a Karina Gallardo lo que hacíamos, si estábamos organizados… a los voceros que se organizaban los echaban. O te presionaban o amenazaban. Antes el referente era un equipo que le daba una mano pero cambió la lógica y terminó siendo una cosa de control y terriblemente cuantitativa: cada trimestre te piden un informe a coordinadores que es números. Números de asistencia que no cuentan con ningún apoyo, porque los chicos tienen que pagar para llegar a la escuela porque el Boleto Educativo Gratuito no corre para estas actividades.
Y, por supuesto, números que la provincia usa para hacer campaña: «Horacio Ferreyra, Subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa de la Provincia de Córdoba, aparece en todos los talleres hablando de integración, de trabajar de otros modos… discursivamente muy bonito pero justamente desde su Secretaría te está sacando el único espacio que viene a irrumpir en la lógica del aula», sostiene un coordinador de zona centro.
Resistimos frente al vaciamiento educativo
Los docentes de CAJ y CAI exigen una respuesta concreta por parte del Ministerio de Educación provincial, que debe asegurar la continuidad de estos programas socioeducativos así como el reconocimiento de estas 2500 personas como trabajadores de la educación con derechos laborales.
Invitan a toda la comunidad educativa (directivos, docentes, preceptores, coordinadores, talleristas y alumnxs) así como a organizaciones sociales comprometidas con la defensa de la educación pública a reunirse frente al Ministerio de Educación (Santa Rosa 751) el miércoles 17 de abril a las 11 de la mañana.
La educación será púbica, laica, gratuita y de calidad solo si la defendemos.
*Por Redacción La tinta.
