Atendido por sus dueños: el Parque Nacional Lanín como ámbito privilegiado de acumulación

Atendido por sus dueños: el Parque Nacional Lanín como ámbito privilegiado de acumulación
19 marzo, 2019 por Redacción La tinta

Villa Quila Quina emergió en los últimos días como un nuevo escenario de confrontación entre la defensa del territorio mapuche y las políticas nacionales de mercantilización de la naturaleza y transferencia de recursos a capitales amigos. En el marco de una mesa de diálogo con Parques Nacionales, la comunidad Curruhuinca espera ahora una respuesta gubernamental a sus reclamos.

Por Susana Lara para El Cohete a la Luna

Una crisis política e institucional desató en y desde el Parque Nacional Lanín (Neuquén) el resguardo territorial dispuesto el 6 de marzo por la comunidad mapuche Curruhuinca para reclamar la restitución de varios lotes en vías de venta o adjudicación a capitales privados de especulación, así como también el fin del monopolio de la explotación comercial de la navegación en el lago Lácar, entre otros puntos.

Después de más de seis horas de negociaciones, el viernes 15 de este mes, Emiliano Ezcurra, vicepresidente del directorio de Parques Nacionales (PN); un funcionario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y Curruhuinca acordaron un puñado de puntos básicos que no resuelve el conflicto de fondo, pero sostiene la vía del diálogo político por sobre la opción de la judicialización y militarización que alienta la presidencia del organismo.

Los mapuche decidieron levantar el resguardo territorial hasta el viernes próximo, cuando Parques debe regresar con la respuesta gubernamental sobre la urgente implementación del relevamiento territorial previsto por la ley nacional de Emergencia 26.160, especialmente en los parajes Quila Quina y Pil pil; el resarcimiento por el daño infringido a la comunidad con la concesión monopólica de una única ruta de navegación en los lagos Lácar y Nonthué; y la restitución de dos lotes para levantar una posta sanitaria y un vivero, resumió Ariel Epulef, vocero de Curruhuinca.

En tanto corre el cuarto intermedio de la mesa de diálogo de co-manejo, persiste la incertidumbre respecto a la continuidad de Horacio Pelozo como intendente del Parque Lanín, emergente de la crisis. El 7 de marzo, al día siguiente del inicio de la medida en la villa Quila Quina, Pelozo dispuso el cese del convenio con Topgrade SA de uso de un lote cuestionado. A la vez, se negó a denunciar penalmente la presencia mapuche dentro del parque como le requería el directorio general desde Buenos Aires. La resistencia oficial local a la judicialización del conflicto derivó en la renuncia al cargo de Eduardo Jones, segundo jefe del Lanín, según él mismo informó a los trabajadores estatales la última semana.


La acción directa mapuche, acompañada por organizaciones gremiales, políticas y sociales de base, permite ver parte de la trama de acumulación de capital y poder político hecho a partir de la explotación de los bienes de la naturaleza bajo responsabilidad del Estado nacional.


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La administración de PN otorgó la explotación comercial de la única ruta de navegación en el lago Lácar a una empresa de un primo y socio de Juan Manuel Bosch, designado el pasado diciembre por Mauricio Macri como subsecretario de Pesca y Acuicultura. Hasta 2016 el funcionario nacional integró la firma Plumas Verdes SA, beneficiaria de la licitación pública. Esta concesión es la pata acuática de la empresa de servicios turísticos que lleva su nombre e incluye un hotel e infraestructura de alojamiento en San Martín de los Andes, a pocos kilómetros de un paso internacional a Chile y del cerro Chapelco.

Desde hace años Curruhuinca reclama que esa ruta de concesión comercial no sea de uso exclusivo, sino que Parques permita otras explotaciones navieras alternativas, para atender a otras necesidades de uso, otras tarifas y otras exigencias de infraestructura. El lago Lácar es parte integral del espacio territorial tradicional de esta comunidad que, al igual que la vecina Cayún, desarrolla la vida tanto en el agua como en la tierra, modo que respetan todos los convenios y tratados internacionales sobre derechos de los Pueblos Originarios, así como toda la legislación vigente en Argentina.

En villa Quila Quina, en la confitería y restaurant concesionado a la naviera, se discutió que los dos circuitos lacustres concesionados a Plumas Verdes se hicieron sin hacerse la consulta previa, libre e informada prevista por el Convenio 169 de pueblos originarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Constelación Bosch

Naviera Lácar-Nonthué es el nombre comercial de la ruta que explota la concesión pública adjudicada a Plumas Verdes, firma que Enrique y Gonzalo Cappozzolo vendieron al primo Pedro Bosch, ahora presidente del directorio. El actual funcionario nacional actuó como abogado en representación de la firma hasta 2016. PN le otorgó la concesión en diciembre pasado, de acuerdo a la documentación pública del expediente correspondiente.

Juan Manuel Bosch (Imagen: Revista Puerto)

En manos de los Cappozzolo, Plumas Verdes fue –tal vez lo sea también ahora— una extensión estratégica de Nieves del Chapelco SA. Ahora el eslabón empresario hacia el negocio de la nieve es Pedro, amigo y socio de Juan Cruz Adrogué tanto en Chapelco como en varias firmas papeleras. En Juan Bosch Viajes y Turismo SRL el titular de pesca comparte la responsabilidad empresaria con Andrés Bosch. Ambos desarrollan desde hace años la agencia de servicios turísticos y el complejo del hotel Aspen, ubicados estratégicamente en San Martín de los Andes.

La constelación familiar en la zona incluye a Esteban Bosch, candidato a intendente por Cambiemos, ex secretario de Turismo del municipio de San Martín de los Andes y representante de la desarrolladora inmobiliaria Eidico para la Patagonia. Es el gestor de negocios ante la provincia del consorcio Valle Escondido y del club de campo Estancia Miralejos, en el área rural de San Martín.

Otro lugar de poder simbólico y económico lo constituye la esposa de Juan Manuel, Lucía Dodero, del grupo naviero emblemático de la oligarquía porteña.


La concesión de esta ruta de navegación comercial habla de las lógicas de los grupos económicos y la acumulación de capital con eje en la naturaleza en la Norpatagonia, tanto como de las dinámicas de poder desplegadas desde el directorio de Parques Nacionales como parte del dispositivo estatal de transferencia de recursos a los capitales amigos.


A la vez, muestra la negación sistemática del derecho de los Pueblos Originarios a recrear la vida en el territorio ancestral (el wallmapu, en este caso) en condiciones justas y de acuerdo a las propias cosmovisiones, en tensión con la propiedad privada.

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(Imagen: Roxana Sposaro)

El parque de Parques

El actual directorio de Parques Nacionales tiene en el country Cumelén de Villa La Angostura, a 70 kilómetros al sur de San Martín de los Andes y 1.600 kilómetros de la Casa Rosada, un espacio privilegiado de acumulación y transacción de poder.

Eugenio Indalecio Bréard (hijo), presidente del directorio, y Roberto Brea, vocal del mismo organismo, tienen propiedades en Cumelén donde se encuentran en ambiente relajado con su jefe directo y con lobbystas interesados en sus decisiones político-administrativas. Ambos dispusieron la denuncia penal contra la Lafken Winkul Mapu en la villa Mascardi en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que derivó en un desalojo violento y el crimen de Rafael Nahuel a manos del Estado en noviembre de 2017.

Junto a su esposa Eugenia Pitt, Bréard compró en 1999 una fracción de casi 2.700 metros cuadrados en 70.000 dólares, al lado de la cancha de golf. A pocos metros se levanta la residencia de Brea y María Monserrat Roviralta Escalante, ambos integrantes del directorio del laboratorio Andrómaco SA.

Muy cerca de la costa norte del lago Nahuel Huapi, en tierras de la antigua estancia de Exequiel Bustillo subdividida para evitar la expropiación durante el peronismo, Rosa María Sterverlynck mantiene la propiedad de un lote comprado en 1969. Lago Hermoso SA logró en tiempo récord la aprobación de un parque de nieve en tierras de su propiedad dentro del Lanín, cuyo expediente no ha registrado novedades en las últimas semanas, posiblemente a la espera de la resolución del conflicto desatado en Quila Quina.

Un acuerdo posta


Un lote en Quila Quina para levantar una posta sanitaria para toda el área rural; la revisión de la licitación pública para darle lugar a Curruhuinca en la gestión de la ruta de navegación en la ruta Lácar-Nonthué; y la plena implementación de la ley 26160 de Emergencia de los Territorios Indígenas Comunitarios en el espacio reivindicado por la comunidad en juridicción de Parques Nacionales, son parte del pliego de acuerdo firmado el viernes.


Ezcurra llegó a San Martín de los Andes el jueves 14 a la tarde, mantuvo algunas reuniones con referentes políticos locales para anticipar un escenario favorable, pero en la mesa de diálogo repitió hasta el cansancio que él no podía tomar decisiones, que lo llevaría al directorio en Buenos Aires. Nicolás Torres, abogado, director de Afirmación de Derechos Indígenas del INAI, agregó muy poco. Resta saber si Bréard y elenco rubrican el acuerdo de Quila Quina, si son capaces de imaginar un escenario de política estatal más allá de sus intereses económicos directos y los de su clase.

La comunidad mapuche ya planteó en la agenda pública la disputa por el control real y el uso integral de los bienes de la naturaleza, rompiendo el molde de comprensión que encorseta (o pretende encorsetar) la demanda de los pueblos originarios a unos pocos metros cuadrados de suelo firme.

*Por Susana Lara para El Cohete a la Luna. Imagen de portada: Rox Ana, Anita Bruschetti y Fernando Lavoz.

Palabras claves: mapuches, Parques Nacionales, Patagonia, pueblos originarios

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Organizaciones trabajan en red por la salud sexual y reproductiva de comunidades rurales de Córdoba 

Organizaciones trabajan en red por la salud sexual y reproductiva de comunidades rurales de Córdoba 
26 noviembre, 2024 por Soledad Sgarella

El trabajo del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) es fundamental ―desde hace 25 años― en la lucha por una vida digna en el campo, abarcando aspectos como la tierra, la educación y la salud. En alianza con Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), desde 2021, se han potenciado acciones en torno a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, especialmente, en zonas rurales invisibilizadas. “Contar con redes ayuda a entender que la salida siempre es colectiva y con organización”, sostiene Camila Recalde, médica y militante del MCC.

Desde hace 25 años, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) trabaja por el acceso a una vida digna, enfocándose en derechos fundamentales como la salud, la educación y la tierra en las comunidades rurales. La articulación y el trabajo colaborativo con la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), a partir del 2021, fortaleció el plan de acción orientado al acceso a derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas del colectivo LGBTQ+ que habitan la ruralidad. En esta nota, integrantes de las organizaciones reflexionan sobre los avances alcanzados y los desafíos que aún persisten en la construcción de un futuro más justo.

Camila Recalde es militante del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) e integrante de los equipos de Salud y Feminismo. En diálogo con La tinta, comparte la experiencia de su organización, que lleva un cuarto de siglo de trabajo territorial en el norte y noroeste de la provincia de Córdoba. La médica destaca que el MCC se ha enfocado en visibilizar a lxs campesinxs y en luchar por el acceso a la tierra y a una vida digna en el campo. Hablar de «vida digna» abarca aspectos fundamentales del desarrollo humano, como la salud, la educación, la producción, el acceso al agua potable, la tierra y el trabajo.


«En todo el recorrido, hemos visibilizado y trabajado sobre el rol de las mujeres en el campo, una multiplicidad de acciones que ahora podemos poner bajo la bandera del feminismo campesino indígena popular, pero que, en aquellos tiempos, ni siquiera hablábamos sobre feminismo”. 


Entre las múltiples iniciativas, destacan las campañas de papanicolau, el acceso a métodos anticonceptivos, jornadas de atención sanitaria, espacios de formación para mujeres, promotoras de salud, promotoras territoriales contra la violencia de género, escuelas populares de género, talleres sobre economía feminista “y muchas otras acciones que, a lo largo de este tiempo, demuestran que la constancia del trabajo organizado genera que las políticas que se piensan o se articulan con el Estado y ONG puedan llegar de manera oportuna a los territorios”. 

Camila hace énfasis en que, desde el MCC, siempre tuvieron en claro que son una organización social y que el Estado es quien debería encargarse de gestionar la política pública para el sector. “Pero como ha sido un sector históricamente invisibilizado, hemos estado ahí para señalarlo, reivindicarlo y no dejar de demandar nunca lo que nos corresponde”, dice la médica y celebra como una victoria del movimiento que exista un programa como Familia Rural Sana, donde se ha podido pensar, construir y sostener conjuntamente políticas públicas de salud para una parte del campesinado cordobés, sabiendo y reconociendo que queda mucho territorio por cubrir.

“Contar con estas redes generadas en el contexto que estamos viviendo ayudan a entender que la salida siempre es colectiva y con organización”, agrega la militante. A lo largo de estos 25 años, explica, el MCC ha ido encontrándose con otros actores que reconocen su trabajo y que apoyan la lucha campesina y la mirada feminista, como CDD.

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Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.

Tejer las redes para una vida digna

Ana Morillo, coordinadora del área Salud de Católicas por el Derecho a Decidir, relata que la articulación con el MCC ya tiene varios años, más precisamente, desde el 2021. Con apoyos institucionales, planificación de acciones concretas o encontrándose como activistas feministas y trabajadoras de la salud en la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir ―para la implementación integral de la Ley n.° 27.610 IVE―, ambas organizaciones tienen un trayecto recorrido en conjunto que potencia y fortalece el trabajo.

Morillo destaca una actividad que realizaron en coordinación con la UNC: «Hicimos un mapa de Córdoba plasmando en papel una georeferenciación de servicios y de organizaciones que atendían y acompañaban mujeres que habían decidido interrumpir el embarazo ―u otras cuestiones de salud reproductiva, pero, principalmente, de IVE-ILE―. Marcamos con puntos verdes donde había servicio para la atención. Y, después, decidimos hacer puntos violetas para los lugares donde existían organizaciones que acompañaban… Y ahí, en ese mapa, se vio, hermosamente, cómo las sedes donde había organización de mujeres campesinas del Movimiento daban acompañamiento donde no había verde. Eso fue una foto muy importante para pensar ―aún más― en el fortalecimiento de las organizaciones acompañando a las mujeres y, más que nada, a las mujeres campesinas, mujeres que viven a kilómetros de los servicios de salud y con caminos muy difíciles de transitar”.

En septiembre de 2023, se organizó un encuentro entre el MCC, CDD y la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR), con la presencia de Valeria Isla, directora en ese momento de dicha repartición. El evento tuvo lugar en la radio comunitaria “Radio Pueblo”, en una de las localidades del norte cordobés, donde también funciona una extensión de la escuela para adultos destinada a la terminalidad de la secundaria, y participaron promotoras de diversas localidades del norte de la provincia ―como Deán Funes, El Tuscal y Mansilla del departamento Ischilín―, así como miembros del MCC de los departamentos de Cruz del Eje, Minas y Traslasierra.

Con la necesidad planteada de seguir articulando esfuerzos para consolidar la garantía de derechos en todos los territorios rurales de Córdoba, el trabajo conjunto entre el MCC y CDD se intensificó durante 2024. Las acciones buscan asegurar el acceso a métodos anticonceptivos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y la promoción de la salud sexual y reproductiva en comunidades rurales y barriales que, históricamente, han estado excluidas del sistema de salud pública.

El 2 de noviembre, se llevó a cabo en la sede del MCC en Cruz del Eje ―en el barrio La Rinconada― una campaña de colocación de implantes subdérmicos, producto de la articulación con Católicas por el Derecho a Decidir y la Fundación CIGESAR de Buenos Aires, jornada en la que se colocaron 50 implantes y se ofreció consejería a las mujeres de la zona. También se realizó en Ciénaga del Coro, incluyendo a comunidades cercanas como Tosno, Guasapampa y La Higuera. En total, se colocaron 49 implantes y, además, se ofrecieron consejerías sobre salud sexual y reproductiva a las participantes.

Otra de las campañas tuvo lugar en Cerro Colorado, donde, por cuarto año consecutivo, se realizó una jornada de salud sexual integral que incluyó consejerías, testeos de ETS y la colocación de implantes. Realizada en articulación con el MCC, Redes Cuidadas del Norte, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el colectivo de mujeres del norte, se recibieron más de 40 consultas que fueron acompañadas de manera personalizada y se llevó a cabo un taller titulado «Desdibujando violencia», abierto a la comunidad, donde se buscó reflexionar sobre la violencia de género y las herramientas para erradicarla.

Finalmente, a finales de noviembre, se llevará a cabo otra campaña en Los Pozos, que incluirá un taller de prevención y erradicación de la violencia de género, así como un espacio dirigido a las infancias para promover un entorno libre de violencia.

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Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.

Las promotoras de salud, ese fuerte hilo conector

Jesica Otazua es militante del MCC de la Ciudad de Cruz del Eje. En la ciudad del norte cordobés, existen nueve barrios populares donde la organización trabaja con el equipo de feminismo: «Desde el inicio de las experiencias barriales en el año 2018, nos inclinamos a la formación de promotoras de género y en acompañamiento de IVE/ILE en articulación con los organismos estatales. Actualmente, con la presentación de un proyecto político de desmantelamiento del Estado, los derechos conquistados se fueron achicando y las legislaciones vigentes se relegaron a las voluntades políticas de quienes gestionaban la salud y al acompañamiento de las organizaciones sociales”, historiza. 

Las campañas internas, puestas al servicio de la comunidad, dice Jesica, se vaciaron de contenido cuando los recursos del Estado dejaron de llegar a las comunidades y barrios. “Y ahí es donde nos seguimos organizando para poner parches a la desregulación. Un entramado de redes construidas históricamente desde nuestro movimiento es lo que legitima hoy, un proceso del cual depende el acceso a la salud de nuestras comunidades campesinas y barrios populares”, sostiene Otazua y afirma: “El acceso a los métodos anticonceptivos y a consejerías, en barrios donde el acceso a la información y donde la economía familiar está denunciando la emergencia alimentaria, son inherentes. Y, sin embargo, están siendo recursos que el poder político plantea como un despilfarro, carente de respaldo. El derecho a la anticoncepción gratuita no está siendo rentable para el interés económico”. 

La campaña de Cruz del Eje, asegura Jesica, “dejó en evidencia la importancia de la jornada para una ciudad que cuenta con numerosos centros de salud y un hospital regional a donde no llegan recursos suficientes. Así, entendemos que la organización colectiva es la respuesta en estos tiempos. Apelar a las redes tejidas y a los feminismos como construcción política nos garantiza una vida más digna”.

Ana Morillo señala que, para estas últimas dos campañas de colocación de implantes, se coordinó, por primera vez, con las promotoras: «Ellas se involucraron en la captación de las mujeres, en que llegaran allí… Por ejemplo, en Ciénaga del Coro, las fueron a buscar casa por casa para que estuvieran. Bueno, esto fue una articulación muy fuerte y un hermoso encuentro con las compañeras, para lograr que mujeres y jóvenes de esos barrios llegaran a obtener el método anticonceptivo”.

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Imagen: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.

Las promotoras de salud, como Carina Reynoso y Yamila Nieto, tienen un papel fundamental en el acompañamiento y educación de las mujeres en las zonas rurales. Ambas son productoras campesinas y hacen el famoso dulce de leche de cabra que se vende en el local Monte Adentro en la ciudad de Córdoba.


Carina trabaja en la comunidad de Piedrita Blanca, en el departamento Minas. La promotora destaca el impacto que han tenido los servicios médicos del programa Familia Rural Sana: «Los médicos rurales, en nuestras zonas aledañas, son muy importantes, tanto para adolescentes y jóvenes como para mujeres mayores, porque se pudo lograr llegar a los métodos de anticonceptivos, como así también los PAP. También a los controles y al llenado de fichas médicas para que cada niño cuente con su control. Visitamos periódicamente las viviendas y, entre charlas, vamos hablando sobre lo importante que es estar sanos. Comer bien y hacer actividades físicas. Para mí, es una gran oportunidad para que, como comunidad, vivamos mejor en el campo”. 

Yamila, de El Duraznal, cuenta cómo el MCC comenzó a trabajar en salud comunitaria desde principios de los años 2000. «Comenzamos aprendiendo a tomar la presión, a colocar inyecciones, todas esas cosas que hacía por ahí un grupo de médico y enfermero… Y también se empezó a plantear el tema de la salud integral de la mujer y, después, se pudo llevar a cabo venir con algunos de los equipos médicos y hacer PAP. Allá, en los primeros años, se usaba un botiquín comunitario acá, donde se conseguían anticonceptivos y se podían repartir a las mujeres. También otra cosa para decir es que, ahora, se han logrado un montón de cosas, las mujeres de acá, de la zona rural. Las promotoras podemos sacar un turno y, de ahí, dirigirse hacia el hospital Aurelio Crespo y poder hacer el circuito de la mujer, todo en un solo día, así que fueron logros y cosas que se fueron avanzando”, concluye Nieto.

*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imágenes: Diana Hernández para Católicas por el Derecho a Decidir.

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Palabras claves: Católicas por el Derecho a Decidir, Feminismo popular, Movimiento Campesino de Córdoba, mujeres campesinas, Salud Comunitaria, salud sexual y reproductiva

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