Atendido por sus dueños: el Parque Nacional Lanín como ámbito privilegiado de acumulación
Villa Quila Quina emergió en los últimos días como un nuevo escenario de confrontación entre la defensa del territorio mapuche y las políticas nacionales de mercantilización de la naturaleza y transferencia de recursos a capitales amigos. En el marco de una mesa de diálogo con Parques Nacionales, la comunidad Curruhuinca espera ahora una respuesta gubernamental a sus reclamos.
Por Susana Lara para El Cohete a la Luna
Una crisis política e institucional desató en y desde el Parque Nacional Lanín (Neuquén) el resguardo territorial dispuesto el 6 de marzo por la comunidad mapuche Curruhuinca para reclamar la restitución de varios lotes en vías de venta o adjudicación a capitales privados de especulación, así como también el fin del monopolio de la explotación comercial de la navegación en el lago Lácar, entre otros puntos.
Después de más de seis horas de negociaciones, el viernes 15 de este mes, Emiliano Ezcurra, vicepresidente del directorio de Parques Nacionales (PN); un funcionario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y Curruhuinca acordaron un puñado de puntos básicos que no resuelve el conflicto de fondo, pero sostiene la vía del diálogo político por sobre la opción de la judicialización y militarización que alienta la presidencia del organismo.
Los mapuche decidieron levantar el resguardo territorial hasta el viernes próximo, cuando Parques debe regresar con la respuesta gubernamental sobre la urgente implementación del relevamiento territorial previsto por la ley nacional de Emergencia 26.160, especialmente en los parajes Quila Quina y Pil pil; el resarcimiento por el daño infringido a la comunidad con la concesión monopólica de una única ruta de navegación en los lagos Lácar y Nonthué; y la restitución de dos lotes para levantar una posta sanitaria y un vivero, resumió Ariel Epulef, vocero de Curruhuinca.
En tanto corre el cuarto intermedio de la mesa de diálogo de co-manejo, persiste la incertidumbre respecto a la continuidad de Horacio Pelozo como intendente del Parque Lanín, emergente de la crisis. El 7 de marzo, al día siguiente del inicio de la medida en la villa Quila Quina, Pelozo dispuso el cese del convenio con Topgrade SA de uso de un lote cuestionado. A la vez, se negó a denunciar penalmente la presencia mapuche dentro del parque como le requería el directorio general desde Buenos Aires. La resistencia oficial local a la judicialización del conflicto derivó en la renuncia al cargo de Eduardo Jones, segundo jefe del Lanín, según él mismo informó a los trabajadores estatales la última semana.
La acción directa mapuche, acompañada por organizaciones gremiales, políticas y sociales de base, permite ver parte de la trama de acumulación de capital y poder político hecho a partir de la explotación de los bienes de la naturaleza bajo responsabilidad del Estado nacional.
La administración de PN otorgó la explotación comercial de la única ruta de navegación en el lago Lácar a una empresa de un primo y socio de Juan Manuel Bosch, designado el pasado diciembre por Mauricio Macri como subsecretario de Pesca y Acuicultura. Hasta 2016 el funcionario nacional integró la firma Plumas Verdes SA, beneficiaria de la licitación pública. Esta concesión es la pata acuática de la empresa de servicios turísticos que lleva su nombre e incluye un hotel e infraestructura de alojamiento en San Martín de los Andes, a pocos kilómetros de un paso internacional a Chile y del cerro Chapelco.
Desde hace años Curruhuinca reclama que esa ruta de concesión comercial no sea de uso exclusivo, sino que Parques permita otras explotaciones navieras alternativas, para atender a otras necesidades de uso, otras tarifas y otras exigencias de infraestructura. El lago Lácar es parte integral del espacio territorial tradicional de esta comunidad que, al igual que la vecina Cayún, desarrolla la vida tanto en el agua como en la tierra, modo que respetan todos los convenios y tratados internacionales sobre derechos de los Pueblos Originarios, así como toda la legislación vigente en Argentina.
En villa Quila Quina, en la confitería y restaurant concesionado a la naviera, se discutió que los dos circuitos lacustres concesionados a Plumas Verdes se hicieron sin hacerse la consulta previa, libre e informada prevista por el Convenio 169 de pueblos originarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Constelación Bosch
Naviera Lácar-Nonthué es el nombre comercial de la ruta que explota la concesión pública adjudicada a Plumas Verdes, firma que Enrique y Gonzalo Cappozzolo vendieron al primo Pedro Bosch, ahora presidente del directorio. El actual funcionario nacional actuó como abogado en representación de la firma hasta 2016. PN le otorgó la concesión en diciembre pasado, de acuerdo a la documentación pública del expediente correspondiente.
En manos de los Cappozzolo, Plumas Verdes fue –tal vez lo sea también ahora— una extensión estratégica de Nieves del Chapelco SA. Ahora el eslabón empresario hacia el negocio de la nieve es Pedro, amigo y socio de Juan Cruz Adrogué tanto en Chapelco como en varias firmas papeleras. En Juan Bosch Viajes y Turismo SRL el titular de pesca comparte la responsabilidad empresaria con Andrés Bosch. Ambos desarrollan desde hace años la agencia de servicios turísticos y el complejo del hotel Aspen, ubicados estratégicamente en San Martín de los Andes.
La constelación familiar en la zona incluye a Esteban Bosch, candidato a intendente por Cambiemos, ex secretario de Turismo del municipio de San Martín de los Andes y representante de la desarrolladora inmobiliaria Eidico para la Patagonia. Es el gestor de negocios ante la provincia del consorcio Valle Escondido y del club de campo Estancia Miralejos, en el área rural de San Martín.
Otro lugar de poder simbólico y económico lo constituye la esposa de Juan Manuel, Lucía Dodero, del grupo naviero emblemático de la oligarquía porteña.
La concesión de esta ruta de navegación comercial habla de las lógicas de los grupos económicos y la acumulación de capital con eje en la naturaleza en la Norpatagonia, tanto como de las dinámicas de poder desplegadas desde el directorio de Parques Nacionales como parte del dispositivo estatal de transferencia de recursos a los capitales amigos.
A la vez, muestra la negación sistemática del derecho de los Pueblos Originarios a recrear la vida en el territorio ancestral (el wallmapu, en este caso) en condiciones justas y de acuerdo a las propias cosmovisiones, en tensión con la propiedad privada.
El parque de Parques
El actual directorio de Parques Nacionales tiene en el country Cumelén de Villa La Angostura, a 70 kilómetros al sur de San Martín de los Andes y 1.600 kilómetros de la Casa Rosada, un espacio privilegiado de acumulación y transacción de poder.
Eugenio Indalecio Bréard (hijo), presidente del directorio, y Roberto Brea, vocal del mismo organismo, tienen propiedades en Cumelén donde se encuentran en ambiente relajado con su jefe directo y con lobbystas interesados en sus decisiones político-administrativas. Ambos dispusieron la denuncia penal contra la Lafken Winkul Mapu en la villa Mascardi en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que derivó en un desalojo violento y el crimen de Rafael Nahuel a manos del Estado en noviembre de 2017.
Junto a su esposa Eugenia Pitt, Bréard compró en 1999 una fracción de casi 2.700 metros cuadrados en 70.000 dólares, al lado de la cancha de golf. A pocos metros se levanta la residencia de Brea y María Monserrat Roviralta Escalante, ambos integrantes del directorio del laboratorio Andrómaco SA.
Muy cerca de la costa norte del lago Nahuel Huapi, en tierras de la antigua estancia de Exequiel Bustillo subdividida para evitar la expropiación durante el peronismo, Rosa María Sterverlynck mantiene la propiedad de un lote comprado en 1969. Lago Hermoso SA logró en tiempo récord la aprobación de un parque de nieve en tierras de su propiedad dentro del Lanín, cuyo expediente no ha registrado novedades en las últimas semanas, posiblemente a la espera de la resolución del conflicto desatado en Quila Quina.
Un acuerdo posta
Un lote en Quila Quina para levantar una posta sanitaria para toda el área rural; la revisión de la licitación pública para darle lugar a Curruhuinca en la gestión de la ruta de navegación en la ruta Lácar-Nonthué; y la plena implementación de la ley 26160 de Emergencia de los Territorios Indígenas Comunitarios en el espacio reivindicado por la comunidad en juridicción de Parques Nacionales, son parte del pliego de acuerdo firmado el viernes.
Ezcurra llegó a San Martín de los Andes el jueves 14 a la tarde, mantuvo algunas reuniones con referentes políticos locales para anticipar un escenario favorable, pero en la mesa de diálogo repitió hasta el cansancio que él no podía tomar decisiones, que lo llevaría al directorio en Buenos Aires. Nicolás Torres, abogado, director de Afirmación de Derechos Indígenas del INAI, agregó muy poco. Resta saber si Bréard y elenco rubrican el acuerdo de Quila Quina, si son capaces de imaginar un escenario de política estatal más allá de sus intereses económicos directos y los de su clase.
La comunidad mapuche ya planteó en la agenda pública la disputa por el control real y el uso integral de los bienes de la naturaleza, rompiendo el molde de comprensión que encorseta (o pretende encorsetar) la demanda de los pueblos originarios a unos pocos metros cuadrados de suelo firme.
*Por Susana Lara para El Cohete a la Luna. Imagen de portada: Rox Ana, Anita Bruschetti y Fernando Lavoz.
