Barrio Comechingones: “No vamos a permitir que otra vez quieran ejecutar un desalojo ilegal”
Desde el año 2012 unas 20 familias vienen ejerciendo la posesión legal de tierras en barrio Comechingones de Cuesta Blanca. A pesar del hostigamiento policial, la persecución judicial y las amenazas de empresarixs inmobiliarixs, reivindican su derecho a acceder, habitar y trabajar la tierra y el monte.
Por Villanos
La posesión es un derecho amparado por el Código Civil y Comercial. Concretamente establece que “hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no”. En otras palabras, legalmente la posesión implica tener un terreno o vivienda y actuar como dueñx, a pesar de no tener la escritura pública inscripta en el Registro de la Propiedad. Para ello, la persona debe realizar “actos posesorios” como cuidar el terreno y habitarlo pacíficamente.
Precisamente eso es lo que vienen haciendo las familias de barrio Comechingones de Cuesta Blanca. “Llegamos acá por una necesidad. La sociedad activó todos los mecanismos para excluirnos. Llegamos como última medida. Y si ahora vienen a molestarnos acá es porque quieren que desaparezcamos. No nos dejan tener tierra, no dejar ir a vender al pueblo, no me dejas ir a la feria y a donde voy me atosigas… Pero no vamos a desaparecer”, expresó Toni, vecino de la zona.
La semana pasada el barrio volvió a ser noticia luego de que a la vecina Yanina Arias fuera citada el lunes 8 de octubre por el fiscal interviniente, Gustavo Marchetti, quien pretendió que Arias firmara su propio desalojo. Yanina vive junto a sus cuatro hijxs en un lote que le cedió un amigo cuya familia habitó el lugar por más de 30 años. La persona que reclama la posesión (porque no tiene títulos sobre la tierra) es Ana María Crosetto, quien pretende el lote para uso comercial y no como vivienda familiar.
A través de un video, Yanina relató que la notificación que Marchetti pretendía que firme era una intimación a un desalojo por decreto. “Me negué y ahí empezaron los aprietes de distinta forma, con intimidaciones de la policía y del poder de la justicia corrupta de Carlos Paz”, expresó en la filmación.
El “apriete” en lo concreto incluyó negativas a hacer consultas con sus abogados vía telefónica (que luego se le permitió a regañadientes, como si se tratara de un favor y no de un derecho), intimidación con la presencia de un policía de civil presente en la misma habitación y armado.
“Marchetti dejó en claro que hizo un paso hacia la ilegalidad. Hace tres años que me vengo defendiendo con abogados, cumpliendo con todos los pasos legales que requiere la justicia y la verdad es que siento que se estuvieran riendo en la cara. Sentir la violencia institucional cínica y más rancia de la justicia de Carlos Paz y de Córdoba es una sensación horrible. Es una impunidad que da impotencia, rabia y bronca”, expresó Yanina en diálogo con VillaNos Radio.
Pero el tema no quedó allí. El jueves por la mañana Yanina fue citada una vez más para ampliar su declaración indagatoria. Se presentó y en el mismo momento en que se encontraba en fiscalía, personal policial se hizo presente en su casa acompañada por Ana María Crosetto, quien colocó un cartel de propiedad privada. La intención, denuncian los vecinxs de Comechingones, fue llevar adelante un desalojo ilegal.
Así lo plantearon también desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Punilla Sur quienes a través de un comunicado señalaron “la arremetida flagrante del poder judicial que, en contubernio con el poder económico en nuestro territorio, pretenden mantener un sistema que ha demostrado con creces no garantizar nuestros derechos fundamentales a vivienda digna, acceso al agua, salud y educación de calidad”.
Fue la organización comunitaria y la rápida respuesta solidaria la que evitó que se produjera un desalojo viciado de toda nulidad. “Lo que hicieron fue de un accionar muy siniestro y mafioso. Estaba todo muy bien armado y pensado”, expresó Yanina y remarcó: “Lo que estoy pidiendo es que se restituya el marco legal. Nosotros nos movimiento siempre dentro del marco legal”.
Como si esto fuera poco, al día siguiente de que se le tomara declaración indagatoria (y a dos días hábiles de que la causa prescriba), el fiscal Marchetti planteó el pedido de elevación a juicio. De esta manera frenó la prescripción.
“En un primer momento, la verdad que fue un golpe duro para el barrio. Pero después de dos días, donde pudimos aclarar el pensamiento y ver que una instancia de juicio nos permitirá discutir el fondo de la cuestión es el acceso a la tierra”, dijo Yanina.
“Seguimos en estado de alerta. Estamos muy fuertes y bien parados. No vamos a permitir que otra vez quieran ejecutar un desalojo ilegal. Estamos dentro del marco legal y no permitiremos avances mafiosos. Lo haremos de forma pacífica, obviamente. No estamos amenazando ni haciendo nada raro. Vamos resistir y no permitiremos ningún desalojo ilegal en el barrio”, añadió con firmeza.
Tierra en disputa
El predio donde se asienta el barrio Comechingones es territorio de disputa. Es que otras personas (vinculadas a la actividad inmobiliaria) se jactan de ser “legítimxs poseedorxs”. Vale mencionar que las tierras en litigio pertenecían a dos empresas ya extintas: Crosetto & Compañía y Cuesta Blanca S.A. Lxs vecinxs que viene sosteniendo la toma aseguran que al momento de ejercer la posesión las tierras se encontraban vacantes ya que ninguna de las empresas realizó formalmente una traslación de títulos ni convocatoria de acreedores.
Yanina señaló que todas las acciones de hostigamiento y persecución que vienen padeciendo las familias del barrio buscan quebrar la organización. “No quieren que se siente un precedente sobre lo que significa el derecho a la posesión para un camino legal para el acceso a la tierra. Ese es motivo y el motor de todo su accionar”, consideró.
Vale mencionar que Comechingones también integra el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que quedó reconocido en la Ley de Integración Urbana y Regularización Dominial, aprobada la semana pasada en la Cámara de Senadores.
Comechingones es uno de los más de 4.400 barrios populares cuyos habitantes podrán acceder al título de propiedad de la parcela que ocupan. “Pensamos que el hecho de estar incluidos en el registro nos puede dar una cierta solidez a nuestra situación. La ley está probada y busca subsanar la irregularidad titular. La idea es que podamos tener una escritura y se regularice toda la situación”, expresó David Descole.
Y remarcó: “Esperamos que realmente sirva y que el juez esté al tanto de que hemos sido relevados”.
La flamante ley declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles donde están asentados los barrios populares, con participación obligatoria de las provincias y municipios involucrados. Sólo serán alcanzados los barrios ya relevados e identificados en el RENABAP y cuya propiedad no sea del Estado Nacional.
*Por Villanos / Fotos: Colectivo Manifiesto.
