Zurita Delgadillo: preso por mantener su identidad cultural
En un contexto de recrudecimiento de políticas y discursos racistas y xenófobos, un joven platense está detenido en una cárcel de máxima seguridad hace un mes. Fue procesado por narcotráfico y se le negó la excarcelación. ¿Su delito? Mantener su identidad cultural.
Por Luciana Mignoli para Marcha
Imaginá que vivís en una comunidad muy unida y están por hacer una gran celebración. Tu mamá te pide que la lleves con el auto para comprar 30 kilos de papas para compartir en esa festividad. Y cuando estás cargando el baúl, pasa la policía.
—¿Qué está cargando?
—Bolsas de papas.
—Usted sabe que eso es ilegal.
—No, siempre en mi familia comemos papas.
Entonces te esposan, te llevan detenido, te dejan incomunicado, te meten en una cárcel de máxima seguridad y te procesan por narcotráfico.
¿Ridículo, no?
Ridículo, arbitrario, violento y posible: exactamente eso es lo que está viviendo José Luis Zurita Delgadillo, un joven de 28 años que fue con su mamá -Doña Julia- a hacer las compras para la celebración de la Virgen de Urkupiña que realizaba al día siguiente la comunidad boliviana de La Plata. Pero no se trataba de papas si no de otro vegetal autóctono de estas tierras: la coca. Compraron hojas de coca en estado natural. Un producto tan ancestral como estigmatizado.
Ya lleva un mes detenido, le negaron la excarcelación y fue procesado por narcotráfico. “Esto es más que una pesadilla”, dice Vilma, su hermana.
José Luis nació en Argentina. Su mamá y su papá vinieron desde Cochabamba, Bolivia, en la década del 70. No tiene antecedentes penales, cursa el tercer año de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de La Plata y es bailarín de la comparsa Caporales Cruz del Sur. Trabaja junto a su familia como feriante en el Mercado Regional de Frutas y Verdura de Tolosa, La Plata, vendiendo aceite, especies, frutas y verduras. Compran periódicamente hojas de coca que se usan para coquear (o pijcheo en lengua quechua), es decir, para mascar por un tiempo prolongado, una práctica social, ritual, medicinal y simbólica muy extendida en el altiplano.
La hoja también se usa para té, mate, comidas y ceremonias de la Pachamama; y es un elemento central en la tradición ancestral indígena andina, no sólo en Bolivia si no también en Perú, Chile y Argentina. No hace falta estar en Salta o Jujuy para conocerla: en obras en construcción de grandes urbes, como Buenos Aires, Córdoba o Rosario –por ejemplo- se puede ver a los obreros coquear mientras hacen trabajos de fuerza. Muy usada también por transportistas y por trabajadorxs agrícolas.
Aquel 25 de agosto fue con su mamá a comprar 30 kilos de hojas de coca en estado natural para compartir en la enorme y colorida festividad que la comunidad boliviana hace La Plata: la veneración de la Virgen de Urkupiña, justamente la patrona de la integración.
Cuando estaban cargando el baúl, los interrogaron efectivos de la Policía de la Ciudad. José Luis y Doña Julia les explicaron que la hoja de coca no es una droga y que no había ningún delito. Los policías le respondieron -según consta en la causa- que le iban a explicar “qué es y qué no es delito en la República Argentina” (como si José Luis no fuera argentino). Y se lo llevaron detenido. Estuvo tres días incomunicado en la comisaría 52 de Villa Lugano y luego fue trasladado al complejo penitenciario de Marcos Paz.
Le negaron la excarcelación por supuesta falta de constatación de domicilio, aunque hace más de veinte años vive en el mismo lugar en Tolosa y tiene el mismo domicilio en su DNI y en la documentación del auto que está a su nombre.
El 14 de septiembre el juez Marcelo Martínez De Giorgi del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5 lo procesó por considerarlo “coautor penalmente responsable del delito de guarda de materia prima destinada a la producción o fabricación de estupefacientes”. Lo imputó por un delito que prevé penas de 4 a 15 años de prisión y lo embargó por $ 135.500.
La hoja de coca no es droga
Para que no queden dudas: el consumo de hojas de coca es legal en Argentina hace treinta años.
La Ley Nacional de Drogas (23737) de 1989 explicita en su artículo 15 que “la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo”.
Además (y en parte tras la presión internacional ejercida por el presidente de Bolivia Evo Morales), en enero de 2013 la ONU la excluyó de la lista de estupefacientes prohibidos de la Convención Antidroga impulsada por Estados Unidos en 1961.
En el allanamiento en el lugar donde madre e hijo se habían aprovisionado de las hojas no hallaron ni elementos de corte, ni balanzas, ni precursores químicos, ni nada que pudiera hacer presumir un laboratorio para la elaboración de drogas. Sin embargo, el juez De Giorgi procesó también a Efraín Cazorla Martínez, de 39 años, boliviano, propietario de la casa donde José Luis fue a buscar las hojas de coca.
“Así como los argentinos importamos las costumbres de las comunidades originarias del Paraguay -como el mate-, ellos continúan con sus costumbres, prácticas y rituales en relación a la planta sagrada “Mamá Coca” que los provee de hojas de coca, que nada tiene que ver con estupefaciente o droga ilegal alguna”, sostiene en uno de los escritos su abogado defensor, el doctor Federico Ravina.
La Embajada de Bolivia en Argentina viene acompañando a la familia y de hecho algunos de sus funcionarios han participado –muchos de ellos coqueando en público- de diversas acciones para pedir justicia por José Luis. La comunidad universitaria de la Facultad de Periodismo de la UNLP se movilizó rápidamente y logró difundir el caso para que diversas organizaciones se involucraran (ORCOPO, Serpaj, la Comisión Provincial por la Memoria, entre otras). La familia de Emilia Uscamayta Curi, la joven quechua estudiante de periodismo que falleció ahogada en una pileta, también participa de las acciones de visibilización y la propia Universidad Nacional de La Plata se presentará como amicus curiae.
“Mi hermano está muerto en vida”
La voz cálida y pausada de Vilma Zurita Delgadillo se entrecorta por la angustia. “Esto es peor que una pesadilla. Nunca me imaginé todo esto. Cuando pasó, no lo podía creer. No entendíamos nada. Desde el 25 de agosto que no vivimos más. Tratando de sacar a mi hermano todos los días”.
—¿Por qué creen que el juez lo procesó por narcotráfico?
—Nosotros pensamos que se equivocó porque desconoce nuestra cultura. Porque la hoja de coca no es droga. Pero a nosotros nos hicieron mucho daño.
—¿Cómo van a trabajar para lograr su liberación?
—Estamos en lucha. El abogado nos ayudó mucho. Y estamos con mucha esperanza de que salga porque estamos convencidos que mi hermano no puede estar preso, no hizo ningún delito. Esperamos que salga. Que acepten la equivocación. Y que vuelva casa.
—¿Cómo está José Luis?
—Mi hermano está muerto en vida. Cada día que pasa, vive menos. El procesamiento del 14 de septiembre le hizo muy mal. Él dice que no aguanta más. Y yo siento que no aguanta más.
El 15 de septiembre su abogado interpuso un recurso de apelación en donde pidió que “se sobresea a José Luis Zurita Delgadillo del grave delito que injustamente se le atribuye” y “se ordene su inmediata libertad”.
“Esta defensa pretende dejar en claro el error en que ha incurrido el juez de grado que está privando de su libertad a una persona inocente por hacer nada más y nada menos que el uso de un legítimo derecho, como es la práctica de sus tradiciones culturales, que nada tienen que ver con el flagelo de la droga que padece no solo nuestro país sino el mundo entero”, sostiene el escrito.
La detención y procesamiento de José Luis Zurita Delgadillo por narcotráfico no sólo constituye una violación a los derechos humanos más básicos como el derecho a la identidad, si no que se inscribe en un contexto de recrudecimiento de políticas y discursos racistas y xenófobos.
La criminalización de los pueblos originarios, las políticas que atentan a los derechos del colectivo migrante y la sistemática negación del genocidio indígena sobre el que se constituyó el Estado Nación, siguen robusteciendo la idea de un país que “bajó de los barcos” que no reconoce los pueblos preexistentes, como sí lo hace la Constitución Nacional en su reforma de 1994.
No se trata únicamente de exigir la liberación de un joven injustamente encarcelado que “no aguanta más”. Se trata de romper la construcción de “enemigos internos” y de defender la construcción de un país pluricultural, donde conviven distintas naciones y colectivos.
Porque pareciera que indígenas y migrantes son “buenos” si se les puede sacar una foto en un paseo turístico. Pero cuando practican sus costumbres lejos de las cámaras o luchan por sus reivindicaciones territoriales y culturales, ya están bajo sospecha. Y son terroristas, usurpadores y, como José Luis, narcotraficantes.
*Por Luciana Mignoli para Marcha
