Lucha campesina: buscan justicia por Javier Chocobar a nueve años de su asesinato
Este martes, comenzó el juicio oral y público por el asesinato de Javier Chocobar (68 años), comunero y líder indígena de la comunidad Los Chuschagasta, perteneciente al pueblo diaguita, ubicado en Trancas, provincia de Tucumán. Los principales acusados por el crimen cometido el 12 de octubre del 2009 son el empresario Darío Luis Amin y los ex policías Luis Humberto “el niño” Gómez y José Eduardo Valdiviezo. Se juzgan también las graves lesiones que sufrieron otros integrantes de la comunidad.
Por Federico Paterno para ANCAP
El empresario Darío Luis Amin había llegado aquella tarde junto a los ex policías Humberto Gómez y José Eduardo Valdiviezo. El supuesto diálogo con el que se habían acercado a ofrecer a los originarios de la comunidad terminó en una balacera y golpiza que dejó heridos. Todo esto quedó registrado en un video. Los acusados de estos hechos estuvieron presos hasta febrero del 2010. Desde ese momento hasta la actualidad, esperaron el juicio en libertad.
Según informó Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), el lugar donde ocurrió la muerte del comunero diaguita era parte del territorio comunitario en el que se ubica una cantera de piedra laja, la cual la familia Amin comenzó a explotarla en el 2008, por concesión del Estado Provincial.
El 12 de octubre del 2009, el empresario tucumano llegó hasta la comunidad con su patota policial con el objetivo de amedrentar a la comunidad de Chuschagasta que había logrado que se frene la explotación de la cantera dentro de su territorio. Ingresaron con armas de fuego y atacaron a más de 20 comuneros y comuneras. En el lugar, había niños, niñas, ancianos y jóvenes. En medio de esa balacera, perdió la vida Javier Chocobar.
Denuncia ante las Naciones Unidas
Amnistía Internacional y ANDHES elevaron en el 2016 a las Naciones Unidas una denuncia ante la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ante la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, para que velen por un juicio imparcial. El cauce del proceso marcará si esto ocurre o no.
Según informó Amnistía Internacional, cuando los miembros de la comunidad se acercaron a pedir a los tres hombres que se fueran, éstos abrieron fuego: mataron a Javier Chocobar, de 68 años, e hirieron a otros tres hombres. Acto seguido, montaron en un vehículo y se alejaron disparando por las ventanillas, con lo que hirieron a otro hombre. Los comuneros les tiraron piedras. “No fue enfrentamiento, como dijeron algunos medios. Vinieron a matar”, afirmó Néstor Chocobar (hermano de Javier).
El territorio originario está compuesto por 800 habitantes y sus pobladores persisten en la lucha por el reconocimiento de sus tierras y la correcta aplicación de la Ley de Emergencia Territorial. Con esta ley, se podría frenar cualquier desalojo a comunidades indígenas de sus territorios. La última prórroga de esta ley 26.160 es hasta noviembre del año 2020. El incumplimiento del Estado respecto a la misma implica que, hechos como el de Chocobar, continúen y se extiendan por cada comunidad originaria. Las comunidades originarias tienen latente el riesgo de sufrir un desalojo, mientras esta ley de propiedad comunitaria indígena no se ejecute correctamente.
Según advierte el sitio Territorio Indígena: la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, reconoce los derechos básicos de los pueblos indígenas en una serie de áreas de especial interés para estos pueblos, en el marco del principio general del derecho a la libre determinación, incluyendo el derecho a la igualdad y a la no-discriminación; el derecho a la integridad cultural; el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales; el derecho al autogobierno y a la autonomía; el derecho al consentimiento previo, libre e informado, y otros. Muchos de los puntos aquí mencionados no se ven en los territorios en la actualidad. Los desalojos violentos son moneda corriente, y los derechos de los pueblos indígenas son pisoteados sin respeto alguno por su reconocimiento ancestral.
Unión de Pueblos de la Nación Diaguita
Esta organización originaria, en vistas al inicio de este juicio, remarcó: “Esta decisión tan esperada por nosotros, nos trae la esperanza en cuanto a los resultados del mismo, por todo lo que significa en la historia de nuestro Pueblo Diaguita, que históricamente ha padecido la violación de sus derechos individuales como colectivos desde el momento mismo de la invasión hispánica en nuestros territorios”.
El pueblo diaguita espera tener justicia. El juicio a los asesinos del comunero Chocobar debería ser un precedente para que las comunidades indígenas puedan tener una victoria en su lucha por la autonomía y su identidad.
* Por Federico Paterno para ANCAP / Imagen de tapa: La Palta.
