“La confianza mata al hombre, usted vio”, dijo Héctor Hugo Jose, presidente de la comunidad ubicada a 18 kilómetros de Dragones, en el departamento San Martín, Salta, al hablar con Vové. Y es que él junto a Marta Aparicio, tesorera de la comunidad, decidieron firmar un convenio por el cual reconocen a Gianfranco Macri (empresario, hermano del presidente de la Nación y uno de los que fue privilegiado con el blanqueo de 35 millones y medio de dólares) el reconocimiento en un territorio donde ellos tienen su cementerio.
José aseguró que sólo buscaban contar con un camino que les permita entrar y salir de la comunidad con facilidad, dado que están “en medio del monte”. En el convenio, les ofrecen 9 hectáreas que serán destinadas como “paso de servidumbre”, dentro de las matrículas que según las cédulas de la Dirección General de Inmuebles pertenecen a Gianfranco Macri, pero que en 2006 fueron compradas con dinero y para Francisco Macri.
Para cambiar el destino de las tierras, las consultas se deben realizar “al propietario”, o sea Macri, además de desistir del reclamo por el territorio, según indica uno de los 13 puntos dispuestos en el convenio que Aparicio y Jose firmaron en diciembre de 2016.
En 2013 la comunidad ya había empezado a denunciar la intromisión en su territorio por parte de privados. Junto a otras asociaciones llegaron a reclamar por la situación en la Justicia. En aquel momento tenían como abogados a quienes representaban a las comunidades de la ruta 81. Los abogados, que en ese entonces trabajaban con la Asociación Ragone, llegaron a sufrir un atentado en su estudio en situaciones poco claras. La preocupación fue tal que el titular de la Asociación, Fernando Pequeño, había adjudicado el atentado a las causas que los abogados seguían por problemas en los territorios indígenas. Ese mismo año, por internas entre las comunidades, los referentes de El Carpintero decidieron desistir de la representación de estos letrados.
Un abogado de Macri
Jose dijo ser muy cercano en su momento a Víctor Belmont, diputado con mandato cumplido y además abogado de los Macri en Salta. “Pedíamos el camino y nos dijeron que sí. Un día vino una camioneta y nos llevó (a él y a Aparicio), a la Ciudad Judicial de Tartagal. Nunca habíamos entrado ahí”. En el acto los representó un abogado de apellido Gómez. “Belmont nos dijo que no nos podía representar, que lo busquemos a Gómez que nos esperaba allá. Le dije que cómo, si no habíamos hablado con él. ‘No se preocupen que él ya sabe’, nos dijo y fuimos”.
Efectivamente Gómez los estaba esperando, y la Justicia de Tartagal también, para homologar un convenio que quitaba derechos territoriales a una comunidad. Jose y Aparicio firmaron.
En estos días les pidieron la ratificación del convenio, pero la gente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), les dijo que con ese instrumento perdían sus derechos sobre el territorio.
Ante ello consultaron a otro abogado, Hernán Mascietti, quien les advirtió que no firmaran nada e hicieran una asamblea comunitaria. En esa asamblea que hicieron el miércoles de la semana pasada, la comunidad rechazó el convenio y negó cualquier titularidad de Macri en su territorio.
A la comunidad ahora le queda sólo esperar para saber cómo se define un caso que involucra a una comunidad que apenas entiende sobre trámites judiciales, y a un empresario, hermano del presidente de la Nación, con ingresos más que abundantes que declarar.
*Por Vové.
