El monte sigue marchando: presentan amparo ante la justicia
A casi un año del intento de Unión por Córdoba de aprobar el proyecto conocido como “Ley de Desmonte”, que sufrió el rechazo de gran parte de la población, este martes la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo presentó ante la Justicia una acción colectiva para que la normativa provincial se actualice de acuerdo a los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Además, se realizó un mapeo de las zonas afectadas por desmontes, loteos, incendios e inundaciones.
Por Redacción La tinta
Las más de diez mil hectáreas cubiertas de cenizas que dejaron este mes los incendios en Guasapampa y en la zona de Sierras Chicas se suman a las tantas postales de la destrucción del poco bosque nativo que le queda a Córdoba. Detrás de esas imágenes de desolación que se repiten cada año, por las llamas, por desmontes o por inundaciones, mucho más que catástrofes, hay políticas. El hecho de que nuestra provincia lleve más de dos años sin adecuarse a las exigencias de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos es una expresión de ello.
En ese marco, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CODEBONA), surgida un año atrás para oponerse al proyecto de ley de bosques impulsado por el bloque de Unión por Córdoba, presentó este martes 28 de noviembre un amparo ante la Justicia para exigir que la Provincia se adecúe a lo establecido por la legislación nacional.
Entre otras cosas, ello implica que se convoque a un verdadero proceso de participación ciudadana, para desde allí crear una normativa que contemple las diversas realidades territoriales y permita defender el escaso 4% de monte que queda en Córdoba.
“Mediante las acciones que coordinamos durante fines del 2016 y todo este año, hemos logrado frenar el tratamiento y aprobación del proyecto de ley presentado por el oficialismo (y respaldado por CARTEZ, Sociedad Rural y Federación Agraria), denunciando que no estamos siendo contempladxs todxs lxs actores en el mapa”, dicen desde la coordinadora. Y destacan que su exigencia es que la modificación de la ley de bosques se realice de acuerdo a lo establecido por las normativas provinciales y nacionales, mediante el procedimiento de participación ciudadana.
La presentación del amparo se realizó este martes al cumplirse diez años de la sanción de la Ley de Bosques a nivel nacional, mientras diversas asambleas socio ambientales de la provincia se reunieron en el Paseo Sobremonte frente a los Tribunales de Córdoba para compartir un mapeo de las zonas afectadas por el desmonte. Durante el encuentro y el taller organizado por la CODEBONA, se remarcó la importancia de conocer lo que está ocurriendo en los territorios para poder defenderlos. Laura Dos Santos, integrante de la coordinadora, destacó además que “lo que se cumple con estos diez años es la falta de responsabilidad del gobierno provincial de proteger nuestros recursos y proteger la vida”.
Adecuarse a la ley, garantizar la participación
La acción colectiva de amparo que presentó esta semana la CODEBONA ante el juez en lo Civil y Comercial de la 19a. Nominación, Marcelo Villarragut, reclama que se cumpla con la resolución Nº 100 aprobada en 2014 por la Provincia, la cual conforma la unidad ejecutora que debe llevar adelante el procedimiento de actualización de la ley de bosques.
Dario Ávila, uno de los abogados que presentó el amparo, explicó: “La ley nacional 26.331, que establece los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, dice que la ley provincial debe revisarse periódicamente, cada cinco años. En Córdoba ese plazo venció en agosto de 2015, o sea que ya hace dos años que estamos con el plazo vencido para llevar adelante la actualización”.
Ávila señaló que la exigencia es que se designe la unidad ejecutora para llevar adelante esa tarea, que si bien fue creada anteriormente, en los hechos no ha actuado ni cumplido con lo que indica la ley, especialmente con el proceso de participación ciudadana. “Esto hoy no está siendo garantizando por el gobierno de Córdoba. Lo que hizo en su momento fue armar una mesa chica de diálogo en la cual citó, en forma discrecional y sin ningún criterio, a actores que ellos creían que tenían algún tipo de representatividad sobre el tema”.
Según la ley nacional 26.331, lxs ciudadanxs tienen derecho a ser consultadxs y a opinar sobre el ordenamiento de bosques nativos. Para ello, durante la actualización de las normas provinciales se debe garantizar una instancia de consulta y participación, que no se reduce a una audiencia pública. “Es un proceso mucho más complejo –explicó Ávila- que requiere hacer un relevamiento de los actores sociales, una convocatoria a través de los medios de comunicación, poner a disposición de la gente la información sobre bosques nativos, llevar a cabo talleres de formación, foros, debates, y garantizar una instancia para que la gente pueda hacer propuestas sobre el proyecto de ley. Una vez que se hizo todo ese proceso se juntan los antecedentes y eso se replica en la Legislatura”.
Fue todo esto lo que se incumplió con el proyecto de ley que el bloque de Unión por Córdoba intentó aprobar a fines del año pasado y que hoy se encuentra paralizado, a pocos días de perder estado parlamentario. De cualquier manera, el abogado advirtió que esto no impediría que el oficialismo vuelva a ingresar el proyecto e intente aprobarlo, ya que tiene mayoría en la Legislatura.
Mapear para proteger
Uno de los principales riesgos de que Córdoba siga sin actualizar su legislación es que deje de recibir el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos que prevé la Ley de Bosques. El incumplimiento de la Provincia, así, podría implicar que se desfinancien las compensaciones económicas que el Estado paga a quienes poseen tierras con bosques categorizados como zonas de máxima protección por los servicios ambientales prestados.
Además, desde la CODEBONA destacan la importancia de conocer nuestros bosques nativos para poder cuidarlos. “Hay muchas aéreas de nuestros montes que están desprotegidas, porque mientras no se actualizan los mapas y no se dice donde están las zonas rojas, cuáles fueron los procesos de degradación que sufrieron nuestros montes, nuestros ambientes, no los podemos proteger”, señaló Laura Dos Santos durante el mapeo realizado. Y agregó que “lo que se cumple en este momento son diez años de cómo una provincia evade la protección y la participación e impide que los ciudadanos de Córdoba generemos un ambiente para que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de todas esas funciones que nos da el bosque, como prevenir inundaciones, desertificaciones, tormentas de tierra, generar productos con los que las familias puedan trabajar y generar alimentos sanos”.
En tanto, Juan Nicastro, quien también integra la coordinadora, destacó que después de un año de trabajo de este espacio que nuclea a distintas asambleas y organizaciones socio ambientales se ha logrado entender que este proceso no solo se refiere al monte sino a lo que pasa en los distintos pueblos y ciudades, y a “apostar por una respuesta colectiva frente a la crisis civilizatoria que estamos viviendo”.
“Analizar donde uno vive y cómo es el ordenamiento de ese territorio –expresó- va a tener consecuencias en el futuro, en la salud, en todos los valores vitales de la población. El mapeo que se hizo ahora frente a Tribunales fue también una prueba de lo que se aprende, de ver cómo uno se sueña a futuro. No solo se trata de luchar por el texto de una ley sino de participar, debatir en el territorio, con otros actores, y poder sostenerlo en el tiempo”.
*Por Redacción La tinta. Foto: Colectivo Manifiesto.
