Los cinco puntos controversiales del Acuerdo Federal Minero
Por Pedro Galli y Fernando González para Notas.
La semana pasada, el presidente de la Nación anunció la firma del nuevo “Acuerdo Federal Minero”. Las negociaciones se vienen desarrollando desde el año pasado en el marco del Consejo Federal Minero, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), autoridades nacionales y provinciales. Como ya se ha difundido, la reforma de estas reglamentaciones (fundamentalmente impositivas), viene a reemplazar el convenio anterior, firmado en 1993 en los comienzos del menemismo.
El acuerdo fue firmado por varias provincias, pero una primera derrota del gobierno en esta materia es que varias provincias se han autoexcluido. Son los casos de Chubut, La Rioja, La Pampa, San Luis y Chaco. Es importante destacar que Chubut y La Rioja han sido un gran epicentro de las luchas sociales contra la megaminería transnacional, que es la que se intenta atraer con este nuevo marco legislativo. En la localidad chubutense de Esquel ha nacido el movimiento contra estos emprendimientos, cuando en el año 2002 el 82% de la población dijo no ha un proyecto de Meridian Gold. En las localidades riojanas de Famatina y Chilecito, 10 años después, hubo un conflicto de tal magnitud que nacionalizó las luchas socioambientales.
La iniciativa consensuada y anunciada será enviada al Congreso Nacional para su aprobación, aunque luego también deberá contar con el visto bueno de la Legislatura de cada provincia. En ambas instancias aprobatorias no podrá ser modificado, sólo aprobado o rechazado.
Los cinco puntos más importantes del acuerdo
1) Uno de los primeros puntos que se detallan, revela la necesidad de convencer a las poblaciones locales de aceptar la rechazada actividad. Se sostiene que para “que la comunidad educativa reciba conocimientos sobre la actividad minera y éstos tengan fundamento científico (…) las Partes se comprometen a llevar adelante acciones (…) para lograr la incorporación, dentro de la currícula de los niveles primario, secundario y terciario, de contenidos sobre: a. la constitución geológica del territorio nacional y provincial; b. los productos mineros que se generan en el país y en las provincias, y su utilización en la vida cotidiana; c. la importancia del sector minero en la economía nacional y regional; y d. la regulación ambiental de la actividad minera”. Esto representa una clara afrenta a la autonomía de las instituciones educativas.
2) En torno a lo impositivo se decreta un tope (o máximo) a pagar por parte de las empresas a las provincias de 4,5% sobre lo que facturen . Este importe se divide en un 3% de regalías y un 1,5% para la integración de un Fondo Provincial de Infraestructura, para financiar “obras de control ambiental y desarrollo sustentable”. De esta manera, se da por tierra con la promesa de que más plata quedaría en las provincias, ya que es el mismo importe que el acuerdo vigente.
Por otro lado, se trata de la creación de un fondo por el cual las empresas financian al Estado para desarrollar las obras que las mismas empresas deberían garantizar. (Santa Cruz se reservó el derecho de exceptuarse de ese 4,5%, ya que en esa provincia el Fondo de Infraestructura ya tiene un máximo de 2%).
3) Se convino desactivar otro aporte (de 1%) a cargo de las grandes empresas mineras, que estaba pensado para el financiamiento de obras de desarrollo a nivel local.
4) Otro de los puntos más controvertidos del acuerdo es que se flexibilizan las normas para declarar el fin de las concesiones . Mientras el Código Minero actual sostiene que las concesiones terminan “cuando las inversiones realizadas por la empresa fueren inferiores a 500 veces el canon anual que le corresponda a la empresa”, el nuevo acuerdo prevé que sean solo 300 veces.
5) Por último, de acuerdo con lo que ya establecido en la Ley de Inversiones Mineras, se preservarán las condiciones fiscales por períodos de 30 años.
Frente a este acuerdo una multiplicidad de actores ya se han manifestado en contra. Y han denunciado como falaz la promesa de puestos de trabajo. Esta denuncia se ratifica al observar que en 2016 incluso con eliminación de retenciones a comienzo del año “la explotación de minas pasó de emplear 69.101 personas a 66.175, lo que implicó un descenso en el nivel de empleo en ese rubro de 4,2%”.
Por otro lado, las asambleas ambientales comienzan a pronunciarse contra una nueva profundización de la política de saqueo y contaminación que denuncian hace ya más de 10 años. Desde la Red de “Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación” (PUCARA) sostuvieron que “es falaz decir que la minería produce fuentes de trabajo, desarrollo económico, por el contrario, produce el efecto inverso y por ello es que se rechaza esta actividad”.
*Por Pedro Galli y Fernando González para Notas.
