Odebrecht: “En 20 años hubo solo siete condenas por hechos de corrupción en Argentina”
Natalia Volosin, abogada, máster en Derecho y especialista en criminalidad económica, analizó en diálogo con el programa “Quemar las Naves” de Radio Sur 88.3 la situación de la causa Odebrecht en Argentina. Qué han hecho la Justicia y el gobierno nacional al respecto y como deberían actuar en caso de comprobarse hechos de corrupción.
Por Notas
¿Qué está haciendo o qué debería hacer el Poder Judicial en Argentina respecto a las declaraciones del cambista brasileño Leonardo Meirelles en el caso Lava Jato que implicó en su denuncia, entre otros, a Gustavo Arribas el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)?
Lo que sabemos a través de los medios de comunicación es que en alguna de las causas que involucran a la empresa Odebrecht en Argentina se logró tomarle una declaración testimonial vía Skype a este famoso arrepentido Meirelles. Esta persona habría manifestado que le realizó al titular de la AFI unas diez transferencias por unos 800 mil dólares y que esto obedecía a una suerte de pago ilícito vinculado a la obra pública en nuestro país.
Por un lado está esto. Por otro la expectativa de que a partir del 1 de junio comenzará a llegar la información que Brasil ha decidido liberar a las autoridades del Ministerio Público Fiscal en Argentina. Y además esta suerte de negociación que se ha iniciado en el marco del Poder Ejecutivo, a través de la Oficina Anticorrupción, directamente con la empresa.
Llama la atención el apuro para llevar adelante una negociación justo cuando estamos a las puertas de que Brasil envíe la información. Asimismo porque Argentina podría obtener esta información a través de los EE.UU. por el acuerdo de culpabilidad que firmó a fines del año pasado la empresa en esa jurisdicción.
Habiendo la empresa Odebrecht reconocido coimas por 35 millones entre 2007 y 2014 en Argentina ¿no sería conveniente desde el Estado revisar o suspender todas las licitaciones que actualmente tiene en curso la compañía?
En forma preventiva no es posible tomar una medida como esa. Ahora, en caso de que la información que llega de Brasil y la que pudiéramos obtener de EE.UU. estableciera de manera clara que algunos de los contratos que están hoy en curso en Argentina fueron obtenidos a través de un hecho de corrupción, esos contratos deben ser revocados. Y debe darse de manera inmediata, de pleno derecho.
Quién debe revocarlos es la administración, no hace falta esperar una resolución judicial y mucho menos que se establezca la condena penal de los responsables. No es eso lo que establece la ley de procedimiento administrativo y sería absurdo hacerlo. Piensen que las causas de corrupción en Argentina duran en promedio 14 años. Tardan alrededor de una década en estar en condiciones de ser elevadas a juicio.
En los últimos 20 años hubo solo siete condenas por hechos de corrupción. Es decir que si vamos a esperar a tener condenas firmes vamos a seguir contratando a esta gente hasta el fin del mundo.
Se ha planteado que hay un problema en sistema político argentino y su administración donde más allá de los gobiernos la corrupción es una cuestión estructural. Ahora bien, más allá de eso ¿no te parece que siempre se pone el foco en los funcionarios políticos -que está bien que así sea- pero se solapa la responsabilidad empresarial?
Efectivamente la corrupción en Argentina es estructural. Desde el punto de vista técnico y académico está claro que es así.
A mi me interesa particularmente el caso Odebrecht por este motivo. Creo que si efectivamente se divulgara lo que todos sospechamos que ocurrió ya quedaría claro, no desde la academia, si no con un hecho concreto que la corrupción es estructural. Que todos comen de ese plato.
Ahí entran las grandes empresas que han sido los jugadores importantes de la infraestructura durante las últimas décadas. La dirigencia política de todos los sectores porque la empresa financió a los distintos partidos, solo zafan uno o dos. También los sindicatos, organizaciones de la sociedad civil. Efectivamente es un problema estructural.
Respecto a lo otro, es relativo que las causas avancen más sobre los funcionarios que sobre las empresas. En el caso Siemens, que es el antecedente más parecido a Odebrecht, donde nos enteramos por otros países de coimas en Argentina, la empresa acordó pagar multas multimillonarias en EE.UU. y Alemania. Es decir que el dinero se lo quedaron países que no tenían nada que ver con los hechos.
Mientras que acá recién ahora se está por elevar a juicio la parte de la causa en la que están imputados los empleados de Siemens. Pero respecto a los funcionarios públicos que fueron identificados con nombre y apellido -uno de ellos ex presidente de la Nación- ni siquiera hubo llamados a declaración indagatoria.
Acá las causas no avanzan en relación a nadie, ese es el problema. Por eso no hay incentivo a la “delación premiada” por más que tengamos la ley desde el año pasado. Aunque tuviéramos la mejor ley al respecto ¿por qué un abogado o abogada le diría a un cliente que se acoja a ese régimen si de todas formas sabe que lo más probable es que zafe?
En relación a la reunión que tuvo el ministro de Justicia, Germán Garavano, con abogados de Odebrecht ¿eso está bien desde el punto de vista de la división de poderes? ¿Cuál puede ser el objetivo de esa reunión?
No me parece mal que el Poder Ejecutivo manifieste voluntad política de avanzar en esta causa. Coincido además parcialmente con el diagnóstico del ministro que dijo que la Justicia no avanzó todo lo que él hubiera esperado. Ahora la pregunta es qué pueden hacer ellos desde el Ejecutivo, si aquello que han hecho está dentro de la ley y si están intentando hacerlo realmente.
Primero, la Oficina Anticorrupción tiene competencia jurídica para escuchar y recibir información de quien sea. Si Odebrecht se presenta de manera voluntaria y dice “vengo a contarte todo lo que hice en Argentina”, puede recibir esa información y luego en todo caso transmitir eso a Poder Judicial.
Segundo, la Oficina Anticorrupción no tiene potestad para ofrecer inmunidad ni reducción de pena. Y lo tercero es que las empresas en Argentina no son penalmente responsables por hechos de corrupción. Hay proyectos al respecto trabados en el Congreso pero si se aprobaran no se van a aplicar de manera retroactiva por lo cual no es relevante para este caso.
Entonces con el marco jurídico actual, Odebrecht no tiene ningún incentivo para venir a decirnos lo que hizo. El único incentivo que tendría es que le mantengamos los contratos que están en curso como, por ejemplo, el soterramiento del tren Sarmiento que se está ejecutando. En caso de que se sepa que eso se llevó a cabo por un acto de corrupción hay que retirar el contrato inmediatamente como dije antes. Por lo que la Oficina Anticorrupción no le puede ofrecer nada al respecto ya que sería ilegal hacer otra cosa.
Por eso dudo que haya avances en ese sentido. Los abogados de los empleados de Odebrecht tienen cierto apuro por llegar a un acuerdo básicamente porque Argentina está por obtener la información a través de Brasil. En ese caso ya no va a haber ninguna posibilidad de que estas personas no sean investigadas.
Lo que si debiera estar haciendo el gobierno nacional es tratar de obtener la información en los países donde ya ha sido proveída. Básicamente en Brasil pero también en EE.UU. Y respecto a esto último no se ha hecho nada y no hace falta ninguna norma jurídica especial, lo tienen que hacer.
Compartimos además, el audio de la entrevista que le realizó el programa radial «La mar en Coche» al titular de la Fiscalía Criminal y Correccional 6 Federico Delgado.
“Es fundamental el envío de documentación al que se comprometió Leonardo Meirelles: ahí van a estar los nombres, las fechas y los destinos de los pagos que se realizaron. La parte más rica estaría por venir”, dijo.
Delgado recordó que en Argentina hay tres causas en las que Odebrecht reconoce haber pagado sobornos a funcionarios públicos para quedarse con obra pública en Argentina: el soterramiento del tren Sarmiento, una planta potabilizadora de Aysa en Tigre y la ampliación del Gasoducto San Martín.
Meirelles, arrepentido de la causa Lava Jato y encargado de pagar las coimas de Odebrecht, comprometió a Gustavo Arribas, Director General de la Agencia Federal de Inteligencia, al declarar que le depositó 850 mil dólares en cinco giros a una cuenta suiza en 2013. Días antes de esta declaración, el Juez Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó al funcionario de Cambiemos y cerró la causa, decisión que no fue apelada por el Fiscal Germán Moldes. Para Delgado esta decisión fue apresurada: “¿Por qué no esperaron que los arrepentidos declaren?”, señaló.
Si bien la causa contra Arribas se encuentra técnicamente cerrada, para Delgado es necesario el compromiso del Estado argentino para ir a fondo: “Si eso sucede, puede haber altos costos penales y sociales”, dijo.
*Por Notas
