“Las normas punitivas van en contraposición con el derecho a la salud y a la vida”
La activista cannábica Brenda Chignoli es víctima de la «esquizofrenia» de la Justicia y la Policía respecto al autocultivo de marihuana: por un lado, le reconocieron que el aceite es medicinal y prevalece el derecho a la salud; por otro, la Justicia la imputó por siembra de estupefacientes.
Por Radio Zumba La Turba.
El pasado 18 de abril el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados que había aprobado el Senado de la Nación a fines del mes de marzo. Pese al reconocimiento del carácter terapéutico de la planta, los movimientos y organizaciones cannábicas denuncian que es una ley incompleta que termina dejando expuestas a las personas que la cultivan con ese fin, ya que sólo el Ministerio de Salud de la Nación suministrará los insumos necesarios a lxs pacientes que se inscriban en un registro y se permitirá la importación y la producción local sólo a entes autorizados.
Entre ellas se encuentra Brenda Chignoli, con quien se comunicó la radio Zumba la Turba. Brenda es productora de aceite cannábico para tratamientos vinculados a distintas enfermedades tanto de adultxs como de niñxs y sufre una brutal persecución por parte del sistema judicial. El 30 de marzo, mientras el Senado discutía y aprobaba por unanimidad la Ley, efectivos de la Policía provincial y federal allanaban -sin orden judicial- la quinta en la que Chignoli cultiva las plantas que necesitan para producir el aceite.
Días más tarde, el juez federal cordobés Alejandro Sánchez Freytes -anteponiendo el derecho a la salud- ordenó entregar a una paciente la dosis de aceite de marihuana que había sido secuestrada por la Policía y aceptó devolver los aceites a Brenda.
En simultaneo, el fiscal federal Gustavo Vidal Lazcano decidió imputar por los delitos de “siembra y cultivo de estupefacientes” a la activista.
Esta doble vara de las políticas estatales hace que la activista sostenga que judicialmente se encuentra «en medio de una batahola esquizofrénica de tribunales, de la policía” ya que «resulta difícil comprender que por un lado reconocen que el aceite es medicinal y por el otro lado, me van a imputar”.
Desde el espacio del Movimiento Nacional Manuel Belgrano por la Normalización del Cannabis vienen denunciando la persecución policial y pidieron una reunión con el fiscal general Alejandro Moyano para plantear que la Policía «allana generalmente cuando ya están las flores por levantarse, nos dejan sin medicina, no nos pintan los dedos, no nos llevan detenidos, pero nos dejan sin las plantas. Y ese modus operandi se repite generalmente con que vienen siguiendo a un ladrón, o que vienen por una denuncia de violencia familiar y algunas veces te golpean la puerta y te piden las flores o te amenazan que te llevan presa”.
«Esta situación deja al descubierto, pone el foco en algunas normativas judiciales punitivas, que van en contraposición de lo que tiene que ver con el derecho a la salud y a la propia vida. Deja al descubierto que si bien el juez y el fiscal reconocen que el aceite es de uso medicinal y que hace bien, no les queda otra que imputarme porque así lo dice la norma”.
Al respecto, subrayó que tampoco la ley recientemente aprobada parece dar respuesta a esta situación ya que “nos deja a los que hemos propiciado, militado, puesto en debate la ley, hemos acercado la medicina a la gente, el conocimiento del cultivo, es decir los cultivadores, hemos quedado afuera de la ley. Y como si esto fuera poco, más allá de que faltaba la sanción del senado que finalmente se dio por unanimidad, este año los allanamientos a cultivos medicinales y activistas medicinales ha tenido mayor virulencia ”.
El Frente de Organizaciones Cannábicas de Argentina (FOCA ) que nuclea a más de veinte organizaciones cannábicas medicinales de todo el país, sostiene que “Córdoba tiene una particular virulencia en cuanto a lo que es allanamiento a cultivadores por una, dos, tres plantas, medicinales o no medicinales, acá no importa la salud, acá parece que la ley es más importante que la propia vida”.
Derecho a la salud
El vacío que deja la ley en relación a la situación de lxs cultivadorxs de Cannabis, entiende Chignoli, “nos quita el derecho a la propia vida”. Es que al retirar las plantas (sólo se les devolvió el aceite elaborado), no hay insumos para producir el aceite que muchxs pacientes estaban esperando.
“Acá lo que no están viendo los políticos, los funcionarios públicos, que han sacado una ley del cannabis medicinal donde nos han dejado no sólo excluidos la posibilidad de cultivo sino que no están dando respuesta a los tratamientos, ya que el importado -y lo ha dejado bien claro el Dr. Carlos Magdalena, jefe de neurología pedriática del Hospital Gutiérrez en las audiencias públicas- solo le sirve a un 15 o 20% de algunos tipos de epilepsia. Los concentrados de THC difícilmente se van a poder importar con lo cual nos dejan sin tratamiento a más del 80% de las patologías, y allí incluyo el cáncer, fibromialgia, artrosis, alzheimer, etc.”
Aún en el caso de que el aceite sea el indicado, los costos son prohibitivos para la mayoría de las personas afectadas. El trámite, que la activista describe como engorroso, debe iniciarse por medio de distintos formularios de la página del ANMAT y los costos ascienden, en el caso de el Charlotte’s, uno de los más conocidos, a 7 mil pesos más el 35% de la aduana, más el costo de ir a buscarlo a Buenos Aires.
«En el caso de que vos te pongas en el engorroso trámite de traerlo vos, te va a salir unos doce o trece mil pesos aproximadamente. Pero si lo pedís en alguna farmacia, que ya lo están vendiendo, te lo van a vender a veintitrés mil pesos”.
Esto contrasta con los costos que se dan los colectivos de pacientes y cultivadorxs, como explica Chignoli. “Nosotros nos repartimos los costos de acuerdo a la concentración que cada uno necesita con todos los costos que lleva esto, porque tenemos un pequeño laboratorio, y así y todo algunos pagan muchísimo menos del 10% del valor de traerlo de afuera. Nosotros tenemos pacientitos que están gastando en este momento un costo de $500, $800, $1.800 son los costos más altos para un cáncer, por ejemplo”, afirma.
El accionar de la Policía y la Justicia Federal ya tiene consecuencias sobre la salud, no sólo de adultos, como explica la cultivadora, “se trata de un montón de niños, muchos de los cuales están hoy sin antipsicóticos o han disminuido las dosis, o están sin anticonvulsivos por epilepsia, por Síndrome de West, etc., y que en este momento hemos tenido que bajar las dosis de aceite porque no sabemos cómo vamos a continuar con nuestros tratamientos”.
Allanamiento e imputación
A pesar de las irregularidades que rodearon el allanamiento de la finca que se desprenden del testimonio de Brenda -“fue un procedimiento nulo, viciado, en cuanto a que no fue con orden de allanamiento, entraron con violencia, a los chicos los tuvieron cuatro horas esposados boca abajo, un policía amenazando con la picana, me rompieron el televisor y me faltan objetos personales”- y del reconocimiento del uso medicinal, el fiscal Federal N° 2, Gustavo Vidal Lascano la citó para este martes 2 de mayor para que sea notificada de la imputación por el cultivo de las plantas de marihuana.
“Nosotros -sostiene Brenda- creemos que al haber seguido con la causa el fiscal Vidal Lascano no le queda otra que imputarme porque así lo dice la norma, más allá de que ellos reconocen que nosotros hacemos uso medicinal del cannabis porque no tenemos otra alternativa”.
Marcha Mundial
Nuevamente distintos espacios cordobeses vinculados con la legalización del cannabis invitan al público en general, como lo hacen desde 1999, a ser parte de la Marcha Mundial de la Marihuana, que se realizará el próximo sábado 6 de mayo.
La jornada tendrá inicio a las 15 en la Plaza de la Intendencia para luego concentrar a las 16 en la intersección de Av. Colón y Cañada, bajo la consigna de “Marihuana legal para todos los usos. No más presos por cultivar”.
* Por Radio Zumba La Turba.
