Ecosistemas cordobeses: desaparecidos en democracia
Desde la recuperación de la democracia, la degradación ambiental determina el deterioro de la calidad de vida y es el signo elocuente de cómo se construyó la cultura democrática sin lugar para la participación ciudadana.
Por Daniel Díaz Romero para Sala de Prensa Ambiental
La noción biológica de ecosistema determina que innumerables organismos viven en él y se sitúan en una constante lucha por los alimentos y el territorio. Las presiones y demandas sociales, encuentran a este hábitat cordobés en agrios conflictos socio-ambientales, con un Estado que se presenta como neutral y que reduce cada vez más la jerarquía del organismo que rige las políticas ecológicas de la provincia.
Luego de un largo proceso de demandas y reclamos sociales, la recuperada democracia permitió que emergiera, la “ecología de los pobres” de la mano de la participación ciudadana, por sobre la “ecología de los ricos”, que durante la dictadura militar se preocupaba por salvar a los osos pandas de China sin mirar lo que sucedía en su entorno inmediato.
Sin embargo, transcurridas tres décadas de democracia, la situación dominante durante la larga noche de la Dictadura se repite: la necesidad de producir a cualquier precio, compensar los gastos del deterioro de los términos del intercambio y enfrentar los compromisos de la deuda provincial asfixiando a los ecosistemas cordobeses, situando a la política económica como un parásito de los recursos naturales, re-significados hoy, como bienes comunes.
Hoy pareciera, que los funcionarios políticos siguen desconociendo que 10 centímetros de suelo arrasado por incendios, erosión o desmonte demoran 100 años en recuperarse; que bebemos aguas mezcladas con excretas y que consumimos alimentos genéticamente modificados. Sin embargo, la preocupación y las recomendaciones de los cuadros técnicos del área ambiental- muchos de ellos de excelencia- nunca lograron eco en sus jefes políticos a lo largo de tres décadas.
María Julia: el gen del modelo extractivista
María julia Alsogaray marcó a fuego los paradigmas ambientales de la democracia argentina, luego de encabezar las privatizaciones de las empresas estatales ENTEL y SOMISA en 1991, bajo la consigna del achicamiento del Estado. Durante su primera presidencia, Carlos Menem la designó en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación. Desde entonces, María Julia instaló una mirada economicista del “dejar hacer” a las empresas contaminantes y depredadoras de los bienes colectivos -que persiste desde entonces trasladada a los organismos cordobeses- y una postura ideológica muy definida: Alsogaray, como secretaria de Ambiente de la Nación, dio una charla a los alumnos de la Escuela Nacional de Inteligencia -futuros espías de la SIDE- en donde recomendaba “vigilar” a los activistas, ya que el medio ambiente era un terreno en el que existían fuentes potenciales de conflicto, lideradas por una corriente ideológica que se había quedado sin ámbito de acción (a pocos años de la caída del Muro de Berlín). Todo un posicionamiento del organismo primario que regía las políticas ambientales. Un paradigma que aun hoy persiste en los despachos de la devaluada Secretaria de Ambiente provincial.
Demoracia sin campesinos
En materia ambiental, la recuperación de la democracia no logró despegarse de los resabios dictatoriales, la provincia sufrió rápidas transformaciones de su ambiente como consecuencia de cambios que plantearon un panorama alarmante, con efectos difíciles de revertir en el corto y mediano plazo.
En sus 165.321 Km2 de superficie, tanto en el sector serrano como en las llanuras; en las áreas rurales y urbanas, los problemas ambientales comenzaron a tomar visibilidad desnudando la inexistencia de políticas de Estado.
Así, en los últimos 30 años se desmontaron más de 2 millones de hectáreas, desalojando cientos de familias que vivían en el monte. Muchas de ellas, habitaban el norte provincial – que compone un triste 54,7 % de índice de pobreza- y eran las guardianas de los recursos genéticos. Pobladores que con sus saberes ancestrales asumían a la naturaleza como parte de su cultura. Pero a los administradores de turno, la situación no los ocupó demasiado: ecosistemas, como el espinal o el chaco serrano, en donde el 80 % de la población rural hacía uso de plantas medicinales y recursos de la medicina tradicional, fueron devastados. El poder político no se ruborizó al pisotear derechos de los habitantes del territorio, con la prepotencia y la insensibilidad de los gobiernos militares.
El Rulo al poder
En 1985, apenas arribada la democracia, Raúl Montenegro, “El Rulo” como lo llamaban sus amigos fue el primer funcionario de la democracia que se hizo cargo de la Subsecretaría de Gestión Ambiental en el gobierno radical de Eduardo Angeloz. Elaboró la Ley General del Ambiente (7343), la primera norma provincial para regir los destinos de los ecosistemas cordobeses que estableció, entre otras cosas, la obligatoriedad de la evaluación previa de impacto ambiental (EIA), hoy tan presente en numerosos conflictos socioambientales, como la radicación de industrias contaminantes y de gigantescos emprendimientos inmobiliarios.
Desde entonces, los cordobeses experimentamos una desenfrenada carrera de malas administraciones que socavaron identidades culturales enlazadas con los ecosistemas, acentuando las desigualdades sociales y hundiendo a la provincia en una crisis ambiental cada vez más difícil de revertir.
Los refugiados ambientales
Las áreas gubernamentales que se ocuparon de las problemáticas ambientales aplicaron, desde su creación, una curiosa metodología de trabajo y las consecuencias de esa política se manifestaron sobre el ambiente: fueron organismos que corrieron por detrás de los acontecimientos mientras el fantasma de la contaminación química, el descontrolado avance de la frontera agropecuaria y el desmanejo de las cuencas hídricas, tomaron cuerpo en la provincia.
El afán por generar ingresos al Estado provincial –bajo gobiernos radicales y peronistas por igual- reafirmó, en las últimas tres décadas, un dramático fenómeno social. Las modificaciones en los ecosistemas cordobeses produjeron una nueva categoría social: los refugiados ambientales, personas que fueron expulsadas de las regiones en donde habitaban.
Los pobladores de los bosques cordobeses, una vez que vieron agotados los recursos naturales de su zona, terminaron también con su forma de subsistencia. Esto provocó el desarraigo de sus costumbres y tradiciones ya que, generalmente, su destino final fueron las villas miseria de las grandes ciudades de la provincia. A ello, se agregó un novedoso elemento: la emigración a barrios y a ciudades jaqueadas por la contaminación producida por las industrias y por la polución química. Desarraigo convertido en marginalidad.
El derecho a la información, una deuda de la democracia
La información ambiental constituye uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo una adecuada gestión y evaluar el resultado de las políticas implementadas y las previstas para el mediano y el largo plazo.
Desde hace años, se hace evidente la necesidad de contar con un informe sobre el estado del ambiente en la provincia. Este diagnóstico debiera acercarnos a conocer los tres aspectos indispensables del desarrollo: la calidad del medio ambiente, el desarrollo social y la economía, aunque a nuestros funcionarios les encrespe que se le pidan explicaciones.
Se necesita más investigación para definir y cuantificar los impactos de la contaminación ambiental sobre la salud, ya que está demostrado que el ambiente exacerba la condición de ciertas enfermedades crónicas. Los cordobeses necesitamos estos estudios con datos relevados por instituciones imparciales y externas a la Secretaria de Ambiente, para asegurar la veracidad e imparcialidad de sus resultados.
Debemos estimar lo que se gasta por año debido a enfermedades asociadas con la contaminación química, por el asma, por cáncer, y por enfermedades neurológicas. Aunque los tóxicos sean invisibles, los cordobeses tenemos derecho a estar informados.
Los especialistas aseguran que si conociéramos estas cifras, los cálculos echarían por tierra el argumento de los “altos costos” para implementar programas de protección ambiental. El Estado provincial tiene la obligación, incluso, de contemplar en este estudio los costos estimados por el dolor y sufrimiento de las personas.
El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano así como el deber de preservarlo y defenderlo.
La realidad indica que toda información vinculada con el ambiente debe tener carácter público, esté en manos del Estado o de empresas privadas, pues la responsabilidad social por un ambiente sano es un mandato constitucional. Es sustancial que los ciudadanos tengamos el pleno conocimiento de las condiciones ambientales del sitio en que vivimos, trabajamos, estudiamos o nos recreamos. El secreto industrial es un caso particular, pero su preservación no puede servir de pretexto para negar información ambiental sustancial.
Cuando escuchamos denuncias de organizaciones ambientalistas, nos preguntamos: ¿Es cierto o están exagerando en lo que dicen? , ¿Cuál es la verdad? Pues no lo sabemos porque las informaciones oficiales resultan insuficientes. Lo más desconcertante de estos temas es la amplitud de la desinformación pública que existe. ¿Será mera casualidad?
En este valioso camino donde respiramos tres décadas de gobiernos institucionales, recuperamos algunas libertades y derechos. Valores como diversidad biológica, heterogeneidad cultural, pluralidad política y democracia participativa deberán orientar a la reapropiación social de la naturaleza y de los procesos productivos.
*Por Daniel Díaz Romero para Sala de Prensa Ambiental
