Demagogia pro: niños y niñas presas
Sobre la baja a la edad de la punibilidad el proyecto establece la aplicación de penalidades máximas de entre ocho y diez años de privación de la libertad para los menores. Y si bien se habla de un régimen “especial” que dice respetar las normas internacionales, el Centro de Estudios en Política Criminal (CEPOC) menciona y fundamenta diez razones por las que no se debe bajar la edad mínima de responsabilidad penal.
Por Victoria Siloff para La Tinta
La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) realizo un informe donde señala que en enero de este 2017 se registró “por primera vez una situación de sobrepoblación general” en los dispositivos que dependen del Servicio Penitenciario Federal, es decir, existe un hacinamiento de presos. No es tan real eso de que entran por una puerta y salen por la otra.
Se sostiene desde hace años por estudiosos del derecho penal, la sociología, y criminología que las cárceles no sirven. Sí como forma de castigo siendo estas un dispositivo dentro del sistema penal y dentro de la estructura represiva que es contrapruducente a la hora de lograr el valor deseado de la “justicia”. El sistema penal ha demostrado históricamente ser totalmente ineficiente para resolver los conflictos sociales, a pesar de ello, el estado insiste en aumentar ese poder punitivo desde su sistema represivo, -extendiéndolo ahora a niños de 14 años- y no casualmente en épocas de mayor ajuste donde se profundizan las rupturas de los tejidos sociales, sin interesarle en absoluto esto de: “resolver conflictos”.
Zaffaroni, en relación a esto sostiene que “no es un efecto inofensivo del discurso, puesto que la ilusión de solución -que se le asigna al sistema penal- neutraliza o paraliza la búsqueda de soluciones reales o eficaces. Pero además, esa ilusión abre las puertas del fenómeno más común en el ejercicio del poder punitivo, que es la producción de emergencias. Puede asegurarse que la historia del poder punitivo es la de las emergencias invocadas en su curso, que siempre son serios problemas sociales. En ese sentido, se ha hablado correctamente de una emergencia perenne o continua, lo que es fácilmente verificable: el poder punitivo pretendió resolver el problema del mal cósmico (brujería), de la herejía, de la prostitución, del alcoholismo, de la sífilis, del aborto, de la insurrección, del anarquismo, del comunismo, de la tóxicodependencia, etc. Cada uno de esos conflictivos problemas se disolvió (dejó de ser un problema), se resolvió por otros medios o no lo resolvió nadie, pero absolutamente ninguno de ellos fue resuelto por el poder punitivo. Sin embargo, todos dieron lugar a discursos de emergencia, que hicieron nacer o resucitar las mismas instituciones represivas a las que en cada ola emergente se apela, y que no varían desde el siglo XII hasta el presente”. Desde el 22 de enero del año pasado se habla de la “emergencia en seguridad”, la cual no es otra cosa que una emergencia en necesidad de votos para las próximas elecciones, y un atajo legal para hacer negocios privados sin llamar a licitaciones.
Mauricio Macri, al inaugurar las sesiones ordinarias en el congreso de la nación el 1 de marzo de este año, pretendió extender este sistema penal putrefacto a niños de 14 años. A pesar de las ocho mesas convocadas en febrero por el gobierno para debatir el tema donde 34 de los 40 participantes votaron por no bajar la edad de punibilidad para los menores de 14 años, el gobierno se mantiene firme en su decisión. Quienes participaron de esas mesas fueron: Unicef, psicólogos, asociaciones de pediatras, colegios de abogados y organizaciones sociales.
Diez puntos claves:
Concretamente sobre la baja a la edad de la punibilidad el proyecto establece la aplicación de penalidades máximas de entre ocho y diez años de privación de la libertad para los menores. Y si bien se habla de un régimen “especial” que dice respetar las normas internacionales, el Centro de Estudios en Política Criminal (CEPOC) menciona y fundamenta diez razones por las que no se debe bajar la edad mínima de responsabilidad penal:
«1- Porque sería regresivo: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y sólo se puede avanzar en dicha cobertura. Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.
2- Porque el único objetivo es el castigo: El mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad, pero cada vez que se discute un proyecto de estas características, se hace luego de que sucede un hecho grave que involucra a un adolescente de 14 años, o en un contexto preelectoral, esto revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada al joven que cometió el delito, lo que es falso, porque las leyes penales no son retroactivas; o que con la baja de edad se resolverá algún problema de inseguridad.
3- Porque no es cierto que sea el único modo de brindar garantías a los adolescentes de 14 y 15 años: este postulado es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.
4- Porque no se trata de sancionar más leyes sino de cumplir las que ya existen: como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia. Sin embargo, millones de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación, ni salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones o futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.
5- Porque la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima: Según una investigación realizada en 2007 por Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de Tres de Febrero sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: unos 300 adolescentes. Cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15% está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos 200, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en sólo 15 casos participan menores de 16 años.
6- Porque si el Estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro, mucho menos podrá controlar las que piensa crear: Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos). -en los últimos días tuvimos la noticia del incendio en una comisaria de Pergamino, donde murieron 7 personas. La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, y el 28 de noviembre de 2012 se sancionó la ley de creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (Ley 26.827) pero aún no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura.
7- Porque el sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los etiqueta y los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.
8- Porque los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales: Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los repuestos para sus autos.
9- Porque las penas previstas no son intocables: un argumento a favor de la baja de edad de punibilidad, que se fijarán penas bajas. Pero, ya sabemos que frente a un hecho grave, la primera reacción es aumentar la pena: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen, frente a un próximo clamor popular.
10- Porque van a meter presos a las principales víctimas del neoliberalismo que la sociedad votó y aceptó durante una década: Los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestras decisiones, no solo de las que tomamos individualmente, sino de lo que avalamos, aceptamos o consentimos como sociedad. Y ser consecuentes con lo mejor de nuestra historia, con la decisión, que alguna vez tomamos, de que los únicos privilegiados sean los niños».
En definitiva, es evidente que este tipo de medidas que no son aisladas sino que forman parte de la campaña de engaños que lleva adelante el oficialismo con la ayuda de los medios masivos de desinformación.
No vienen a solucionar la “inseguridad” -en términos de delito contra la propiedad privada-, ni a garantizarle el acceso a los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Pero si viene a responder de forma demagógica en época de elecciones a un reclamo instalado por los medios masivos en la opinión pública, de que los menores de edad son peligrosos, delincuentes, y merecen un duro castigo.
A pesar de que las estadísticas e investigaciones lo desmienten, a pesar de las leyes nacionales e internacionales, a pesar de los especialistas, organizaciones, e instituciones que se manifestaron en desacuerdo con la medida, el gobierno nacional avanza en camino contrario despreciando totalmente el interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes poniendo sobre la mesa una vez más, los intereses de unos pocos.
*Por Victoria Siloff para La Tinta
