Alejandro Reynal, el tesorero de la dictadura
Vicepresidente del Banco Central entre 1979 y 1981. Se formó en la oficina del J. P. Morgan en Nueva York. Está acusado en causas por delitos de lesa humanidad y la Secretaría de Derechos Humanos decidió este año abandonar la querella en su contra. En 2007 Macri lo nombró director de ArteBA pero tuvo que renunciar por sus vínculos con la dictadura. Su historia enlaza el Terrorismo de Estado con el poder económico.
La venta de la tarjeta Diners
Luis Alberto Oddone era un empresario conectado con algunos funcionarios de la dictadura y estaba seguro de que esa relación lo protegía. Sin embargo, en 1980, empezó a recibir presiones para liquidar su banco. El mecanismo consistía en generar rumores en el mundo financiero de que el banco era insolvente y generar así el retiro masivo de depósitos. Ante ese escenario, Oddone tenía que pedir adelantos al Banco Central (BCRA) del cual Alejandro Reynal era vicepresidente desde 1979.
El 25 de abril del ´80, acorralado por las operaciones, Oddone pidió la intervención sugerida por Reynal. Cuatro días después se le inició una causa penal por autopréstamos e insolvencia. El comisario Inanibelli de la División Bancos de la Policía Federal (PFA) lo detuvo, según dijo, por orden directa del BCRA. Corría la Ley de Subversión Económica.
Oddone fue interrogado a los golpes y su banco intervenido primero y saqueado después. Una vez que Oddone pasó a la cárcel de Caseros su abogado le hizo llegar un mensaje de Reynal: tenía que vender Diners, la primera tarjeta de crédito del país. El empresario calculó que el negocio debía tener un precio de remate de unos 25 millones de dólares. Dijo que vendería por 16 millones porque estaba preso y no quería más problemas. Sin embargo, el precio que fijó Reynal para el remate fue de 10 millones de dólares y Diners fue comprada por Francisco Capozzolo en 12 millones. El negoció cerró cuando Capozzolo revendió Diners al Citibank en 24 millones de dólares.
El caso Saiegh
Eduardo Saiegh fundó el Banco Latinoamericano (BLA) en 1975. Su intención era generar un banco de inversiones que no dependiera de la especulación financiera. Había conocido ese modelo en Europa y estaba seguro de que podía funcionar.
El BLA tomó en garantía acciones de la aerolínea Austral para otorgarle un préstamo de 7 millones de dólares. En 1980 Austral estaba a un paso de la quiebra. En mayo había pedido un préstamo de otros cinco millones de dólares al Banco Nación y se le había concedido. Los accionistas pidieron el 10 de septiembre que Austral fuera estatizada.
Saiegh fue secuestrado y torturado por, otra vez, la División Bancos de la PFA. Mientras duró su cautiverio Alejandro Reynal se reunió con Bernardo Grinspun, quien era vicepresidente del banco, para exigirle la autoliquidación del banco y, por tanto, el traspaso al Estado de las acciones de Austral. La operación se hizo y Saiegh fue liberado.
En la carta dirigida a Martínez de Hoz ofrecen “la totalidad de sus tenencias accionarias” y se comprometen a mantener vigentes los avales que habían otorgado. El documento está firmado por William Reynal, primo de Alejandro y dueño del 36% de la empresa, Federico y Pablo Braun, dueños del 11% y Eduardo Braun Cantilo que contaba con el 9%, entre otros.
La familia Braun está conectada al gobierno de Mauricio Macri a través de su secretario de Comercio, Miguel Braun, que es primo de Pablo y Federico y del jefe de Gabinete Marcos Peña Braun, hijo de Clara Braun Cantilo y sobrino de Eduardo.
Jorge Rafael Videla firmó el decreto 1922/80 para estatizar Austral seis días después de recibir la carta. De esta manera el Estado pasaba de ser el principal acreedor de la sociedad a poseer una empresa casi en ruinas. Pero había una dificultad, el BLA todavía tenía en garantía acciones de Austral que representaban el 35% de la empresa y era su único acreedor privado.
Saiegh fue secuestrado y torturado por, otra vez, la División Bancos de la PFA. Mientras duró su cautiverio Alejandro Reynal se reunió con Bernardo Grinspun, quien era vicepresidente del banco, para exigirle la autoliquidación del banco y, por tanto, el traspaso al Estado de las acciones de Austral. La operación se hizo y Saiegh fue liberado.
La caja negra de la dictadura
El mecanismo que se repite en el caso de los bancos Los Andes, de Intercambio Regional, Oddone, y Latinoamericano permite pensar en un sistema de robos y estafas simultáneas. Para concretarse se construyó un sistema que tenía, en su centro, la circular 1051 BCRA que fue emitida en 1980. Esta herramienta se creó como una “asistencia financiera para situaciones transitorias de liquidez del sistema”, lo que equivale a decir que el Banco Central se comprometía a ayudar a los bancos frente a una corrida bancaria. Sin embargo, la 1051 fue la clave de un sistema de financiamiento para las fuerzas armadas.
En el primer eslabón de la cadena se separaba a los funcionarios del banco a través de denuncias falsas, cuando no directamente con secuestros. Ante las denuncias y detenciones, los inversores del banco retiraban asustados los depósitos y los interventores, nombrados por el BCRA, pedían fondos adicionales previstos en la 1051 para cubrir los retiros. Pero si se retiraban 1000 ellos pedían 1500 y ese mismo día el dinero “sobrante” se retiraba en efectivo del banco con custodia de la Policía Federal.
La democracia
En 1981 Alejandro Reynal renunció al Banco Central y fundó el Merchant Bankers Asociados (MBA). Saiegh hizo públicas en varias oportunidades sus sospechas de que ese banco era el vehículo financiero para administrar los fondos robados.
Entre los accionistas del banco está, entre otros, Nicholas Brady a través de su empresa Darby Overseas Parnerts. Brady fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos y su apellido quedó asociado al plan para reestructurar la deuda externa de países latinoamericanos que lanzó en 1989. En el caso argentino, su promotor local fue Domingo Felipe Cavallo quien logró pasar la deuda desde bancos a tenedores privados a través de bonos en tan solo siete años, desde 1991 a 1998.
En 2014 el MBA fue denunciado por el lavado de 430 millones de dólares. El documento presentado en la Justicia por la Procuraduría de Criminalidad Económica, a cargo de Carlos Gonella, dice: “El grupo económico brindó un paraguas a sus clientes, encubriéndolos, sin que haya podido conocerse quiénes son, ni dónde se han originado los fondos canalizados”.
El dinero no habla
Decir que el sistema represivo de la dictadura cívico-militar tuvo una lógica parece revulsivo. Sin embargo, es necesario poner en el mismo escenario las miles y miles de víctimas del Terrorismo de Estado, las 20 mil fábricas cerradas entre 1976 y 1983, la caída de la ocupación obrera en 27 trimestres seguidos (desde el segundo del ´76 al último del ’82), la aparición de oligopolios beneficiados por la dictadura como en el caso de Acindar, el Grupo Macri o Clarín; y las operaciones financieras que definieron el nuevo modelo de acumulación.
Decir que el sistema represivo de la dictadura cívico-militar tuvo una lógica parece revulsivo. Sin embargo, es necesario poner en el mismo escenario las miles y miles de víctimas del Terrorismo de Estado, las 20 mil fábricas cerradas entre 1976 y 1983, la caída de la ocupación obrera en 27 trimestres seguidos, la aparición de oligopolios beneficiados por la dictadura como en el caso de Acindar, el Grupo Macri o Clarín; y las operaciones financieras que definieron el nuevo modelo de acumulación.
Alejandro Reynal fue solo uno entre muchos operadores civiles que ayudaron a establecer la nueva estructura económica. Su nombre está asociado a secuestros, torturas y transacciones bancarias espurias. Los hombres como él creen que el dinero es un testigo mudo, incapaz de contar su origen y sus movimientos. Tal vez no sepa que la lucha contra la impunidad puede lograr que hablen hasta las cuentas bancarias.
Por Juan Mattio.
