El megajuicio del horror llega a su fin
Luego de casi cuatro años de debate público y oral, hoy en los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba se dictará la histórica sentencia de la megacausa La Perla-La Ribera. Se trata del juicio de lesa humanidad más grande del interior del país y de la historia judicial de la Provincia, que investigó la maquinaria de la represión ilegal a través del aparato estatal. En esta nota, la historia de la causa.
“La grieta más grande que (los represores) dejaron fue dejarnos vivos. Hoy somos testigos ante la Justicia y ellos están sentados en un juicio por memoria y verdad”, dijo mirando a los jueces Susana Sartre. En junio de 1976, los militares la secuestraron y la llevaron al campo de concentración La Perla, al igual que a otros centenares de víctimas que declararon en el juicio. En aquel entonces era una joven militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Fue una de las primeras en declarar en 2013, cuando nadie había tomado real conciencia de la envergadura que cobraría la causa.
El juicio La Perla comenzó el 4 de diciembre de 2012. Aquel mediodía en la explanada de Tribunales, a menos de dos cuadras de Ciudad Universitaria, quedó registrado en la memoria. Desde la mañana comenzaron a acercarse a la esquina de Concepción Arenal y W. Paunero militantes de H.I.J.O.S, Familiares, Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, organizaciones estudiantiles, políticas y gremiales.
Pañuelos blancos, claveles rojos de papel crepe y tejidos, los rostros de las víctimas en carteles colgantes, intervenciones artísticas, murgas, lágrimas. “30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre”, fue el grito colectivo que desde afuera dio aliento a los compañeros que esperaban dentro.
El interior de la sala de audiencias estaba colmada de familiares, representantes de los organismos de derechos humanos y algunas personalidades y autoridades políticas. Un grupo de fotógrafos ingresó en fila rápidamente y recorrió la sala disparando flashes en todos los ángulos. El banquillo de los imputados protegido por una valla y vidrio blindado fue uno de los más retratados. Entre ellos, destacaba la figura inmutable de Luciano Benjamín Menéndez.
En la causa hay 54 acusados. En la primera jornada, los represores eligieron cubrirse las caras con libros: “El negocio de los derechos humanos”, de Luis Gasulla; “Los traidores. Intimidades de la guerra revolucionaria”, de Carlos Manuel Acuña; “Los secretos de La Tablada. La última acción armada de la guerrilla en la Argentina”, de Sebastián Miranda; fueron algunos de los elegidos en el primer pero no único intento de provocación.
Así, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 integrado por Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Camilo Quiroga Uriburu inició el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia.
“La Perla es la gran causa de la represión ilegal en Córdoba”
La denominación “megacausa” hace alusión a las dimensiones del juicio. Con una pila de 22 expedientes, durante casi cuatro años se investigaron crímenes cometidos entre marzo de 1975 y diciembre de 1978 contra 716 víctimas.
Algunos sobrevivieron a la represión y contaron las atrocidades de los centros clandestinos, otras fueron asesinadas y/o desaparecidas, y 13 fallecieron durante su cautiverio como consecuencia de la tortura. “Este proceso nos da la mayor manifestación de lo que fue el aparato represor del Estado en Córdoba”, dijo el fiscal Facundo Trotta. Junto a Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz llevó adelante la parte acusatoria en representación del Ministerio Público Fiscal.
Al comienzo, eran 45 los imputados sentados en el banquillo. Dos años más tarde el número ascendió a 54 por la acumulación de cinco nuevas causas. Durante el transcurso del debate, once represores fallecieron por vejez o problemas salud. Hoy el veredicto caerá sobre 43 imputados, que deberán estar presentes en la sala al momento de la lectura de la sentencia. Todos pertenecieron a las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la dictadura, algunos con carrera militar, policial o personal civil.
Como Ernesto Guillermo Barreiro, un ex oficial del Ejército especializado en Inteligencia, que en 1975 llegó a Córdoba con el grado de Teniente Primero para desempeñarse en el Destacamento de Inteligencia 141. Recordado por muchos de los sobrevivientes, Barreiro fue el jefe de interrogadores en La Perla. Esta podría ser su primera condena por delitos de lesa humanidad.
También está entre los represores Héctor Pedro Vergéz, ex oficial del Ejército que en 1974 se sumó al Departamento 141 y formó parte del Comando Libertadores de América. El grupo paramilitar tenía características similares a la Triple A y realizó diversos operativos en connivencia con el personal del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2).
Los delitos juzgados son privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguidos de muerte, homicidio calificado, abuso deshonesto, violación sexual y sustracción de un menor de diez años (es por el robo del nieto de Sonia Torres –la presidenta de Abuelas Córdoba–, nacido en cautiverio).
La Perla no fue el único centro clandestino donde se ejerció la represión en Córdoba. También fueron epicentros de la violación sistemática de derechos humanos Campo de la Ribera, el D2, La Perla Chica o Malagueño, el Destacamento Pilar, la comisaría de Bell Ville, la Casa Hidráulica, entre otros sitios.
“Se trató de la más cruenta, salvaje e inhumana represión ejecutada por quienes usurparon el poder formalmente el 24 de marzo de 1976, pero materialmente aún antes de esa fecha, con el deliberado objetivo de despolitizar y reducir a la ciudadanía para normalizar un momento histórico, percibido como amenazante para el orden social pero que, en realidad, era amenazante para el factor de poder vigente”, dijo Trotta en los alegatos.
La sentencia del jueves será la primera en Córdoba donde un tribunal se expida sobre delitos cometidos antes de la fecha oficial de la instauración de la dictadura cívico militar.
Sobrevivientes del exterminio
“La Perla fue una fábrica de muerte concebida por una mente antihumana”, dijo Piero Di Monti ante el silencio del recinto. En 1976 era un joven militante del frente gremial del PRT y trabajador de Sancor. En junio fue secuestrado por una patota junto a su esposa embarazada. Ambos fueron arrastrados hasta La Perla. “Cuando entré me di cuenta de que esa máquina que se había puesto en marcha era mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Estaba todo estructurado para que entrara gente secuestrada para ser matada o desaparecida, para crear terror en la sociedad o simplemente destruir”, dijo.
A lo largo de las audiencias los relatos dieron cuenta del horror, de la sistematicidad de un plan de exterminio de la oposición política, de la cadena de mandos entre los represores, del funcionamiento del terror en su máxima expresión.
“La Perla era un campo de exterminio. Nos llevaban para arrancarnos información y matarnos. Ahí se ejerció todo el poder sobre cada uno de nosotros”, dijo Cecilia Suzzara, quien recuperó su libertad en abril de 1978 luego de haber permanecido cautiva dos años.
La documentalista y periodista francesa Marie-Monique Robin explicó cómo la doctrina de guerra de su país fue una escuela para el plan sistemático que comenzó en 1976 en Argentina. “El método de la tortura, de los vuelos de la muerte se exportaron a Argentina y Latinoamérica”, dijo en su declaración como testigo de contexto.
La trama de complicidades: el componente necesario de la dictadura
En diciembre de 1976 Mabel Tejerina fue secuestrada y trasladada a La Perla. Era estudiante y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. En democracia, y varios años después del cautiverio, Mabel recibió en 1985 una visita inesperada en su vivienda. “Era gente de La Perla. Querían que firmara un testimonio. El relato decía que me habían tratado bien y que no tenía conocimiento de torturas. Tenía que ir a tribunales militares y federales a hacer esa firma si quería seguir criando y educando a mis hijos”, contó. La mujer siguió las indicaciones de quienes habían sido sus captores y torturadores. En la Justicia federal fue recibida por un hombre llamado Luis Rueda. “Era secretario, recuerdo que había alguien más al lado de él, alguien de La Perla. Me hicieron firmar el mismo testimonio”, dijo.
Rueda, actual juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y docente de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, fue mencionado en diversas ocasiones por los testigos. Hoy es investigado en la denominada “Causa de los Magistrados”, que en Córdoba juzgará la complicidad de funcionarios judiciales con la dictadura.
Esta colaboración no fue la única que surgió de los testimonios y la abrumadora cantidad de pruebas documentales. También surgió de los expedientes la complicidad empresarial, que en varias ocasiones cedió a los militares listas con información de sus trabajadores, y la eclesiástica, que de acuerdo a los relatos encubrió información a los familiares que buscaban a sus desaparecidos.
La sentencia de hoy será un hito histórico, producto del trabajo de los organismos de derechos humanos, de las querellas que representaron a las víctimas por medio de una labor minuciosa, del trabajo de los fiscales del Estado.
Claudio Orosz, abogado de HIJOS, sintetizó: “Fueron más de tres años de juicio pero 39 años de investigación”.
Por Agostina Parisí. Fotos: gentileza Manuel Bomheker y Espacio Memoria La Perla
