«Para que nunca más suceda el horror»

«Para que nunca más suceda el horror»
24 agosto, 2016 por Redacción La tinta

A horas de conocer la sentencia por el juicio más importante al Terrorismo de Estado en nuestra provincia, Alfilo dialogó con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, Sonia Torres. Generosa como siempre, confiesa que “hasta hace unos días estaba tranquila, paro a medida que se acerca la fecha de la sentencia me voy sintiendo un poco más inquieta, nerviosa”.

No es para menos. Se trata del 7º juicio por crímenes de Lesa Humanidad que se realiza en Córdoba, desde el año 2008. La Mega causa aborda 22 expedientes por delitos de lesa humanidad ocurridos entre marzo de 1975 y 1979. Se investigan los hechos aberrantes cometidos en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “La Perla”, “Malagueño o Perla chica”, “Campo La Ribera”, “D2” y distintas comisarías de la capital y el interior provincial. Y el caso de la desaparición de su hija (Silvina Parodi) junto al nieto de Sonia Torres, nacido en cautiverio, permite por primera vez en esta ciudad que se juzgue la apropiación y robo de bebés durante la última dictadura. Se trata de un juicio histórico, que toma trascendencia nacional e internacional, dentro de un largo proceso judicial que se inició en diciembre de 2012.

Sonia Torres nació un 2 de septiembre 1929 y su profesión es farmacéutica. Pero su vida se modificó de manera brutal, cuando el 26 de marzo de 1976, la dictadura cívico-militar secuestró y desapareció a su hija Silvina Parodi de Orozco, de tan sólo 20 años y embarazada de 6 meses, junto a su marido Daniel Orozco. Ambos eran estudiantes de Ciencias Economías en la Universidad Nacional de Córdoba y fueron secuestrados por una patota de hombres armados, para trasladarlos luego al Centro Clandestino La Perla.

Aunque el caso de Silvina Parodi también se encuentra entre los 19 estudiantes que fueron delatados en listas negras por el entonces interventor de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, Tránsito Rigatuso.

Un caso que quedó probado por la justicia, cuando el propio delator (Rigatuso) de manera cínica decidió querellar a Sonia Torres, acusándola de “calumnias e injurias” por una entrevista publicada en La Voz del Interior. Era la primera vez en la historia que una abuela de Plaza de Mayo era sentada en el banquillo de los acusados.

En el año 2002, el fallo de aquel juicio fue categórico. No sólo dejó libre de cargo y culpa a Sonia Torres, sino que se probó legalmente la responsabilidad de delación de Tránsito Rigatuso al confeccionar listas de adolescentes que habían estudiado en el Manuel Belgrano, entregándolas luego al máximo jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Muchos llaman a este caso, como “La noche de los Lápices de Córdoba”

A un año de la desaparición de su hija, en 1977, Sonia Torres fundó Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba. “Hace 40 años que salimos a la calle”, me dice. Y recuerda también, sin esconder algo de tristeza, que de aquellas 22 abuelas pioneras en Córdoba, hoy sólo ha quedado ella con la capacidad dar testimonio y seguir en la búsqueda.

“En esa época –me dice–, salimos de manera incansable a buscar nuestros hijos. Silvina, mi hija, estaba embrazada de 6 meses. Y desde que se la llevaron, no he parado de buscarla. A ella y a mi nieto. Las Abuelas no hemos dejado de trabajar. Hasta ahora hemos encontrado a 120 nietos. Pero nos faltan más de 300. A toda la sociedad le pedimos que nos ayude con esa búsqueda. Que es tan difícil y tan lenta. Nosotras, las Abuelas, siempre hemos trabajado desde el amor. Siempre. Y en todos estos años, mucha gente también nos ha ayudado. Es necesario recuperar la verdadera identidad de tantos jóvenes que nacieron en cautiverio. En un derecho que tienen. Y es un trabajo que se hace siempre desde el amor”.

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Sonia tiene hoy 87 años. Símbolo indiscutido en la defensa por los derechos humanos, cada una de sus luchas, de su templanza e incansable búsqueda, está marcada en su rostro. Ella misma es consciente del paso lento de estas cuatro décadas. “Con la sentencia de este Juicio por fin vamos a llegar al camino de la memoria, la verdad y la justicia que tanto hemos transitado”, expresa sin dejar de mirarme a los ojos. “Estos pilares que hemos sostenido a lo largo de estos 40 años con firmeza y sin ningún sentimiento de venganza. Sólo hemos trabajado desde el amor, para que nunca más suceda el horror”.

Sonia hace una pausa en cada frase que expresa. “También por las generaciones venideras” añade. “Para que nunca más se sufra tanta crueldad, durante tanto tiempo”.

Nosotras, las Abuelas, siempre hemos trabajado desde el amor. Siempre.

Por Irina Morán. Fotos: Natalia Roca y Sebastián Salguero.

 

Palabras claves: Dictadura Cívico-Militar, justicia, memoria, Sonia Torres

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Familiares de desaparecidos piden ser querellantes en la causa “Enterramientos clandestinos”

Familiares de desaparecidos piden ser querellantes en la causa “Enterramientos clandestinos”
11 abril, 2025 por Iniaki Rubio Mendoza

Se reunieron hoy ante los Tribunales Federales para solicitar que se reabra la causa y exigen a las autoridades que se hagan cargo de las investigaciones: «Esta no es una cuestión únicamente afectiva, subjetiva o familiar; es una cuestión social e, incluso, antropológica», expresó una de las firmantes.

Varios familiares de detenidos y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar se concentraron esta mañana ante Tribunales Federales para solicitar ser incorporados como querellantes en la causa “Averiguación de enterramientos clandestinos periodo 1976-1983”, que se tramita en el Juzgado Federal n.º 3 de Córdoba.

Según los solicitantes, el pedido se fundamenta en tres cuestiones principales. En primer lugar, demandan que los crímenes de desaparición forzada de personas no cesan desde la detención o el secuestro hasta la aparición de sus cuerpos. Además, exigen que se cumpla la legislación internacional a la que Argentina adhiere: “La Organización de las Naciones Unidas establece nuestro derecho a participar en la búsqueda de nuestros desaparecidos”.

Constituirse como querellantes, aseguran, les permitirá participar en la investigación de la causa, aportando pruebas, testimonios, peritos y líneas de investigación.

«También habilitará el trabajo de especialistas expertos en la materia que podrán contribuir en la búsqueda», recalcan. En este sentido, los familiares apelaron a la responsabilidad de las autoridades: «Naciones Unidas establece también que las autoridades tienen que diseñar estrategias que incluyan a las víctimas, sus familiares y las organizaciones que los representan». Además, los afectados reclaman su derecho a la verdad y al duelo.

Una causa eterna

La causa judicial conocida como «Enterramientos clandestinos» se inició en mayo de 2001, cuando la Asociación para la Recuperación Histórica Argentina (ARHISTA) presentó una denuncia ante el Juzgado Federal n.º 3, entonces a cargo de la jueza Cristina Garzón de Lascano.

La demanda respondía a un reporte de 1976, que aseguraba la existencia de centenares de cadáveres en fosas comunes en el Cementerio San Vicente de Córdoba. En 1984, la delegación Cordobesa de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) confirmó la existencia de ocho cadáveres y se tramitó una solicitud preguntando sobre el personal militar involucrado en los hechos.

No fue hasta diciembre de 2002 cuando peritos judiciales, el Equipo Argentino de Antropología Forense y especialistas del Museo de Antropologías de la Universidad Nacional de Córdoba comenzaron con los trabajos de exhumación en las fosas comunes. No obstante, la causa fue cerrada años más tarde y los familiares de los desaparecidos piden ahora que sea reabierta.


Es el caso de María del Carmen Torres, quien continúa con la búsqueda de su hermano y también de su compañero de vida, desaparecidos en 1975 y 1976 respectivamente. «La causa cerró, pero no quedó archivada, por lo que pedimos que se reactive y que la Justicia se ocupe de buscar los cuerpos de los 30.000 desaparecidos sin tumba que tenemos en este país», señaló en diálogo con La tinta.


Asimismo, Torres lamenta que la causa quedó parada por falta de recursos: «Faltan recursos humanos y recursos para tecnología. Queremos que la Justicia arbitre esos recursos para continuar las investigaciones de los enterramientos clandestinos».

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Imagen: Ezequiel Luque.

La demandante afirma que las familias sumarán querellas de organizaciones de derechos humanos: «La organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba está en condiciones de constituirse como querellante, y así lo solicitará. También lo harán 26 querellantes particulares y Abuelas posiblemente también». Y aclara: «Estamos en un comienzo del proceso judicial y tratando de entender y generalizar este pedido; todavía no sabemos cómo se desenvolverá».

«¿Qué son una sociedad y un gobierno que justifican la existencia de los desaparecidos y el terrorismo de Estado?», se pregunta María del Carmen Torres. «Esta no es una cuestión únicamente afectiva, subjetiva o familiar; es una cuestión social e, incluso, antropológica», concluye.

*Por Iñaki Rubio Mendoza para La tinta / Imagen de portada: Ezequiel Luque para La tinta.

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Palabras claves: Dictadura Cívico-Militar, Enterramientos clandestinos, Equipo Argentino de Antropología Forense

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