Fasta: los apoyos del Estado al discurso del odio
Son datos del último balance ante la IGJ. Recibe beneficios de la ciudad de Buenos Aires y las provincias donde tiene sedes. Críticas por los subsidios estatales a colegios que enseñan contenidos contrarios a las leyes.
Por Mariana Carbajal para Página 12
La red de colegios de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), un grupo católico integrista con estrechos vínculos con la última dictadura militar y que sigue defendiendo a genocidas, recibió 445 millones de pesos en subsidios y donaciones del Estado durante el 2018, según figura en el último balance que presentó ante la Inspección General de Justicia, organismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que se encarga de fiscalizar a las asociaciones civiles. Fasta obtuvo los aportes de arcas públicas de gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires: de Córdoba, 112 millones de pesos; de Catamarca, casi 85 millones; de Buenos Aires, 58 millones; de Jujuy, 70 millones; de CABA, 51 millones; de Tucumán, 30 millones; de Santa Fe, 27 millones; y de Neuquén casi 10 millones. En sus colegios llegan a cobrar cuotas que oscilan entre 4000 y 12 mil pesos por mes. También tienen alumnxs becados. ¿Es legítimo que una entidad que imparte en sus aulas contenidos contrario a las leyes de Salud Sexual y Reproductiva, Matrimonio Igualitario, e Identidad de Género (entre otras), y promueva un adoctrinamiento lesbo y homofóbico y discursos de odio hacia las feministas, como denunció el Inadi, reciba subsidios del Estado y otorgue títulos oficiales?
En 2018, Fasta declaró ingresos por 1500 millones de pesos: descontando gastos, declaró un superávit final del ejercicio de 13.011.068,13 pesos, e inversiones por 59.103.593,91 pesos, pero no hay nota que las detalle en su balance. En 2017, recibió en subsidios estatales 345.746.347,15 pesos, también según información de acceso público en la IGJ.
Como informó este diario, Fasta fue adquiriendo escuelas de congregaciones religiosas en crisis en distintos puntos del país hasta conformar la red que tiene en la actualidad.
En su balance del ejercicio 2018, declaró que tiene 22 colegios, tres institutos de formación superior y una universidad, la Ufasta de Mar del Plata. En su página web, actualmente figuran 23 escuelas. Reciben subsidios estatales 18 de sus colegios, incluido el Boisdron, ubicado en Yerba Buena, Tucumán, el primero que abrió en el país, en 1978, y al que concurren hijos e hijas de familias adineradas. Los testimonios de ex alumnos (relatados a este diario, publicados en redes sociales y en el portal de noticias El Tucumano), dan cuenta de que el hostigamiento hacia estudiantes “afeminados” o “extranjeros” se ha promovido desde el mismo plantel docente.
El listado de subsidios estatales en 2018 que declaró Fasta en la IGJ es el siguiente
—La ciudad de Buenos Aires le aportó 24.171.939,80 pesos por el colegio San Vicente de Paul, de Villa Devoto; 16.410.666, 29 pesos por el Monseñor Aeiros, de Flores y 10.453.044,85 por el Catherina, de Palermo.
—La provincia de Tucumán le dio 16.889.965,71 pesos por el colegio Reina Paz, de la capital y 13.340.565,74 por el Ángel María Boisdron, ubicado en Yerba Buena.
—En Córdoba recibió 47.314.980,47 pesos en el caso del colegio Inmaculada Concepción; 26.364.688,14 para Villa Eucarística; 14.644.766,62 para el Santo Domingo de Guzmán y 12.638.987,22 para el Sagrado Corazón de Jesús, de Marcos Juárez.
—Jujuy le otorgó 44.220.582,35 pesos para el colegio San Alberto Magno, de Río Blanco, y 25.379.671,41 pesos al Ingeniero José María Paz, en Libertador General San Martín (Ledesma).
—En Catamarca obtuvo la subvención estatal más alta por un solo establecimiento educativo: 84.780.475,95 pesos solo para el Fasta Catamarca, cuyo alumnado era de 2291 estudiantes en 2018.
—La provincia de Santa Fe le dio 27.859.919,78 pesos al Santo Tomás de Aquino, de Rosario, de alrededor de mil alumnes.
—Neuquén le entregó 9.923.037,90 pesos para el colegio Miguel Ángel Tobares, situado en San Martín de los Andes.
—Los tres colegios que tiene en la provincia de Buenos Aires están subvencionados: por el San Vicente de Paul, de Mar del Plata, recibió 22.346.492,58 pesos, por el Niño Jesús, de Lobos, 19.637.960,93, y por el San José, de Coronel Suárez, 15.946.914, 57 pesos.
Tienen también colegios en Luján de Cuyo (Mendoza), en San Juan y en Bariloche.
¿Por qué fue denunciada Fasta?
Fasta fue denunciada en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires por el Inadi para que se investigue si violó la Ley Antidiscriminatoria al imponer un adoctrinamiento homo y lesbofóbico y discursos de odio hacia el movimiento feminista, con manuales de uso obligatorio, como reveló Página/12. También la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación abrió una investigación preliminar a partir de testimonios de ex alumnos volcados en redes sociales que dan cuenta de situaciones reiteradas de hostigamiento y violencia sexual en sus diferentes colegios.
Desde Fasta se escudan en el artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral, que habilita a los colegios privados a adaptar los contenidos de la ESI a su “ideario Institucional”, y también en la “libertad de expresión” y de culto, para decir lo que dicen en sus aulas.
En los últimos días lanzaron una campaña en redes sociales para cuestionar las denuncias publicadas en este diario con el hashtag #YoApoyoAFasta: “Se ha iniciado una campaña en contra de los establecimientos que enseñan valores cristianos y que no aplican el adoctrinamiento con ideología de género, que busca imponerse a toda costa, incluso avasallando los derechos que las leyes vigentes posibilitan. Hoy atacan a FASTA, desde un artículo mentiroso, en un periódico anticlerical, que sólo destila odio. Mañana, sin dudas, irán por todos. Desconocen (o no) que hasta la propia Ley ESI, en su artículo 5, permite a cada institución educativa la adecuación de los contenidos…”, dice la declaración, sin firma, que cierra con la frase “Dios los bendiga y nos ayuda a dar el Buen Combate por nuestros hijos y la Patria”.
Este viernes 12 de junio, el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (Faera) emitieron un pronunciamiento conjunto “sobre la situación de la Educación Pública de Gestión Privada Católica”, en el que aluden sin nombrarla, a la denuncia del Inadi y los artículos de este diario. Dicen que consideran “inaceptables y demasiado peligrosas algunas denuncias contra escuelas confesionales por el hecho de proponer y defender ciertos valores constitutivos de su propio ideario”.
Consultada por Página/12, la subsecretaria de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, Graciela Morgade, exdecana de Filosofía y Letras de la UBA respondió: «No se pueden enseñar contenidos de odio. Lo que puede una institución privada confesional es decir que para su comunidad cierta configuración familiar, cierta forma de ejercicio de la sexualidad y genitalidad son las preferibles. Pero no pueden decir, porque es ilegal, que no existan otras, ni decir que si existen otras sean ilegales, inmorales, dañinas o enfermas. Todo eso no lo pueden decir en las aulas».
La diputada Mara Brawer, con las firmas de otrxs legisladores del oficialismo y la oposición (entre ellas Silvia Lospennato, de PRO) presentó un proyecto de resolución en el que expresan “preocupación” por los contenidos educativos que imparte Fasta por considerar que son violatorios de la Ley Antidiscriminatoria, la de Salud Sexual y Procreación Responsable, la de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes la de Educación Sexual Integral, la de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género. Al mismo tiempo, el proyecto insta a las autoridades de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires en cuya jurisdicción funcionan los 23 colegios de FASTA a “que intervengan” para que cese esa violación de derechos y en caso de que no suceda se los excluya de la enseñanza oficial.
«Desde que hicimos la presentación del proyecto nos empezaron llamar ex alumnos de todo el país, inclusive también desde Alemania, donde claramente lo que denuncian son violaciones a los derechos humanos, a nuestra Constitución y las leyes que rigen la educación en la Argentina» contó Brawer a Página/12.
La ex alumna que se comunicó desde Alemania fue al Colegio Ángel Boisdron, de Tucumán.
La chica de Alemania me cuenta que ella es chilena y vivió un tiempo en la Argentina. Los 2 de abril, fecha de Malvinas, la tenían todo el día parada frente al aula por ser chilena. Y como el gobierno chileno no nos había apoyado en la guerra de Malvinas, ella pasaba a ser castigada cada 2 de abril. Otra chica nos contó que sus compañeros le dijeron que la iban a violar por fea y se lo contó al preceptor y éste le dio como única respuesta que “los varones tienen que desarrollar su virilidad”. En Argentina la Constitución dice claramente que hay libertad de culto, libertad de enseñar y de aprender. Pero el artículo 31 dice que los derechos no son absolutos: se rigen por la Constitución y las leyes vigentes. En Argentina no puede haber violencia física hacia los chicos, hay denuncias de violencia física, se debe respetar la ley de ESI. La ley es clara.
FASTA alega que la ley de libertad de culto y el artículo 5 de la de ESI los ampara…
«La educación en Argentina es pública, de gestión estatal, privada o cooperativa. Los títulos y las habilitaciones los da el Estado pero tienen que cumplir con las reglas del Estado. Si los lineamientos de la ESI dicen que hay que enseñar los métodos anticonceptivos, hay que enseñarlos. ¿Qué significa adecuar al ideario institucional los contenidos de ESI? Significa que deben enseñar los métodos y decir: “estos son los métodos, pero mi ideario te recomienda, como conducta de vida, la abstinencia”. No pueden, como dice uno de sus manuales, enseñar que no sirve el preservativo para prevenir el VIH sida, ni decirle a una chico porque es homosexual que es un enfermo, ni dejar que los compañeros le peguen porque una chica es machona.
Están además recibiendo subsidios estatales…
Cuando estás habilitado podes tener un subsidio, pero es obligación de los estados provinciales supervisar a las escuelas de gestión privada como supervisan a las de gestión pública. Si no cumplen con las leyes del país, o modifican lo que están haciendo y se les quita no el subsidio, sino el título oficial, señaló Brawer, quien fue subsecretaria de Educación en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre el 2006 y el 2007, y subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa, Ministerio de Educación de la Nación, entre 2009 y 2011.
En Tucumán, la organización Mujeres X Mujeres, presentó este viernes un pedido de información pública al gobierno que encabeza Juan Manzur, para conocer las acciones adoptadas por su Ministerio de Educación “en virtud de las denuncias y publicaciones en medios locales y nacionales sobre el contenido discriminatorio, homofóbico, transfóbico, que contiene la currícula (de los colegios de Fasta) y que van en contra de lo establecido en los parámetros de Derechos Humanos”.
En Tucumán hay dos colegios de Fasta: además del Boisdron, el Reina de la Paz en capital provincial. Por ambos, como se informó más arriba, recibe subsidios del gobierno.
“¿Qué medidas tomó el Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán luego de tomar conocimiento de las irregularidades que viven lxs estudiantes de los colegios de Fasta? En especial en el Colegio Boisdron”, fue una de las preguntas de la ONG feminista.
La Ley de ESI no anula la posibilidad de profesar libremente un culto. No se cuestiona la identidad religiosa ni el derecho a profesar libremente un culto. Lo que se cuestiona es cuando los dos se presentan como excluyentes o cuando la profesión libre de un culto pretende avalar valores de desigualdad de género (consideró la abogada Soledad Deza, de Mujeres por Mujeres).
En el comunicado conjunto de Consudec y Faera se afirma que es “imperioso seguir reconociendo y garantizando el derecho de los padres y de las familias de dar a sus hijos una educación consecuente con sus valores y con su propia identidad, incluso religiosa”.
«La responsabilidad parental no puede anular el derecho de niños, niñas y adolescentes, a la educación sexual integral, a su derecho a recibir información» agregó Deza.
¿Quién es el fundador de FASTA?
El presidente y fundador de Fasta es el cura Aníbal Fósbery. Tuvo vínculos con altos mandos de la última dictadura militar, particularmente Antonio Domingo Bussi, en Tucumán, y con el criminal nazi Erich Priebke, y ha sido sostén espiritual de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Argentinos (Afyappa) presidida por Cecilia Pando, la cara más famosa del grupo de militares retirados y en actividad que reivindica el terrorismo de Estado.
Fasta, además, tiene relación cercana con la cuestionada Fundación Conin, dirigida por Abel Albino, aquel que dijo en el debate por la despenalización del aborto en el Congreso, que el virus del VIH atravesaba el látex del preservativo. Entre sus noticias, la Universidad Fasta informó que “acompaña el desarrollo de la Fundación Conin en Mar del Plata y asume desde el 2014 el compromiso y responsabilidad de llevar adelante el Centro Conin MDP a través de un contrato de franquicia solidaria”. Ese año, la Ufasta le otorgó a Albino el título de “Doctor Honoris Causa”.
En su presentación en la Justicia, el Inadi menciona los contenidos “discriminatorios” de uno de los manuales editado por su propia editorial , titulado, “Nueva Evangelización y Cultura”, del autor Juan Carlos Bilyk, que se usa en aulas de la Red de colegios de Fasta, como reveló este diario. En ese libro, se define al lesbianismo como “una depravación de la misma naturaleza humana”, se sostiene que las parejas del mismo sexo no deberían tener derecho a adoptar y que si se usa preservativo se “aumentará la probabilidad de contagio” del VIH sida.
Fosbery no ha sido un marginal en la estructura de la educación católica: presidió la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina y fue miembro de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Durante largos años, la vicepresidenta del ConsudecC, cuando lo presidía el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, fue “Angelita” Varela, que figura hoy como directora de Relaciones Institucionales de Fasta. Actualmente, el vicepresidente del Consejo de Rectores de Universidades Privada Argentinas, Juan Carlos Mena, es también de Fasta.
*Por Mariana Carbajal para Página 12 / Imagen de portada: Página 12.
