“La situación de los medios sin fines de lucro es estremecedora”
Especialista en radiodifusión y flamante candidato a Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, Damián Loreti sostiene que, hoy, el gran tema es la sustentabilidad de los medios y el peligro que esto conlleva para el pluralismo y la diversidad.
Por Ailín De Innocenti para Anccom
El argentino Damián Loreti, abogado y doctor en Ciencias de la Información, ha sido elegido como uno de los finalistas en el proceso de selección a Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Son diez expertos y expertas de distintos países de la región –sobre un total de 81 postulantes– y el próximo 15 de septiembre se conocerá quién ocupará ese puesto clave.
La trayectoria de Loreti avala su nominación: cofundador de la Coalición por una Radiodifusión Democrática; coautor de la Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 (que reemplazó la de la última dictadura); director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA) entre 2002 y 2006, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) entre 2006 y 2010; vicepresidente de Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC); secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), profesor de grado y posgrado y la lista sigue.
En vivo y en directo, Loreti prefiere evitar los formalismos. “Me muero de la vergüenza”, confiesa. Aislamiento social de por medio, conversó con ANCCOM sobre libertad de expresión, derecho a la comunicación, acceso y sus principales amenazas en la actualidad nacional y mundial.
—¿Qué significa ser Relator de Libertad de Expresión?
En el marco de la CIDH, hace unos 22 años se creó una unidad especial con un funcionario a cargo, que no es un comisionado, que se llama Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Hace unos 12 ó 13 años se empezó a elegir en base a un concurso llamado por la CIDH. Se presenta alguien que cumple con ciertas condiciones: periodistas, abogados, licenciados en relaciones internacionales o comunicación social, politólogos, con conocimientos y experiencia en el mundo de derechos humanos y la libertad de expresión. El mandato dura tres años con derecho a una renovación. El Relator, de la mano de instrucciones que le va fijando la Comisión, fiscaliza la situación de la libertad de expresión en el continente, hace requerimientos en los países, informes nacionales o genéricos, y lleva los casos que se presentan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
—¿Cuáles son los temas de incumbencia?
Van desde violencias y agresiones a periodistas y personas que toman la voz pública, derecho a la protesta, responsabilidades civiles y penales, temas de radiodifusión, de concentración. Temas de vida privada, cibervigilancia, hay informes sobre la situación de las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios. Hay antecedentes de trabajo sobre libertad de expresión y discurso del odio, o discurso discriminatorio, con un énfasis en particular en cómo resolver esto en relación a la población LGTBI. También con redes sociales, activistas digitales y plataformas.
—¿Qué significaría para usted poder desempeñarse en ese cargo?
La Relatoría tiene 20 años de trabajo atrás. El principal objetivo sería ir mejorando los estándares, llevar un poco más de litigio a la Corte Interamericana. Hay algunos temas que no han sido todavía litigados, como radiodifusión comunitaria, temas de concentración, de plataformas y libertad de expresión. Hay que trabajar más el tema de discursos y población LGTBI. Aumentar fuertemente la protección a las mujeres que hacen ejercicio de la libertad de expresión, sea de modo profesional o no. Porque ahí ocurren situaciones de discriminación estructural, en términos de condiciones de trabajo, de protección; y hay una creciente estigmatización de parte de los funcionarios estatales de mayor autoridad en muchos países en América hacia las mujeres de modo muy despectivo y violento. Desde Canadá, hasta países caribeños y del cono sur.
—¿De qué manera se podría intervenir?
La Relatoría publica comunicados manifestando preocupación y en algunos casos beneplácito por medidas de gobierno o situaciones puntuales. Puede pedir informes a los Estados ante una determinada circunstancia. Está la posibilidad de llevar casos y plantearle a la Comisión la elaboración de algún estándar de interpretación de hacia dónde debería ir una mayor protección a la libertad de expresión en un contexto de un continente que cambió mucho en los últimos seis años. Hay una creciente elección de gobiernos de centroderecha o derecha muy restrictivos en esta materia. Las modificaciones a las leyes que se están dando de modo regresivo en varios países son una muestra de eso.
—¿Cómo califica la gestión de Mauricio Macri en materia de legislación de la comunicación?
Atroz. Sólo por dar unos ejemplos, la persecución que ha habido a activistas digitales es gigantesca, el proceso de concentración que se ha dado es enorme, y las reformas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por decreto fueron cuestionadas por la CIDH como regresivas y no respetuosas del principio de legalidad.
—¿Qué expectativas tiene respecto al gobierno actual?
Desde la sociedad civil, el principal reclamo va a ir por el lado de la sustentabilidad de los medios, sobre todo de los más chicos y los que no están en plataformas. Históricamente, el dinero que estaba en los medios abiertos se fue yendo hacia el cable. Luego hacia las señales. Y ahora, incluida la publicidad oficial, se fue a las plataformas, que en muchos casos no generan producción local. Eso desfinancia las instancias de pluralismo y diversidad. Hoy el gran tema, de la mano con lo que ocurre con el COVID-19, es cuál va a ser ese modelo no sólo en Argentina sino en muchísimos lugares. La retracción de todo tipo de mercados publicitarios imaginables y la situación de los medios sin fines de lucro y del interior de los países es estremecedora. Si bien crece la audiencia, no crece la facturación de los medios abiertos. Según la CEPAL, el 43 por ciento de la población de América Latina no tiene banda ancha. En este contexto, toman importancia los medios abiertos, públicos, comunitarios, incluso los comerciales, en la medida en que no estén comandados por una misma empresa y con una sola voz. Son instancias de pluralismo en las cuales la gente no paga por ver y escuchar y mantiene además el anonimato de aquello que escucha, cosa que en las redes no ocurre.
—¿Cuál es su opinión sobre la cobertura de la pandemia en los medios?
Hay de todo. El gran problema es de qué manera se genera mayor capacidad de voces que desmientan las 18 horas de alarma de noticias todo el tiempo. No es solo un problema nacional. Y de qué modo se permite la verificación de datos ostensiblemente falsos o medias verdades. O se sacan las condiciones reales por las cuales se hacen determinadas cosas, y cuando se le pone un solo título aparece distorsionado. El ejemplo más reciente es el de los test rápidos. Salió en algunos diarios que el Estado había hecho cualquier cosa y que ese mecanismo de tests tiene sus límites. Pero eso se sabía cuando se lo contrató. Ahora, si alguien omite decir que eso viene con límites específicamente determinados y con un fin determinado, se trata de la construcción de realidad en función de intereses económicos, como siempre se rodearon los medios. Ahí quisiera enfatizar la diferencia entre periodistas y medios. Los trabajadores de los medios no tienen negocios por fuera. Y las presiones económicas que sufren los medios, más allá de sus líneas editoriales, impactan sobre los trabajadores.
—Respecto a las noticias falsas, ¿qué postura debería tomar el derecho?
Primero, en el marco del Sistema Interamericano, no hay capacidad de censura previa. Segundo, no siempre las fake news se refieren a personas. En ese caso, habría derecho de rectificación o respuesta. Dicho esto, hay otro tipo de fake news que operan sobre una realidad sin referencia a una persona en particular y ahí el derecho de contestar de la sociedad es más complejo. Las elecciones en Brasil, el Brexit, o el referéndum colombiano, no hacían referencia a un candidato en particular. Los europeos optaron por fijar, en países como Francia o Alemania, algunas reglas en función de elecciones y fake news. Pero, en algunos casos, hay una injerencia directa de los jueces en lo que los medios pueden decir o no. Entonces, la gran mayoría de las personas suele preguntarse cuál es la responsabilidad en materia de fake news. Considero que el tema de la responsabilidad es algo menor frente a la necesidad de generar instancias de chequeos, de mayor accesibilidad a las fuentes por parte de las personas que puedan estar alcanzadas por las fake news y no tengan capacidad de replicar por esa falta de acceso. Muchos dicen “sólo difundan lo que se publica por parte del Estado”, y eso es complicado como regla, porque el Estado no está siempre del mismo modo. Nosotros podemos sentirnos confortados con lo que hace Télam, pero si mirás en otros lugares la construcción de las estadísticas tal vez no tiene siempre las mismas fuentes.
No estoy de acuerdo en que sólo hay que difundir la información oficial. Tiene que haber mecanismos de acceso a la información y transparencia informativa, pero no como fuente única.
—¿Qué medidas se podrían tomar para favorecer el pluralismo informativo y cultural?
El gran tema es el financiamiento. Hay muchas iniciativas que necesitan porte para armar sus modelos de gestión. Pero hoy los medios no tienen modo de sostenerse con una retracción del mercado como la que existe. Ni hay un compromiso de financiamiento y pluralismo por parte de los que están llevando plata a sus cuentas sin generar ninguna producción. Esto existe en Estados Unidos, Suecia, España, Francia, Holanda, mecanismos de tomar plata de ingresos de ciertas explotaciones a los cuales se le agrega un impuesto puntual. Acá se podría trabajar sobre el IVA y reasignarlo. Y así generar un mecanismo transparente de financiamiento y pluralismo. En definitiva, se trata de eso y cada vez más. Mucho se ha hablado que esto es un tema de control de competencia, como si fuera solo un problema económico. Y ya desde el 2004 la Relatoría especial y luego otros relatores de libertad de expresión de otros continentes, y la propia CIDH, han venido diciendo que el pluralismo no se garantiza con control económico de concentración solamente, eso es un control a posteriori. Lo que garantiza el pluralismo y la diversidad es el control inclusive de la concentración indebida. Porque lo que se protege es la opinión pública, y no un problema de acumulación económica.
*Por Ailín De Innocenti para Anccom / Imagen de portada: Rocio Garcia.
