Las prioridades de la Justicia: continúa la criminalización de estudiantes universitaries
Por Redacción La tinta
La Justicia Federal solicitó, el jueves pasado, a través de la Cámara Nacional de Apelaciones, que las defensas de les 27 estudiantes procesades por la lucha estudiantil del año 2018 en la UNC presenten los argumentos por los cuales apelaron la decisión del juez Hugo Vaca Narvaja de comenzar un juicio bajo la acusación del delito de “usurpación por despojo”.
Se trata de les jóvenes que, hace dos años, formaron parte del levantamiento estudiantil nacional que se opuso a los recortes presupuestarios en la educación superior y que, durante un mes, ocuparon el Pabellón Argentina para entablar una mesa de trabajo conjunto con las autoridades de la Casa de Trejo.
A través de un comunicado, la Asamblea Interfacultades remarcó cómo la Justicia, aún con todas las complicaciones evidentes de la cuarentena, continúa con la criminalización de les estudiantes como modo de disciplinamiento a quienes protestan.
«Durante el aislamiento social obligatorio, en medio de una crisis sanitaria, la justicia está funcionando con una guardia mínima y, al parecer, el eje de prioridades del Estado es avanzar represivamente sobre quienes luchamos y defendemos nuestros derechos básicos, tratando de sentar un ejemplo aleccionador para criminalizar las protestas sociales (…) con el agravante que significa la intromisión de la Justicia Federal en conflictos en el ámbito educativo», expresaron.
Les estudiantes denuncian que la acusación de «usurpación» carece de elementos, ya que este tipo de imputación se refiere a delitos contra la propiedad privada, pero la Universidad es un espacio público. Además, acusan que el juez Vaca Narvaja se basó en recortes de diarios hegemónicos para justificar el procesamiento y que, al analizar cada uno de ellos, se puede determinar que no hay delito alguno.
«En definitiva, ningún mecanismo de protesta social puede configurarse en delito, por más que exista alguna norma bajo la cual se pueda encuadrar. Eso sería despojar el hecho de todo contenido político y social. Y, ahí, el juez no actuaría como juez, sino como un técnico del derecho que desconoce la historia, la cultura, la realidad política del país y eso no se puede permitir. Lo que está en juego en esta causa es el derecho a la protesta social”, expresó la abogada representante, Victoria Siloff.
En este contexto, la defensa presentará, en los próximos días, el Informe de la Apelación, mientras que les jóvenes reiteran el pedido de desprocesamiento inmediato y reivindican el derecho fundamental a la protesta.
«El accionar de la Justicia y los Gobiernos se vuelven aún más graves en momentos de pandemia cuando aprovechan la cuarentena para cercenar derechos e impedir la protesta y criminalizar a los sectores populares y trabajadores, como son los casos de les profesionales del geriátrico en Saldán, trabajadores de diferentes sindicatos y medidas como el recorte del Gobierno de Schiaretti a les jubilades (…). Sumamos nuestra solidaridad para todes les procesades e imputades por luchar, repudiando contundentemente el accionar de las autoridades, la Justicia y los Gobiernos por querer avanzar sobre las conquistas del pueblo», concluyeron.
* Por Redacción La tinta
