San Luis: prácticas abusivas de las fuerzas de (in)seguridad
Movimientos sociales y organizaciones de Derechos Humanos denuncian graves atropellos y prácticas arbitrarias por parte de las fuerzas de (in)seguridad en San Luis. Ya se registraron 2 muertes en comisarías y cientos de detenciones y allanamientos irregulares.
Por Redacción La tinta
Hace un mes, nos anoticiábamos de la muerte de Florencia Morales en San Luis. Un hecho sumamente irregular que las organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron como un asesinato de la joven por parte de las fuerzas de seguridad tras ser detenida en la vía pública debido a las restricciones que se impone en la provincia para el desplazamiento en el contexto de cuarentena. Ayer, varios medios de comunicación informaron que los forenses encontraron signos de defensa en su cuerpo y un “certero golpe en las cervicales”.
Conversamos con Virginia Patiño, integrante de la Federación Juvenil Comunista de San Luis y militante territorial del Movimiento Territorial de San Luis en Villa Mercedes, para que nos actualice la situación de la provincia.
Nos cuenta que, en San Luis, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, está impedida la libre circulación para evitar conglomerados y se han establecido salidas de acuerdo a la terminación del DNI. Sin embargo, se han tomado medidas inconstitucionales. En Villa Mercedes, hay toque de queda inducido, “es un estado de sitio inducido”, comenta Virginia. En dicha ciudad, a las 20 h, tocan las sirenas de bomberos y defensa civil, señal que anuncia que hay que entrar a las casas a la brevedad. No puede haber nadie en las calles, no importa si se cuenta con un permiso para desplazarse, si alguien tiene que salir por alguna cuestión de fuerza mayor. Esto ha llevado al aumento en la cantidad de detenciones de manera punitivista con la excusa de «cuidarlxs» y combatir el coronavirus.
Virginia nos cuenta que, el 25 de abril, detuvieron a Paco, “el Paquito” para sus amigxs, vecinxs, familiares. Un compañero de 16 años del Barrio 900 Viviendas de la localidad de Villa Mercedes. Estaba en la vereda de su casa cuando pasó uno de los grupos policiales de la provincia llamado DRIM, División de Rápida Intervención Motorizada. Se lo llevó a la comisaría del menor por su edad. Cuando deciden “liberarlo”, convocan a su madre a la comisaría. Al llegar, le anunció que estaba muerto en una celda, supuestamente ahorcado con una remera. Hubo irregularidades por parte de la policía. Lxs familiares no pudieron ver su cuerpo hasta 4 horas después de ese momento. Recién en la morgue judicial, lxs trabajadores de allí permitieron su reencuentro.
“Es una situación totalmente compleja. Por acción, omisión o por inducción, la responsabilidad es de la policía, de quienes deben controlar las fuerzas como ser el Ministerio de Seguridad y el gobierno de la provincia con su autoridad mayor como es el gobernador. No hubo ningún pronunciamiento al respecto”, dice Virginia.
Y recuerda, “de la misma manera, sucedió con Florencia Magali Morales en Santa Rosa de Conlara, a 300 km de la capital, fue detenida por estar en vía pública cuando no tenía permiso para circular por la terminación de su DNI. Y a las horas, apareció muerta en una celda de una comisaría con el cordón de un buzo”.
“La situación es gravísima, ambxs comparten tener situaciones de gran vulnerabilidad y, en gran parte, por ser de barrio humildes”, afirma Virginia. La política represiva se ha convertido en una cacería selectiva hacia los sectores populares. “Nuestrxs compañerxs más empobrecidos, de algunos barrios, están viviendo una razzia policial en distintos puntos de la provincia. Es un escenario de tensión constante. Por día, son cientos de compañerxs detenidxs”. Son ejercidas prácticas arbitrarias e ilegales por parte de la policía, escudándose bajo el decreto que impide la libre circulación.
Considera que es necesario el aislamiento para combatir el virus, pero, asimismo, la policía viene ejerciendo prácticas de torturas que no tienen ninguna justificación. “Hay compañerxs que han sido detenidxs por fuerzas policiales como el DRIM o Comando de Operaciones de Alto Riesgo (COAR). Les han puesto una capucha en la cabeza, en las comisarías les han golpeado, hubo desapariciones forzosas por varias horas, hemos tenido que hacer Habeas Corpus preventivos y también por averiguación de paradero porque nos niegan información de en qué comisaría han sido detenidxs”. En otras ocasiones, llegan grupos de choque a algunas casas para realizar allanamientos arbitrarios sin orden judicial, haciendo uso del decreto nacional con el pretexto de evitar conglomeraciones. Nos cuenta que a algunas personas las han despojado de sus documentos, les han roto sus casas, sumado a los“suicidios” antes mencionados en comisarías.
En los barrios, en la villas y asentamientos, esta pandemia y el aislamiento social se vive de otra manera. “La reunión, el saludo, el encuentro con vecinxs es como la alegría cotidiana de lxs compañerxs que viven ahí. Es una característica intrínseca de nuestras barriadas populares. Y se le suma el hecho de que necesitan salir para hacer sus changa, el trabajo jornalero porque viven de trabajos informales, por lo que resulta difícil de llevar adelante”. El dia que salen a laburar, se arriesgan a prácticas arbitrarias y, si no salen, se arriesgan a no llevar el pan para sus familias. “El gobernador, Alberto Rodríguez Saa, hace reportes diarios sobre cuestión epidemiológica y policial, y en ningún momento se ha mencionado ninguno de estos casos”, relata Virginia.
Hace unos días, el mandatario provincial anunció que despedirá a lxs trabajadorxs de la administración pública y del Plan de Inclusión Social que incumplan con el Decreto de Necesidad y Urgencia de aislamiento obligatorio. Una medida sumamente arbitraria y deliberada. Dicho sea de paso, quienes cobran este plan no llegan a los 13 mil pesos mensuales, por lo que hoy necesitan complementar sus ingresos con otras actividades para, a duras penas, llegar a fin de mes.
Varias organizaciones vienen encontrándose en la conformación de una multisectorial por verdad y justicia por Paco. Con el objeto de acompañar a su familia y para que se esclarezca la situación de su muerte. Buscan que lxs culpables asuman su responsabilidad y sean sancionadxs, y que el Ministerio de Seguridad ejerza mayor control sobre las fuerzas de seguridad. Asimismo, el reclamo de este conjunto de organizaciones también se basa en exigir la garantía de derechos humanos, por una política alimentaria, sanitaria y educativa digna.
“Necesitamos contar con garantías constitucionales para combatir esta crisis a raíz del contexto pandémico. Debe funcionar un comité de crisis, no como el que funciona ahora que restringe la participación popular y que se reduce a quienes manejan los recursos del Estado. Necesitamos que participen las organizaciones sociales, juveniles, políticas, de derechos humanos y, sobre todo, de los movimientos sociales para contrarrestar este despliegue de políticas represivas y generar otros modos de conciencia social sin el uso de la fuerza policial”, concluye Virginia.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: A/D.
