Devoto en llamas
La tensión en las cárceles ante el avance del coronavirus estalló en plena Ciudad de Buenos Aires, con una protesta violenta en la vieja cárcel de Devoto. El diálogo seguirá la semana próxima con jueces, funcionarios y organizaciones que monitorean la situación carcelaria –ya grave antes de la llegada de la pandemia. Las personas privadas de la libertad reclaman que los jueces revisen con rapidez los pedidos de prisión domiciliaria y excarcelaciones. Todos los ojos están puestos en lo que pase en el penal más representativo del país: las otras cárceles que esperan un reclamo enérgico y el gobierno que quiere bajar el tono para evitar réplicas en las otras unidades.
Por Luciana Bertoia para El cohete a la luna
A punto de estallar
Durante el viernes, el Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires – ex Devoto – fue un infierno. La chispa arrancó en el primer módulo y rápidamente fue extendiéndose. Los presos controlaban casi todo el penal. Las imágenes de ellos trepados a los techos o pasando de módulo en módulo circulaban por todos lados. La negociación ese día la encabezó el secretario de Justicia Juan Martín Mena. Quienes pisaron el penal dicen que la tregua llegó justo a tiempo: si la toma se prolongaba durante la noche, era difícil prever qué saldo podía tener.
El viernes hubo represión dentro y fuera del penal. Dentro, a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que debía mantener el control – especialmente sobre el pasillo central. Fuera, por parte de la Policía de la Ciudad a los familiares de los presos. Mena tuvo que salir a gritar que frenaran. Otro de los funcionarios llamó al Ministerio de Seguridad para pedirle a Sabina Frederic que interviniera la Policía Federal afuera. Dicen que la negociación se tensaba cada vez más y la noche empezaba a caer.
La promesa de Mena y de otros funcionarios del Ministerio de Justicia fue volver al día siguiente con dos jueces. Daniel Morin, presidente de la Cámara de Casación Nacional, hizo saber que estaba dispuesto a ir. Lo mismo que Gustavo Hornos, el vicepresidente de la Cámara Federal de Casación y quien dirige el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles. Con ellos estaban representantes de la Defensoría General, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Procuraduría contra la Violencia Institución (PROCUVIN). También ingresaron la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACIFAD) y la abogada Claudia Cesaroni.
La reunión del sábado arrancó a las 10.30 y se extendió durante cinco horas. Fue en la capilla del penal. Las autoridades entraron con barbijos, pero en la cárcel no rige el distanciamiento social. Se encontraron con unos 30 presos que estaban en representación de los pabellones. Al principio, el sonido de la batucada era fuerte, casi ensordecedor. Como costaba escucharse, cada vez se juntaban más los presos, los jueces, los funcionarios y los representantes de las instituciones.
Fueron casi cinco horas. Todos sabían que lo que negociara Devoto iba a repercutir en el resto del país. Después de las 15.30, firmaron un acta compromiso para volver a reunirse el jueves a las 10 de la mañana. Hornos se comprometió a ir con jueces de ejecución. Mientras tanto, se conformaron grupos interdisciplinarios para analizar los legajos de las personas que están privadas de su libertad en Devoto. Los grupos deberán analizar los siguientes casos:
—Población de riesgo (mayores de 60 y personas con enfermedades preexistentes;
—Personas a término de libertad;
—Personas que ya tenían otorgadas salidas transitorias;
—Personas con condenas menores a tres años o que hayan superado los dos años de prisión preventiva;
—Mujeres embarazadas o con hijos;
—Extranjeros con trámite de expulsión;
—Condenados bajo el régimen penal de menores.
Todos esos casos no están representados en Devoto. Por ejemplo, no hay población de mujeres, por eso se entiende que el acta es un mensaje para el resto de la unidades penitenciarias del país.
Recuentos
Al cierre de esta nota, al juzgado federal de Julián Ercolini le habían informado que había 10 presos y 17 agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) heridos. Según información proporcionada por el SPF, seis internos fueron llevados a hospitales fuera de la cárcel: uno estaba en el Fernández, dos en el Pirovano y tres en el Vélez Sarsfield.
Uno de ellos había caído desde un techo y tenía, según la información que maneja el juzgado, una fractura de pierna. Otro interno tuvo que ser operado por una lesión pulmonar. Es esperable que el recuento de heridos siga creciendo. La Procuración Penitenciaria lo estaba monitoreando.
Sobrepoblados y sobrepasados
Los dos camaristas que participaron de la mesa de diálogo, Hornos y Morin, coincidieron en que fue una instancia positiva. “Se trabajó en conjunto para buscar soluciones y una forma razonable de poner en ejecución las acordadas”, resumió Morin en diálogo con El Cohete.
Tanto la Casación Federal como la Casación Nacional emitieron acordadas recomendándole a los jueces que revisen con premura los planteos para excarcelaciones o domiciliarias. En ambos casos, la directiva fue centrarse en delitos no lesivos, en línea con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es claro que el SPF está sobrepoblado y Devoto mostró lo que puede ocurrir: no sólo por la entrada del virus a las cárceles – aquí se registraron casos de trabajadores de la salud y de penitenciarios –, sino también por la violencia que el temor desencadena.
Según estadísticas del SPF, hasta el viernes, había 1683 personas alojadas en Devoto, donde el Servicio declara tener plazas para 1688. La Procuración Penitenciaria viene impugnando esos cupos ya que no se condicen con los estándares internacionales. Sólo 383 de ellos están cumpliendo condena. Ese mismo organismo registró un salto en la población del penal a partir de 2016 — coincidentemente con la política criminal de Mauricio Macri. Fue durante gobierno de Cambiemos que también se acordó sacar la cárcel de la Ciudad y trasladarla a Marcos Paz.
Desde marzo del año pasado, todo el SPF está en emergencia. Devoto no quedó al margen. De hecho, la Cámara del Crimen impidió que se ingresaran nuevos internos al penal porque estaba sobrepasado — tanto que las autoridades penitenciarias habían dejado a los presos sin gimnasio porque lo necesitaban como pabellón de alojamiento.
Devoto es emblemática por muchísimas cuestiones: la liberación de presos políticos tras la asunción de Héctor Cámpora, el regreso de cientos de militantes políticos durante la dictadura, la masacre del Pabellón Séptimo en 1978 o la visita de la CIDH en 1979. También ahora quedó marcada por ser la primera cárcel argentina en la que ingresó el coronavirus. Fue durante el mes pasado cuando un enfermero se contagió. Las autoridades del penal informaron a la Justicia que la persona y sus compañeros de trabajo en el Hospital Penitenciario habían sido aislados y no se habían detectado otros casos. Esta semana, se reportó que tres agentes del SPF habían dado positivo, lo que corrió como un rumor de pabellón a pabellón. Desde Justicia confirman que son siete los integrantes del SPF con COVID-19.
Muerte en Varela
En el fin de semana pasado, se confirmó el primer preso con COVID-19. Esta vez fue en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un hombre, condenado por el asesinato de su hija de ocho años, que todas las semanas sale tres veces por semana desde el complejo de Florencio Varela para hacerse diálisis en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda. Como este detenido salía de la unidad, las autoridades lo habían dejado aislado del resto de los internos.
Sin embargo, casi en simultáneo, empezó a circular un audio de un supuesto médico que vaticinaba el peor de los escenarios en las cárceles bonaerenses. El martes, mientras jueces y funcionarios mantenían una reunión en una de las unidades de San Martín, comenzó una protesta en la cárcel de Melchor Romero. Tuvo réplicas en el penal de Junín y el miércoles en la Unidad 23 del complejo de Varela – el mismo lugar donde se detectó el primer caso de coronavirus. Ahí el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) reprimió brutalmente y, según denuncia la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), mató con bala de plomo a Federico Rey, un detenido de 30 años. La información preliminar indica que tenía alrededor de ocho impactos de balas de goma.
Desde el Ministerio de Justicia informaron que removieron al jefe de la Unidad 23 y a su segundo, que era el encargado de la seguridad. La CPM, que es el mecanismo provincial contra la tortura, anunció que representará a la familia de Rey en la causa penal por su muerte. El caso de Rey es retratado en detalle en una nota de Alberto Moya.
Mientras todos los ojos estaban posados en Devoto, en la provincia, distintas unidades se mantenían en huelga de hambre para que se motoricen las domiciliarias para personas en grupo de riesgo y presas por delitos no violentos que ordenó la Casación provincial.
*Por Luciana Bertoia para El cohete a la luna / Imagen de portada: El cohete a la luna.
