¿Llegó el momento del salario universal?
Empieza a resonar en los principales diarios del mundo. Lo plantean sectores de distinto signo ideológico. Frente a la emergencia del Covid-19, muchos países empiezan a implementar medidas de transferencia directa de ingresos a la población. En Argentina, el Ingreso Familiar de Emergencia, sumado a otras experiencias anteriores, nos invitan a reflexionar sobre la pertinencia de establecer un sistema de complementación salarial que garantice un piso mínimo de ingresos a toda la población. Lo que hoy es emergencia, ¿mañana, puede ser normalidad?
Por Itaí Hagman para Revista Panamá
Un debate de hace dos siglos
Suele considerarse como primer antecedente histórico de una política de subsidio a los salarios una pequeña experiencia en un pueblo de la Inglaterra de fines del Siglo XVIII. Ante la combinación de una mala cosecha y altos precios del trigo, la corte de Berkshire decidió poner en funcionamiento una medida innovadora: un complemento salarial para todos los trabajadores cuyo valor estaría atado al precio del pan.
El “Speenhamland System”, así se conoció, sucumbió al iniciarse el proceso de industrialización que convirtió a Gran Bretaña en la principal potencia económica mundial. Los argumentos hace 200 años en contra de todo subsidio a los salarios eran que favorecía la vagancia de los pobres, los desincentivaba a trabajar y también los impulsaba a malgastar el dinero en alcohol y otros destinos ociosos.
«Lo que hoy es emergencia,
¿mañana, puede ser normalidad?»
Argumentos similares se escuchan en la actualidad, que intentan relacionar los problemas de la pobreza con la supuesta pereza de los subsidiados, a la que contraponen el espíritu sacrificado del “resto de la sociedad que trabaja y paga impuestos”. Este razonamiento puede ser cuestionado por su falta de sensibilidad y empatía con quienes viven en situaciones de extrema precariedad. También puede ser objetado por no considerar la desigualdad de oportunidades entre una persona nacida y criada con enormes carencias y de quienes tuvimos otras posibilidades.
Pero aquí nos interesa otro enfoque. Nos proponemos simplemente demostrar que las ideas esgrimidas por quienes se oponen a las políticas de transferencia de ingresos están basadas en preceptos falsos, en un conjunto de fundamentos que por malicia o ignorancia, se reproducen en el sentido común de millones de personas a diario y que no se corresponden con la evidencia histórica.
Las ideas que vamos a cuestionar se sostienen en los siguientes supuestos: a) Existe una porción de la población económicamente activa que trabaja y paga sus impuestos y otra que no trabaja y vive de subsidios; b) Los impuestos que pagan quienes trabajan están dirigidos a sostener un excesivo gasto público definido principalmente por el sostenimiento de estas “políticas sociales”, a lo que se agregan otros como el “gasto de la política”; c) el gasto público elevado sostenido con los impuestos a las empresas y “personas que producen y trabajan”, desalienta la creación de riqueza y sostiene al país en el estancamiento crónico desde hace décadas.
Esta mirada induce a una política económica muy clara. El Estado debe reducir o eliminar el gasto destinado a esas partidas aparentemente ociosas, bajar los impuestos a las empresas y las personas laboriosas y de ese modo el país saldrá adelante. Veamos por qué los tres supuestos son falsos.
«Ante la combinación de una mala cosecha y altos precios del trigo, la Corte de Berkshire decidió poner en funcionamiento una medida innovadora: un complemento salarial para todos los trabajadores».
Meritócratas vs vagos
La idea de que existe una porción de la sociedad que no trabaja y vive de subsidios puede ser desmentida de diversos modos. Una es tomar la cantidad efectiva de “planes sociales” sobre el conjunto de la población que no tiene un trabajo en relación de dependencia ya sea registrado o no registrado (“en negro”), es decir la población que no resuelve la reproducción de su vida diaria a través del mercado laboral ya sea formal o informal. A la población económicamente activa le restamos también a los autónomos y monotributistas profesionales, que no tienen ingresos fijos pero se ganan la vida prestando servicios o administrando comercios y así llegamos al universo de trabajadores y trabajadoras de la “economía popular”. De acuerdo a los datos de la EPH y de los distintos ministerios nacionales que cuentan con políticas asistenciales, los datos son elocuentes: sobre una población de 4.174.221 millones de trabajadores de este universo existen 638.262 cantidad de “planes”, una proporción de sólo 15,3%. Si los medimos en relación al total de la población económicamente activa la proporción es apenas el 3,32%.
Aun así, podría argumentarse que los vagos y planeros serán menos de lo que creíamos pero parásitos al fin. Pero de igual forma, los números desmienten eso, ya que tomando también los datos de la EPH pudimos estimar el peso del “subsidio” en el ingreso de los trabajadores que reciben transferencias directas por parte del Estado y los resultados son contundentes. En promedio, el “plan” representa el 34% de los ingresos de las personas que los reciben, es decir que el 66% restante es obtenido a través de una actividad productiva retribuida por el mercado.
Estos datos desmienten dos creencias: 1) La que supone que la gente que cobra planes no trabaja; 2) La que postula que dicha población principalmente “vive del plan”. Como hemos demostrado, no sólo no vive del plan, sino que principalmente vive de su ingreso laboral precario y/o informal.
«Sobre una población de 4.174.221 millones de trabajadores de este universo existen 638.262 cantidad de «planes”, una proporción de sólo 15,3%»
Contribuyentes vs parásitos
El segundo supuesto tiene dos aseveraciones. Por un lado, la idea según la cual quienes sostienen la recaudación del Estado son un pequeño sector que genera la riqueza y, por otro, que esta se malgasta en planes y “gasto político” que serían los funcionarios, diputados, asesores y todos las erogaciones relacionadas con el funcionamiento de “la política”. Veamos por qué las dos ideas son falsas.
En la estructura tributaria, el IVA pasó de representar en 2015 el 28,2% de la recaudación al 30,5% en 2019 del mismo modo en que el impuesto al cheque pasó del 6,3% al 7% en el mismo período. Durante los mismos años, la recaudación por impuesto a las ganancias pasó de explicar el 24,8% al 21,8% y el impuesto sobre bienes personales del 1,2% al 0,6% (Rua, 2020). Como vemos, el peso de impuestos regresivos y que paga el conjunto de la población como el IVA supera a lo recaudado por ganancias y los tributos vinculados a la riqueza acumulada son tendientes a la nulidad. No es cierto que la famosa “presión tributaria” recaiga sólo sobre la clase media y los empresarios.
¿Y qué pasa por el lado del gasto? Si tomamos las erogaciones del año 2019, para cubrir los 638.262 beneficiarios de programas sociales que mencionamos antes (“Salario Social Complementario” + “Hacemos Futuro”) el gobierno destinó 47.076 millones de pesos, equivalente al 0,2% del PBI. Comparemos este número con lo que el Estado argentino destinó en el mismo año a pagar intereses de deuda a acreedores privados y organismos multilaterales: 724.285 millones de pesos (3% del PBI), es decir equivalente al conjunto del presupuesto de los “planes sociales” multiplicado por 15.
El gasto en los sueldos de “la política” es difícil de estimar. Pero hagamos una cuenta rápida. Qué pasa si sumamos los sueldos anuales del Presidente y Vicepresidenta de la Nación, todos los Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado, agregamos también a todos los Diputados y Senadores. El resultado es 2.093 millones de pesos (menos del 0,01% del PBI). No discutimos aquí el peso simbólico que tienen los salarios de dichos funcionarios, que están muy por encima de la media del mercado laboral y que podrían perfectamente ajustarse por razones político-morales. Lo que queremos desechar de plano es la idea según la cual los gastos de los salarios de los funcionarios políticos son una carga relevante para el presupuesto público, es decir que sean un destino relevante de los impuestos que pagamos el conjunto de los ciudadanos
Estas comparaciones deberían servir al menos para invitar a reflexionar a quienes permanente machacan con que el Estado gasta mucha plata en planes y en la política y poca en otras cuestiones más importantes. Pareciera ser al revés. Y también pareciera ser que no son los ricos y la clase media quienes sostienen de manera principal el financiamiento estatal.
«Como vemos, el pesos de impuestos regresivos y que paga el conjunto de la población como el IVA supera a lo recaudado por ganancias y los tributos vinculados a la riqueza acumulada son tendientes a la nulidad»
Estado vs prosperidad
Finalmente, el tercer fundamento de las ideas contrarias a las políticas de transferencia de ingreso para los sectores populares parten del supuesto de que un Estado más pequeño, que cargue con menor “presión tributaria” a las empresas y las personas de altos ingresos, redundaría en mayor inversión, más riqueza y por ende mejores ingresos para todos.
Esta es una vieja idea del liberalismo económico repetida sistemáticamente y que ha sido refutada en muchos trabajos clásicos que han mostrado cómo en realidad el papel del Estado fue fundamental en todos los procesos de desarrollo económico y que muchos países admirados por los liberales no hubieran podido alcanzar su posición global sin un Estado no sólo presente sino liderando y hasta planificando el proceso económico (ver Evans, 1996).
Quizás el de mayor resonancia en los últimos años fueron los estudios de Thomas Piketty (2014), que demostró que bajar impuestos y mejorar la rentabilidad empresaria no redundó en un “efecto derrame” hacia el conjunto de la sociedad, sino que provocó un enorme crecimiento de la desigualdad. Según Oxfam en la actualidad el 1% más rico del mundo se apropia de más del 80% de la riqueza que se genera cada año
Cuando se le bajan los impuestos a los ricos, no aumenta la inversión, sino los consumos suntuarios, las inversiones financieras y las transferencias hacia las “guaridas fiscales”. Por eso, limitar la rentabilidad y establecer mecanismos de distribución del ingreso resulta fundamental no sólo por un criterio de “justicia social” sino también para favorecer el crecimiento y desarrollo económico de los países.
Pero no hace falta leer a Piketty. La propia experiencia argentina de los últimos años es elocuente al respecto. Bajar las retenciones a las exportaciones, eliminar progresivamente los impuestos sobre bienes personales, desregular el movimiento de capitales y el sistema financiero, no han redundado en mayor inversión ni en crecimiento económico, más bien lo contrario.
«Thomas Piketty demostró que bajar impuestos y mejorar la rentabilidad empresaria no redundó en un «efecto derrame» hacia el conjunto de la sociedad»
Conclusiones: argumentos para considerar un “Salario Universal”
Hemos intentado demostrar por qué las objeciones a las políticas de transferencia de ingreso están basadas en preceptos falsos. No es cierto que el Estado gasta demasiado en subsidios a los pobres ni tampoco es cierto que estos no trabajen por recibir dichas prestaciones. Más bien, se trata de un complemento al trabajo que realizan por fuera del mercado laboral tradicional. Tampoco es cierto el Estado se financia en base a la expoliación de unas pocas empresas y sectores para derrochar los recursos públicos en planes sociales y sueldos de políticos. Y finalmente, tampoco es verdadero que una política de rebaja de impuestos aliente la inversión y generación de riqueza ni que esta derrame hacia el conjunto de la sociedad.
Todo esto nos lleva a pensar en la posibilidad de transitar el camino opuesto. En lugar de limitar las políticas de transferencias de ingresos, considerar su extensión o universalización. Pensar el complemento salarial como una política que puede ser ampliada para garantizar un piso de ingreso mínimo al conjunto de la población sin importar su condición laboral. Esta idea se emparenta con lo que en otros lugares del mundo se postula como “Ingreso Universal” o “Renta Básica”. Aquí la proponemos como un complemento salarial que puede iniciarse tomando las experiencias exitosas ya están en ejecución como la AUH o el SSC.
Estas experiencias demostraron que dichas transferencias no tuvieron ningún efecto negativo sobre la “predisposición a trabajar” de sus beneficiarios como sostenían temerosos quienes se oponían a la implementación de la AUH en el año 2009. En todo caso, el complemento salarial funcionará como un piso de ingresos que desalentará algunos trabajos excesivamente mal pagos, lo cual no necesariamente es negativo, ya que cumplirá la misma función que el “salario mínimo vital y móvil” pero de un modo más efectivo.
El complemento salarial también puede ser una herramienta para desmontar la naturalización de la desigualdad salarial en el mercado de trabajo. Si bien es lógico que no todos los trabajos se retribuyan de la misma forma porque implican distintos niveles de responsabilidad, formación o intensidad, ¿Qué criterio razonable u objetivo establece que la función social y laboral de un contador es mayor a la de una docente? ¿Por qué se acepta con naturalidad que un empleado bancario gane tres o cuatro veces lo que un cajero de supermercado? Cuando las desigualdades salariales superan los márgenes razonables de diferenciación, estamos frente a una injusticia. Por ello, un mecanismo de transferencia de ingresos como el Salario Universal puede ser una forma de reparación parcial de una desigualdad injusta.
Finalmente, quienes llegaron hasta aquí se preguntarán cómo se financiará una política de este tipo. Por supuesto, implica una reforma tributaria que establezca impuestos sobre los ingresos con tasas altamente progresivas como tienen algunos países del mundo. La combinación del complemento salarial con esta medida permitiría a su vez recuperar por la vía fiscal las transferencias de ingreso realizadas a personas que en realidad no lo necesitan.
El recientemente creado Ingreso Familiar de Emergencia es una nueva experiencia que va en este sentido. Una ventaja de una mayor universalización es llegar a más sectores y no sólo focalizadamente a quienes se encuentran en la peor de las circunstancias. Parece increíble en pleno Siglo XXI que plantear un ingreso mínimo garantizado para satisfacer las necesidades más elementales suene utópico y hasta delirante. Pero las grandes crisis -¡y vaya si estamos viviendo una!- suelen cambiar el sentido de normalidad y los horizontes de lo posible. A esta idea loca que algunas voces vienen proponiendo en soledad desde hace décadas, quizás le ha llegado la hora de plasmarse en la realidad y constituirse como un nuevo derecho elemental.
