Un Protocolo que mete miedo
El Ministerio de Seguridad de la Nación junto a ADEPA y FOPEA elaboró un “Protocolo general de actuación para la protección de la actividad periodística”. La medida generó el inmediato rechazo de la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, compuesta por 40 organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras en todo el país.
En el marco de la 54º Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que sesionó en Tucumán para elegir las nuevas autoridades, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó el “Protocolo general de actuación para la protección de la actividad periodística”, en cuya confección también participó el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
Viñetas del Protocolo
“La libertad de expresión no sólo atañe al derecho individual de emitir y expresar el pensamiento sino incluso al derecho social a la información de los individuos que viven en un Estado democrático”, afirma la argumentación del protocolo.
La normativa establece que ADEPA y FOPEA constituirán conjuntamente una comisión para la «evaluación del riesgo de las misiones periodísticas» y para colaborar con el Ministerio en la determinación del «tipo de medida preventiva que corresponda fijar en cada caso”.
«En vista que en materia de libertad de prensa resulta fundamental el rol del periodismo y, fundamentalmente el periodismo de investigación, para garantizar el acceso a información veraz y transparente a los ciudadanos, de modo de contribuir en forma sincera a la elaboración de la voluntad popular», reza el escrito.
Y bajo el título 1 Objeto dice: “El Protocolo será de aplicación cuando el desarrollo de la actividad periodística pueda acarrear riesgos para el periodista y se relacione, directa o indirectamente con hechos de interés institucional” y a continuación hace una enumeración de situaciones de interés público y social.
Repudio de las y los trabajadores de prensa
A través de un comunicado, la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, integrada por más de 40 sindicatos de prensa de todo el país, rechazó enérgicamente el Protocolo de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística, invocando tratados y declaraciones internacionales con rango constitucional y conceptos como democracia, libertad de expresión, derecho a la información y tolerancia.
«Bullrich, ADEPA y FOPEA consuman una utilización corporativa, elitista y maliciosa de esos principios. El mismo Ministerio de Seguridad que pretende criminalizar la protesta, reservando un ‘corralito’ para trabajadores de prensa, anuncia ahora pomposamente que podremos recurrir al Protocolo ante situaciones de riesgo, amenazas y violencia en ejercicio de la tarea profesional», lamentan las organizaciones que critican duramente a ADEPA y FOPEA por ser «entidades absolutamente distantes y que nunca representaron los intereses y necesidades de los trabajadores y trabajadoras».El mismo Ministerio de Seguridad que pretende criminalizar la protesta, reservando un “corralito” para trabajadores de prensa, anuncia ahora pomposamente que podremos recurrir al Protocolo ante situaciones de riesgo, amenazas y violencia en ejercicio de la tarea profesional.
El comunicado señala que «con soberbia y prepotencia hablan de periodismo independiente en nombre de corporaciones multimediáticas que consideran a la información una mercancía. Y hablan de pluralismo y democracia, los que desmembraron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para sostener el monopolio».
«El Estado no necesita un protocolo para respetar y proteger la tarea periodística. Y si el riesgo, la amenaza, la agresión aparecen, las y los trabajadores de prensa deben acudir a la Justicia, no a las fuerzas de seguridad».
Por eso, las organizaciones gremiales advierten: «No queremos ser cuidados por los mismos que nos reprimen, atacan el pluralismo y la multiplicidad de voces, y despiden y precarizan a miles de trabajadores de prensa».
«Rechazamos este Protocolo inaplicable, que deja al margen a más de 40 organizaciones sindicales de prensa de todo el país, representantes de miles de trabajadores, que mantienen contacto permanente con el trabajo periodístico en todas las provincias. En cambio, convocaron a una entidad patronal minoritaria y a una ONG sin alcance territorial», enfatizaron.
Recordamos que una de las primeras medidas del actual gobierno fue el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, elaborada con el consenso de organizaciones sociales, público, trabajadores de prensa, debatido a lo largo y ancho del país en foros de discusión.
¿Qué significa que se instale un Protocolo de Protección a Periodistas al mismo tiempo que los CEOs de los grandes grupos económicos manejan el país para beneficio propio? ¿Qué significa este Protocolo mientras se opera la brutal transferencia de recursos a las arcas de las corporaciones, mientras los sectores populares caen en la exclusión, la marginación y la imposibilidad de acceso a los alimentos? ¿A quién se protege?
¿Que hubiera sido de los crímenes de “Dario y Maxi” si los periodistas no hubiesen podido tomar ese riesgo y revelar el accionar de la maldita policía, amparada por el poder del estado nacional, al mando del entonces presidente interino Eduardo Duhalde?
*Por Vivian Palmbaum para Marcha
