No al acueducto del río de Los Patos: la lucha sigue
Levantan el bloqueo selectivo que sostenía la comunidad de Antofagasta de las Sierras por amenazas de supuestos “promineros” y presiones del fiscal Jorge Alberto Flores. Vecines, que se oponen a la construcción del acueducto del río de Los Patos, manifestaron en un comunicado que se encuentran en estado de alerta, asamblea permanente y próximos a una nueva acción.
Por Débora Cerutti para La tinta
El día miércoles 25 de febrero, al cumplirse seis días de corte de ruta selectivo a camionetas mineras e informativo para turistas y locales, la comunidad Atacameños del Altiplano y Vecines autoconvocades de Antofagasta de la Sierra comunicaron que empezaron a recibir amenazas de la policía, sectores de camioneros y comerciantes mineros.
Durante la siesta, el fiscal Jorge Alberto Flores envió una notificación a les vecines que sostenían el bloqueo, en la cual se ordenaba el desalojo al corte selectivo. En la orden, se explicita que se debía a la existencia de personas que pretendían confrontar “presumiblemente de manera violenta a los autores del corte de ruta” y que, desde el ámbito de la justicia, “no se puede permitir que hechos de esta naturaleza se susciten, debido a que ello puede generar violencias sin límites”.
Es decir, el propio fiscal Flores toma conocimiento de que existía un grupo violento con intenciones de confrontar con quienes se manifestaban en contra del acueducto del río de Los Patos, pero, en lugar de actuar tomando medidas contra el grupo de choque, ordena desalojar a les manifestantes que luchan por el agua.
Qué pretenden
La empresa Livent (antes, Minera del Altiplano) realiza la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca, desde hace más de 25 años. Esto ha acarreado graves consecuencias para la comunidad que allí habita, puesto que la extracción de la salmuera para obtener litio provoca la desaparición de las vegas y lagunas que allí se forman, recurso hídrico esencial de la región. Tal es el caso del río Trapiche, del cual se abasteció de agua la empresa minera por 22 años. El mismo ha sido saqueado hasta secar las vegas de las que viven los puesteros, los cuales sufrieron la muerte de sus animales.
En el año 2018, la empresa Minera del Altiplano- actual Livent- presentó el informe de impacto ambiental (IIA) para la expansión del Proyecto “Fénix” en el Salar del Hombre Muerto, cuyo objetivo es la provisión de aguas subterráneas de la subcuenca río Los Patos.
Desde la comunidad, denunciaron que la obra proyectada cuenta con seis pozos de bombeo de agua, los que permitirían proveer 650 m3/h del recurso (es decir, 650.000 litros de agua por hora), transportando el caudal a través de un acueducto de 32 km hasta la planta.
A pesar de haber diversas irregularidades en el IIA, el proyecto fue aprobado por la Dirección de Hidrología y Evaluación de Recursos Hídricos de la provincia de Catamarca, con condiciones de permiso precarios y revocables, y la creación de zona de tutela en 2018. Esto de la mano de una autorización del Juez Electoral y de Minas, Raúl Cerda, a Minera del Altiplano a la extracción y acarreo de agua del río Los Patos, que implicaría atravesar el acueducto por territorio de comunidades indígenas.
Con violencia
La comunidad antofageña se opone al proyecto y ha denunciado numerosos hechos de violencia desde que comenzaron las acciones para visibilizar las consecuencias de la construcción del acueducto. Por nombrar sólo algunas, en diciembre de 2019, el cacique de la comunidad Román Guitian, junto a su familia, fueron perseguidos por el territorio comunitario (zona cercana a la empresa minera) por dos policías integrantes de la fuerza de seguridad de Antofagasta, quienes iban uniformados, pero movilizándose en una camioneta particular de la empresa minera.
El 16 de febrero de este año, ocurrió un hecho similar: el cacique de la comunidad junto a integrantes de PUCARA y de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita fueron perseguidos y hostigados por personal de la policía provincial uniformados que se trasladaban en una camioneta minera de la empresa Livent.
El pueblo tiene memoria y archivos
La foto es clara. El actual intendente de Antofagasta de las Sierras, Julio Taritolay, decía, hace seis meses (en agosto de 2019), que estaba a favor del pueblo. En una reunión, se puso un chaleco con la frase de “No al acueducto” y “El río Los Patos no se toca”. Por aquellas épocas pre electorales, también sacó un decreto a favor de las asambleas por el agua.
El intendente ganó y se sacó el chaleco. Pidió licencia en el municipio y se reunió con el gobernador de la provincia, Raúl Jalil (Frente de todos) y Rodolfo Micone, actual director de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM), ente que realizó la Declaración de impacto Ambiental (DIA) el 29 de marzo de 2019. En dicha evaluación, la DIPGAM cuestionaba el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de la empresa reconociendo, entre otros puntos, que no existió audiencia pública.
No hay consulta ni licencia social para operar
La construcción del acueducto ya está en marcha pese a las irregularidades del Informe de Impacto Ambiental y la violación al derecho de información y participación ciudadana y consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena. El conflicto aún no ha tenido resolución.
El pueblo de Antofagasta sigue firme en que NO quiere el proyecto del acueducto del río Los Patos y continuará, pese a la violencia y las amenazas, realizando acciones para la defensa del agua para las comunidades y no para las empresas mineras.
*Por Débora Cerutti para La tinta.
