Entre Ríos, una provincia liberada para envenenar
Apenas iniciado febrero, se conoció el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que, por segunda vez, rechazó un recurso presentado para proteger a las y los niños de las fumigaciones sobre las escuelas rurales.
Por Vivian Palmbaum para Marcha
Se cumplieron más de 110 semanas desde que las asambleas y habitantes de distintos lugares de la provincia se vieron obligados a darse cita frente a la Casa de la Gobernación de la provincia de Entre Ríos porque las protestas y acciones locales no alcanzaban. Hace poco más de dos años que habitantes, vecinos, vecinas y organizaciones civiles encontraron un modo de visibilizar la resistencia al modelo agro contaminante, porque hasta el Poder Judicial les ha dado la espalda.
El 2020 inició con tristeza, con la provincia litoraleña asediada por el uso masivo de agrotóxicos que no se detiene ni siquiera frente a las escuelas rurales. Una situación que se repite a lo largo y ancho del país.
Una vez más, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), lo cual impide la presentación de un recurso de apelación ante la Corte Suprema para que proteja a las escuelas entrerrianas de las fumigaciones con agrotóxicos.
Proteger del veneno a las niñas y niños, docentes y no docentes que asisten cotidianamente a las escuelas rurales es la prioridad para las organizaciones y asambleas civiles de Entre Ríos. El gobernador y la justicia provincial no lo creen necesario.
Las evidencias están a la vista
Los datos son escalofriantes y muestran la realidad de lo que se denuncia y no aparece en los medios hegemónicos. Así lo denunció Entre Ríos 24 que, en un relevamiento hecho en febrero de 2018, mostró que el 55% de los niños, niñas y adultos internados en el hospital Garrahan y el Hospital Italiano por casos de cáncer o malformaciones, eran entrerrianxs.
Además, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional del Cáncer (INC), que datan del 2017, Entre Ríos ocupó el segundo lugar en fallecimientos de hombres por cáncer, con 140 casos cada 100.000 habitantes.
Resistir por todos los medios
Este fallo del STJ mereció el repudio generalizado de las y los entrerrianos. La presidenta del Foro Ecologista y una de las denunciantes, Lucia Ibarra Bouzada, afirmó en un medio local (FM Litoral) que el fallo fue sorpresivo y que solo se puede explicar como una decisión política, ya que repite el contenido del decreto y no se toman en cuenta las pruebas presentadas. Bouzada agregó que otro elemento de presión del propio fallo es que carga las costas judiciales a la parte demandante, es decir, al Foro Ecologista y AGMER. Entre otras cosas explicó que lo que efectivamente reconoce el fallo es que la distancia de fumigación debe tomarse desde el cerco de la escuela, y no como se hacía antes desde la misma escuela. “Nosotros estamos convencidos de que el camino es proteger la salud de los chicos y de toda la población y no nos vamos a detener”, declaró.
El Foro Ecologista de Paraná y AGMER, junto a la Coordinadora Basta es Basta, que nuclea a las asambleas ciudadanas, están elaborando la presentación de un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia y además prevén hacer una presentación frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El envenenamiento no se detiene
El año 2019 estuvo atravesado por una batalla judicial para proteger los derechos de niños, niñas, docentes y no docentes de las escuelas rurales que reciben los efectos del veneno en sus cuerpos y en el aire que respiran.
Solo unos meses antes de las elecciones en la provincia, el gobernador derogó por decreto la reglamentación sobre las distancias mínimas para las fumigaciones que habían sido reconocidas por la Justicia, avalando así que las escuelas fueran rociadas de veneno.
Una verdadera paradoja en la que desembocó esta situación fue que el gobernador Bordet obtuvo la reelección frente al candidato de Cambiemos. Si hablamos de paradojas en esta provincia, el mismo mes que el gobernador anuló por decreto la sentencia judicial contra las fumigaciones, se inauguró la primera reunión de la Mesa de Trabajo que daba inicio a la transición hacia una matriz productiva agroecológica en la provincia.
(In)Justicia
En este vértigo institucional, hasta se animaron a modificar, en un trámite exprés, la Ley de Procedimientos de la provincia para cambiar el tribunal de competencia, que pasaba de la Cámara en lo Penal (denunciada por la Mesa de Enlace por fallar en su contra) al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que casualmente fue quien rechazó el amparo colectivo. El mismo que hoy rechaza el recurso extraordinario que permitiría la intervención de la Corte Suprema para entender en el caso.
En esta desgastante secuencia es necesario recordar que las distancias de fumigación actuales son de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para fumigaciones aéreas. Muy lejos están las demandas ciudadanas de 1000 y 3000 metros, respectivamente.
Basta es Basta
Desde la Coordinadora Por Una Vida Sin Agrotóxicos, Basta es Basta, titularon “Un escándalo jurídico en Entre Ríos, otra vez contra la gürisada, contra la Constitución y contra las leyes”. Integrantes de la coordinadora afirman que “es inaceptable que el Estado deje la provincia liberada para fumigar e impida que avancemos en un modelo productivo que nos incluya y respete la vida en la tierra, tal como lo propusimos de manera permanente a través del Foro de Agroecología, al que se comprometió el gobierno de Bordet”.
Hay un modelo productivo que está en pugna, ese que como un vampiro se chupa las vidas de las personas, sin distinguir edades. Es una situación de desamparo que se repite en las distintas provincias del país.
*Por Vivian Palmbaum para Marcha / Foto del Foro Ecologista de Paraná.
