Un cordobés esperando la muerte
Por Gonzalo Fiore para La tinta
La pena de muerte en Argentina fue abolida en 1813 gracias a la Asamblea del año XIII. Si bien fue introducida brevemente por la dictadura de la autodenominada Revolución Libertadora en 1956, a lo largo de la historia argentina, los condenados a muerte lo fueron de manera ilegal y extra judicial, por ejemplo, los 30 mil desaparecidos de la última dictadura cívico militar.
A su vez, en 2008, el Congreso de la Nación abolió el último vestigio de la pena de muerte de cualquier ley argentina: el Código de Justicia Militar.
No obstante, un argentino será ejecutado en Estados Unidos, seguramente, antes de fin de año. Un cordobés, para ser más preciso, quien se encuentra en Death Row desde 1996. El infame corredor de la muerte es una sección de algunas cárceles estadounidenses en condiciones de aislamiento que violan todo tipo de derechos humanos, llevando a los reos a la locura en poco tiempo. Generalmente, los detenidos esperan un promedio de 15 años su ejecución. Actualmente, hay cerca de tres mil personas en esa situación, de los cuales 42% son afroamericanos, 41% blancos y 13% latinos. El 98% de ellos son hombres mientras que el 2% restante son mujeres.
Victor Saldaño, nacido en 1972, asesinó a un hombre estadounidense en el Estado de Texas, en 1995. Si bien su culpabilidad en el crimen -que cometió junto a un mexicano que, luego, fue condenado a perpetua- no es discutida, sí lo son tanto sus condiciones de detención como su condena judicial.
Su primer proceso fue declarado nulo debido a prejuicios raciales por parte de los jueces y el jurado, mientras que, en el segundo, volvió a ser declarado culpable. Posteriormente, la justicia texana lo condenó a la pena capital. Tras años de apelaciones y habeas corpus rechazados, presentados por la defensa, la semana pasada, se agotó la última instancia. Por ello, la única salida que le queda al cordobés es un improbable perdón del gobernador del Estado de Texas. Es el único que, llegada esta etapa, tiene la facultad de indultar al condenado, conmutando su pena a una condena perpetua si así lo deseara.
El Estado de Texas ejecutó a trece personas en 2018, casi duplicando su cifra del año anterior, donde había ejecutado a siete reos.
Estados Unidos es el país con mayor número de presos del mundo, con 2,2 millones, es decir, 698 presos cada 100.000 habitantes. En el período que comprende 1999 y 2014, el número de detenidos con condena en cárceles privadas federales con supervisión del gobierno aumentó un 945%. Los Estados del sur, entre ellos, Texas, son los Estados con más condena a muerte del país. A nadie escapa que, al igual que en la mayoría del planeta, existe un fuerte componente racista en la justicia norteamericana. Los afro estadounidenses representan el 12% de la población estadounidense, al mismo tiempo que constituyen el 40% de quienes están en situación de encierro. A su vez, el porcentaje de latinos en las cárceles norteamericanas también es alarmante. Mientras que son apenas el 16% de los habitantes de Estados Unidos, un 1,3% de ellos se encuentran en prisión. Para 2010, 55.000 reos en cárceles estadounidenses eran mexicanos.
El caso de Saldaño incluso suscitó intervenciones políticas. El Papa Francisco, por ejemplo, intentó mediar ante Barack Obama en su momento, por pedido de la madre de Saldaño, con quien también se reunió. “No haya día que no rece por ese cordobesito”, dijo el Sumo Pontífice, quien aprovechó el caso para reiterar su posición contraria a la pena de muerte, pidiendo su abolición en todo el mundo. La Cancillería argentina también presentó un recurso como Amicus Curiae ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que se revea la situación del cordobés. Esto fue rechazado, por lo que se terminaron las instancias de apelaciones para la defensa. Víctor Saldaño quedó a la espera definitiva del cumplimiento de su pena. Organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Organización de Estados Americanos declararon que la condena estuvo viciada de nulidad debido a prejuicios racistas. De hecho, en 2001, la legislatura texana aprobó la “ley Saldaño” que establece que “el Estado no presentará evidencia alguna destinada a establecer que la raza o grupo étnico de un acusado lo hace más propenso a una conducta criminal futura”.
Más allá de la culpabilidad o no de Victor Saldaño, su caso trae a la luz cuestiones de profundo carácter tanto jurídico como moral. Por primera vez en la historia judicial norteamericana, se anuló un juicio debido a esta cuestión. Sin embargo, si nada extraordinario sucede, Saldaño se convertirá, dentro de muy poco tiempo, en el primer argentino ejecutado por un tribunal ordinario en muchas décadas.
A su vez, y por testimonios de todos los que lo han visitado durante sus años en Death Row, incluyendo su madre y el cónsul argentino en Houston, quien charla con él una vez cada quince días, su estado mental es lamentable.
Su caso particular tiene que servir para reflexionar en general sobre las penosas condiciones de detención de los reos, así como también de la inmoralidad que supone el cumplimiento de la pena capital en cualquier lugar del planeta en pleno Siglo XXI. Especialmente, cuando eso sucede en países del mundo occidental, que dicen asegurar y observar la plena vigencia de los derechos humanos.
*Por Gonzalo Fiore para La tinta.
