La Masacre del Banco Popular Financiero
Fue la matanza de trabajadores más brutal que se registre en la Argentina en el último medio siglo. Fue en Río Cuarto. A sangre fría. Hace treinta y dos años. Siete trabajadores bancarios fusilados por la furia criminal comandada por un policía. Sólo hubo un sobreviviente. Aunque el poder haga ingentes esfuerzos por invisibilizar el múltiple asesinato, la memoria colectiva sigue ardiendo. No olvida. No perdona. No se resigna.
Por Juan Carlos Giuliani para RETRUCO
La vida cotidiana de Río Cuarto fue cortada de cuajo el 16 de septiembre de 1987. La ciudad ya no será la misma después de esa fatídica mañana, cuando un grupo aún indefinido de delincuentes perpetró un baño de sangre inédito en la crónica roja del país: La Masacre del Banco Popular Financiero.
Ese luctuoso 16 de septiembre de 1987, se cumplían 32 años de la “Revolución Fusiladora” que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón; 13 años del asesinato del dirigente gremial y ex vicegobernador de Córdoba Atilio López; y 11 años de “La Noche de los Lápices”, que segó la vida de seis estudiantes secundarios en La Plata.
Ese día -hace 32 años-, en la sucursal Boulevard Roca del Banco Popular Financiero de Río Cuarto, siete trabajadores bancarios eran brutalmente fusilados con un revólver Orbea calibre 38 Special, descargado por dos veces consecutivas hasta acribillarlos con una docena de disparos para llevarse el magro botín de 36.000 australes.
Posiblemente, desconocían que el camión de caudales se había llevado más de 110 mil la tarde anterior.
El por entonces gerente de la entidad bancaria, Roberto Vicente Denner, fue el único sobreviviente de la matanza. Falleció de causas naturales el 1º de agosto de 2013, 26 años después del ataque criminal.
El atraco y múltiple homicidio se cobró las vidas de Jorge Garay, José Rubén Bianco, Ángel Angelini, Alejandro Angel Muzzio, Víctor Meynet y Ricardo Ferreira.
En el juicio oral, llevado a cabo dos años después, fueron sentados en el banquillo de los acusados el ex cabo de policía Miguel Ángel Salinas, su esposa María Rosa Boni, Francisco “Pancho” Nievas y Juan Carlos “Garganta” Lucero. No fue llevado a juicio el ex policía Miguel Angel Coy, a quien la Justicia dictó falta de mérito.
La extenuante zaga de audiencias en Tribunales no alcanzó a develar las incógnitas que rodearon al brutal suceso. No se pudo acreditar si actuó otro policía más, como aseguró Denner, dado que resultó fallido el reconocimiento intentado en alrededor de 200 legajos policiales que cubrieron adicionales en ese lugar desde enero de 1986 hasta el 16 de septiembre de 1987.
Denner describió al otro copartícipe del asalto como una persona de mediana estatura, robusta, de tez mate, bigotes y dientes cortitos, de cabello oscuro y profundas entradas. Y dijo que vestía de civil en oportunidad del atraco.
El caso estuvo rodeado de sospechas sobre la participación de importantes personajes vinculados con el poder político y económico de Río Cuarto. Al momento del asalto y múltiple homicidio, el Banco Popular Financiero (BPF) era la entidad financiera privada más importante del sur de la provincia de Córdoba.
Se hablaba de la existencia de una mesa de dinero y de actividades vinculadas con el lavado de plata, que nunca pudieron ser comprobadas, pero que revolotearon persistentemente en el imaginario colectivo. No fueron pocos los que desconfiaron de la presurosa versión policial que dio por resuelto el caso la tarde misma de ese negro 16 de septiembre, con la aprehensión de un cabo de policía, su esposa y dos lúmpenes del bajo fondo. Un trámite demasiado expeditivo para desentrañar el caso policial más escalofriante de la historia de Río Cuarto.
En el múltiple crimen del Banco Popular, se cruzaron personajes del tenor del subcomisario Hugo Aspitia, denunciado por los organismos de derechos humanos por su participación como represor durante la dictadura militar, que, por entonces, se desempeñaba como jefe del Servicio de Adicionales de la UR 9; el comisario Carlos Enrique Barbero, a quien Nievas acusó primero de apretarlo para que “limpiara” a Coy del hecho y luego de haberlo presionado para incriminar al ex policía en la matanza; o el mediático abogado Daniel Lacase, conocido luego en todo el país por su intervención como portavoz del viudo de Nora Dalmasso en el todavía irresuelto crimen del Golf Club, que, en aquella oportunidad, actuó como defensor civil de las víctimas de la masacre.
El 16 de septiembre de 1987, Barbero estaba interinamente a cargo de la policía por cuanto su titular, comisario Fernando Bornancini, se encontraba en Córdoba. Ante el Tribunal, Barbero admitió que visitó dos veces en la cárcel a Nievas, aunque negó haberlo presionado. Según su relato, Nievas implicó a Coy: “Ese día, fui en moto a buscar a Salinas y nos fuimos con él y su mujer hasta la estación de trenes, y allá nos esperaba el otro milico. Vinimos caminando. Los dos policías adelante y yo, y la señora atrás tomados del brazo como si fuéramos una pareja. La mujer y Coy se quedaron en las inmediaciones, y Salinas y yo fuimos al banco”, dijo Barbero que le relató Nievas.
Un festín con olor a muerte
El testimonio de un perito en balística de la UR 9 fortalecía la presunción de que fueron más de dos los partícipes de la Masacre de Río Cuarto y que al menos una de las víctimas fue ultimada fuera de la oficina del gerente de la sucursal Nº 2 del Banco Popular Financiero, donde posteriormente aparecieron acribillados a balazos los cuerpos de los infortunados trabajadores.
El cabo Carlos Alberto Vizzio declaró que a Rubén Bianco, a quien una docente de Escuelas Pías observó cuando lo obligaban a ingresar al banco, le tuvo que haber disparado un segundo delincuente, que no era el que lo redujo, apostado a más de un metro de la puerta. Y que, luego, lo remató con un disparo ejecutado a menos de cinco centímetros de su pómulo derecho.
Denner dijo que había escuchado algunos disparos fuera de la oficina mientras estaba tirado en el suelo boca abajo junto a Garay, en tanto que Muzzio y Angelini permanecían sentados respaldados contra una pared con las manos tomándose las rodillas “en posición fetal”. De haber sido así, mientras dos sujetos reducían y asesinaban a Bianco, una o más personas debieron permanecer custodiando a los empleados inmovilizados en la gerencia.
El caso de gatillo fácil que produjo un festín de sangre con olor a muerte en la sucursal bancaria riocuartense conmovió al país.
El cabo Guillermo Ireno Torres, quien fue el primero en llegar al escenario de la masacre, relató el tremendo cuadro de sangre que encontró en la entidad financiera. Estaba asignado en la localidad serrana de Achiras y venía a Río Cuarto los días francos o de licencia para cumplir adicionales en los bancos de la ciudad, donde tenía radicado su domicilio. Frente al Tribunal dijo que, esa mañana, salió desde la sede de la UR 9 con otro policía de apellido Gutiérrez para hacer el adicional en la sucursal Nº 2 del Banco Popular Financiero, donde debían ingresar a las 7.50. Por razones económicas, las autoridades bancarias habían prorrogado en 45 minutos el ingreso del personal de adicionales.
“Tocamos varias veces el timbre de la puerta, al no contestar nadie, mi compañero dio la vuelta al edificio para ver si veía algo. «¡Che, Torres! No hay nada, ¿algo habrá pasado?», me comentó Gutiérrez. Pero como yo había visto la chata que traía los valores de la Casa Central estacionada sobre la calle San José de Calasanz y con el motor en marcha, le dije «el flaco tiene que estar por acá» y me volví a la parte lateral del banco para golpear. Cuando golpeé la puerta, esta se abrió; hago dos pasos dentro del pasillo y grito: «¡Che!…no hay nadie acá!». Miro hacia todos lados y empiezo a ver piernas, y, al correr la vista más allá, le dije a Gutiérrez: «¡Mirá! ¡¿Qué es esto?! ¡Dios mío, esto es un desastre!».
En su declaración, Torres señaló que los cuerpos de las víctimas estaban boca abajo en la oficina de la gerencia esposados y que al menos tres se encontraban con vida.
Al solicitar la pena de reclusión perpetua a Salinas y Nievas, el fiscal Jorge Samuel Welner dijo, el 8 de noviembre de 1989, al cabo de dos horas y media de una medular e impecable exposición: “Pareciera que hubieran descendido los Jinetes del Apocalipsis para sembrar la muerte, el horror y la miseria”.
En octubre de 2007, la Justicia dispuso la libertad de Miguel Ángel Salinas, quien cumplió 20 años de prisión. No volvió a Río Cuarto, una ciudad indignada que repudió su liberación. Se estableció en la ciudad de Córdoba. En la cárcel, había tenido “buena conducta” sin mostrar jamás una gota de arrepentimiento por la orgía de sangre que había perpetrado.
Su compinche “Pancho” Nievas, después de varios intentos fallidos por obtener la libertad, finalmente, se la concedieron en 2013. Hasta el 2010, había estado alojado en el establecimiento penitenciario número 7 de la ciudad de San Francisco y, de allí, fue trasladado al establecimiento penitenciario número 4, denominado “Colonia Abierta”, de Monte Cristo. No duró mucho en la calle con libertad condicional. En octubre de 2017, la Policía lo sorprendió en su ciudad natal, Laboulaye, a bordo de una motocicleta robada en La Carlota. Quedó detenido e imputado de robo calificado.
La Masacre del Banco Popular Financiero fue una infamia vestida de uniforme que enlutó la clase trabajadora del sur cordobés por un puñado de australes y que aún conserva múltiples preguntas sin respuesta, lo que alimenta la inquietante sensación de que, otra vez, salió airosa la impunidad del poder.
*Por Juan Carlos Giuliani para RETRUCO
