Familias e instituciones luchan contra el ajuste en discapacidad
Ante la falta de respuestas por parte del Estado nacional a los reclamos de las familias y las organizaciones, volverán a movilizarse este 30 de julio contra el “ajuste en discapacidad”.
Por El Resaltador
“El Gobierno está empujando a las organizaciones de discapacidad al colapso“, titula el comunicado de APADIM, la ONG encargada de brindar apoyo a personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, su participación y su inclusión social. Además, afirma que la situación que atraviesan las familias y las organizaciones “es desesperante”.
“Hoy, hay organizaciones que debieron cerrar, otras que no están pudiendo hacer frente a los pagos de sueldos, cargas previsionales, muchas organizaciones y transportistas han dejado de apoyar y trasladar a personas con discapacidad, etc.”.
El reclamo de las instituciones, las familias y las personas con discapacidad no es un tema nuevo. El 15 de mayo pasado, miles de personas concentraron frente a la Quinta de Olivos en una masiva protesta que no tuvo respuestas del Gobierno nacional.
Por eso, para el 30 de julio a las 10:00, los manifestantes volverán a movilizar en las puertas del Programa Incluir Salud, de la ciudad de Buenos Aires, para reclamar por el “no al ajuste en discapacidad“, el “pago ya” de lo adeudado y la asunción por parte del Estado nacional de los compromisos asumidos con las personas con discapacidad, transportistas e instituciones que las reciben.
Grave situación del Sistema de Atención a Personas Con Discapacidad
Por la grave situación de crisis en el sector, las organizaciones de Buenos Aires nucleadas en Aiepesa aseguran que “el Gobierno Nacional ha establecido una política que tiende a desmantelar la posibilidad de inclusión de las personas pobres y discapacitadas beneficiarias de pensiones no contributivas”. Esto se refleja en la quita de pensiones a personas discapacitadas.
Además, explican: “Como el pensamiento está orientado a ver a la Persona Con Discapacidad como un gasto, recurren a boicotear el sistema de atención destinado a los más vulnerables que financia el Estado Nacional”. Asimismo, se ven afectados todos los y las trabajadoras del sector que brindan contención, transporte, servicio, educación, entre otras vocaciones.
“En los últimos meses, hemos sido testigos y padecemos un brutal embate que, como sabemos, comienza con no pagar prestaciones corrientes y complementarias brindadas durante los años 2017, 2018 y 2019. Débitos arbitrarios e injustificados permanentes como el 40% de transporte en mayo 2018, matrículas, CFI, prestaciones falsamente no autorizadas, etc.”, detallaron.
Este conjunto de cosas los ha llevado a encarar diferentes reclamos en todos los ámbitos posibles, la provincialización del transporte y los débitos que se van conociendo de la factura de marco de Incluir Salud impiden funcionar a las instituciones que no pueden afrontar las más elementales obligaciones de funcionamiento. Así, queda expuesto, una vez más, el grado de descontrol, desconocimiento y vulneración de derechos que son capaces los funcionarios del gobierno nacional.
Los recursos presentados ante la justicia no lograron revertir la situación, que sigue avanzando con un requerimiento de asistencia solicitado por el Programa Federal Incluir Salud que intenta romper con la mensualización del sistema, que desprotege a Personas Con Discapacidad, familias, trabajadores e instituciones poniéndolas en una situación que “retrotrae a 50 años atrás”.
Por último, el comunicado concluye: “Es claro que debemos ser protagonistas de esta lucha para salvaguardar los derechos de las Personas Con Discapacidad, la posibilidad de continuar brindando servicios esenciales a las personas que recibimos y, así mismo, personalmente, realizar todos los reclamos de los derechos que se nos ven avasallados por una gestión que tiene como único objetivo el ajuste”.
*Por El Resaltador
