Asesinan a la activista mexicana Zenaida Pulido Lombera
México continúa siendo el escenario del exterminio de líder sociales y activistas defensores de los derechos humanos.
Por Redacción La tinta
Zenaida Pulido Lombera, activista que coordinó la quinta caravana “Buscando Econtraremos” de búsqueda de desaparecidos en Aquila, Michoacán, fue asesinada tras recibir heridas de bala el pasado viernes, cuando regresaba de denunciar las amenazas de las que ella y su familia eran víctimas. El asesinato sucedió en el tramo carretero Huahua-Pichilinguillo, en la costera michoacana, donde sujetos armados dispararon contra la activista de 43 años.
“Su asesinato nos deja una profunda tristeza e indignación, porque el caso de Zenaida se une ahora a la lista en la que figuran decenas de víctimas que, por buscar a sus seres queridos, han recibido la muerte como castigo en un Estado que no solo no garantiza el derecho a la seguridad de todas las personas, sino que, además, olvida la vulnerabilidad a la que las víctimas están expuestas”, señaló el colectivo Familiares Caminando por Justicia (FCJ).
El colectivo, junto con otras organizaciones de búsqueda de desaparecidos, exigió justicia por el asesinato de Pulido y medidas de protección para su familia y para los demás integrantes de la agrupación que buscan a sus familiares y seres cercanos desaparecidos en México.
Por otra parte, denunciaron que han sido las familias las que han encabezado las búsquedas sin el apoyo del gobierno nacional, porque asumieron “el papel de las autoridades, ya que saben más de los casos que las instituciones de seguridad, que, generalmente, mantienen cerrados archivos e investigaciones”.
Hasta el momento, no se conoce quiénes fueron los asesinos de Pulido, pero los comuneros y las comuneras de Aquila alertaron que el crimen organizado retornó a esta región que colinda con el estado de Colima.
De acuerdo con el colectivo FCJ, Zenaida “estaba inmersa en la lucha por la verdad y la justicia de los desaparecidos”. En tanto, la agrupación advirtió que, en México, es muy común que, durante las investigaciones, los servidores públicos violen los derechos humanos de los familiares de personas desaparecidas, lo cual refleja “el debilitamiento del Estado de derecho” en el país.
Desde FCJ, le exigieron a la administración central crear medidas preventivas para evitar que familiares de otros desaparecidos y desaparecidas sufran atentados como el de Zenaida y que se garantice el acceso a una vida libre de violencia a las defensoras de derechos humanos y activistas.
Conocido el crimen, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) exhortó a las autoridades correspondientes a revisar de manera inmediata el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Para el CEDH, es evidente que esta problemática está fuera del control del mecanismo que se creó ex profeso para prevenir, brindar seguridad y protección, así como para investigar hechos que atentan contra la vida de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos desde las organizaciones de la sociedad civil.
El titular del organismo, Víctor Manuel Serrato Lozano, condenó el asesinato de la activista y afirmó que ya dio instrucciones al visitador Regional de Lázaro Cárdenas, Agustín Zapién Ramírez, para iniciar la queja de oficio y mantenerse pendiente de las indagatorias de las autoridades correspondientes para que este crimen no quede impune.
“Para este organismo, ninguna agresión en contra de personas defensoras de los derechos humanos debe quedar impune, por lo que solicita a la Fiscalía General del Estado (FGE) que no se descarte, dentro de las investigaciones, la posible vinculación con las labores de activismo de la defensora”, señaló Serrato.
La violencia estatal, paramilitar y derivada del narcotráfico se mantiene en aumento desde hace décadas en México. Días atrás, las autoridades del país difundieron una investigación que reveló la existencia de 390 fosas clandestinas, que contienen 1.418 cuerpos humanos y 5.786 restos en el periodo comprendido entre 2009 y 2014.
Con base en el informe, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, las fosas fueron ubicadas en 23 de los 32 estados en los que se divide la nación. El estudio concluyó que el hallazgo de las fosas clandestinas es una de las evidencias más claras de la crisis de derechos humanos que prevalece en México, donde la mayoría de casos quedan en la impunidad.
Cinco estados mexicanos (Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas) concentraron el mayor número de fosas, con el 62,66 por ciento de las fosas registradas durante el periodo señalado.
La propia Secretaría de Gobernación reconoció que no se sabe el paradero de más de 37.000 personas registradas como desaparecidas desde el año 2006 hasta finales de 2018. Frente a esta situación, el gobierno de López Obrador anunció un programa, dotado con 21 millones de dólares, para identificar decenas de miles de restos humanos que son el resultado de dos sexenios de violencia.
En marzo de este año, la ONG Fron Line Defenders reveló que 321 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2018, 241 de ellos en América Latina. Lo más alarmante es que 174 (54 por ciento) de estos homicidios se ubicaron apenas en dos países: Colombia y México, con 126 y 48 líderes asesinados en el último año, respectivamente.
De acuerdo con Front Line Defenders, los ataques son, a menudo, precedidos por campañas sostenidas a nivel nacional que se refieren a los defensores como “anti-desarrollo”, “anti-Estado”, “traidores”, “terroristas” o “criminales”. Del total de líderes asesinados en 2018, un 49 por ciento habían sido amenazados con anterioridad.
*Por Redacción La tinta
