El lawfare como arma política
Mientras el caso D’Alessio y las causas contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner son el paradigma del lawfare en Argentina, en los últimas días en Brasil la comunidad jurídica reaccionó en estado de shock a las informaciones reveladas por el portal The Intercept. Dos integrantes de la Asociación Brasileña de Juristas para la Democracia analizan en detalle la Operación Lava Jato, las fake news y de cómo un sistema democrático corre riesgo por el «uso perverso del derecho».
Por Carol Proner y Juliana Neuenschwander para Perycia
La comunidad jurídica brasileña reaccionó en estado de shock a las informaciones reveladas por el portal de noticias The Intercept. Si se confirman, estas noticias pueden comprobar uno de los mayores ejemplos de lawfare del planeta. La expresión «lawfare» es utilizada para apuntar una situación de «guerra jurídica» o uso del derecho como arma política para derrotar gobiernos o sustituir regímenes políticos.
Los documentos obtenidos por el periodista Glenn Greenwald y su equipo confirman la desconfianza de especialistas que ya consideraban la Operación Lava Jato contra la corrupción un ejemplo de lo que se puede llamar de «justicia política», expresión utilizada por el jurista alemán Kirchheimer para hablar del uso de procedimientos judiciales con fines políticos.
Ya se sabía que, bajo el pretexto de combatir la corrupción a cualquier precio, en la «Operación Lava Jato» los fiscales y jueces violaron leyes procesales y garantías constitucionales, como la presunción de inocencia. Pero las revelaciones que ahora vinieron a la superficie son mucho más graves.
Los fiscales de Lava Jato, hipervalorados por los medios hegemónicos, con el tiempo conquistaron poderes y competencias excepcionales para crear una fuerza especial, atrayendo hacia una sola repartición judicial, en la ciudad de Curitiba, procesos judiciales que no debían ser juzgados y procesados allí. De esta forma estos procesos, forzosamente conexos, fueron sometidos a un mismo juez.
Es así que Sergio Moro se consagró como héroe nacional contra la corrupción, centralizando todos los procesos y disfrutando de popularidad jamás vista en el poder judicial del país. El estilo del magistrado, posteriormente nombrado Ministro de Justicia por el presidente Jair Bolsonaro, siempre fue singular, discrepando de la usual y recomendada discreción en la magistratura.
La extravagancia en comparecer a eventos sociales y premios, además de su fuerte presencia en los medios de comunicación, produjo gran poder mediático y el constreñimiento de las demás instancias del poder judicial, en parte encantadas por la conmoción popular mediática forjada.
Esta alineación entre la instancia judicial de Curitiba, los medios de comunicación y la opinión pública crearon condiciones para que la ley penal se aplicara de forma cada vez más arbitraria. Ejemplo son las llamadas «conductas coercitivas» transformadas en espectáculos mediáticos y las larguísimas prisiones preventivas. La forma de utilización de las delaciones premiadas tiene inspiración en el modelo de USA, negociadas con amplio margen de libertad y abuso por los acusadores.
Se agrega además que los medios de comunicación empresarial obtenían semanalmente informaciones privilegiadas de encuestas y procesos sigilosos, filtrados criteriosamente por agentes públicos que estaban obligados a protegerlas, lo que era utilizado para la construcción de un clima manipulado de indignación pública.
Los procesos contra Lula siempre fueron los más abusivos y mediáticos, siendo en todo excepcionales: en los tiempos urgentes del proceso, en la prisión anticipada sin respecto a la presunción de inocencia y en las negativas a los derechos políticos y civiles, irrespetando incluso decisión obligatoria de las Naciones Unidas.
Cientos de juristas democráticos criticaron duramente la sentencia del juez Moro que condenó a Lula a la prisión, por la ausencia de pruebas y justa fundamentación. La trama para que esa condena fuera posible pudo ser conocida gracias a las revelaciones de The Intercept, que traen conversaciones entre el juez del caso Lula y el acusador, en las que se definieron los tiempos y el ritmo procesal, el uso de pruebas y testigos, la relación con la prensa y con los demás poderes.
Los diálogos divulgados sugieren que el juez Moro orientaba clandestinamente los trabajos de la acusación, lo que está en contra de la Constitución brasileña, que obliga a la imparcialidad de los magistrados. El que acusa no puede ser el mismo que dicta la sentencia, y el juez / acusador Moro actuó al mismo tiempo en dos lados del proceso, lo que es una violación del Derecho.
En una de las partes reveladas, en el momento en que el juez Moro pedía «disculpas» a la Corte Suprema por filtrar, ilícitamente, las grabaciones de una conversación entre la entonces Presidente Dilma Rousseff y el ex Presidente Lula, él también intercambiaba mensajes con el acusador Deltan Dallagnol: «No me arrepiento del levantamiento del secreto. Era la mejor decisión. Pero la reacción está mal«(sic).
En otro tramo, Moro cita a una compañera de Dallagnol y le aconseja que reciba mejor entrenamiento para la investigación de testigos. Moro también sugiere que Dallagnol busque ciertas pruebas contra Lula. Y en otro mensaje, el juez llega a reclamar que los acusadores debían acelerar sus operaciones.
El conjunto de informaciones, parte pequeña de lo que promete ser revelado pronto, puede ser la confirmación de lo que ya se sabía desde mucho: que en Brasil una trama compleja y perversa secuestró la autonomía y la independencia del poder judicial. Esta colusión comprometió el destino político de Brasil desde 2016 y quizás mucho antes, ya que las evidencias son las de la relación promiscua entre los fiscales y agencias públicas y privadas de Estados Unidos para la construcción de acuerdos de asunción de responsabilidad por parte de las empresas brasileñas implicadas en corrupción.
Estos acuerdos generaron recursos que, más tarde, los miembros de la Lava Jato pretendieron ellos mismos gestionar por medio de una fundación privada, habiendo sido impedidos por la Corte Suprema brasileña.
En un escenario de crisis económica y desestabilización política, las elecciones presidenciales de 2018 fueron, en gran medida, también decididas por la Lava Jato. Al ser condenado y preso por la trama de los fiscales y jueces de Curitiba, Lula no pudo presentarse a las elecciones, cuando era justamente el candidato favorito. La Operación abrió espacio para la elección de Jair Bolsonaro, que posteriormente premió al juez que condenó a Lula, Sérgio Moro, haciendo de él su Ministro de Justicia.
Las revelaciones de The Intercept finalmente traen a la luz la verdad. Y muestran a Brasil y al mundo los riesgos que la democracia corre cuando el pueblo es engañado por fake news y por el uso perverso del derecho, cuando creía que todo lo que se hacía era combatir la corrupción.
* Por Carol Proner y Juliana Neuenschwander para Perycia. Comité Internacional de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD)
