Crisis carcelaria en Córdoba: El lugar más atroz del Estado punitivista
Cuatro muertes en menos de dos meses sinceraron del peor modo la crisis del Sistema Penitenciario de Córdoba, sobre todo en la cárcel de mujeres. La trama de cada caso más allá de las versiones oficiales y el contexto de un sistema colapsado que amenaza con explotar.
Por Jesica Colazo para Desafíos Urbanos
Elsa Medina, interna de la cárcel de mujeres de Bouwer, falleció el 2 de febrero a la madrugada, luego de ser asistida en el Hospital Misericordia y trasladada nuevamente al penal. Janet López fue encontrada sin vida el 22 de febrero. Según el Servicio Penitenciario, se trató de un suicidio. El equipo médico realizó las maniobras de reanimación, pero fueron infructuosas. Elisa Vanesa Castaño apareció ahorcada en su celda, el 17 de marzo. La versión oficial indicó que también se trató de un suicidio. Luis Alberto Guevara murió encadenado a su cama, el 20 de marzo. Tenía toxoplasmosis desde que nació y en el establecimiento penitenciario le negaron el tratamiento.
Estas cuatro muertes en menos de dos meses encendieron una mecha que avanza hacia la carga explosiva con presagios de motín y tragedia. También sacudieron la habitual indiferencia hacia lo que ocurre muros adentro y hoy las miradas se posan sobre el Sistema Penitenciario de Córdoba.
Luego de fallecer Castaño, tercera de esa lista fatal, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia decidió intervenir la cárcel de mujeres, con el fin de “revertir las situaciones de conflicto”, según informaron a Desafíos Urbanos desde el área de prensa de esa cartera.
Por su parte, los familiares de lxs internxs comenzaron a animarse a denunciar, en algunos casos para que se investiguen las muertes y en otros por los malos tratos dentro del establecimiento; incluso hablan de torturas. Además, las internas realizaron fuertes reclamos para que la Justicia penal apure sus tiempos, ya que la mayoría no tienen condena. Desde Autoconvocadxs Anticarcelarixs Córdoba, emitieron un duro comunicado en relación al sector de mujeres de Bouwer, donde se revelan las violencias físicas y psicológicas que sufren allí y reclaman por el cumplimiento de derechos fundamentales de las presas.
Febrero trágico y caliente
Los primeros días de febrero se conoció la noticia de la muerte de Elsa Medina. El Servicio Penitenciario informó que el fallecimiento había sucedido en el Hospital Misericordia. Sin embargo, otras versiones indicaron que el deceso se produjo dentro del complejo de Bouwer. Desde hacía más de un mes, su hija también presa y otras compañeras venían reclamando atención médica para Elsa, ya que había perdido mucho peso, no se sentía bien y padecía diabetes. Recién al descompensarse fue trasladada al Hospital Misericordia, pero no quedó internada, fue devuelta a la cárcel y allí murió.
La muerte de Elsa desató una ola de reclamos y protestas entre las internas, por el deficiente servicio de salud y las pésimas condiciones sanitarias del establecimiento. Todos los pabellones se declararon en huelga de hambre y muchas internas presentaron recursos de hábeas corpus a la Justicia.
Las autoridades penitenciarias se presentaron y escucharon los reclamos de las mujeres, pero también hubo requisas que aumentaron la tensión. Esta situación agravó la conflictividad en el Correccional de Mujeres, que si bien mermó por unos días, volvió a encenderse cuando encontraron ahorcada a una joven interna.
Otra vez aparecieron las versiones encontradas y relatos que no coincidían. Mientras el Servicio Penitenciario hablaba de un suicidio y nada más, las internas dudaban y contaron que Janet López, de 30 años, estaba siendo torturada desde hacía varios días.
Testimonios, desde adentro
Durante la noche del 22 de febrero comenzó a circular en las redes sociales la noticia de un intento de motín en la cárcel de mujeres de Bouwer. Al día siguiente se aclaró que no se trató de un principio de motín, sino de una protesta desatada por las internas a raíz del fallecimiento de una compañera. La negligencia, las pésimas condiciones, el maltrato y el casi inexistente servicio de salud se cobraban otra vida.
En la represión a esa protesta resultó herida la interna Janet Saba, quien realizó la denuncia correspondiente el lunes siguiente. Laura Saba, hermana de Janet, contó a Desafíos Urbanos que al enterarse las internas del supuesto suicidio de su compañera comenzaron a protestar y fueron brutalmente golpeadas por el personal carcelario y quien ocupaba el cargo de directora en ese momento, Marisa Alé.
“Mi hermana me dice que cuando ellas se enteran de la chica esta que había fallecido, lo primero que hizo (Marisa Alé) fue ponerlas a todas en una celda, encerrarlas, les tiró gas lacrimógeno y les tiró el gas del matafuego. Mi hermana se prendía de la ventana para poder respirar, y (Alé) le dice a la oficial Gabriela Flores ‘a ésta me la matas a palos’, y la oficial la agarra y le empieza a pegar. Y Alé lo que hace es agarrar una toalla húmeda, se la pone en el rostro a mi hermana y la empieza a asfixiar”, relató Laura.
Además, aseguró que su hermana fue atada en una cama de sujeción hasta que recién el domingo la soltaron, cuando un funcionario que no pudo identificar entró a esa habitación y dio la orden, porque ella “estaba por la (Justicia) federal”.
Mientras todo esto sucedía, entre el viernes a la noche y el domingo a la tarde, Laura se comunicó varias veces telefónicamente con el Servicio Penitenciario, incluso se presentó personalmente y siempre le negaron que hubiese habido algún problema en el correccional. Finalmente, Janet Saba pudo comunicarse con Laura el domingo por la tarde. El servicio médico constató que presentaba numerosos golpes en todo el cuerpo y tenía un hombro dislocado.
Las internas no creen la versión del suicidio de Janet López, sobre todo porque habían visto que estuvo amarrada a la cama de sujeción desde seis días antes de su muerte, asegura Saba. Los familiares de López y de otras presas se presentaron el lunes 25 de febrero en Tribunales II, donde denunciaron el caso y reclamaron por la situación general en la cárcel de mujeres.
Adriana Revol, integrante de Autoconvocadxs Anticarcelarixs Córdoba, relató que inmediatamente después de ese fin de semana trágico “comenzaron los traslados como una forma de castigo”. Algunas internas fueron llevadas a Río Cuarto y otras a Villa María. Además, se refirió a las malas condiciones en las que viven las mujeres dentro del correccional: “La atención médica es lo que más se reclama. Lo que no falta es la medicación psiquiátrica, pero no es que te vayan a atender; el psiquiatra lo único que hace es recetarles pastillas para tenerlas dopadas todo el día. También recetan la cama de sujeción, que es tenerlas atadas a las mujeres de pies y manos en una cama en enfermería. Ahí no comen, se hacen pis y caca encima, es una tortura extrema”.
Por su parte, Laura también relató las condiciones de abandono y desidia en el establecimiento: “Están hacinadas, de cuatro, cinco o seis por celda. No tienen agua potable. Hay ratones y mugre. No tienen servicio médico, porque para todo les dan un ibuprofeno y por cualquier cosa las mandan al psiquiatra. La alimentación es mala”. A esto se suman los castigos: el traslado lejos de sus familias, no permitirles inscribirse en la escuela, golpes, celdas de aislamiento y camas de sujeción.
La calma que nunca llega
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidieron apartar a Marisa Alé de su cargo de directora del Correccional de Mujeres de Bouwer, al menos hasta que concluya la investigación de lo que sucedió el 22 de febrero. También dieron a conocer la decisión de crear un observatorio de prevención de la violencia de género y fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, que funcionará con equipos interdisciplinarios del Polo Integral de la Mujer y la Secretaría de Justicia.
Una tensa calma se respiraba por estos días. Ante la gravedad de los hechos, si bien las medidas no resultaban suficientes, contribuyeron a tranquilizar los ánimos de las internas y sus familiares. Sin embargo, el presunto suicidio de Vanesa Castaño, 34 años, ahorcada en su celda, volvió a poner en foco al Servicio Penitenciario.
Esta segunda muerte de etiología dudosa en la cárcel de mujeres Padre Luchesse en lo que va de 2019 aceleró la toma de algunas decisiones, como el nombramiento de nuevas autoridades y la intervención de la unidad. Martín Farfán, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, apartó definitivamente de su cargo a Marisa Alé y designó a la trabajadora social Patricia Grunberg como directora y a Cecilia Lanzarotti como interventora. Desde el Ministerio, comenzaron a hablar de un cambio de enfoque en el Servicio Penitenciario y la necesidad de un abordaje “social”, como un camino a seguir para las nuevas autoridades en esa cárcel.
En declaraciones a los medios, Farfán explicó que “en este último tiempo, la población carcelaria femenina se ha incrementado por tenencia de drogas y el narcomenudeo” y precisó que “el 41% de las mujeres que están privadas de su libertad es por este tema. Esto es exponencial en los últimos años: en el 2014, había 200 internas de este tipo y en marzo de 2019, hay 384”. Por esto también anunció medidas para abordar esta problemática, como la creación de un Centro Terapéutico Asistencial para las mujeres asociadas al consumo.
El correccional de varones se sumó a la crisis carcelaria a fines de marzo, con la muerte de un interno. Luis Alberto Guevara, de 26 años, tenía toxoplasmosis desde su nacimiento, necesitaba medicación cotidiana y una dieta especial. Además, estaba esperando un trasplante de hígado. El 20 de diciembre fue detenido por un presunto robo, pasó por una comisaría, por la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) y finalmente llegó a Bouwer; en ninguno de los tres lugares se hicieron eco del estado de salud del joven. Incluso, la familia informó al Servicio Penitenciario de su enfermedad. No sólo no le otorgaron la medicación, sino que tampoco permitieron que sus familiares se la hicieran llegar.
A fines de noviembre, Guevara tuvo su último control clínico, lxs médicxs le indicaron que tenía que realizarse una biopsia, pero el área de salud penitenciaria ignoró el pedido. Mientras estuvo privado de su libertad, fue ignorado cada vez que manifestaba sentirse mal. Recién a fines de febrero, cuando ya no reaccionaba, fue derivado al Hospital Córdoba, donde el equipo médico informó a lxs familiares su mal estado de salud. Luis murió allí el 20 de marzo, encadenado a su cama.
Confinadas sin condena
En este contexto, las internas del complejo Francisco Luchesse realizaron una protesta el miércoles 3 de este mes. Abogada, docente de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante de la coordinación del proyecto de extensión Derechos a Pensar en Libertad, Promoción de Derechos Humanos en la Cárcel de Mujeres de Bouwer, Inés León Barreto explicó a Desafíos Urbanos que “el pedido principal es el acceso a la Justicia”, ya que “un porcentaje muy alto de internas no tienen condena” (en algunos medios se habló de un 80%). Algunas internas ni siquiera han sido llamadas a declarar, y en esos casos “lo que estaban pidiendo es la presencia de la Justicia, que los jueces de ejecución vayan y miren sus causas”, señaló León Barreto.
El segundo punto del reclamo fue por la alimentación, que viene empeorando desde el año pasado. Los alimentos no están en buenas condiciones y hasta se han encontrado cucarachas en la comida. La docente de la UNC contó que mujeres y niñxs muchas veces dependen de los alimentos que les acercan sus familiares. “¿Cómo es posible que estén obligando a una familia a que le lleven comida y artículos de limpieza a una de sus familiares, pero que no puedan contar con ella?”, planteó Inés.
El espiral de la violencia
Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), “la segunda causa de muerte en manos de las fuerzas represivas, después del gatillo fácil, son las muertes en espacios de detención”. Estos cuatro casos en lo que va del año dejan en evidencia que las condiciones de seguridad y cuidados necesarios para un correccional no están dados en el Complejo Carcelario Reverendo Francisco Luchesse.
Los tratos inhumanos, las condiciones insalubres y el hacinamiento son parte de esta cadena de irresponsabilidades que el Estado no debiera permitirse, y que tienen como punto culminante las muertes de internxs por falta de atención médica o por suicidios. En cualquiera de los casos, estamos frente al abandono y la desidia, por eso “en nuestro país estar detenidx significa un enorme riesgo para la vida”, como afirma CORREPI en su comunicado.
El crecimiento de la población carcelaria aparece hoy como un tema de preocupación, incluso para las autoridades. Según el ministro Farfán, “de 2006 a 2015, la población carcelaria (en la provincia) aumentó de 300 a 400 presos por año y hubo periodos negativos, es decir, en los que la población no aumentó, sino que disminuyó. Desde 2015, se disparó a mil ingresos por cárcel”.
Está claro que el hacinamiento es una de las principales causas del deterioro de las condiciones generales de las cárceles. Falta comida, no alcanza el servicio de salud, el personal penitenciario está recargado de trabajo y surgen más problemas cotidianos, entre otras consecuencias. En este contexto, la medicación psiquiátrica se usa de manera indiscriminada, como un método para mantener tranquilos a los pabellones, frente una violencia que aumenta.
El año pasado un grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU realizó un informe sobre Argentina, en el que destacó el problema de las detenciones prolongadas en lugares inadecuados, la sobrepoblación carcelaria, el uso excesivo de la prisión preventiva y la violencia dentro de los establecimientos. Con esta situación de las cárceles, se hace difícil escapar al círculo vicioso en el cual una persona es privada de su libertad, recibe malos tratos y violencia de manera indiscriminada, sale de prisión con escasas posibilidades de reinserción y nuevamente significa un problema para la seguridad.
Para cortar esta cadena primero cabe preguntarse qué está reflejando el incremento de presxs, qué es lo que sucede afuera y repercute adentro. La escena final de un contexto social desalentador, con marcadas crisis económicas, parece darse en los correccionales donde son depositadas miles de personas, como si eso fuera una solución mágica a la inseguridad que tanto desvela.
Un Estado que sólo castiga
El caso de la cárcel de mujeres presenta particularidades que no escapan a la cuestión de género. La mayoría de las internas están allí por narcomenudeo, lo cual no es un dato menor, ya que puede percibirse como un síntoma de la falta de oportunidades laborales para mujeres que quedan a cargo de su familia. Otro dato que circula y llama la atención es que hay varias generaciones de una familia presas, en algunos casos llegan a estar abuelas, madres y nietas. ¿Qué hace el Estado en estos casos? ¿Será que en algunos sectores de nuestra Córdoba nunca estuvo presente y sólo llegó para castigar? ¿Cuál es el lugar de las políticas sociales en estas familias que llegan a engrosar los números en las cárceles?
Una historia que también se repite es la de mujeres que llegan a la cárcel por venta de estupefacientes, luego de que sus parejas hayan sido encarceladas. Otra vez es preciso preguntarse qué están reflejando las cárceles de las políticas sociales que los gobiernos desarrollan u omiten.
Inés León Barreto señala que este fenómeno de “hiper encarcelamiento de mujeres” es bastante moderno; por un lado, porque antes “las mujeres éramos controladas por un sistema informal, la sociedad nos controlaba”; y por otro lado, la ley provincial de narcomenudeo “ha llevado a muchísimas mujeres a la cárcel, ya que son el eslabón más vulnerable de la cadena del narcotráfico”.
Por último, las malas condiciones laborales de quienes trabajan en el Servicio Penitenciario son otro factor que se suma al crítico panorama en la cárcel de Bouwer. Frente a esta realidad, es difícil pensar en una salida si no se toma cada una de las puntas del ovillo y se comienza a destejer este entramado de violencias e irresponsabilidades.
Adolfo Ruiz, periodista: “Es un círculo perverso que siempre pega sobre los más vulnerables”
En una entrevista con el periodista Adolfo Ruiz, especialista en temas carcelarios y autor del libro Rebelión (2012) sobre el motín de 2005 en la cárcel de barrio San Martín, dialogamos sobre la situación actual de las cárceles, teniendo en cuenta las particularidades que presenta el correccional de mujeres.
-¿Cómo se puede contextualizar lo que pasa por estos días en la cárcel de mujeres de Bouwer?
-Como siempre que pasan estas cosas, se trata de un proceso que se da en un contexto. En las cárceles de mujeres no hemos tenido motines en los últimos tiempos, ni niveles de violencia tan serios como los que hubo en este último mes. La cárcel de mujeres se caracterizaba por ser más tranquila, normalmente la población carcelaria estaba dentro de los límites de capacidad del establecimiento. Además, por una cuestión de política carcelaria bastante reprochable, siempre se escuchaba que había mucho consumo de estupefacientes, sobre todo de calmantes. Te lo decía mucha gente que da cursos o talleres o que visita. Se administraban por parte del servicio penitenciario calmantes, pastillas y estaban todas sedadas. Lo cual obviamente es una aberración, pero la cárcel de mujeres se mantenía tranquila, no había noticias porque estaban todas dopadas. Por ende ahí tenías un conflicto o una situación de gravedad enmascarada en una solución farmacológica.
-¿Cómo influye el incremento de la población carcelaria?
-En el último año y medio, te diría dos años, empezó a crecer la población carcelaria en todo el país, Córdoba no ha sido la excepción y la cárcel de mujeres tampoco y se comenzaron a saturar. El hacinamiento no es solamente dormir dos por habitación, sino también tener una tasa mucho menor de empleado por interno, de vacante laboral y educativa por interno, de tratamiento psicológico por interno… se resiente todo. El hacinamiento uno lo tiende a relacionar con que están apilados los presos y en realidad el principal efecto negativo es la caída en calidad. Incluso también repercute en los accesos al servicio de salud y es importantísimo, porque si vos tenías doscientos internos hace dos años y ahora tenés cuatrocientos cincuenta, no es que hoy tenés cuatro enfermeros donde antes había dos, sigue siendo la misma cantidad de personal. Entonces se resiente enormemente la atención y eso repercute en la salud de los internos al punto que hemos tenido que lamentar muertes evitables, tanto en la salud física como en la salud mental. Esto va generando un clima muy adverso en la cárcel y cualquier circunstancia que se sale de lo previsto genera enorme malestar, porque se va juntando presión y no hay respuesta concreta de los empleados, ni del Estado.
-¿Esta situación de la cárcel de mujeres se repite en la de varones?
-La cárcel de mujeres tiene sus particularidades. El año paso La Voz sacó un informe interesante que marcaba que las mujeres reciben menos visitas familiares. Una pata importantísima de la supervivencia adentro de una cárcel es el apoyo de la familia y la visita desde afuera.
Las visitas mujeres tienden a ser mucho más fieles y compañeras de sus maridos o hijos, no faltan nunca. Pero cuando la mujer cae presa recibe menos visita. Eso, obviamente, es una cuestión negativa, pero genera que la comunidad entre las mujeres sea más fuerte, quizás por esa menor cantidad de visitas.
Entonces, cuando se ha resentido el servicio de salud y se han dado muertes totalmente evitables, han generado una reacción comunitaria en el resto de las mujeres, tratando de exigir todo eso que se les está privando y tratando de dar garantías para el resto de las mujeres de que su salud, tanto física como psiquiátrica, no se va a seguir resintiendo. Por otra parte, la situación de hacinamiento se está repitiendo en todas las cárceles de la provincia y te diría que ya están traspasados los límites.
-Parte del reclamo de las internas pasa también por la demora de sus causas en la Justicia…
-Hay dos problemas muy grandes: por un lado, la Justicia está abusando de las prisiones preventivas, sobre todo por la presión mediática. Si una mujer es descubierta vendiendo porro en la casa, ahí nomás la mandan a la cárcel y la dejan presa durante la investigación, lo cual no es necesario porque se la puede detener, hacer las primeras investigaciones y darle la libertad hasta que llegue a juicio. El otro es que no se otorga la libertad condicional. La presión y la agenda del miedo que se baja de muchos medios, incluso a veces de los propios movimientos sociales que demandan justicia, con toda razón, genera que los jueces estén dictaminando condenas mucho más severas.
Entonces, tenemos una Justicia miedosa, un sistema mediático que exige penalización y cárceles que se están saturando de gente; y que lejos de reinsertar terminan vulnerando mucho más a las personas. Cuando esa persona recupera su libertad resulta que salió muchísimo más vulnerable de lo que entró y el pronóstico criminológico es de reincidencia en la mayoría de los casos.
Uno escucha “a estos tipos hay que matarlos o hay que encerrarlos el resto de su vida, porque cuando salen vuelven a delinquir”. Bueno, eso es consecuencia de las barbaridades que hace el sistema punitivo, que incluye a la Justicia, al Servicio Penitenciario y ahora también a los medios. Es una rueda que se retroalimenta y arroja resultados pésimos, no solamente para los presos, sino para la sociedad en general.
-Desde el Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos informaron la creación de un observatorio en coordinación con un equipo profesional del Polo de la Mujer. ¿Había un control desde una perspectiva de género?
-No, que yo sepa. A lo sumo a veces se ha facilitado el hecho de que transexuales o chicas trans vayan a la cárcel de mujeres. Pero siempre como excepción, no de forma sistemática. Lucas Crisafulli, que es un criminólogo de la universidad, escribió que no hay sistema más patriarcal y más machista que el sistema penal. Pese a que todas las empleadas son mujeres (en la cárcel de mujeres), el sistema punitivo en sí y el sistema carcelario reproducen cánones muy machistas, entonces la cárcel de mujeres está mucho más atrás que los avances que puede haber tenido la sociedad.
-¿Cuáles son los motivos por los que hay más mujeres en las cárceles?
-Principalmente, el narcomenudeo. En situaciones económicas difíciles como ésta, se genera el crecimiento de narcotráfico como un medio de supervivencia, y se da un círculo vicioso: cae preso el más débil, por un robo, por un hurto o por algo más grave; queda un núcleo familiar de una mujer, con hijos, totalmente desvalida, sin capacitación, sin experiencia laboral porque toda la vida ha estado en la casa; la mujer no puede salir porque tiene todos los chicos a cargo entonces le ofrecen vender drogas desde su casa. No tiene otro método de supervivencia, entonces cae porque no le queda otra, con lo cual no la estoy eximiendo de culpa, estoy contando un poco cómo es el esquema. En esa detención del marido se da el quiebre del núcleo familiar, la incapacidad de subsistir, también como parte del patriarcado, y en el acto tenés los mercaderes de la droga que detectan a esta mujer vulnerable, consiguen mano de obra desesperada, baratísima y luego el sistema penal la vuelve a vulnerar. Entonces es un círculo perverso que siempre pega sobre los más vulnerables, que destruye los núcleos familiares, que deja a los chicos totalmente desamparados porque se quedó sin madre y sin padre, y se va retroalimentando. Es una situación muy compleja, que crece de forma exponencial, por eso tenemos hoy en las cárceles más de 9.500 personas, cuando hace dos años teníamos 6.800.
-¿Qué pensás de la remoción de Marisa Alé de su cargo?
-Es una medida política, no la critico, me parece bien. Ahora nadie podría sostener que esa es la solución. El personal penitenciario trabaja bajo muchísima presión, muy sobrecargado, con una estructura de una institución castrense, casi militar, muy verticalista y sin posibilidad de plantear las problemáticas, discutir las órdenes de los superiores. Entonces el personal, así sea idóneo, está trabajando bajo malas condiciones laborales, bajo mucha presión desde sus superiores y desde las depositarias del servicio carcelario, que serían las internas. Tampoco las eximo de responsabilidad, no estoy encubriendo el verdugueo, ni los golpes, ni nada. Pero es imposible que tengas un personal penitenciario capaz de resolver condiciones críticas si lo tenés sobrecargado, mal pago, con mucha presión. Todo va retroalimentando una tormenta perfecta, que por el momento, si bien ha costado vidas humanas, no ha generado una explosión como fue en el 2005. Pero las condiciones están dadas y esperemos que se pueda manejar esta crisis. Si no hay una explosión, quizás es por un manejo más profesional de la seguridad y no tanto del tratamiento.
-¿Cómo se podría salir de esta crisis?
-Propondría mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras, mayor capacitación, que se pueda trabajar más democráticamente. Y que se cambie la cúpula del Servicio Penitenciario, que es lo que están pidiendo a gritos todos los penitenciarios, desde el más raso al más encumbrado.
Está muy anquilosada esa cúpula, no están dando soluciones, está muy viciada. Hay denuncias de corrupción, no reconocen el liderazgo del jefe, ni del subjefe. Por ahí con un cambio de nombres sí podés empezar a lograr esas soluciones que te marcaba antes. Hoy Juan María Bouvier tiene un liderazgo muy desgastado y el segundo jefe, que es (José Gustavo) Heredia, aún más criticado, es un tipo misógino, tiene causas por acoso sexual a las empleadas, es terriblemente vengativo y la remoción de esos dos personajes sería una excelente noticia.
*Por Jesica Colazo para Desafíos Urbanos
