Reprimen a pueblo diaguita en Salta
El pasado 5 de febrero, fuerzas policiales del gobierno salteño de Juan Manuel Urtubey reprimieron brutalmente a integrantes de la comunidad Diaguita-Calchaquí “La Aguada”. El pueblo diaguita reclamaba por la usurpación, en manos de capitales privados, de su territorio comunitario y sagrado, del que tienen posesión reconocida por el estado.
Por Redacción La tinta
«Afirmando, que como Pueblos Indígenas somos iguales
a todos los demás pueblos en cuanto a dignidad y derechos,
reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes,
a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales».
Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta
El territorio de la comunidad Diaguita-Calchaquí “La Aguada” está ubicado a nueve kilómetros del pueblo de Cachi, en la provincia de Salta. A partir de la usurpación histórica de esas tierras, que cuenta con más de 500 años, la comunidad se valió de la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial 26.160, para hacer valer sus derechos. Ésta otorga a las comunidades de pueblos y naciones preexistentes, la propiedad comunitaria de la tierra, bloqueando o dejando sin efecto los desalojos que pudieran impulsarse por privados. Allí, dentro de los Valles Calchaquíes, el pueblo diaguita desarrolla parte de su cultura. Cuentan con canchones para el secado del pimiento, corrales, zonas de pastoreo y lugares sagrados.
Pese a la legislación vigente, lxs empresarixs Javier Montero y María Carla Morizzio se presentaron en el territorio hace casi dos años asegurando ser dueños de esas tierras, contando con recursos del Estado para expandir la bodega Puna, de su propiedad.
La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita explicó en un comunicado que estas personas llegaron “acaparando la zona de riego, la obra comunitaria de agua de red, quitando fuentes de trabajo y despojando del territorio de uso comunitario, para avanzar con el monocultivo de la vid”. Además denuncian que la bodega procedió a cortar el suministro de agua del Nevado de Cachi, avanzando sobre otros recursos naturales indispensables para el desarrollo de la vida, hasta cortar el camino.
Si bien la comunidad presentó la denuncia el 14 de enero por usurpación ilegítima de sus tierras, las autoridades judiciales no tomaron las medidas correspondientes para cumplir con los derechos comunitarios. Contrario a esto, las fuerzas de seguridad provincial reprimieron brutalmente a los hermanos diaguitas. En la mañana del 5 de febrero, sin mediar orden judicial, el comisario Suárez y el inspector Corimayo dieron orden de reprimir.
En el comunicado de los originarios denuncian que los comuneros “fueron violentamente golpeados, apedreados, picaneados, heridos, otros quedaron con hematomas, niños shockeados y otros detenidos de una manera violenta y brutal. Sin medir daños, y con una brutalidad con la que están acostumbrados a operar las fuerzas policiales, se llevaron a un total de siete hermanos”.
El pueblo Diaguita se encuentra en asamblea permanente hasta tanto se haga lugar al pedido de audiencia judicial, reclamando sus tierras y denunciando la feroz represión.
“No es nueva noticia la forma de operar que tienen los usurpadores territoriales que, amparados por capitales del estado, poderes políticos y represivos busquen montar contradicciones legales, que no tienen otro fin más que el desconocer y negar los derechos de los pueblos originarios”.
* Por Redacción La tinta
