Córdoba: Bullrich tendrá sus militares en las calles de la ciudad
La legislatura de Córdoba transformó en ley los acuerdos celebrados en abril de 2018 entre el Gobernador Juan Schiaretti y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por el cual la Gendarmería, Policía Federal y PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), tendrán vía libre para reprimir en la provincia.
La gravedad de la resolución se suma a que en la última semana se publicó el decreto Nº 956/2018 del Ministerio de Seguridad em el que se autoriza a los miembros de esas fuerzas, que ante una situación presuntamente delictiva puedan usar armamento letal ante la sola sospecha de un peligro inminente o matar en fuga. Deja bajo pura discrecionalidad y arbitrariedad de los efectivos decidir disparar y dar lugar, a una ejecución sumaria por la espalda.
Si bien la Policía de Córdoba tiene vedado tal proceder, aunque en la práctica suceda con brutal frecuencia, con el arribo de la fuerza federal, tranquilamente puede presentarse tal situación en la ciudad. Esta circunstancia garantiza y facilita el gatillo fácil, ya que autoriza y pone un manto de protección e impunidad sobre el efectivo que dispare y mate, sea por un acto instintivo, por un reflejo o error. En todos los casos podría ser liberado si alega por ejemplo que creyó ver un arma, aunque esta sea de juguete e inofensiva.
La legislatura de Schiaretti a las órdenes de Bullrich
La semana pasada, la Legislatura de Córdoba, excepto el bloque de Cambiemos, aprobaba el proyecto del legislador por el FIT Ezequiel Peressini, que declaraba el rechazo a la resolución Nº956/2018 que flexibiliza el protocolo del uso de arma de fuego para las fuerzas federales. Incluso en Provincia de Buenos Aires, Vidal y Carrió se opusieron al decreto. En Córdoba, avalaron el rechazo del FIT al decreto, pero luego aprobaron tres leyes que lo permiten.
El legislador por el FIT Ezequiel Peressini, rechazó en el recinto las leyes 27076, 27168 y 27184 alegando que no solo no resolverán la problemática de seguridad sino que la profundizarán, porque esas medidas ya fueron probadas en otras épocas y nunca sirvieron. En su exposición durante la sesión del miércoles de la semana pasada en el recinto legislativo, Peressini hizo foco en la gravedad de la situación que permite la llegada del aparato represivo nacional. Repasó la política represiva desde que asumió Macri, que arrancó cuestionando a los 30 mil compañeros desaparecidxs o cuando quiso darles el beneficio del 2×1 y mandar a sus casas a los genocidas condenados por lesa humanidad.
El legislador recordó que Macri aprobó el decreto 721/2016 donde autorizó la participación de las fuerzas armadas por causas de seguridad interior, y que además designó a Oscar Aguad como Ministro de Defensa siendo reconocido íntimo amigo del represor Menéndez. En ese mismo sentido recordó que la ministra Bullrich propuso un protocolo antipiquete para sacar a los trabajadores de las calles y que afianzó y aplaudió un cambio en la doctrina de la fuerzas armadas, bajo el nombre “Chocobar” que les permite ejecutar por la espalda.
Peressini sostuvo que Macri busca el fortalecimiento del aparato represivo que se heredó de la dictadura. Dijo que es la continuidad de la obediencia debida, y los indultos a lo militares en los 90 como, también de la política represiva del kirchnerismo que designó a Milani como jefe del ejército o cuando crearon la ley antiterrorista y el Projecto X herramientas con las que espiaban a las organizaciones. Lo propio hizo Scioli, que llenó de gendarmes la provincia de Buenos Aires, como hoy hace Schiaretti.
Los datos y antecedentes: la maldita policía
El legislador cordobés se apoyó en cifras y mencionó que para 2019 van a designar 2700 policiales para Córdoba e invertirán 22 mil millones de pesos. Hizo mención a lo abusivo del gasto siendo que en el ámbito de la educación, solo se sostienen a 17400 cargos de maestras o que se asignen solo $184 por mujer, para frenar la violencia de género con los programas implementados desde el Polo de la Mujer. Expresó que en la Policía de la Provincia de Córdoba hay 400 cesanteados y solo en 2016, hubo 39.
En los últimos años de 2011 a 2016 hubo 78 casos de asesinato por represión policial, 47 ejecuciones extrajudiciales, 12 muertos en situaciones de encierro, 4 por negligencia funcional y 14 por el uso de la fuerza en situaciones interpersonales. Todos estos casos han sido casos de gatillo fácil.
La última modificación de la ley de seguridad de la provincia, implementó la policía barrial, la utilización de cuadrantes discriminatorios, y cambiaron el nombre de código de faltas por el de convivencia. Eliminaron la figura vergonzosa del merodeo, vendieron al público las estadísticas que muestran la baja en las contravenciones, pero esconden las que reflejan que ahora detienen por un delito mas grave: resistencia a la autoridad.
Pero eso estas tres leyes sólo tienen el fin de habilitar un aparato represivo para defender los intereses de los empresarios y reprimir a todo aquel que se manifieste en las calles. Peressini expresó que las leyes adhieren al programa “Barrio Seguros”, cuyo objetivo es “reducir la presencia de la criminalidad en aquello territorios donde hay conflictividad social”, que a decir verdad la genera el hambre y el bajo salario producto de las políticas de los gobiernos.
Finalmente la legislatura aprobó los proyectos y el legislador Peressini responsabilizó a los legisladores que aprobaron las medidas represivas por el obrar de los militares que desembarquen en Córdoba.
*Por Mucho Palo Noticias
