Un presupuesto contra la infancia
El Presupuesto aprobado en el Senado de la Nación ha sido ya analizado desde diferentes aspectos y en todos ellos se expone el ajuste generalizado que significa para los y las trabajadoras de nuestro país. Los recortes principales apuntan a los subsidios y las prestaciones sociales, los programas de salud y la inversión educativa, pero la lista sigue en las áreas de vivienda, trabajo, transporte y todo aquello que no se relacione directamente con los servicios de deuda. Este panorama general resulta útil y necesario para entender lo que nos espera el año que viene, pero apunta principalmente a la población adulta y los jubilados.
Por Paula Nurit Shabel y Luciana Chait para Marcha
Una mirada sobre el impacto diferenciado en niños, niñas y adolescentes que tendrá la implementación de este presupuesto 2019 nos obliga a asumir que la infancia se ha convertido, una vez más, en una variable de ajuste invisibilizada en los análisis macroeconómicos, especialmente en aquellos presentados por el oficialismo. El nuevo paquete dinerario, impuesto por los organismos internacionales de crédito, busca alcanzar el déficit cero vulnerando las vidas de los más pequeños en numerosos aspectos.
El recorte en las pensiones no contributivas, como la Asignación Universal por Hijo (130 mil beneficiarias menos) y las pensiones a madres de siete o más hijos (7230 menos), son evidentes en los efectos que tienen sobre la calidad de vida de los niños y niñas, y la posibilidad de acceder a una buena alimentación, ropa, vivienda y las mínimas condiciones para jugar y estudiar en cualquier parte de nuestro país. En los marcos del Ministerio de Desarrollo también se reducen casi un 20% los planes de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, poniendo en riesgo la implementación de la ley 26.061 (de protección integral de niños, niñas y adolescentes). La progresiva desfinanciación de las defensorías y los servicios locales de protección dificulta una tarea que es de por sí compleja y que recibirá aún menos recursos el año que viene.
Además, este presupuesto aplica un ajuste real del 20% en SEDRONAR (la Secretaria de Políticas Integrales Sobre Drogas), lo que redundará en la reducción o eliminación de los programas de prevención de drogas dirigidos especialmente a adolescentes y jóvenes, así como las políticas de contención y asesoramiento a sus familias. Quedarán asimismo desfinanciados los servicios territoriales de adicciones, que dependen de esta Secretaría de Presidencia de la Nación, y los escasos hogares terapéuticos que ella dispone, también abocados en su amplia mayoría al trabajo con menores de 18 años. Si a esto le sumamos el impacto negativo que el Presupuesto 2019 tiene sobre los derechos de las mujeres a cargo de sus hijas e hijos, tal como lo presentó el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) en un reciente informe, podemos estar seguros de que nos enfrentamos al embate más fuerte contra la infancia desde la sanción de la ley en el año 2005.
El presupuesto para el año próximo también recorta la inversión en infraestructura escolar en más de un 70%, siendo la primera infancia la más perjudicada de todas en su derecho a la educación. A pesar de que las salas de 4 y 5 años son obligatorias (ley 27.045), ninguna provincia cuenta con las suficientes vacantes para todos los niños y niñas, y el año que viene estaremos todavía más lejos de cumplir con nuestra propia ley.
Además, la reducción y quita de subsidios en transporte público que prevé el gobierno en su partida 2019 aleja a las familias de las escuelas, encareciendo el acceso de los niños y niñas, pero también de padres y madres que deben acercarse a retirar boletines y tener reuniones con el equipo docente. La falta total de subsidios a los materiales escolares para amortizar los inflacionarios precios de libros y útiles pone en jaque el acceso a la educación para una enorme cantidad. Lo mismo sucede con el acceso al deporte, dado que en la maraña de artículos, que configuran el Presupuesto 2019, el 124 deroga la ley 27.201, que le otorgaba un dinero extra a cada familia que cobrara la Asignación Universal por Hijo para pagar el club deportivo donde el niño o la niña de entre 6 y 16 años entrenaba.
El detallado estudio publicado hace unos días por el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) expone los recortes en servicios de salud, de los que la población infantil y de tercera edad son sus principales usuarios. Además de reducir la inversión en infraestructura en todo el territorio nacional, se achica en más de un 50% el dinero destinado a los planes de salud familiar y comunitaria y en más de 20% el destinado a la distribución de medicamentos en hospitales y clínicas. Cuando el presidente tomó la decisión de transformar el Ministerio de Salud en Secretaría, pudimos imaginar algo de lo que sería la reducción presupuestaria en esta área, cuyas consecuencias atentan directamente contra la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Este acuerdo, firmado por Argentina en 1989, dice que el Estado reconoce “el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades” (art. 24), pero el Presupuesto 2019 no contará con el dinero ni la cantidad de profesionales necesaria para ponerlo en práctica. El aumento en los índices de desempleo también les quita a los niños y niñas la posibilidad de acceder a los servicios médicos a través de las obras sociales de los adultos a cargo, completando un cuadro desolador en materia de infancia.
El paquete de dinero aprobado para el año que viene también recorta los programas destinados a la generación de empleo y a la capacitación laboral, lo que tiene un impacto directo sobre la vida de niños y niñas, que dependen del salario de sus familias. Según el informe de IPyPP el mayor desfinanciamiento lo sufrirán los programas de regulación (-66%) y regularización (-42%) laboral, lo que producirá crecientes índices de sobre-empleo y flexibilización laboral, afectando directamente las rutinas familiares y aumentando el déficit que la población infantil sufre en materia de alimentación, salud, vivienda, educación y vestimenta.
Según informes del INDEC del primer semestre de 2018, los índices de pobreza se situaron en 27,3%, aumentando en comparación con el primer semestre del año anterior. Según el mismo informe, el 41% del total de personas bajo el índice de pobreza en zonas urbanas son niños y niñas de entre 0 y 14 años.
El Presupuesto aprobado en el Senado tendrá profundas consecuencias sobre el tejido social general de nuestro país y afectará especialmente a la infancia, que con el recorte económico pierde la posibilidad de acceder a sus derechos más básicos. Las condiciones de vida de los niños y niñas están ligadas directamente a las definiciones políticas y económicas que toman los gobiernos, el Presupuesto aprobado y promovido por la gestión Cambiemos promueve estas dramáticas consecuencias en las vidas de los más vulnerables.
*Por Paula Nurit Shabel y Luciana Chait para Marcha
