Un campesino en terapia intensiva luego de ser baleado y prendido fuego
En agosto de 2012, el empresario cordobés Néstor Quesada pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas, en las que viven familias que resisten los intentos de desalojo. Desde entonces se suceden las amenazas con armas de fuego, incendios y matanzas de animales. Los campesinos denuncian la complicidad de la Justicia.
Por Renata Padín para Página/12
Un hombre se encuentra internado en terapia intensiva en Santiago del Estero tras haber sufrido quemaduras e impactos de bala de goma durante un violento desalojo. El hecho ocurrió en el paraje de Sucho Sampa, en el departamento Pellegrini, a 260 kilómetros de la capital provincial; y está enmarcado en la acción de terratenientes contra pequeños campesinos.
El desalojo se llevó a cabo el viernes, cuando un grupo de más diez policías llegó con un oficial de Justicia a desalojar a Héctor Reyes Corvalán, poseedor de un lote, por orden de la jueza María Cecilia Paskevicius, magistrada que ya había dictado medidas similares contra los campesinos en la provincia. En el desalojo se registraron destrozos y Corvalán recibió disparos de tacos de goma y sufrió gravísimas quemaduras. Además, mataron a sus perros y desaparecieron unas 200 cabezas de ganado.
María Rosa Frías, la mujer de Corvalán, le contó a Página/12: “Eran como las 10 de la mañana y apareció Quesada, con la policía y un oficial de justicia con una orden de desalojo trucha, porque ya la apelamos y se aceptó la apelación, así que quedó sin efecto. El terrateniente Quesada es el mismo que el año pasado quiso desalojarnos, también a lo bruto”.
El conflicto se remonta a agosto de 2012, cuando el empresario cordobés Néstor Quesada pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas. En el lugar habitan familias que resisten los intentos de desalojo e integran la Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza, formada por curas de la Opción por los Pobres. Durante los últimos años hubo amenazas con armas de fuego, incendios y matanzas de animales y varios intentos de desalojo, en general violentísimos, que terminaron detenidos en diversos estrados judiciales.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) manifestó que “la violencia estructural que concentra casi el 75 por ciento de tierras cultivables en sólo el 15 por ciento de empresarios del agronegocio, sigue poniendo en riesgo la permanencia y la vida de los sistemas campesinos e indígenas”. Responsabilizaron por intento de homicidio contra Reyes Corvalán al empresario Quesada (presente en el operativo), a los policías que participaron del desalojo (“el oficial inspector José Francisco Corvalán, el oficial ayudante Leonel Moreno, el cabo primero Roberto Corvalán, División de Prevención de Nueva Esperanza, el agente Roldán y otros, en total de diez (10) policías aproximadamente”, dice el comunicado) y al oficial de Justicia Luis Scillia, para quienes pidieron la detención.
“La situación sigue en estado de alerta y peligrosidad ya que el empresario junto a su banda armada sigue permaneciendo en el campo” del hombre atacado, señalaron desde el Mocase. “Denunciamos los modos de actuación de las fuerzas públicas siempre resguardando a los empresarios y vulnerando la vida de las personas”, agregaron en un comunicado.
Frías continuó su relato: “Esta gente hace siempre lo mismo, son bandas armadas. Ahora fue calcado del año pasado. Llegaron en dos camionetas y dos patrulleros. Mi marido estaba en el portón, con los animales. Como no se quiso ir cuando le mostraron la orden trucha, le dispararon con balas de goma y le prendieron fuego”.
La violencia no cesó. “Desde un patrullero llamaron a la ambulancia del hospital para que fuera a buscar a mi marido, y lo llevaron en un patrullero a la comisaría. Ahí, lo hicieron esperar, sin darle ningún cuidado (mi marido no podía respirar porque lo quemaron, tiene quemaduras gravísimas) hasta que la jueza dijera si estaba detenido o no. Esta jueza, María Cecilia Paskevicius, es familiar de la abogada de Quesada, y es la que actúa en los nueve conflictos que tiene abiertos Quesada, que es dueño de 30 mil hectáreas”, siguió historiando Frías. Desde el Mocase pidieron “el apartamiento de la doctora María Cecilia Paskevicius, del Juzgado Civil de Tercera Nominación, magistrada que en reiteradas oportunidades emitió órdenes judiciales en contra de los derechos campesinos e indígenas de las familias y sus territorios”.
“Finalmente lo llevaron al hospital y después lo trasladaron a Tucumán. Ahora está en terapia intensiva y los médicos nos dicen que es muy grave. Como pierde mucha agua por las quemaduras, todos los órganos están funcionando mal”. “Está con el 45 por ciento del cuerpo quemado, tiene las vías aéreas afectadas y un alto riesgo de muerte. Ahora está sedado y dormido, en terapia intensiva”, detalló Frías.
“Mi marido tiene 56 años. Es nacido y criado en las tierras del paraje Suncho Pampa, departamento de Pellegrini, provincia de Santiago del Estero, de donde quieren desalojarnos. Allí también vivió su padre y todos sus hermanos. Nunca habíamos tenido problema, hasta que empezaron a ingresar a nuestras tierras con topadoras, nos mataron los animales y nos voltearon los hornos. Quesada dice haberlas comprado; no sabemos a quién, si somos nosotros los que tenemos los planos y somos nosotros los que pagamos las boletas”, insistió Frías.
“Néstor Quesada es un empresario cordobés que se dedica al monocultivo de soja”, contó Sergio Lamberti, de la Iglesia diocesana de Santiago del Estero. María Rosa Frías y Héctor Reyes Corvalán son miembros de la Mesa Parroquial de Tierra de Nueva Esperanza. “Hace treinta años que los equipos de pastoral de la zona denunciamos el uso de avionetas para fumigar y los daños en la salud de las comunidades. Pero no pasa nada. Acá lo que sufrimos es la concentración de la tierra en pocas manos y la complicidad de la Justicia. En el departamento de Pellegrini hay muchos casos de contaminación por el uso de agroquímicos, se intenta denunciar pero no toman las denuncias de los campesinos, nos vulneran el acceso a la Justicia. Todo por la soja”, se lamentó Lamberti.
* Por Renata Padín para Página/12
