De La Sota, señor de un feudo de sangre
A contramano de las retóricas hegemónicas en las que la muerte pareciera redimir a cualquiera, se vuelve necesaria la construcción de una memoria colectiva alternativa, en la que los verdugos no se vuelvan estadistas ni las políticas del terror sean consideradas desaciertos o diferencias. De La Sota dio sus primeros pasos en la derecha peronista y terminó imponiendo su reino de segregación y muerte en una provincia socialmente fracturada.
Coherencia: siempre por derecha
Versiones cruzadas encuentran a un joven José Manuel De La Sota como un recién recibido abogado integrante de la Agrupación de Abogados Peronistas, dedicada a sacar de las comisarías a lxs jóvenes militantes que eran detenidxs, pero también como partícipe del “Navarrazo”, aquel golpe de Estado policial encabezado por el jefe de la fuerza, Antonio Domingo Navarro, que derrocó al entonces Gobernador Obregón Cano y a su vice, Atilio López.
Perteneciente en esa época a la “Organización Única del Trasvasamiento Generacional”, al tiempo que se desempeñaba como secretario legislativo en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, el difunto ex Gobernador desmiente esas versiones en el libro “¡Viva la sangre!”, de Ceferino Reato: “Mi organización no tuvo ninguna vinculación con el ‘Navarrazo’. Por el contrario, estábamos vinculados al gobernador Obregón Cano, aún con nuestra disputa con la Tendencia Revolucionaria, que ocupaba la mayoría de los espacios de su gobierno”.
Sin embargo, en el marco del cuarto Juicio de Lesa Humanidad que se llevó a cabo en Córdoba, el Fiscal federal Carlos Gonella recordó una vez la declaración de una testigo, Patricia Trigueros, compañera de tres de las víctimas: en los años 73 y 74, podía verse al difunto líder peronista con un brazalete de una organización estudiantil de ultraderecha, realizando actividades en la Universidad.
La misma testigo confirmó hace poco la pertenencia del “Gallego” a los comandos civiles: “Los comandos civiles eran agrupaciones que apoyaban el golpe del Navarrazo (…). En el Estado de Sitio, la calles estaban controladas, por un lado, por la policía y, por otro lado, por los comandos civiles (…). Desconozco si andaban armados o no. Pertenecían a la derecha peronista”.
Por otra parte, el abogado de Derechos Humanos, Claudio Orosz, recordaba que “a la primera manifestación que fui en mi vida, fue el 11 de septiembre de 1973, para repudiar el golpe de Estado en Chile. Y José Manuel De la Sota estaba en la puerta de la Facultad de Ciencias Exactas, con cadenas y representando a la Juventud Peronista de López Rega. Y trataban con las cadenas de que la manifestación no se realizara”.
Durante la dictadura, pasó seis meses en prisión en los que, según sus propios dichos, fue torturado por el mismísimo Luciano Benjamín Menéndez. Sin embargo, años después, ya en plena democracia, De La Sota se mostró reacio a juzgar a los responsables del terrorismo de Estado y hablando de la necesidad de “un baño de reconciliación”. Además, dijo que “las madres (por las Madres de Plaza de Mayo) deberían haber cuidado mejor a sus hijos”. También, respecto a las críticas por su rol dentro del peronismo en aquellas épocas, afirmó: “Si ser de derecha es no haber sido nunca guerrillero, yo fui de derecha”.
Pasada la dictadura, comenzó su larga y perseverante carrera para llegar al poder. Primero, perdiendo como candidato a Intendente contra Ramón Mestre, en 1983, y, luego, derrotado dos veces más como candidato a Gobernador en 1987 y 1991, por Eduardo Angeloz y por Ramón Mestre respectivamente, para, finalmente, desembarcar en la Casa de las Tejas como Gobernador electo en el año 1999, en el marco de una profunda crisis política, económica y social.
De La Sota al gobierno, Tolerancia Cero al poder
Con la llegada a la gobernación, además de la millonaria deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo, la emisión de los bonos de cancelación de deuda Lecor, la eliminación de la doble Cámara de Legisladores a cambio de una mecánica Unicameral y los primeros asomos de la voluntad represiva que caracterizarían a toda su gestión, vendría el diseño de una política de “seguridad”, basada en la mano dura y la Tolerancia Cero, que dará como resultado una profundización de las fracturas sociales ya existentes en la provincia.
Aprovechando la “Bloombergmanía” reinante en aquel momento, en 2004, De La Sota firmaría acuerdos de asesoramiento que propiciaron la entrada del Manhattan Institute en la diagramación de las políticas represivas, con la Fundación Axel Bloomberg como intermediaria. El acuerdo implicaba una apertura al instituto estadounidense con un trasfondo de venta de tecnologías y servicios, así como de “limpieza” de terreno para las políticas desarrollistas que vendrían, y era promocionado de esta manera por Gerardo Ingaramo, asesor de Bloomberg y uno de los cerebros de la operación. “Para Estados Unidos, el tema de la seguridad en Latinoamérica y, por ende, en la Argentina, es una preocupación seria (…). Hay que generar un prisma virtuoso y dinámico que premie las zonas más seguras, para que allí vayan a parar los inversores. El gobernador De la Sota ha advertido esta situación y por ello es que vamos a trabajar juntos”.
El entonces Ministro de Seguridad Alessandri describía el proyecto de una manera que hoy, tras dos décadas de delasotismo, con narcoescándalo, robos de armas, un acuartelamiento policial y corrupción en todos los niveles, parece cómica: “Queremos mostrar al país y al mundo que la provincia que gobierna es diferente al resto del país, donde las mafias civiles y policiales jaquean al poder político y erosionan la relación con una ciudadanía en estado incertidumbre”.
A pesar de la numerosas críticas desde distintos sectores, el convenio se formalizó utilizando como marco legal el cuestionado Código de Faltas, ley Provincial heredada de la gestión de Angeloz que sería modificada varias veces y llevada al límite en su ejecución, garantizando la impunidad estatal en la práctica, y la conformación de un estado policial que sería continuado y fortalecido por sus próximas gestiones y por su alternancia cordobesista, el “Gringo” Schiaretti.
Tu Código me falta
Sancionado en 1994 y, posteriormente, objeto de varias reformas que promediando 2007 ya reflejaban la política de mano dura y Tolerancia Cero, el Código de Faltas fue la herramienta legal que el Estado proporcionó a la fuerza policial para ejecutar su plan represivo a gran escala, violando derechos consagrados por la Constitución Nacional, tanto respecto a los de defensa y de acceso a la Justicia como a los de circular, de trabajar y de expresarse libremente, entre otros.
Dicha ley codificaba contravenciones que tenían como principal característica que las detenciones y las condenas eran llevadas a cabo por la misma Policía de la Provincia, sin que haya intervención del Poder Judicial. Una de las más controversiales -y que más detenciones causaba- era la que tipificaba la figura del merodeo y que castigaba con arresto a quien se encontrase en “actitud sospechosa” cerca de edificios o vehículos, siendo el personal policial quien definía qué o quién resultaba “sospechoso”.
El resultado fueron verdaderas cacerías callejeras, dirigidas principalmente a jóvenes pertenecientes a los sectores populares, y una fuerte delimitación geográfica con una virtual prohibición de acceso a espacios céntricos, acentuando divisiones sociales preexistentes o, como decía Ingaramo en 2004, “un prisma virtuoso y dinámico que premie las zonas más seguras”.
Este tipo de políticas urbanístico-represivas se complementaron con la inauguración de los “Barrios Ciudades”, verdaderos guetos ubicados en la periferia cordobesa en donde, junto a los deshechos, fueron relocalizadas cientos de familias, abandonadas a su suerte.
Finalmente, fruto de la lucha organizada colectivamente, el Código de Faltas fue cambiado en 2016 por el Código de Convivencia, durante gestión schiarettista, con modificaciones importantes respecto a algunos puntos, pero sin resolver otros y, sobre todo, sin que en la práctica se le haya restado poder real al accionar policial que, por el contrario, parece incrementar cada vez más su violencia y su impunidad.
Todas tus muertes
Sin duda, uno de los hitos del delasotismo en materia represiva fue el establecimiento de los fusilamientos policiales como hecho sistemático de las calles cordobesas; una verdadera política de Estado. De los datos provenientes de los informes de Correpi, se desprende que, entre 1999 y 2017, hubo en Córdoba 321 casos de gatillo fácil.
Con un aporte invaluable de los medios hegemónicos, que siempre dieron por cierta la versión policial y justificaron los asesinatos, las balas criminalizan automáticamente a lxs jóvenes fusilados impunemente. El relato de un “enfrentamiento” nunca falta en los titulares de La Voz o en las voces de Mario Pereyra, Gustavo Tobi o Aldo “Lagarto” Guizzardi, por mencionar sólo a algunos de la larga lista de cómplices, casi siempre beneficiarios de jugosas pautas oficiales.
Sólo los casos en los que, a raíz de la torpeza de los hechos, la fuerza de la evidencia, la presencia de testigos, la lucha de familiares y organizaciones, y la cobertura de los medios alternativos fue imposible el encubrimiento estatal y mediático, o como se suele decir, les soltaron la mano, se logró alguna condena judicial.
Un caso emblemático durante la temprana gestión delasotista fue el de David Moreno, el niño de 13 años, hijo de Rosa y Eduardo que, en pleno estallido de 2001, se encontraba en las cercanías del grupo de vecinxs que esperaban bolsones en el supermercado Minisol de barrio Villa 9 de julio. De La Sota fue quien envió a las fuerzas de seguridad a reprimir, con el resultado del niño fusilado con postas de plomo policiales disparadas por el agente Hugo Cánovas Badra, recientemente condenado por el hecho, a diferencia del ex gobernador, que resultó eximido de culpas. Su familia, al día de hoy, sigue exigiendo justicia y espera aún que Cánovas Badra, ya condenado, cumpla la prisión preventiva.
Los casos se cuentan por decenas y los figurones de -lamentablemente- cada vez más pibxs encabezan, año a año, la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y la Marcha de la Gorra, reclamando justicia y la abolición del estado policial.
A dónde van lxs desaparecidxs
De La Sota murió probablemente guardando para sí la verdad sobre los casos de desapariciones durante su gestión, en los que el Estado estuvo implicado en distintos niveles políticos y policiales.
Dos casos emblemáticos son los de Facundo Rivera Alegre y Yamila Cuello. En el caso de Facundo, blanco de operaciones mediáticas hegemónicas que, con versiones inverosímiles y contradictorias, intentaron denodadamente vincularlo con el narcotráfico, el estado delasotista quiso cerrar la historia con un dudoso juicio en el que no quedó resuelta ni la complicidad policial ni qué se hizo con Facundo.
Por otra parte, la desaparición de Yamila estuvo atravesada por la misoginia de una sociedad, pero, sobre todo, por un Estado indiferente ante la violencia machista, que se expresó de manera inmediata en la inacción de la policía y el manoseo de la justicia ante un caso que cuenta con todas las características de un secuestro en el marco de la trata de personas. Su ausencia es una directa interpelación al Estado que le dio la espalda, responsable de que no haya un indicio de lo que pudo haber sido de ella.
El Gobierno Nacional publicó en 2015 un informe cuestionable desde lo metodológico, pero que, sin embargo, reconoce la existencia de alrededor de 3.231 mujeres y 2.081 varones desaparecidxs entre 1990 y 2013. El Gobierno de Córdoba fue unos de los pocos que se negó a aportar los datos necesarios para la elaboración del informe, demostrando su postura cómplice ante esta brutal violación de los Derechos Humanos.
Fuerzas especiales
Una política que caracterizó el perfil del delasotismo en materia represiva fue la creación de fuerzas especiales dentro de la Policía de la Provincia. Con grandes partidas presupuestarias que posibilitaron equipamiento y armamento, fueron apareciendo con distintos nombres y especificidades.
La primera de ellas fue el Comando de Acción Preventiva (CAP), enmarcada en la primera época de puesta en acción del Código de Faltas. Esta división se encargó de hostigar a miles de jóvenes de los barrios cordobeses, realizando cantidades récord de detenciones arbitrarias.
Más adelante, en 2013, vería la luz con un nombre sin tanto eufemismo el DOT, Departamento de Ocupación Territorial. Su creación habla del recrudecimiento de la violenta presencia policial en las periferias de la ciudad y de la persecución hacia lxs vecinxs, jóvenes principalmente, que vivían en esas zonas. De la mano del DOT, presenciamos la razzias en los barrios, los allanamientos simultáneos sin las órdenes correspondientes y las tristes imágenes de las masivas detenciones en corralitos callejeros.
Más recientemente, tuvieron su debut, por un lado, la Fuerza Policial Antinarcóticos, que con sus vistosos atuendos con pasamontañas y sus pesadas armas se dedica explícitamente a la persecución del narcomenudeo y de consumidorxs; y por el otro, la reciente División de Inteligencia Antiterrorista. Esta última tiene como función el seguimiento de militantes en sus redes sociales y “en el terreno”, y hasta incorporó profesionales de la psiquiatría a los fines de “elaborar perfiles”, bajo el difuso y reciclado concepto de “antiterrorismo”.
Represión sin fin
No alcanza esta semblanza desde una mirada antirrepresiva para profundizar en todos los aspectos de 20 largos años de delasotismo, sin embargo, no se pueden dejar de mencionar otros “logros”, como la desastrosa situación de las cárceles y la del Complejo Esperanza, espacios en los que la dignidad humana quedó reducida a la nada y en los que los jóvenes sufren a diario las más penosas torturas.
No se puede hablar de cárceles sin recordar el fatídico día de la “resolución” del motín de la cárcel de San Martín: la lluvia de balas ordenada por el exgobernador segó la vida del guardia Andrés Abregú y los internos Cristian Alberto Rogido, Víctor Alejandro Bazán, Daniel Roberto Álvarez y Walter Ramón Romero.
Tampoco pueden quedar afuera las nefastas leyes de Trata y de Narcotráfico que, junto al Código de Faltas y luego al Código de Convivencia, enmarcaron políticas de estado cómplices de la trata de personas y del narcotráfico a gran escala. Respecto a este último punto, no puede dejar de mencionarse el famoso narcoescándalo, que dejó al descubierto gran parte de la trama que une al narcotráfico con los más altos niveles políticos, y a su principal figura, el propio De La Sota, y a la institución policial.
Tampoco es posible olvidar las jornadas del 3 y 4 de diciembre de 2013, la ola de saqueos y la contrapartida de linchamientos y golpizas desatadas a partir del acuartelamiento de la Policía de la Provincia, mientras De La Sota se encontraba de viaje en Panamá. Tal vez fue este uno de los pocos hechos que erosionó, al menos en parte, la imagen del difunto ex gobernador, a pesar de la protección del andamiaje mediático que supo construir a su favor.
Tampoco sería posible dejar de lado el rol de los medios hegemónicos en la construcción del estado policial. Cada una de las medidas y aspectos de las políticas en general -y las represivas en particular- llevadas a cabo por De La Sota a lo largo de su gestión, ya sea como gobernador o como líder de peso durante las gestiones schiarettistas, tuvieron una enorme e indisimulada promoción en el periodismo de los medios hegemónicos cordobeses. No por nada, parte de la consigna de la última Marcha de la Gorra expresaba: “El estado nos mata, sus medios lo bancan”.
El Show de la mañana, el programa matutino del “Lagarto” Guizzardi, es tal vez el ejemplo más emblemático al respecto, tanto en lo que respecta a la millonaria pauta que le fue (y le sigue siendo) destinada, como en lo poco disimulado en su manera de publicitar al poder oficial.
Prohibido olvidar
Allá en los 70, en las cercanías del Navarrazo, comenzaba a forjarse la identidad política del hombre que, décadas después, asolaría a una Córdoba golpeada por sucesivas oleadas represivas, crisis económicas, sociales y culturales, en dictadura y en democracia. De La Sota ocupa y ocupará un lugar central a la hora de historizar la represión.
Las lecturas post mortem pueden encontrarse con las trabas de una moral que incita a confundir un supuestamente necesario “respeto por los muertos” con el silencio o la purificación. Esto puede nublar memorias frágiles, pero la realidad documentada contradice cualquier intento de tibieza en el análisis de estos 20 trágicos años. Este breve e inacabado recorrido intenta poner algo de eso en su lugar.
*Por Mucho Palo Noticias.
