Dictamen para reformar la Ley de Educación Sexual
«Todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral, respetuosa de la diversidad sexual y de género, con carácter formativo, basada en conocimientos cientíticos y laicos, en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada», dice el nuevo Art. 1. La reforma trabajada en Comisiones de Educación y de Mujer, Niñez y Familia es un avance en la puesta en práctica de una ley promulgada hace 12 años que nunca tuvo un cumplimiento nacional efectivo.
Por Latfem
El 4 de septiembre, en el Día Mundial de la Salud Sexual y en un país sin Ministerio de Salud, se logró dictamen de mayoría para reformar la ley N 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), en reunión plenaria de comisiones de Educación, que preside José Riccardo (UCR) y de Mujer, Niñez y Familia, que preside Alejandra Martínez (UCR).
La educación sexual en las escuelas es el terreno común entre detractores y defensores del derecho al aborto. La educación sexual fue mencionada como política urgente desde ambas posiciones durante el debate en el Congreso por la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Sin embargo, militantes antiderechos, apostados contra las paredes de la sala, manifestaron su desacuerdo con interrupciones y símbolos religiosos. La discusión en el plenario de Comisiones heredó el ánimo caldeado que dejó el debate por el aborto. Las posiciones extremas del movimiento antiderechos redundaron en tópicos que recorren el mundo; “con los chicos no” es una frase que se multiplica en redes y manifestaciones, en sintonía con la denuncia de la ampliación de derechos y la educación sexual integral como parte de una confabulación internacional de lo que llaman la “ideología de género”. Perspectiva que encuentra al Papa argentino como uno de sus más fervientes promotores.
Los programas asociados a la ESI vienen sufriendo un paulatino desfinanciamiento. En 2016, en la gestión de Esteban Bullrich frente al Ministerio de Educación, la inversión en el Programa ESI se redujo en un 65% respecto al año anterior (según el portal Chequeado). En 2017 se produjo un incremento de 25% pero los fondos destinados a educación sexual fueron menores en términos reales a los que destinó el Gobierno de Cristina Fernández en los últimos años.
Una de las principales modificaciones propuestas por el dictamen es que la Ley ESI sea una ley de orden público, lo que significa que será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, en instituciones de gestión estatal o privada, más allá del “ideario institucional y de las convicciones de sus miembros”.
Silvia Lospennato (Pro), una de las oficialistas más activa en la defensa del derecho al aborto, aclaró que los diputados que votaron en contra del aborto legal “se comprometieron” a trabajar por la educación sexual. “Queremos saber si van a cumplir con su palabra”, los conminó.
Si bien todos los diputados dijeron estar a favor de la ESI, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), Gabriela Burgos (UCR) y Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero) se quejaron por la falta de debate previo -hubo dos reuniones de asesores- y reclamaron más tiempo para dictaminar. Pero José Riccardo, titular de la Comisión de Educación, argumentó que “la gran mayoría” estaba dispuesta a despachar el proyecto.
“No se trata de una discusión entre verdes y celestes -se atajó Riccardo-, sino de los derechos de los niños a disponer de la mejor educación e información. La educación sexual integral es un tema que todos consideramos socialmente importante y eso ha quedado evidenciado en numerosos debates”.
La presidenta de la Comisión de Familia, Alejandra Martínez, aportó cifras: precisó que cada año en la Argentina hay 3 mil niñas menores de 15 años que se convierten en madres, y en el 83,4% de los casos fueron embarazos no planificados. También advirtió que nuestro país es el que más casos de HIV registra en toda América Latina, y 9 de cada 10 personas que contrajeron esta enfermedad no utilizaron preservativo. El dato cobra relevancia en el contexto de reducción de Ministerios que se anunció hace tan sólo 1 día, que eliminó el Ministerio de Salud y provocó, entre tantas respuestas, la renuncia de Sergio Maulen, ex titular de la Dirección de Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis.
La radical Carla Carrizo agregó que “no se trata de la ley del pañuelo; se trata de derechos”, y afirmó que “los niños no son propiedad de nadie; son sujetos de derecho en sí mismos”. La frase desató aplausos y un grito contrario que resonó fuerte en la sala: “¡Es una aberración lo que está diciendo esta mujer!”.
El plenario llegó a un consenso y se pasó a la firma del despacho.
*Por Latfem
