El ajuste manda la salud pública a terapia intensiva
Faltan vacunas, se dispensan menos medicamentos y los programas nacionales están siendo desmantelados. Por el acuerdo con el FMI, se deben recortar del sector 9 mil millones de pesos y eso puede generar “un desastre sanitario”. Estar sano en tiempos de Macri sale caro.
Por Diego Lanese para Revista Cítrica
En Salta, en el último mes, de las 24 mil dosis de la vacuna contra la meningitis, se recibieron 7 mil. La misma situación vivió la vecina Jujuy. Santa Fe, en tanto, viene denunciando el faltante de distintos programas, en el marco de la extorsión que aplica el Ministerio de Salud nacional, alertando que, sin adhesión a la Cobertura Universal de Salud (CUS), se “cortan los recursos”. El acuerdo con el FMI incluye que Nación deje de hacer varias transferencias a las provincias y la salud está apuntada como una de las áreas a ajustar. Los cálculos más pesimistas hablan de un recorte de 9 mil millones de pesos en los planes de vacunas y medicamentos, fondos que los gobiernos locales deberán cubrir con recursos propios, si quieren mantener la atención.
“El ajuste es brutal”, admiten en el propio Ministerio de Salud nacional, que la semana pasada debió admitir que dejará de enviar una de las cuatro dosis de la vacuna contra la meningitis, porque no alcanzan a cubrir la demanda. Esta es la punta de un ovillo muy enredado, que afectará notablemente a la salud de todos los argentinos.
“El salvajismo de esta gestión no tiene nombre”, dice Jorge Yabkowski, titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA). Como ejemplo, pone el Hospital Posadas, el único bajo la órbita nacional: días atrás, comenzaron a llegar nuevos telegramas de despidos, más de 300, lo que hace que, en menos de un año, se cesantearon a más de mil profesionales y empleados. Una cifra que marca el nivel del ajuste que debe afrontar la salud.
De la mano de la imposición de la CUS, el sistema sanitario que promueve el gobierno de Mauricio Macri con aval del Banco Mundial, el Ministerio de Salud prepara un ajuste sobre la salud pública nunca antes visto. Sólo en el área de vacunas y medicamentos, este recorte alcanzará los 9 mil millones de pesos, que se suman a los 10 mil millones que pretenden ajustar en PAMI, la obra social nacional. Los recortes de programas no será gratuito: a los despidos masivos en el plan Médicos Comunitarios, se sumarán al menos 270 despidos más, ya que muchas áreas serán cerradas. Esto se completa con una merma en la entrega de preservativos (se están girando a las provincias un tercio de los previstos), anticonceptivos femeninos y otros insumos.
“El ajuste que hay viene de la mano de la CUS, con el achicamiento de los programas”, analizó Yabkowski, que confirmó las versiones de recorte que salen del Ministerio. “Hace unos días, renunció el director médico del hospital Posadas, por la nueva ola de despidos, que son más de 300 y que hacen que los cesanteados superen los mil. El salvajismo de esta gestión nunca se ha visto, si hacen esto en el único nosocomio que depende de nación, el recorte viene en serio”, agregó el dirigente. El caso del Posadas sirve como ejemplo de cómo la policía del gobierno y el FMI golpean la salud. Desde adentro de la cartera sanitaria, afirman que “Rubinstein no está contento, para nada”, pero que, a veces, “tiene las manos atadas” ante las órdenes económicas. De a poco, el propio equipo sanitario se va alejando del funcionario. Al anunciar su renuncia, el director médico del Posadas, Jorge Palmieri, reunió a los jefes de servicios y les comunicó su decisión: “No puedo avalar esta masacre”, fueron sus palabras.
Faltante de vacunas
En medio de este ajuste feroz, el Ministerio de Salud tuvo que admitir que, por primera vez en años, dejará de entregar una vacuna del Calendario Oficial. Se trata de la que previene la meningitis, que dejará de aplicarse a los niños de 11 años, el último refuerzo del esquema. Luego de varios meses con problemas en el suministro, la cartera sanitaria terminó confirmando que va a “posponer” esa dosis, ante “dificultades en la adquisición y entrega”. El esquema de vacunación incorporado el año pasado comprende dos dosis de la vacuna (3 y 5 meses de vida) y un refuerzo (15 meses de vida); y una dosis única a los 11 años. Las vacunas son producidas por la farmacéutica de bandera británica Glaxo, que, mediante un comunicado, desmintió a Adolfo Rubinstein. El laboratorio dijo que “el abastecimiento de la vacuna contra meningococo de los serogrupos A, C, W-135 e Y para el mercado público es normal y no hay demoras en la entrega de los lotes de vacunas requeridos”. “La decisión de suspender la dosis de la vacuna para adolescentes de 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria para completar el Calendario Nacional de Vacunación, tal como fue comunicado por las autoridades, no se debe a una demora en la entrega o falta de suministro por parte del laboratorio”, explicó en el comunicado.
“No es bueno lo que ocurre con la vacuna, esperemos que se resuelva en el menor tiempo posible”, sostuvo Lautaro de Vedia, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). El especialista aseguró que, a corto plazo, “se espera que no haya efectos”, pero admitió que habrá “una menor protección de la población general contra esta infección”. “El retiro de esta dosis puede hacer que haya más circulante de la bacteria y, potencialmente, registrarse algunos casos. Cuanto menos tiempo se postergue, menor riesgo”, admitió. La SADI aseguró que fue notificada por el Ministerio de Salud nacional de la medida, pero que no la avaló. Si bien el propio Rubinstein no dijo cuándo se volverá a vacunar con la cuarta dosis, se cree que no será este año. “Es responsabilidad del Estado proveer a todos los individuos de sus vacunas, es algo indelegable. Por eso, nosotros decimos que no es bueno que ocurra y esperemos que se resuelva lo antes posible”, agregó De Vedia. Junto a la SADI, muchas sociedades científicas del país expresaron su preocupación por la situación, como la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la Fundación Huésped o la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP).
Además, la decisión de dejar de aplicar la vacuna se da en momentos en que la meningitis está en alza. Según el último Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica, que elabora el Ministerio de Salud nacional, en todo el país hay unos 294 casos de meningitis. En cuatro meses, casi se alcanzan los casos registrados en 2016 (396) y 2017 (416).
La meningitis es un ejemplo de lo que sucede en materia de vacunación en todo el país, que deja expuestos a los niños a enfermedades hasta ahora controladas. Por esto, 23 jefes de áreas de Inmunizaciones de las provincias firmaron un duro documento, donde aseguran que la situación de las vacunas “es crítica” y que el caso de la vacunación contra el meningococo se replica con otras: la SRP (triple viral), DPT (triple bacteriana), Hepatitis B, vacuna contra VPH, vacuna contra rotavirus, vacuna antirrábica, Sabin bivalente, entre otras. “Durante todo 2017, no contamos con las dosis planificadas para cumplir con la vacunación antimeningocócica cuadrivalente de los niños de 3 y 5 meses, y de los adolescentes de 11 años; incluso en muchas provincias, la vacunación en este grupo etario directamente no se realizó. Algunas provincias continúan con la misma situación y otras recibiendo cantidades mínimas que impiden ejecutar cualquier planificación proyectada. Por otra parte, ya nos comunicaron que no recibiremos las dosis adeudadas de 2017, lo que hace que la situación se plantee como crítica, sabiendo que existen dosis en aduana desde hace casi 1 año, que son, además, insuficientes para cubrir a la población objetivo”, expresaron preocupados los especialistas de casi todas las provincias, incluyendo algunas gobernadas por el frente Cambiemos, como Jujuy y Mendoza. Buenos Aires fue el único servicio de vacunación que no se sumó al reclamo.
Menos medicamentos y más caros
El ajuste de la salud tiene nombre y apellido, más allá del silencio mediático. Erika Oliva, una empleada de 35 años, intentó prenderse fuego en la puerta de PAMI de La Rioja, una medida desesperada ante la falta de respuesta de la obra social a su pedido de medicamentos oncológicos. La mujer se roció con alcohol frente a la sede de Avenida Facundo Quiroga, de la capital provincial, desesperada porque no le entregan sus tratamientos, que debe garantizar el Estado nacional. Por elevado costo de los mismos, la mujer no puede acceder a ellos y terminó tomando esa drástica decisión.
El acceso a los tratamientos es un tema clave para entender el momento de la salud. En junio de este año (último dato disponible), las unidades de medicamentos del mercado local disminuyeron un 1,8 por ciento respecto del mes anterior, según el Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). Esto representa unas 650 mil unidades menos. Pero la baja se nota más en la comparación interanual. A junio de 2017, dice la COFA, la baja general del mercado farmacéutico en unidades es del 14,01 por ciento. Esa baja se nota más en el sector denominado “popular”, los tratamientos más baratos y de menos complejidad, que alcanza el 15,7 por ciento.
En el mercado argentino, como acota Néstor Caprov, editor del portal especializado en el sector farmacéutico Mirada Profesional, 7 de cada 10 medicamentos se dispensa por la seguridad social, “que viene sufriendo el ajuste en unidades por receta”. El PAMI, el mayor prestador del sector, limitó, con la llegada del macrismo al poder, la cantidad de medicamentos por receta, además de la entrega mensual, que pasó a la mitad. “Hay una lógica contracción del dinero para toda la salud y eso se lleva puesto a los medicamentos”, agregó Caprov. Además, recordó que, ante el avance de los precios, “se retrasan necesidades primordiales”, como medicamentos, y que la caída del sector minorista “es gravísima”. “Los precios de PAMI están anclados en mayo, las farmacias deben poner parte del descuento que se hace a los jubilados y, ahora, se debe sumar la devaluación. En este contexto, se mueve la dispensa en la Argentina y se pauperiza al ritmo que toda la economía en el país”, destacó Caprov. Si a esto se le suma que el 80 por ciento de los jubilados cobra 7 mil pesos, los medicamentos se vuelven lisa y llanamente productos de lujo.
Según un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), los precios de los tratamientos médicos en la Argentina “crecieron hasta un 284 por ciento en los últimos dos años y medio”. “Sobre más de 120 drogas de consumo masivo, en función al precio de venta de remedios a consumidor final (neto de descuentos y promociones), se registró un incremento promedio del orden del 130 por ciento, lo que corresponde a un alza de 22 puntos porcentuales mayor que la inflación del índice de CABA”, destaca el trabajo. “La suba de precios en bienes y servicios relacionados con la salud se ha intensificado en los últimos meses. El incremento de los gastos en salud presiona el presupuesto familiar, al ocupar una porción cada vez mayor del total de ingresos”, remarca el documento de la UNDAV.
*Por Diego Lanese para Revista Cítrica / Fotos: Colectivo Manifiesto.
