Abrir la universidad
Por Gonzalo Assusa para La tinta
Cuando tenía 8 años, empecé a ir a la facultad. Cada vez que mi mamá me dejaba, la acompañaba a cursar el profesorado de nivel inicial cuando todavía ni se llamaba “profesorado”. Iba a clases desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche. Si tocaba viernes, ligaba de yapa una salida con sus compañeros veinteañeros a tomar algo a la plaza de barrio San Vicente. Era tanta la malaria en 1995, que apenas llegaban a comprar un porrón de cerveza para seis o siete. Yo, que tenía derecho a una coca en botella de vidrio, además me comía todo el maní que les traían, con código y sin costo, por consumir cerveza. Cuando averigüé mis horarios en la facultad, diez años después, sentí que llegaba a un lugar conocido: gente que cursaba cuando el sol se escondía y que salía de clase con un hambre voraz y poca plata en la billetera.
A 100 años de la Reforma Universitaria, son muchas las voces que le llenan la boca al cadáver de Deodoro Roca con consignas que difícilmente haya imaginado. Son cosas muy distintas redistribuir el poder entre quienes ya estaban “dentro” de la universidad a principios del siglo XX y democratizar el ingreso a la educación superior a principios del siglo XXI. Pero lo políticamente correcto le gana a lo históricamente correcto y los neorreformistas contemporáneos encuentran en Deodoro una fuente de legitimidad sacralizada. En la otra esquina, los opositores a la era de cambios encuentran en Deodoro exactamente lo mismo.
¿Qué implica una reforma en nuestros días? ¿Los cambios van siempre en dirección de lo democrático? Entre tanto acto de memoria, es curioso que prácticamente se olvide el decreto presidencial de gratuidad en 1949, firmado por Juan Domingo Perón. ¿Quiénes son las masas universitarias? ¿Cómo lucen? ¿Realmente las queremos dentro de la universidad? ¿De dónde vienen? ¿A dónde se encuentran? ¿Cómo las queremos incorporar? Si en la universidad están los que saben mucho, ¿cuánto es saber mucho si son muchos los que saben mucho? ¿A quién le sirve? ¿A quién le cuesta?
Hace algunas semanas, el mundo universitario se conmocionó ante las declaraciones de la gobernadora de la provincia más populosa y compleja del territorio nacional, en el marco de una reunión en el Rotary Club: “¿Es de equidad que, durante años, hayamos poblado la Provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”. En el contexto actual, ¿se puede preguntar inocentemente?
Entre 2006 y 2015, el presupuesto universitario creció de un 0,55% a un 0,86% del PBI. En esos mismos años, además, el PBI creció en Argentina de 198 mil millones de dólares a 594 mil millones. Una porción mayor de una torta más grande. Desde la asunción de Cambiemos en el gobierno nacional, en 2016 este porcentaje no sólo retrocedió (0,79%), sino que la base sobre la que se calcula también había decrecido un 2,3%. Una porción más light de una mini torta. Y sumado al desfinanciamiento, la subejecución. Según informes del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, en 2016 y 2017 quedaron sin transferir a las universidades nacionales más de 700 millones de pesos cada año. Apenas en el primer semestre de 2018, fueron recortados más de 1000 millones de pesos entre presupuesto de la Secretaría de Políticas Universitarias y otros programas. En pocas palabras, sobre lo recortado legislativamente en el congreso, se recorta ejecutivamente durante el año.
Sumado a estos retrocesos en el presupuesto ordinario, muchos programas fundamentales para la ampliación del acceso a la universidad se cerraron, se endurecieron los requisitos para otorgar becas y el volumen total de las mismas terminó disminuyendo. La última novedad en esta dirección fue el fin de los convenios de servicios de asesoría técnica entre el Estado nacional y las universidades, que termina con la actividad de miles de agentes que le sumaban saber universitario al mejoramiento de las políticas públicas. Algo similar ha sucedido con el presupuesto de ciencia y tecnología, íntimamente ligado al desarrollo de la vida universitaria.
Pero, además de indignar, la pregunta incomoda en el mundo universitario: nos pone de cara a lo que sabemos por intuición. La intencionalidad política del interrogante de la Gobernadora de Buenos Aires es tan innegable como la homogeneidad sociológica que aún se percibe en muchas aulas de la universidad pública y que poco tiene que ver con las trayectorias diversas y desiguales que se observan en las escuelas primarias y secundarias estatales.
¿Cuán pública puede llegar a ser la universidad sin responder esa pregunta? ¿Basta con denunciar el trasfondo y la práctica que sustenta el interrogante en boca de uno de los principales referentes del neoconservadurismo nacional? ¿Qué podemos aprender mirando en ese espejo que nos devuelve una imagen poco amable, plagada de defectos y detalles, pero que, con un poco de sinceridad, reconocemos como parcialmente real?
Los estudiantes argentinos
En los doce años de gobierno del Frente para la Victoria la provincia de Buenos Aires pasó de tener 12 a tener 22 universidades nacionales. Según el informe de la UNIPE, la época que comienza en 2007 constituye la mayor oleada de creación, nacionalización y ampliación de universidades en el país en los últimos 100 años, con la creación de 18 universidades nacionales en 8 años, 6 de las cuales se ubican en Gran Buenos Aires. Para el año 2014, según los datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, la cantidad de estudiantes en universidades o institutos universitarios nacionales superaba el millón y medio, mientras que los que asistían a universidades privadas no llegaba a medio millón. Otros 800 mil asistían a institutos terciarios.
Según los datos de la EPH-INDEC, en 2015 la mitad de los estudiantes universitarios en Argentina era económicamente activo (trabajaban o buscaban trabajar). De los activos, menos del 1% era empleador: el resto eran todos empleados, trabajadores cuentapropistas o desempleados. Uno de cada cinco estudiantes carecía de cobertura médica y casi el 80% asistía a institutos estatales.
Los detractores de nuestro sistema de educación superior miran con cariño los sistemas chilenos y brasileros: ambos son los peores alumnos del curso en cuanto al índice de equidad de educación y tienen los sistemas más elitistas. En cambio, los de Cuba y Argentina son los dos más equitativos del continente, sumado a que presentan las tasas más altas de matriculación.
Quienes machacan con los bajos índices de graduación y el alto tiempo de permanencia de los estudiantes en nuestro sistema universitario nacional, suelen obviar este dato: si se impidiese que quienes tienen menos herramientas y más complicaciones en su vida ingresen a la universidad, los indicadores de productividad económica seguramente mejorarían. Pero, nuevamente, funcionaría la ley del más fuerte, garantizada por Estados Nacionales y métodos de selección social “imparciales”, cuando la vida de las personas hasta que llegan a la puerta de la universidad no tiene nada de imparcial.
Entre los estudiantes de nivel superior en Argentina en 2015, un 16,5% corresponde al quintil de ingresos más bajo, mientras que un 20,8% corresponde al quintil más alto. En Brasil, Chile y México, los del quintil más alto se llevan más del 50% del estudiantado. Mientras que el porcentaje de asistencia a instituciones de educación superior en la población del quintil más alto de ingresos era 9 veces mayor que el del quintil más bajo en 2004, esta diferencia se redujo a menos de 7 veces para 2015. Esto implica que, mientras que en 11 años la población de altos ingresos vio crecer su asistencia a la educación superior en un 4%, la población más vulnerable vio crecer su participación casi un 40%. No es suficiente para borrar la desigualdad, pero es claramente una tendencia a disminuirla. El modo en que cambió la proporción de graduados universitarios entre estos sectores de la población es aún más sorprendente: si en 2004 había 17 veces más proporción de graduados en el quinto quintil que en el primero, en 2015 esa diferencia se había reducido a menos de 5 veces.
Como reza la vieja máxima decadente, «el dinero no es todo, pero ¡cómo ayuda!». Los estudiantes que cursaron la universidad en los años noventa sonríen al narrar los peregrinajes desde sus hogares hasta ciudad universitaria, porque no siempre tenían las monedas en el bolsillo para pagar el cospel del transporte público, los malabares para copiar a mano en vez de fotocopiar apuntes, las avivadas para comer de a varios un solo menú o el estómago para fumar armados de algo que apenas si sabía a tabaco en los recreos. Muchos de los narradores hoy son profesionales e incluso docentes universitarios que pasan sus días en los mismos pasillos en los que vivieron de estudiantes, cobran salarios por encima de la media –apenas por encima-, pero eso no los eximió de haber conocido una vida universitaria signada por la escasez, el límite y los centavos.
Pero el vil metal no es ni el único ni el más excluyente de los mecanismos expulsivos de la educación superior. Basta con intentar ubicar una dependencia institucional en el campus de la UNC para encontrarse con una geografía hostil para el advenedizo, con una lógica burocrática indomable, un ritmo que difícilmente contempla la diversidad y las singularidades, y un día a día por momentos darwiniano.
La familiaridad con la cultura y la educación incorporada por fuera de la escuela en la vida cotidiana es tan ignorada como potente. No por nada su dinámica le dio título al famoso libro de sociología sobre el sistema educativo francés en la década de 1970: La reproducción. Según los datos de la ENES-PISAC, en Argentina el 20% de los jefes de hogar, cuyos padres llegaron a solamente a un nivel de educación primaria, accedieron a la educación superior. Este porcentaje asciende al 46% de los jefes de hogar cuyos padres llegaron a la educación de nivel medio, a un 70% de aquellos con padres que llegaron a la educación terciaria y a un 85% entre los hijos de universitarios. Como dice la abuela, lo que se hereda no se roba.
Por eso, resulta aún más alentador que, según datos del sitio chequeado.com, en las Universidades Nacionales de La Matanza, Moreno, Arturo Jaureche y Tres de Febrero (todas en la provincia gobernada por Vidal), entre un 74% y un 94% de sus estudiantes sean primera generación de universitarios.
Otro indicador importante en relación al acceso a la universidad son las inserciones ocupacionales de los padres. Si, a priori, los profesionales ganan tanto o menos que los directores de empresas, el acceso de los jefes de hogares a la educación superior muestra que los hijos de los primeros superan ampliamente a los segundos (87% contra 67%). Las fortunas de familias de profesionales están más atadas a títulos universitarios que las de familias de empresarios. Lo mismo sucede entre los jefes de hogar hijos de padres empleados como cuadros técnicos, que acceden a la educación superior en mayor medida que los jefes de hogar hijos de propietarios de pequeñas y medianas empresas (63% contra 44%), o que los hijos de empleados administrativos y vendedores (48%), tres ocupaciones con escalas de ingresos que no se corresponde mecánicamente con la llegada de sus hijos a la universidad.
Por otra parte, contra la intuición neoliberal de que lo estatal es de mala calidad e ineficiente, las elecciones de las familias en Córdoba parecen ir en otra dirección. Basados en datos de la EPH para Gran Córdoba, Cecilia Jiménez y Manuel Giovine sostienen en un informe sobre educación y desigualdad, que mientras que las familias de ingresos medios altos y altos envían masivamente a sus hijos en edad de escolaridad inicial y media a instituciones de gestión privada, al momento de elegirles instituciones de educación superior, estas mismas familias apuestan masivamente por las de gestión estatal. Así como muchos jóvenes de ingresos medios y bajos encuentran en las universidades privadas facilidades para cursar, modalidades semipresenciales y diversos dispositivos de contención para compatibilizar el trabajo y la formación, el prestigio académico parece seguir firmemente anclado en las universidades nacionales.
Es justo también decir que, en los últimos años, se han incorporado modalidades y mecanismos especiales en la universidad pública para favorecer procesos de inclusión, como es el caso de la creación de una condición especial de alumno-trabajador en la Universidad Nacional de Córdoba. Esta innovación implicó un gran esfuerzo institucional y fundamentalmente docente para duplicar fechas de clases teóricas, exámenes, trabajos prácticos y recuperatorios, aunque estas nuevas tareas y exigencias no fueron siempre acompañadas con las condiciones laborales necesarias para desarrollarlas.
M´hijo el dotor
Sin estar exenta de contradicciones, la universidad pública se ve signada por la misma argentinidad plebeya e irreverente que caracteriza al pretendido igualitarismo de nuestra cultura política. Una respuesta posible al porqué del impacto y la indignación generada por las declaraciones de Vidal tiene que ver con la resistencia a perder ese carácter “aspiracional” que funciona como utopía familiar de ascenso social “merecido”.
Menos recordada que la reforma, existió en Córdoba, a finales de 1917, una experiencia de universidad popular, fundada por Arturo Orgaz, Deodoro Roca y Arturo Capdevila, un espacio de formación para obreros en horarios nocturnos. Este formato, todavía signado por el elitismo, adquiere otra modalidad en la Universidad Obrera (el nombre original dado a la Universidad Tecnológica Nacional), orientada hacia la formación técnica –ese formato de saber que, de buena gana, los eruditos teóricos le ceden a la practicidad de la vida popular– en carreras con estatuto universitario y que fue creada durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, con estructuras de cursado acorde a las necesidades de los trabajadores –además de la ya mencionada condición de gratuidad–.
Fiel a esta olvidada tradición reformista (la más popular y menos liberal), durante la gestión del rector Francisco Tamarit, la UNC inauguró su Escuela de Oficios. Este espacio propone trayectos de formación que van desde albañilería, herrería y carpintería, pasando por auxiliar en instalaciones sanitarias domiciliarias hasta operador de PC especialista en Autocad, con el objetivo de brindar herramientas para mejorar las condiciones de empleabilidad de los ciudadanos. Algunas de sus características resultan innovadoras: los únicos requisitos son la mayoría de edad y la alfabetización (saber leer y escribir); los cursos se imparten en el campus mismo, por lo que la circulación por el espacio universitario forma parte de la experiencia de quienes se inscriben; la certificación de los conocimientos está avalada con todo el peso simbólico del sello de esta casa de altos estudios. En la primera convocatoria del año 2017, se presentaron 5 mil aspirantes para 700 cupos. En la segunda, 4 mil para la misma cantidad de vacantes. En ambas, más del 60% de los postulantes se encontraba sin trabajo.
En cualquier caso, el significativo olvido de los actuales referentes del partido de gobierno y de los pastores locales del fundamentalismo evaluacionista, que se lamentan por los resultados de Argentina en el PISA como si fuera la copa mundial de educación, es que “ir a la universidad” desborda por todos lados la mera contabilidad de los títulos expedidos y constituye, en todas sus dimensiones, una experiencia transformadora para quien la atraviese.
Es más, en algunos casos es la universidad la que “va”. Sólo para mencionar ejemplos de la provincia de Córdoba: los CRES de la UNC y las sedes de la UNVM implicaron la presencia de instituciones universitarias en pueblos y ciudades que constituyen ese “interior del interior” del que solemos olvidarnos los habitantes de las grandes ciudades. Así, la universidad, transformada por atreverse a pisar territorios que le eran ajenos, pero que en la primera década del siglo XXI comenzaron a dejar de serlo, se tornó -sorpresiva, pero certeramente- una opción real en la trayectoria de jóvenes y adultos de esos “otros” lugares. Los recortes y las subejecuciones vuelven cada vez más difícil sostener este tipo de espacios, tan injustamente evaluados por los criterios de productividad titular.
Universidad de los trabajadores
En este debate, la cuestión de la calidad educativa parece haber quedado secuestrada como bandera monopolio de los discursos neo-reformistas. ¿O podríamos decir desregulacionistas y privatizadores? En ese marco, parece que el mejoramiento de las instituciones de educación superior vendría por una suerte de autogeneración etérea sin materialidad alguna. ¿Sólo de estudiantes está hecha la universidad?
En el tiempo que corre entre las declaraciones de la Gobernadora y las más contemporáneas del Presidente (“ir a la universidad pública es un privilegio”), uno de los hechos políticos más relevantes ha sido la manifestación pública del Consejo Interuniversitario Nacional y el pedido de reunión al Jefe de Gabinete y al Ministro de Educación de la Nación. Casi involuntariamente, el desmanejo presupuestario por parte del gobierno nacional ha arrojado a las conducciones universitarias a acercarse políticamente a las demandas gremiales de sus trabajadores.
¿Qué más revelador sobre las prioridades de una política educativa que el trato brindado por el Estado a sus propios agentes en el territorio, en cada una de las instituciones que materializan la educación superior en Argentina? Según informes de IEC-CONADU y CIFRA-CTA, desde que las negociaciones colectivas se reanudaron en 2004 hasta 2010, los docentes universitarios recuperaron un 56% de su salario real, tomando como referencia el nivel previo a la devaluación de 2001-2002. Entre 2004 y 2010, el salario real creció un 90%, se recuperó el nomenclador y se blanquearon los componentes del sueldo. En contraposición, sólo en el año 2016, los docentes universitarios perdieron 7 puntos porcentuales de su salario en relación a la inflación del mismo año y, desde entonces, no han hecho más que seguir perdiendo: programas de formación, incentivo docente, libertad sindical, paritarias nacionales y la lista sigue.
Héctor, docente de la UNC con veinte años de antigüedad, cursaba una maestría cuando obtuvo su primer cargo como jefe de trabajos prácticos con dedicación simple en 1998. Estaba a cargo de dos comisiones en dos asignaturas del cursillo, en un boom de inscriptos en la carrera entre los años 1999 y 2000, con alrededor de 200 estudiantes por comisión, más una materia que debía dar durante el año como carga anexa. Por mes, ganaba 80 pesos (dólares) y la cuota de la maestría costaba 120. A finales de 2015, por el mismo cargo sin antigüedad, el salario superaba ampliamente los 300 dólares y, como trabajador docente universitario, había pasado a tener un Convenio Colectivo de Trabajo (uno de los últimos del país en homologarse, junto con los de Peones Rurales y Empleadas domésticas) y el derecho a cursar posgrados de manera gratuita en la UNC.
¿Qué hacer con la universidad pública?
Sostener que los pobres no van a la universidad es un acto de negación e invisibilización: sobre que te cuesta llegar, luego los gobernantes afirman que no existís. Un típico mito de argentinidad, parecido al de “en este país no existen los indios”, cuando los estudios muestran que en Argentina hay mayor población que se reconoce descendiente de pueblos originarios que en Brasil, en términos relativos y absolutos. Lo que existe en la universidad, mucho más que pobres, es desigualdad. Pero el cierre de instituciones educativas nunca fue probado como un método eficaz para achicar las brechas de acceso: más bien parece un argumento con la lógica de “para qué me voy a bañar si me puedo volver a ensuciar luego”.
Que la pregunta sea “¿para qué tener universidades públicas si todos sabemos que no están pobladas de pobres?”, en lugar de “¿cómo hacemos para reducir cada vez más la brecha de acceso a la educación superior?” es sintomático de las ideas y las expectativas del actual gobierno en relación a los sectores sociales con menos recursos. También es revelador en relación a las estrategias políticas de expropiación sistemática, no solamente de sus derechos, sino también de sus expectativas y proyectos. Según este pensamiento, además de no poder, deberían renunciar a la idea de aspirar y deberíamos renunciar también a la idea de intentar.
Los horizontes, las aspiraciones y los proyectos nunca son inertes. A veces, para bien y para mal, llegan incluso a derrumbar gobiernos. Si el acceso pleno de los sectores populares a la universidad es una aspiración, lo es en un sentido enfático: es un horizonte irrenunciable para quienes formamos parte de esta institución. Si además se torna proyecto (como sucedió en algunos períodos de la historia nacional), sabemos que sólo adquiere realidad sostenido por políticas públicas específicas que contengan, sostengan y acompañen. Y es que, para parafrasear la onceava tesis marxiana, los neoliberales no han hecho más que cerrar la universidad, pero de lo que se trata es de abrirla.
*Por Gonzalo Assusa para La tinta / Fotos: Colectivo Manifiesto.
