Punilla se declara en alerta por la posible aprobación de la autovía
Las asambleas y vecinos siguen realizando diversas actividades en rechazo a la obra vial y advierten que la Provincia podría otorgar pronto la licencia ambiental. La defensa del proyecto en las respuestas presentadas a las más de 200 objeciones realizadas indican que el gobierno está dispuesto a seguir adelante con la autovía de montaña, con modificaciones al trazado original. Frente a ello, el 31 de agosto habrá una movilización en la ciudad de Córdoba.
Por Lucía Maina para La tinta
La autovía de montaña que la Provincia pretende construir en Punilla sigue alertando a asambleas y habitantes de la región, ante la posibilidad de su inminente aprobación. Después de la audiencia pública realizada en mayo, con una participación sin precedentes en la historia cordobesa y donde un 80% se manifestó en contra, la Secretaría de Ambiente debe aún definir si otorga la licencia ambiental para su ejecución. Este es el paso que el gobierno podría dar ahora, después de que el instituto a cargo de realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) defendió el proyecto al presentar las respuestas a las más de 200 preguntas y objeciones realizadas durante la audiencia.
“En este momento, nos encontramos sumamente preocupadxs ante la posibilidad inminente de otorgamiento de la Licencia Ambiental del tramo San Roque-Cosquín, por parte de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, encabezada por Javier Britch”, expresaron en un comunicado la Asamblea en Defensa del Ambiente Córdoba capital y las Asambleas Ambientales de Punilla. En ese marco, convocan a una movilización en la ciudad de Córdoba para el día 31 de agosto a las 17 hs.
Hasta ahora, no ha habido ningún anuncio oficial sobre la aprobación de la autovía por parte del gobierno. Pero, a casi tres meses de la audiencia pública, última instancia que debe realizarse en una Evaluación de Impacto Ambiental, los plazos para otorgar la licencia se reducen. La Ley de Política Ambiental de la provincia establece al respecto que, una vez cumplido “el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, y valoradas las opiniones, ponencias, informes técnicos y científicos que surjan del proceso de participación ciudadana, la Autoridad de Aplicación en un plazo máximo de cuarenta y cinco días emitirá la respectiva resolución, otorgando o denegando la Licencia Ambiental”. Según Laura Dos Santos, vecina e integrante de las Asambleas de Punilla, teniendo en cuenta la audiencia, ese plazo ya habría vencido, “pero como hay tantas objeciones, puede haber un gris en cuanto a la fecha”.
Este lunes, en otro comunicado, las Asambleas de Punilla recordaron que gran parte de las respuestas presentadas por el Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura (IISPI) de la UNC que realizó el estudio fueron rechazadas no solo por los vecinos, sino también por el Foro Ambiental Córdoba y el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la UNC. “Como vecinxs que venimos exigiendo información a los gobiernos locales del valle y al gobierno provincial en diferentes instituciones desde hace más de un año, consideramos un atropello a nuestros derechos que se insista en defender esa obra”, informaron.
Las asambleas exigen, una vez más, que se rechace el EsIA por las numerosas falencias técnicas y legales que quedaron evidenciadas durante la audiencia, pero también porque ahora el propio IISPI ha reconocido que modificará una parte de la traza para evitar que se remueva suelo en el yacimiento de uranio Rodolfo. El impacto de las obras sobre dicho yacimiento es uno de los principales riesgos ambientales y sanitarios que los vecinos y especialistas advirtieron que no estaba contemplado en el estudio. Las organizaciones denuncian que si se realizan estas modificaciones, el proyecto debería ser presentado y evaluado nuevamente, más aún teniendo en cuenta que la zona donde se encuentra el yacimiento ocupa casi la mitad del recorrido de la autovía, lo que implicaría un impacto ambiental diferente al analizado.
Preguntas sin respuestas
Varios de los argumentos expresados en defensa del Estudio de Impacto Ambiental de la autovía de montaña frente a los cuestionamientos de vecinos y especialistas fueron refutados durante los últimos meses. En primer lugar, el hecho de que el mismo estaba avalado por la Universidad Nacional de Córdoba fue desmentido por el Consejo Superior de esa misma institución, el cual además manifestó su preocupación por el proyecto de autovía y solicitó que se busquen otras alternativas de menor impacto.
Una de las mayores críticas a la alternativa escogida en el estudio del ISPI se basó en los riesgos de emisión de gas radón que implicaría atravesar el yacimiento Rodolfo, el cual ocupa al menos 5 de los 14 kilómetros previstos en el tramo San Roque-Cosquín. A ello, se respondió que el estudio contaba con el visto bueno de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Sin embargo, es justamente por las advertencias de esa entidad de que no se removieran suelos con uranio que ahora se pretende cambiar el trazado. Así lo expresó el ISPI en las respuestas presentadas, donde indicó que la traza propuesta se corregirá “para evitar toda movilización del mineral uranífero”.
A su vez, Laura Dos Santos señaló que aprobar la obra con este cambio en el trazado iría en contra de la ley: “El proyecto que se somete a una Evaluación de Impacto Ambiental se refiere a una cantidad de situaciones y condiciones. Si ese proyecto no se lleva adelante, no se puede modificar y aprobar otra traza porque es otra topografía, otra afectación a cuencas hídricas, otra factibilidad que tiene que pedirse a los municipios sobre otra parte del ejido”. Y subrayó, además, que el tramo afectado por el yacimiento alcanza casi la mitad del trazado total. En tanto, el Foro Ambiental Córdoba manifestó que esta modificación de la traza cambiaría los factores de evaluación de las alternativas posibles a la ruta 38, como su longitud y el tiempo que se tardaría en recorrerla.
En tanto, un documento presentado el 6 de agosto a la Secretaría de Ambiente por distintos profesionales de las Ciencias Ambientales, Ciencias Sociales, de las Ingenierías y Arquitectura, Geología, Salud manifiesta el rechazo “a las respuestas brindadas por el IISPI por resultar impertinentes, vagas, evasivas, improcedentes, retóricas e imprecisas, así como carentes de fundamentación científica y técnica”.
Y solicita, incluso, que “dada la incapacidad de responder adecuadamente a la mayoría de las objeciones técnicas y científicas por parte del IISPI a su propio EsIA, el proponente solicite la devolución del dinero que se abonó”, es decir, los 8.600 millones de pesos que Vialidad Provincial le pagó al instituto de la UNC por realizar el estudio.
El mismo documento ratifica además el reclamo que especialistas y vecinos vienen realizando desde hace tiempo: que se deniegue la Licencia Ambiental al proyecto presentado y se evalúen las restantes alternativas y sus impactos ambientales “para seleccionar una traza vial que genere los menores perjuicios para el futuro del departamento de Punilla y la Provincia de Córdoba”.
En el último tiempo, nuevas organizaciones e instituciones han expresado su rechazo a la autovía por la montaña, como la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos, así como las Intendencias de Valle Hermoso y Los Cocos, y los concejos deliberantes de Cosquín y Bialet Masse.
*Por Lucía Maina para La tinta.
