Arrancó el primer juicio por los crímenes en la Brigada de Investigaciones de San Justo
Diecinueve genocidas (entre ellos Etchecolatz) comenzaron este lunes en La Plata a ser juzgados por delitos de lesa humanidad contra 84 personas en ese centro clandestino de detención de la dictadura.
Por María Luz Santos Morón para La Izquierda Diario
En este juicio oral, que constará de varias audiencias, se juzgará a 19 represores por los casos de 84 compañeras y compañeros (31 continúan desaparecidas y desaparecidos). Será en el Tribunal Oral Federal N°1 de la capital bonaerense, integrado por los jueces subrogantes Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Pablo Vega.
Esmoris y Vega fueron parte del tribunal que meses atrás absolvió a Juan José “Pipi” Pomares, integrante reconocido de la banda paraestatal CNU de la ultraderecha peronista, por crímenes de lesa humanidad. Esmoris y Jarazo, a su vez, absolvieron al represor Alejandro Duret en Mar Del Plata en 2009. Y en 2016 lo liberaron en otras causas con el recurso del “2×1”.
El centro clandestino de detención ubicado en la Brigada de Investigaciones de San Justo, partido de La Matanza, formaba parte del denominado “Circuito Camps”, que incluyó más de 30 centros en el conurbano bonaerense. A su cargo estaba directamente la Dirección General de Investigaciones que dirigía Miguel Osvaldo Etchecolatz. El genocida se encuentra imputado en esta causa y si fuese por lo resuelto por este Tribunal, se encontraría en libertad ya que el año pasado dictó el cese de su prisión preventiva.
Este centro clandestino de detención funcionaba de forma articulada con otros del conurbano, lo que implica la coordinación de diferentes fuerzas, traslado de personas detenidas y que varios de los imputados en esta causa también lo estén en otras del mismo circuito represivo. En ese sentido desde el colectivo Justicia Ya! La Plata vienen reclamando la unificación de este juicio con otras causas conocidas como las de Pozo de Banfield, Quilmes e Infierno (Lanús) que se encuentran elevadas a juicio en el mismo Tribunal.
Su planteo fue rechazado por el Tribunal, lo que reafirma que la justicia a cuenta gotas es una política de Estado. Cientos de víctimas siguen esperando que se fije fecha de debate oral y la fragmentación desvirtúa la reconstrucción de la verdad histórica de lo que fue el plan genocida perpetuando la impunidad que durante décadas gozaron.
Los organismos de derechos humanos vienen denunciando que la gran mayoría de los genocidas imputados en este juicio llegan libres o en sus cómodas casas, por gozar del beneficio de la prisión domiciliaria o haberse dictaminado a meses de iniciar el juicio el cese de la prisión preventiva.
Sólo los represores Jorge Di Pascuale, Raúl Carballo, Ricardo García y Etchecolatz se encuentran detenidos en Campo de Mayo. A estos privilegios se suma que no van a estar presentes en las audiencias y solo los veremos por video conferencia.
Además, producto del retardo de justicia, una decena de represores murieron impunes en este expediente o fueron apartados por “cuestiones de salud”, una maniobra para garantizar mayor impunidad después de 42 años.
Entre los imputados se cuentan militares de la estructura de mando, oficiales del área de inteligencia militar, jefes de la Brigada de San Justo, agentes que realizaban custodia e interrogatorio y los titulares civiles del Ministerio de Gobierno provincial en dictadura.
La brigada del terror
Ubicada en la calle Salta N° 2.450, la ex Brigada de San Justo ahora es la sede de la DDI La Matanza. Se sabe que entre marzo de 1976 y agosto de 1978 por ese centro clandestino pasaron 101 personas identificadas con nombre y apellido y otras nueve individualizadas sólo con nombre de pila o apodo. De esa lista el juicio se recorta a 84 casos, de los cuales 31 continúan desaparecidos.
Hay que decir que la imputación que se debatirá en este juicio es completamente limitada, porque no se investiga la actuación de este centro clandestino de detención durante los años previos, siendo que comenzó a funcionar desde mucho antes del golpe del 76.
Existen pruebas de detenciones durante marzo abril del 75, bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, donde en el marco del Plan Cóndor la dictadura uruguaya, en conjunto con la policía Bonaerense y Federal, llevaron adelante una redada contra el MLN en Argentina deteniendo a unas 35 personas, algunas de las cuales luego de ser secuestradas y torturadas en la Brigada de San Justo fueron condenadas por la justicia ordinaria en el marco de la “ley antisubversiva” de octubre del 74 y luego puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en dictadura.
María Victoria Moyano Artigas, nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, referente del CeProDH y querellante en esta causa, recuerda que “la Brigada de San Justo no solo era un centro clandestino de detención de ‘registro’ de detenidos, como dice la resolución de elevación a juicio de esta causa, sino que también tuvo una relación directa con el Plan Cóndor ya en el 75, cuando mis padres y mi abuela fueron secuestrados y torturados en ese lugar, pese a ser refugiados de Naciones Unidas (ACNUR)”.
Para Moyano Artigas “deberían estar imputados todos los funcionarios de la época, incluso Isabel Martínez de Perón que coordino con la dictadura uruguaya y las del Cono Sur la implementación del Plan Cóndor”. A su vez recordó que la Brigada de San Justo “estuvo relacionada con la maternidad clandestina de Pozo de Banfield, donde los genocidas se apropiaban de bebés nacidos en cautiverio, como Paula Logares, María José Lavalle Lemos y yo”.
Vicky fue apropiada por un comisario, Paula por un subcomisario y María José por un sargento, todos de la Brigada de San Justo.
“Sin embargo, en este juicio no hay ninguna imputación por apropiación de niños, en el marco del Plan Sistemático de robo de bebés”, denuncia Moyano Artigas.
La mayor parte de las víctimas fueron trabajadores y estudiantes combativos, militantes sociales, políticos y sindicales de la zona oeste del conurbano que sufrieron la desaparición forzada, la privación ilegítima de la libertad, torturas, apropiación de hijas e hijos, homicidios como parte del plan sistemático de exterminio que llevó adelante la dictadura cívico-militar-eclesiástica al servicio del empresariado.
Son 30 mil y fue genocidio
Es imprescindible continuar reafirmado en los tribunales y fundamentalmente en las calles que “Son 30.000 y fue genocidio”.
Este juicio muestra cómo se perpetúa la impunidad a través de la fragmentación y la justicia a cuenta gotas, que incluye lo que la querida compañera Nilda Eloy nombraba como “impunidad biológica”. Pero esto no es una novedad. Se viene denunciando hace años, desde la reapertura de los juicios.
Pero el Poder Judicial no actúa en el vacío. El gobierno derechista de Mauricio Macri, desde que asumió, viene demostrando que si por él fuera todos los genocidas estarían libres e impunes.
Primero negaron a los 30.000, el propio Macri habló de “guerra sucia”, luego se manifestaron a favor de las domiciliarias de los represores. Así llegó el nefasto fallo del 2×1 de la Corte Suprema, que repudiamos miles y miles en las calles y finalmente hicimos retroceder. Luego vino la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el crimen de Rafael Nahuel, al tiempo que desde la Casa Rosada se dio luz verde al gatillo fácil y a la Doctrina Chocobar. El Gobierno permanentemente intenta legitimar al conjunto del aparato represivo del Estado hasta el punto de decretar que las Fuerzas Armadas nuevamente intervengan en la seguridad interior reforzando la represión.
Por eso la lucha contra la impunidad de ayer y por el juicio y castigo a todos los genocidas por todas las compañeras y todos los compañeros va de la mano de la lucha contra impunidad y la represión de hoy. En ese marco, es imprescindible exigir la apertura de todos los archivos militares, policiales, de inteligencia, penitenciarios y eclesiásticos de la dictadura, nunca abiertos por ningún gobierno desde 1983 a la fecha.
*Por María Luz Santos Morón para La Izquierda Diario.
