Empresarios avanzan sobre poseedores de tierras con el aval de la Justicia
Integrantes de la cooperativa de vivienda Amanecer Joven denunciarán a la fiscal Jorgelina Gutiez por permitir que ingresen con topadoras a un terreno en disputa judicial y con medida cautelar mediante. Detrás de la nueva ofensiva inmobiliaria estaría el Grupo Tagle.
Por Redacción La tinta
Vecinos y vecinas que forman parte de la Cooperativa El Amanecer Joven ejercen desde 2016 su derecho posesorio sobre tierras ociosas ubicadas en barrio San Alberto. Legalmente, la posesión es tener un terreno o vivienda y actuar como dueño, a pesar de no tener la escritura pública inscripta en el Registro de la Propiedad. Para tal fin, el vecino debe realizar “actos posesorios” como cuidar el terreno, habitarlo y pagar servicios e impuestos para poder acceder a este beneficio.
A pesar de tener la posesión de hecho de esos terrenos, lxs vecinxs se encuentran en conflicto con el empresario Enzo Juan Capovilla quien afirma tener una sentencia de usucapión a su nombre, lo que le daría derechos de propietario. Para la organización, «el problema es que él nunca entró en posesión de estos predios. Nosotros le discutimos a la fiscalía que él tenía la sentencia de usucapión desde el año 2008 y nunca puso un pie en el terreno ni un alambre».
En este marco, rige sobre el predio una medida cautelar de no innovar hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Dicho recurso se vio quebrantado este lunes por la tarde cuando un grupo de personas ingresó al predio. Acompañados por dos policías de adicional, topadoras y garitas de seguridad privada, los hombres retiraron postes que habían sido instalados por la organización para delimitar las parcelas.
El abogado que se hallaba con ellos sólo se limitó a informar que representaba a Enzo Juan Capovilla y al Sr. Martínez, el empresario que afirma ser “dueño” de estos terrenos, a pesar que en la causa judicial consta que son terrenos sin título propietario.
Sorprendidos por la acción en medio de una medida cautelar de no innovar, los abogados del Espacio Jurídico Deodoro Roca que acompañan a la cooperativa se dirigieron a la Fiscalía 4-6 de la Dra. Jorgelina Gutiez donde se les informó que desde esa Fiscalía no se había emitido ninguna orden ni oficio que permitiera trabajos sobre los terrenos.
«Cuando fuimos a la fiscalía nos dijeron que no se había modificado la orden de no innovar que rige sobre el predio, por ende no podían entrar topadoras ni garitas de seguridad», remarcó uno de los abogados que asesora a la cooperativa.
Para mayor sorpresa de los letrados, los efectivos policiales apostados en el lugar señalaron que desde la Fiscalía les dieron una comunicación verbal: que la orden de no innovar era sólo para las personas que están ocupando el predio, no para el denunciante; que el denunciante podía hacer lo que quería.
Al respecto, uno de los abogados del Espacio Jurídico enfatizó: «Es la primera orden de no innovar unilateral del mundo (…) Además que las órdenes de no innovar se aplican sobre cosas, no sobre las personas. Lo que no hay que modificar es el predio».
«Permitiendo que una de las partes ingrese al predio a realizar modificaciones antes de que tenga sentencia el juicio, la fiscal está anticipando su decisión. La causa ni siquiera está elevada a juicio, está en instancia de apelación. La fiscal no tiene ni el expediente, pero está diciendo que los imputados no pueden innovar y el titular sí, cuando ni siquiera le compete esa decisión», explicó el letrado.
Teniendo en cuenta esta situación, los abogados presentarán ante el fiscal general Facundo Moyano una denuncia penal contra la fiscal Jorgelina Gutiez por no hacer cumplir la orden de no innovar que ella misma dictó.
La cara detrás del desalojo
Los uniformados que se encontraban haciendo adicionales confesaron que habían sido contratados por la firma Avant Peugeot, empresa perteneciente al poderoso Grupo Tagle.
«Tenemos que confirmar esa información, pero si Avant Peugeot los contrató para cuidar eso es porque tiene algún interés (…) Si ellos compraron el predio, lo hicieron sabiendo que había gente adentro y habrá que discutir esta situación», expusieron desde el Espacio Jurídico Deodoro Roca.
* Por Redacción La tinta
