Universidades en pie de lucha
Con salarios en pleno deterioro, desfinanciamiento y un acuerdo paritario que parece lejano, los gremios universitarios enfrentan al gobierno. ¿Se inicia el segundo cuatrimestre?
Por Carolina Palacio para Anccom
En un panorama socioeconómico que acrecienta su oscuridad desde que comenzó 2018, las universidades reciben golpes en todos sus frentes. En el salarial, el Gobierno Nacional defiende como bandera el 15% en cuotas para cerrar las paritarias, cuando los trabajadores piden un 25% con cláusula de revisión automática. En el frente presupuestario se recortaron 3.000 millones de pesos; y como si fuera poco, la gobernadora María Eugenia Vidal plantea que la creación de universidades públicas en la Provincia de Buenos Aires ha sido inequitativa, porque “nadie que nace en la pobreza”, dice, llega a ellas.
Para el lunes 25 de junio CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios) convocó a un paro nacional universitario, en confluencia con la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) y la CGT (Confederación General del Trabajo). Y también se anunció un plebiscito nacional, con la propuesta de no iniciar el segundo cuatrimestre. ANCCOM dialogó con Federico Montero, Secretario General de FEDUBA (Sindicato de Trabajadores Docentes De La UBA) y Octavio “Tato” Miloni, Secretario General de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata, para entender cómo se llegó a este presente, su contexto y el futuro inmediato.
La paritaria comenzó a discutirse en marzo, por lo que quedaba pendiente de 2017 la cláusula gatillo. ”Pero para marzo nosotros lo que queríamos discutir era la paritaria de este año, porque previo a lo que fue la crisis que se vio este último mes, ya había una previsión de inflación muy grande para 2018 con lo que fueron los tarifazos”, explica Montero. Es así que el año comenzó con una agenda cambiada, porque el gobierno quería terminar de discutir lo del año pasado, y los gremios, con urgencia, lo de este año. Los docentes reclaman un aumento del 25% con revisión automática, adaptado proporcionalmente a la inflación, y el gobierno solo propone el 15% en cuotas, a terminar de pagar en enero. “Es importante, la revisión automática, porque hay otra cláusula de revisión que es ‘nos juntamos a discutir qué pasó’ –dice Montero-. Eso lo habíamos tenido en 2016 y no sirvió”. “Nuestro objetivo es no perder con la inflación, que se estima de 30% -expresa Miloni-. Nuestro salario no baja de manera absoluta, pero sí relativa con nuestro poder de compra”. Agrega Montero: “La oferta del gobierno ya era insatisfactoria cuando comenzamos la negociación, pero con los tarifazos, la devaluación, la crisis financiera y el acuerdo con el FMI, ahora esa oferta es más que inaceptable, ya que es imposible prever la inflación”.
En 2017, como dato comparativo, las paritarias se terminaron cerrando el 11 de julio, con una negociación que resultó satisfactoria, por lo que en cuestión de fechas se podría deducir que la situación no es tan crítica. “Lo que no son buenas ahora son las perspectivas, porque nosotros notábamos una actitud de negociación, pero era un momento totalmente distinto ya que había elecciones y económicamente era menos crítico”, explica Miloni. Aunque la propuesta sea del 25%, los sindicatos saben que no lo pueden considerar un porcentaje inamovible, ya que hay que compararlo con otras paritarias. “Tenemos que pensarnos en el marco del Movimiento Obrero, no se puede pensar de que yo voy a sacar lo que pido y la bancaria cierra en el 15 % más adicionales –dice Miloni-. Esto se enmarca en una situación general de negociaciones activas de las diferentes ramas, y vamos a ver cómo se va a dar la pelea”. Otro factor clave para llevar a cabo la negociación es lo que vaya sucediendo con el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, que desde que derogaron la paritaria nacional funciona como una especie de regulador de la paritaria docente, según explica Montero.
Si abarcamos la problemática en términos más generales, lo salarial es emergente de una situación mucho más estructural de la universidad, que tiene que ver con que el sistema universitario público venía desarrollándose de una forma importante con la creación de universidades entre otras cosas, y en marzo se anunció un recorte presupuestario de tres mil millones de pesos. Este recorte representa un 20% de los gastos de funcionamiento de las universidades, aunque sea solo 3% del presupuesto nacional universitario, ya que no se aplica a salarios, sino a gastos de funcionamiento. Miloni explica que este recorte afecta más directamente a las universidades nuevas, ya que sus creaciones no son decretos que se firman y listo, sino que hay que llevar a cabo el desarrollo de la propia dinámica, y eso requiere nuevos gastos.
“Hay algunas que su primera cohorte tendrá tres años, es decir que hay una planta docente acorde a ese tiempo, pero hay que seguir cubriendo los puestos de todos los años de la carrera, que es el contrato académico que el Estado asume con los estudiantes –agrega Miloni-. Por el contrario es muy difícil la proyección de la carrera, es un peligro latente”.
En este marco, aquellas declaraciones de Vidal cuando expresó que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad se pueden anclar como justificación directa de las medidas gubernamentales. Explica Montero: “Es una matriz de pensamiento que es típica de las recomendaciones de los organismos de financiamiento internacional, básicamente del Banco Mundial en los 90, pero también ahora en este gobierno, con la idea de que como los pobres no entran a la universidad, lo mejor que pudiera pasar es que las instituciones públicas dejen de serlo y que haya aunque sea un arancelamiento parcial, con el argumento de que esos fondos serían mejor destinados para la educación inicial, que realmente ahí van los pobres”. Este argumento desplaza la idea de concebir a la universidad como derecho. Los medios masivos apoyan ese argumento oficial y apuntalan a las universidades privadas. “Aunque hagan mucha campaña a favor de la universidad privada, el prestigio de ir a una universidad pública va a ir más allá de lo que digan los medios y el gobierno nacional, que está compuesto por una mayoría de egresados en la educación privada”, concluye Miloni.
Con un contexto muy complejo, en consonancia con lo que promueve este gobierno desde el principio pero de un modo mucho más crítico que durante los dos años anteriores, las protestas crecen desde principio de año. La semana pasada se cumplieron 100 años de la Reforma Universitaria que se transformó en una semana de reclamos inaugurada con un paro nacional de 48 horas y tomas de rectorados, y culminó, en La Plata, con una marcha de antorchas hacia el edificio de Gobernación repudiando los dichos de Vidal y sosteniendo el reclamo salarial.
También las protestas se hicieron escuchar en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), una reunión que se produce cada diez años en el marco de la UNESCO, con rectores, docentes, académicos, ministros y secretarios decisores en materia de políticas de educación superior en América Latina. Su objetivo consiste en que los Estados se comprometan en ciertas directrices generales sobre cómo va a evolucionar la política universitaria en los próximos diez años. Esta vez se realizó en Córdoba y en una universidad totalmente alineada al gobierno. ”La inauguración de la CRES fue el domingo 10 de junio y desde los frentes universitarios organizamos un encuentro latinoamericano previo donde articulamos con un conjunto de actores, rectores, el equivalente de CONADU pero en otros países, movimientos estudiantiles, con el objetivo de realizar una declaración e idear puntos de acción para intervenir todos juntos en el marco de la CRES, para sostener la idea del derecho a la educación”, explica Montero.
Allí participaron más de 1.500 personas y al día siguiente se realizó una marcha por las calles de Córdoba, con cerca de siete mil personas, número muy importante para lo que suele movilizar esta provincia. “La marcha terminó en el rectorado histórico de la Universidad de Córdoba, y resultó en que ese día a la tarde, en la inauguración de la CRES el discurso del Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro fuera abucheado por todos los presentes, incluidos los rectores de Argentina y toda América Latina, ya que entienden cuál es el contexto”, explica Montero. Las medidas de protesta tienen el apoyo activo de los movimientos estudiantiles y tanto Miloni como Montero consideran esencial.
El 6 de julio, los gremios convocarán a un congreso extraordinario para analizar el resultado del plebiscito que harán para conocer la opinión sobre el posible no inicio del segundo cuatrimestre. Además de la adhesión al paro del próximo 25 de junio, los gremios resolvieron llamar a movilizar el 9 de julio con la consigna “No al FMI, en defensa de la universidad pública”.
*Por Carolina Palacio para Anccom.
