Presentan más de 200 objeciones técnicas y legales al proyecto de autovía de montaña
En un documento que fue presentado durante la audiencia pública, distintos especialistas e investigadorxs junto a vecinxs del Valle de Punilla analizan el proyecto del Gobierno Provincial y el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Desde allí, detallan múltiples errores e incumplimientos a la hora de evaluar los efectos que la obra tendría sobre el ambiente, la salud y las comunidades. Exigen su rechazo.
Por Lucía Maina para La tinta
Durante la audiencia pública que ya lleva cuatro días en la localidad de Santa María, especialistas y profesionales junto a vecinxs de la región expusieron hasta ahora diversos argumentos que alertan sobre las consecuencias negativas que tendría la obra que la Provincia pretende realizar en el Valle de Punilla. Además, denunciaron graves errores en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). En total, son alrededor de 200 objeciones que se encuentran reunidas en el siguiente Documento de 40 páginas de extensión y en base al cual exigen que la Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente rechace el proyecto.
El documento denuncia incumplimientos legales y formales en el procedimiento realizado hasta ahora por la Provincia, objeciones a la comparación por la cual se escogió la alternativa de autovía de montaña entre otras posibles, y una multiplicidad de errores en el Estudio de Impacto Ambiental, elaborado por el Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura (IISPI) de la UNC y por el que Vialidad Provincial pagó 8.600 millones de pesos. Todos estos señalamientos se relacionan a su vez con los efectos que esta obra tendría sobre el monte nativo, el suelo, el agua y la salud de lxs habitantes de Punilla.
El primer paso: la elección de la alternativa
El principal fundamento por el que lxs especialistas exigen la nulidad del proyecto es la manera en la que se seleccionó la opción de la autovía de montaña o “Pedemontana” entre otros trazados posibles para construir una alternativa a la ruta nacional 38. Esto es determinante, ya que es en base a esta comparación que el EsIA analiza la alternativa escogida, sobre la cual la comunidad de Punilla debate en estos días en el marco de una audiencia pública.
Fernando Barri, doctor en Ciencias Biológicas, profesor de la cátedra de Problemática Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet, fue uno de los expositores en la audiencia pública y participó en la elaboración del documento que objeta el proyecto de autovía. En diálogo con La tinta, explicó que una Evaluación de Impacto Integral debe ponderar variables ambientales y en base a ello seleccionar aquel proyecto que generará menor impacto. “El IISPI viola este presupuesto mínimo de las evaluaciones, y solo pondera variables del tipo cuán rápido van a llegar los autos. De las doce variables que consideran, una sola podría considerarse ambiental, que es el removimiento de suelo. Así y todo esa única variable que toman le da el mayor impacto en la alternativa Pedemontana por la cantidad de suelo que van a tener que mover. Hay que pensar que del presupuesto de casi 4 mil millones de pesos, la mitad va destinada a movimiento de suelo, o sea voladura con dinamita, retro escabadoras, una locura”, señaló.
En ese sentido, destacó que “el IISPI ha forzado la ponderación a propósito, para que les dé la opción Pedemontana, que en realidad es la que quieren los políticos”. Y agregó: “El Estudio de Impacto Ambiental lo que hace es prever daños futuros que pueda generar una obra o proyectos que puedan tener impactos severos o irreparables. Entonces si la Pedemontana es la alternativa claramente de mayor impacto ambiental, debería ser descartada en primer lugar. Y recién sobre la de menor impacto, debería hacerse el EIA. Es decir todo lo demás está viciado de nulidad”.
Según el escrito presentado, la evaluación comparada de las alternativas no contempla el riesgo geológico que implica la traza de la autovía de montaña elegida, la cual coincide con la gran falla de las Sierras Chicas, y que se traduce en riesgo de derrumbes y avalanchas como se observa actualmente en el Camino del Cuadrado. Tampoco considera, advierten, los “efectos negativos del arrastre de sedimentos y contaminantes en el lago San Roque, lago que provee de energía y agua a la Ciudad de Córdoba”. Incluso señalan que la longitud de la traza utilizada es errónea, ya que sería de 14,3 km y no de 11,55 km como se plantea. El paisaje y la visibilidad, plantean, tampoco fueron criterios a tener en cuenta.
“Otra cosa tramposa del EIA es que dice que la alternativa por el oeste requiere hacer dos puentes, en cambio la alternativa por el este, por la montaña, va tener que hacer 11 viaductos. Un ingeniero civil sabe que un puente y un viaducto técnicamente son lo mismo. Entonces hay una trampa, porque la cantidad de cuencas y microcuencas por el este es mucho mayor que por el oeste”, advirtió también Barri durante su exposición el pasado viernes en Santa María.
Incumplimientos legales y costos de la obra
Entre los incumplimientos de la ley que argumentan lxs profesionales, se encuentran las falencias de las factibilidades otorgadas por intendentes y jefxs comunales de las localidades por donde pasaría la Autovía, donde existen incompatibilidades del uso del suelo en base a las normativas locales y provinciales.
Además, señalan que no se respetó el proceso de información a la población y participación social previos a la instancia de audiencia pública que establecen las leyes ambientales vigentes. “Llama poderosamente la atención que el Gobierno Provincial ya haya asignado los fondos para la obra (decreto 320/2018), cuando la misma aún no cumplimentó los requisitos legales para su ejecución”, señala en este sentido el documento.
A esto se suma otro argumento expuesto por varios vecinxs durante la audiencia, y que el escrito expresa, según el cual el costo por kilómetro de obra será de cerca de $211 millones, cuatro veces y media más cara en comparación con una obra de igual o mayor magnitud como la Autopista Mendoza – San Juan, cuyo costo de licitación fue $44 millones por kilómetro hace menos de un año”.
El impacto ambiental y los errores del estudio
Las impugnaciones que se vienen escuchando en la audiencia pública al EIA presentado van desde la falta de citas bibliográficas que demuestra un “corte y pegue” de otros documentos, hasta la ausencia de análisis adecuado sobre los impactos de la obra en la salud y el ambiente. Dichos impactos se relacionan especialmente con la afectación de bosque nativo, ya que un 76% del camino que pretende construirse hasta Cosquín atraviesa zonas de bosques catalogadas como rojas, de máxima conservación.
“Un aspecto crucial que NO se menciona es el “efecto esponja” y los “servicios ecosistémicos”, especialmente la regulación hídrica que brinda el bosque serrano que será afectado por la obra. Es evidente que se omite esta información por el impacto negativo irreversible que tendrá la construcción de la Autovía por el faldeo serrano en este sentido”, expresan en el documento y advierten que esta información científica tampoco fue tenida en cuenta en Sierras Chicas hasta las inundaciones ocurridas el 15 de febrero de 2015.
Otro tema polémico del proyecto es su paso por el yacimiento de uranio Rodolfo: “No existe en el EsIA ningún informe técnico detallado sobre la factibilidad radiológica del proyecto Autovía Pedemontana que atraviesa el Yacimiento Rodolfo”, señala el documento. Y agrega: “Se omite mencionar los riesgos de contaminación radioactiva, su dispersión y consecuencias sobre el medio ambiente y la salud humana, teniendo en cuenta las características orográficas y de urbanización de la zona afectada por la obra y también de la proximidad de ésta con el Río Cosquín, importante afluente del Lago San Roque”.
Tal como destacaron algunxs de lxs profesionales que expusieron hasta el momento en la audiencia pública, también hay graves errores en las descripciones de la fauna nativa, las cuales, según el escrito presentado “demuestran un total desconocimiento de la materia y resultan insultantes dado que indican la presencia de especies que NO existen en la región”.
Incluso la superficie total que se vería afectada, de 143 hectáreas según el estudio, sería incorrecta. El escrito presentado durante la audiencia destaca en este sentido que “sumando caminos de servicios, terraplenes para evitar desmoronamientos de taludes y zonas de contención la superficie realmente afectada por la obra superará ampliamente los cálculos estimados en el EsIA. El ejemplo más evidente es la superficie afectada actualmente por el primer tramo de la Autovía en la comuna de San Roque, que supera en cuatro veces lo proyectado en el respectivo EsIA”.
Por otro lado, se cuestiona la ausencia de precisiones a la hora de medir el impacto que la autovía tendría en la salud de la población. El estudio, señalan en el documento, tampoco precisa información sobre las superficies ni las propiedades a expropiar, un factor que también afectaría a muchxs vecinxs de la zona. Lxs especialistas y vecinxs denuncian además que el EsIA niega la existencia de sitios arqueológicos en la zona donde se pretende construir, “siendo que hay mapas oficiales relevados del año 2010 que muestra la afección de la traza”.
* Por Lucía Maina para La tinta / Imágenes: Codebona.
