Punilla en vigilia para frenar la autovía
Ayer, lxs vecinxs presentaron un amparo ambiental en la Justicia para exigir la paralización de las obras que pretende realizar la Provincia al este de la ruta 38 y permanecen en vigilia a la espera de una respuesta. Además, especialistas, ONGs, asambleas y legisladorxs han realizado pedidos formales para que no se realice el debate público pautado para este viernes. Denuncian las múltiples falencias del estudio de impacto ambiental y los efectos que tendría el trazado vial sobre el ambiente y la calidad de vida en la región.
Por Lucía Maina para La tinta
El proyecto que desde hace varios meses impulsa el gobierno de la Provincia en el Valle de Punilla para construir un camino al este de la ruta 38 lleva tiempo cosechando críticas. Ahora que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) dio finalmente a conocer el recorrido, después de numerosos reclamos, se confirmaron muchos de los temores que existían en cuanto a sus impactos en el ambiente. Especialistas, asambleas de vecinxs y ONGs denuncian que casi 11 de los 14 kilómetros previstos atravesarán zonas de monte nativo catalogadas como rojas, es decir, de máxima conservación. A esto se suma la destrucción del paisaje que implicarían las obras sobre el faldeo de las sierras y los riesgos que implica una parte del recorrido que pasaría sobre un yacimiento de uranio.
En ese marco, el llamado a audiencia pública para el próximo viernes 11 de mayo por parte del gobierno, que busca avanzar cuanto antes con las obras, ha generado nuevas medidas de protestas y presentaciones judiciales. Asambleas y organizaciones de Punilla marcharon este lunes por las calles de Cosquín y presentaron un amparo ambiental colectivo en los Tribunales de esa ciudad para solicitar a la Justicia que ordene detener las obras de la autovía, que en total avanzaría desde el dique San Roque hasta La Cumbre. Lxs vecinxs decidieron pasar la noche frente al lugar y realizar una vigilia hasta hoy para esperar la respuesta del juez.
La medida de lxs pobladrxs de la región se suma al proyecto de ley presentado por el Frente de Izquierda en la Legislatura provincial días atrás, que impulsa la paralización de las obras, y al pedido de informes que realizó el bloque Córdoba Podemos solicitando que se suspenda la audiencia pública convocada debido a las irregularidades del Estudio de Impacto Ambiental. En tanto, el Foro Ambiental Córdoba solicitó formalmente ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia el rechazo de dicho estudio y también la cancelación de la audiencia en Santa María de Punilla.
Existen al menos seis opciones posibles para realizar una vía alternativa a la ruta nacional 38. Es por esto que distintos sectores cuestionan que la opción elegida sea el proyecto con el que pretende avanzar el gobierno de Juan Schiaretti, el cual implicaría un fuerte impacto medio ambiental frente a otras posibilidades.
Los impactos ambientales
El Estudio de Impacto Ambiental presentado días atrás se refiere a la primera etapa del proyecto de autovía. Se trata de un recorrido que va desde San Roque hasta Cosquín y que afectaría 143 héctareas, según plantea dicho estudio, que fue presentado por el Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura, organismo de la UNC contratado por Vialidad Provincial para establecer el trazado. Este primer tramo le costará a la Provincia más de 3 mil millones de pesos. A esto se suman los 1.300 millones que costarán como mínimo las obras que ya están en marcha en la Variante Costa Azul y los costos de la segunda etapa, que pretende avanzar desde Cosquín hasta La Cumbre.
Uno de los principales cuestionamientos es que un 76% del camino que pretende construirse hasta Cosquín atraviesa zonas rojas de monte nativo, lo que significa afectar una parte del escaso 3% que le queda a Córdoba de bosque autóctono. “La categoría de conservación del bosque nativo no fue tenida en cuenta en la toma de decisión. 10.930 de los 14.300 metros del trazado de la alternativa Pedemontana se realizarán sobre bosque nativo con la máxima categoría de conservación” expresa la nota presentada días atrás por el Foro Ambiental Córdoba, que solicita el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental de la obra por numerosas inconsistencias, especialmente al comparar las alternativas existentes. Y agrega que tampoco se ponderan “los factores climáticos de altura, en particular la niebla, que resulta frecuente en el faldeo oriental de la Sierra Chica” y que implica mayor riesgos de accidentes.
Desde dicha ONGs afirman que otra de las inconsistencias del estudio es que se plantea que la autovía haría “de barrera a la expansión inmobiliaria hacia el este, cuando no existe ninguna garantía de que eso suceda”. “Al contrario, lo que hará precisamente es incrementar el número de focos de incendios en bosques nativos ubicados ahora en sitios poco accesibles”, agrega el reclamo presentado.
Otro de los factores denunciados del proyecto es que atravesaría el yacimiento de uranio no explotado conocido como mina Rodolfo, a pesar del riesgo que implica realizar obras allí por la liberación de gas radón, de efectos cancerígenos. Según el informe del Foro Ambiental, 5 kilómetros, es decir el 35% del recorrido, pasarían encima de ese yacimiento.
“No pondera el impacto de la obra en el paisaje, siendo que la autovía Pedemontana recorrerá la zona con interés turístico más importante de la provincia. Hoy el deterioro del paisaje es por demás ostensible en el tramo Variante Costa Azul. Sin embargo, la selección de alternativas no contempló este factor en la toma de decisión, lo cual tendrá un notorio impacto negativo en la actividad económica del valle de Punilla, que podría evitarse optando por alguna de las otras alternativas”, agrega el informe.
Desde el Foro Ambiental subrayan que el EIA tiene diversos errores en la comparación de las alternativas para el proyecto, que afectan incluso la cantidad de kilómetros que abarca el trazado y que terminan distorsionando la evaluación y favoreciendo a la alternativa elegida. “El gobierno tiene otras opciones si quiere mejorar la circulación en la zona, pero insiste en hacer una ruta por medio del bosque, creemos que para abrir un nuevo corredor inmobiliario”, sostuvo por su parte el biólogo, investigador y docente de la UNC Fernando Barri, en una entrevista con el diario Pagina 12.
Amparo y vigilia frente a la Justicia
En este contexto, las Asambleas de Punilla –que incluyen grupos de vecinxs de San Roque, Punilla Sur, Siquiman, Bialet Massé, Santa María de Punilla, Cosquín, Casa Grande, Valle Hermoso, Huerta Grande, Villa Giardino, La Cumbre, Capilla del Monte, Punilla Norte- permanecen desde ayer frente a los Tribunales de Cosquín para esperar la respuesta de la Justicia ante el amparo ambiental colectivo presentado este lunes. Su reclamo es que se detengan las obras debido a “todas las anomalías e inconsistencias con las que vienen desarrollando todo este proceso desde principios de 2017”, como señalan en un comunicado.
Lxs habitantes de la zona piden, además, que se suspenda la audiencia pública convocada para este viernes en la localidad de Santa María de Punilla, donde supuestamente debería ponerse en debate el cuestionado Estudio de Impacto Ambiental. Una vez realizada esta instancia exigida por la ley, la Secretaría de Ambiente provincial estaría en condiciones de habilitar el desarrollo del proyecto vial. Es por esto que lxs vecinxs piden que se anule la convocatoria, ya que hasta ahora “no se garantizó un proceso participativo informado, real y efectivo, tal como los obliga la ley Provincial de Ambiente”.
Hoy a las 14 hs., ante la inminencia de la audiencia pública, los grupos de las distintas localidades volverán a realizar una asamblea para evaluar como continuar con las medidas de fuerza. Mientras tanto, solicitan que se respete el Principio Precautorio garantizado por la Constitución Nacional y se anulen las factibilidades de uso de suelo otorgadas al proyecto. Y agregan: “Exigimos una solución vial para Punilla que garantice todas las condiciones técnicas, y participativas en el desarrollo de una alternativa superadora desde el punto de vista ambiental, que beneficie a las economías locales y regionales, al desarrollo turístico y cultural, y sobre todo que proteja la salud pública”.
*Por Lucía Maina para La tinta
