“Parte de la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive en los sistemas carcelarios y de seguridad”
El Organismo de las Naciones Unidas emitió un duro informe sobre la tortura en la Argentina. El relator de la ONU, Nils Melzer, detectó condiciones de encierro y prácticas sistemáticas que configuran graves violaciones de derechos humanos en cárceles, comisarías, centros de jóvenes y neuropsiquiátricos. Cómo está la situación en Córdoba.
Por Redacción La tinta
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, Nils Melzer, visitó la Argentina entre el 9 y 20 de abril para evaluar las condiciones de encierro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Formosa.
Según detalló en el informe Observaciones preliminares y recomendaciones al Estado Argentino –el Informe final se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de ONU en marzo de 2019-, existe en el país una generalizada, persistente y seria violación de la Convención contra la tortura.
Melzer y la delegación de la ONU visitaron establecimientos públicos y se reunieron con autoridades provinciales y nacionales, organizaciones no gubernamentales y miembros de distintas comunidades indígenas.
Según lo que pudieron relevar, se constató la aplicación de diferentes tipos de tortura, serios déficits en la atención médica, sobrepoblación extrema, condiciones inhumanas de detención, uso excesivo de la prisión preventiva, requisas vejatorias, robo de pertenencias por agentes y corrupción, el aislamiento extremo y opresivo en cárceles, comisarías, centros de jóvenes y neuropsiquiátricos.
El informe preliminar también recoge numerosas denuncias de violencia estatal por parte de fuerzas policiales y carcelarias, y alerta sobre la enorme impunidad que ampara estas prácticas generalizadas.
Por otro lado, el Relator cuestionó la excesiva duración de la prisión preventiva e instó las autoridades judiciales y legislativas a resolver el problema y que “se abstengan de aprobar leyes nuevas que disminuyan la edad mínima de imputabilidad penal o que amplíen de cualquier otro modo el uso de la detención para otras categorías de personas o delitos”.
También manifiesta su preocupación por los índices de sobrepoblación carcelaria y asocia su incremento a la aplicación de una política criminal que intenta dar respuesta a las inquietudes de la población, pero que sólo logró triplicar el número de detenidos en las últimas dos décadas. En este sentido, señala, por ejemplo, que, en muchas comisarías y penitenciarias provinciales, encontró condiciones de detención totalmente incompatibles con la dignidad humana.
Por todo este cuadro descripto, el Relator concluyó: “Parte de la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad, y disimulado en el marco de la política de seguridad pública, corre el riesgo de colocar al país nuevamente en un círculo vicioso con una sociedad más dividida, marcada por la indiferencia, la arbitrariedad y el abuso”.
En las conclusiones finales, el relator interpela a los poderes del Estado por su responsabilidad: “No existe justificación económica, política, jurídica o de otra índole, respecto de cualquier acción u omisión de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial, que deliberadamente exponga a los seres humanos a estas condiciones intolerables”.
La situación carcelaria en Córdoba
En Córdoba, el relator especial de las Naciones Unidas visitó el Instituto Socio-Educativo Complejo Esperanza; el establecimiento penitenciario Cruz del Eje y su unidad neuropsiquiátrica; el complejo carcelario Bouwer y el pabellón 3 para mujeres embarazadas y mujeres con hijos, además de una de las unidades penitenciarias para varones del mismo complejo; el Establecimiento Penitenciario Nº 9; y la comunidad que enfrenta el desalojo en Juárez Celman.
El informe acumula numerosas denuncias de violencia de la Policía de Córdoba contra manifestaciones pacíficas o durante desalojos forzosos, o al intentar presentar quejas o pedidos de cualquier índole a las autoridades competentes. «Mi equipo y yo escuchamos, además, numerosos relatos similares de violencia policial en el momento de la detención. Asimismo, muchas de las personas que entrevistamos, particularmente adolescentes, adultos jóvenes y mujeres provenientes de segmentos marginados de la sociedad, dieron cuenta de que la violencia policial se utilizaba con frecuencia para acosarlos, provocarlos o intimidarlos, o, en algunos casos, para obligarlos a confesar un supuesto delito o denunciar a otras personas«.
El relator subrayó, además, que decenas de presos alojados en la Cárcel de Cruz del Eje denuncian haber sido golpeados duramente mientras se encontraban encadenados a las camas de metal durante varios días o que habían sido colocados en posiciones de estrés dentro de celdas de aislamiento por períodos prolongados. De manera similar, en la Cárcel de Bouwer, los internos declararon haber sido encadenados o esposados de pies y/o manos por períodos que oscilaban entre varias horas y tres días.
“En algunas instituciones, escuchamos historias similares de abuso físico y psicológico de los detenidos como castigo por mala conducta o, incluso, como represalia por haber presentado un reclamo por las condiciones de detención», señala el informe.
Melzer y su equipo también hicieron especial mención a las condiciones del Complejo Esperanza. Indicaron que las condiciones de detención eran aceptables en términos generales, pero destacó que existe «un régimen de encierro opresivo conforme el cual se aloja a los internos en espacios cerrados y bajo llave, con un acceso muy limitado a actividades al aire libre».
«En La Esperanza, varios internos indicaron que no tenían la posibilidad de concurrir a la escuela y se quejaron por el hecho de pasar la mayor parte de su tiempo sin hacer nada (…) Me alarma, en especial, el castigo disciplinario que supuestamente se utiliza en La Esperanza, donde varios reclusos informaron haber sido sujetados de pies y manos a sus camas, en una situación de aislamiento total, y, a veces, durante varios días consecutivos. También en La Esperanza, recibí denuncias de abuso sexual entre internos, sin intervención adecuada por parte del personal».
En este marco, Melzer instó firmemente al Gobierno de Córdoba a ponerle fin al encierro excesivo en centros de detención de menores y a garantizarles el acceso a escuelas y oportunidades para la reinserción de los internos adolescentes.
En cuanto al Establecimiento Penitenciario Nº9, el representante de la ONU repudió que las celdas estén compuestas de espacios reducidos de 3 metros por 4, con doce cuchetas triples. «En cada celda, hay 10 reclusos que permanecen encerrados durante 16 horas por día, sin instalaciones sanitarias, sin luz artificial, sin actividad de ningún tipo y sin espacio para moverse. No tienen ni mesas ni sillas y los reclusos comen en la cama. Orinan y defecan en recipientes plásticos, excepto durante dos períodos de cuatro horas diarias cuando se abren las celdas (…) Los internos permanecen en estas condiciones sin ningún acceso ni a la luz del sol ni a espacios abiertos durante períodos que oscilan entre varias semanas y más de 6 meses, lo cual genera una sensación general de profunda angustia y desesperación».
“Muchos hombres y mujeres manifestaron haber sido detenidos por la Policía durante períodos prolongados de varias semanas y hasta más de seis meses, muchas veces, sin haber visto a un juez o a un defensor público, y sin acceso al aire fresco ni a la luz solar (…) Debo enfatizar que las condiciones de detención que acabo de describir violan las normas internacionales y son totalmente incompatibles con la dignidad humana».
