El transfemicidio de Azul
El sábado 11 de noviembre se realizó la 9na Marcha del Orgullo y la Diversidad. Allí estuvo presente el grito de justicia por Azul Montoro, joven trans asesinada el 18 de octubre de este año. La semana pasada, el poder judicial había reconocido lo que ya habíamos gritado: el crimen de Azul fue un femicidio. Las mujeres trans se encuentran en el peor de los lugares del abandono, y son esos vacíos estatales los que denunciamos.
Por Redacción La tinta
Córdoba amaneció con una noticia horrible: Azul Montoro había sido asesinada. Para nosotras, siempre estuvo claro que fue un transfemicidio, o mejor dicho, un transfeminicidio, término que usamos no sólo para denunciar al macho violento que asesina sino que nos sirve, además, para denunciar las complicidades estatales, las desidias de abandono hacia las mujeres, trans y todas las identidades diversas.
Azul Montoro era una joven trans de 23 años, nacida en Villa Mercedes, San Luis. Vivía en Córdoba y ejercía el trabajo sexual. La semana en que la mataron, una amiga le había pedido que le cuide la pieza de la pensión porque se iba de viaje. A las 5 de la mañana, otra amiga de Azul, encontró allí su cuerpo, sin vida.
Fabián Alejandro Casiva es el principal sospechoso de su muerte. En un primer momento, el fiscal Guillermo González lo imputó por homicidio simple. Las calles se colmaron de compañeras exigiendo justicia, interpelando al Estado para que reconozca no sólo que había sido un femicidio, tal como lo estipula el Código Penal, sino también para que el Estado asuma las responsabilidades que le caben.
La semana pasada, el fiscal decidió cambiar la carátula a “homicidio agravado por violencia de género”, la figura legal para el femicidio. A medida que avanzaba en la investigación, aparecieron pruebas de que el crimen tenía motivaciones mucho más profundas: Casiva había sido un violento hacia las mujeres de su familia, desplegando su poder de macho, y el fiscal consideró que había trasladado esas relaciones de poder hacia Azul.
“Tuvo un despliegue inusitado de violencia que hace a una relación asimétrica, y a un aprovechamiento de la situación y de la vulnerabilidad de la víctima”. Las 18 puñaladas que ella recibió en su cuerpo demuestran una violencia fundamentada en el odio hacia la mujer. Pero el cuerpo de Azul ya poseía muchas marcas, marcas de la violencia machista de la sociedad y del Estado.
Abandono del Estado
Apenas conocida la noticia, compañeras de Azul agrupadas en ATTTA, la Asociación de Travestis, Transexuales y Trangéneros de Argentina Filial Córdoba, marcharon para reclamar por justicia. Celeste Giacchetta, la coordinadora provincial, decía que “las mujeres trans morimos en situaciones espantosas, jóvenes, pobres y siempre en la marginalidad. El Estado es responsable de esto”.
El abandono estatal hacia la comunidad trans se refleja en las inseguridades e insalubridades en las que ejercen el trabajo sexual, como una de las únicas posibles salidas laborales. Desde ATTTA reclaman por el cupo laboral trans, y otras múltiples organizaciones denuncian la criminalización de aquellas trabajadoras sexuales que deciden serlo mientras exigen mejoras en sus condiciones laborales. Invisibilizar la realidad es abandono. No dar respuestas es abandono.
En los últimos 3 años hubo 7 transfemicidios en Córdoba. Estrella Sánchez, Laura Moyano, Vanesa Ledesma, Cindy Arias son algunos de sus nombres. El reconocimiento del crimen de Azul en el marco de la violencia de género es un gran avance ganado por las compañeras organizadas en la calle hacia adentro el sistema judicial. Pero no es sólo el poder judicial el que debe reconocerlo, es el Estado el que debe hacerse cargo, el que debe dejar de hacer vista gorda frente a las desigualdades estructurales de la sociedad.
Por Azul, y por todas, seguiremos en las calles.
*Por Redacción La tinta / Fotos: Colectivo Manifiesto.
