Bachilleratos populares: educación y militancia ante el ajuste
“Desde el año pasado, el núcleo del conflicto es el no reconocimiento de bachilleratos sobre los cuales había un compromiso de reconocimiento, y el cierre del registro para la apertura de nuevos. La consecuencia de esto es la imposibilidad de emisión de títulos, el no otorgamiento de becas ni viandas a los estudiantes y el no reconocimiento del salario que como trabajadores de la educación nos corresponde”.
Por Alejandro Gomez para Agencia Paco Urondo
En los últimos días, la educación como tema-problema ha vuelto a hacerse un lugar central en el discurso mediático y en el debate político. La toma de colegios en la Ciudad de Buenos Aires pone la mirada en el sistema educativo en general y en los planes que el Gobierno tiene para su transformación. La Ministra de educación porteña, Soledad Acuña, declara ante cualquier tribuna en la que se presente que su gestión defiende el derecho a la educación, frente a quienes lo vulneran con tomas, paros y movilizaciones. Pero para entender un poco mejor los sentidos y políticas en disputa hay que salir de los universales abstractos y cuestionarse qué sentido le atribuyen a este derecho, para qué y para quiénes.
Si se traza una cronología de los diferentes conflictos que este año han atravesado al sistema educativo (paros docentes, recortes en investigación, tomas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, implementación de la “secundaria del futuro” y la toma de escuelas), puede concluirse como denominador común una visión de la educación como “gasto” a reducir mediante el ajuste y la precarización, y como insumo de un mercado que demanda mano de obra precarizada y funcional a sus necesidades. Si este breve esbozo puede ayudar a orientar sobre con qué objetivo el Gobierno considera el derecho a la educación, otro tanto puede hacerse con el para quién. Si el objetivo que persigue es precarizar y mercantilizar la educación, vemos que el sujeto de sus políticas educativas son los jóvenes que se espera insertar en el mercado laboral en condiciones precarias. Y esto deja fuera de ese derecho a sectores de la población que ya fueron excluidos del sistema educativo en distintos momentos. La educación para jóvenes y adultos atraviesa hoy una situación aún más crítica que el promedio de la educación pública.
En la Ciudad de Buenos Aires la educación para jóvenes y adultos es llevada adelante principalmente por la experiencia de los Bachilleratos Populares. La población que asiste a nuestras aulas es una población que viene de varias exclusiones: educativa, económica, social, habitacional, política y cultural; son aquellos más vulnerables frente a la implementación de programas de ajuste. Aquellos caídos del sistema en los cuales no se ve necesario invertir en su educación. En este contexto, los bachilleratos populares buscan ser un espacio de inclusión y de garantía de ese derecho a la educación proclamado por la ministra Soledad Acuña.
Sin embargo, la realidad es que estas declaraciones quedan sólo en eso. Quienes transitamos día a día los espacios y aulas de los bachilleratos populares nos encontramos con otra realidad. El estado de precariedad con el que surgen estas experiencias en la Ciudad de Buenos Aires ha ido profundizándose y llegamos al día de hoy a una situación de emergencia de muchos bachilleratos populares para jóvenes y adultos. Si hasta el año pasado las experiencias le eran funcionales al Gobierno por una cuestión estadística, para poder mostrar indicadores de incidencia en la educación para jóvenes y adultos que no habían finalizado sus estudios en su momento, hoy la política es la de obturar la experiencia cerrando el registro de bachilleratos, y ajustar a los ya existentes.
Quienes formamos parte de bachilleratos populares nos encontramos con espacios donde el respeto a los derechos es escaso. La situación de desprotección por parte del Estado es prácticamente total: funcionamos en locaciones precarias, muchas veces prestadas o alquiladas con los escasos ingresos con los que contamos. Esto conlleva a que sea muy difícil garantizar las condiciones mínimas que debe tener toda escuela para poder desarrollar su práctica pedagógica. Todos los insumos corren por cuenta de lo que la comunidad del bachillerato pueda conseguir. Se vulnera el derecho de nuestros estudiantes a recibir una educación pública de calidad, volviendo a convertirlos en sujetos excluidos en cuanto su proceso pedagógico tiene que convivir con la carencia y la precariedad de no contar con espacios seguros, condiciones de higiene y los insumos necesarios.
Desde el año pasado, el núcleo del conflicto es el no reconocimiento de bachilleratos sobre los cuales había un compromiso de reconocimiento, y el cierre del registro para la apertura de nuevos. La consecuencia de esto es la imposibilidad de emisión de títulos, el no otorgamiento de becas ni viandas a los estudiantes y el no reconocimiento del salario que como trabajadores de la educación nos corresponde.
Si el derecho a la educación de nuestros estudiantes está vulnerado por lo desarrollado anteriormente, el de los compañeros y compañeras educadores también lo está. Consideramos que la labor de los educadores dentro de las experiencias de los bachilleratos populares es de naturaleza militante y trabajadora. Es claro el impulso militante fundamental para llevar adelante estas experiencias en el contexto descripto; sin embargo esto no elude la reivindicación constante que tenemos frente al Estado de ser reconocidos como trabajadores. Pese a que muchos somos reconocidos como establecimientos educativos públicos, el Gobierno de la Ciudad no reconoce nuestro trabajo en la modalidad de “pareja pedagógica”, reconociendo parcialmente los salarios docentes. Ese dinero que entre mediante los salarios reconocidos es la base del sostenimiento de nuestras experiencias político pedagógicas: sostenimiento de los espacios, limpieza, compra de insumos y material pedagógico y, finalmente, reparto equitativo entre los docentes. Consideramos que no es excluyente el considerarnos militantes-trabajadores de la educación, ya que la lucha por el financiamiento integral, por el reconocimiento de nuestro rol de trabajadores es también la lucha por una educación de calidad. Una educación que no aspire sólo a sobrevivir y sostenerse en un estado de emergencia permanente , sino que pueda brindar a jóvenes y adultos que ya fueron excluidos una o varias veces del sistema educativo, un salto de calidad con docentes que no afronten su tarea sumidos en la precarización y cargando sobre sus hombros con el sostenimiento integral de espacios que deberían estar garantizados por el Estado.
Así, desde nuestra experiencia concreta, desde nuestra praxis político-pedagógica cotidiana, los bachilleratos populares cuestionamos y luchamos frente al avance que el partido de gobierno impulsa sobre el sistema educativo. Si la educación es un derecho, como declara la Ministra Acuña, ésta debe garantizarse en igualdad de condiciones para todos; niños, jóvenes y adultos deben poder acceder a ése derecho en condiciones que les permitan desarrollarse, construir conocimientos y adquirir pensamiento crítico.
Ése derecho nunca podrá ser ejercido en su totalidad mientras se mantenga el ajuste y la precarización sobre la educación, mientras no se cuente con condiciones edilicias, los insumos y materiales necesarios, viandas y becas para estudiantes y salarios dignos para los docentes. Por eso consideramos que es el Estado, como garante de ése derecho, el responsable de disponer de todos los medios y recursos necesarios para su cumplimiento. Y junto a ello, seguir levantando la voz y remarcando que ningún pueblo puede dejar nunca que sea el mercado el que decida la política educativa.
*Por Alejandro Gomez para Agencia Paco Urondo.
