Qué hay detrás de la redada judicial contra organizaciones sociales, culturales y políticas en Córdoba
Organizaciones sociales y políticas que firmaron una denuncia contra la violencia institucional y el rol de los fiscales en la consagración de la impunidad de esos delitos fueron allanadas el jueves, en una redada judicial que secuestró redoblantes de murga, cajas de leche y que se llevó detenido al fletero que trasladó el equipo hasta la marcha contra el gatillo fácil que se realizó el lunes pasado. El raid del fiscal Gustavo Dalma incluyó partidos políticos. “Nadie cruza ese límite sin tener una espalda política ancha”, sintetiza una de las abogadas testigo del atropello judicial. Qué dice la denuncia sobre la relación entre el Estado policial y el Poder Judicial. Y cómo se relaciona con el tratamiento de la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado.
Por La vaca
Abogadas, abogados y organizaciones sociales denunciaron el 31 de mayo el rol del Poder Judicial en la impunidad del gatillo fácil en Córdoba. Presentaron un informe completo, causa por causa y fiscal por fiscal que demostraba cómo funciona la máquina de la violencia institucional. El 31 de julio ampliaron esa denuncia y la presentaron con una movilización que los acompañó hasta la sede del Fiscal General de esa provincia. Primero les dijeron que la dejen en mesa de entradas, pero ante la evidencia de una multitud movilizada, el fiscal general Alejandro Moyano aceptó recibir a los abogados. Prometió responderles en breve.
El jueves, cuando se cumplió exactamente un mes, esa respuesta pareció estar presente en la redada judicial que azotó a 11 organizaciones sociales, culturales y políticas, muchas de ellas firmantes de esa denuncia.
El operativo policial fue sincronizado y ordenado por el fiscal Gustavo Dalma. El resultado: allanaron siete organizaciones sociales, dos domicilios particulares y dos partidos políticos opositores (PO y Partido para la Victoria), en los que secuestraron cajas con leche, bombos y redoblantes de murga, banderas con los rostros de chicos acribillados por gatillo fácil y afiches con la cara de Santiago Maldonado.
En el allanamiento al comedor de Casa 1234, al leer el acta con el material incautado, alguien preguntó:
-“Por qué se llevan esos pañuelos”.
El policía respondió:
-“Porque tienen símbolos anarquistas”
¿Y desde cuándo el símbolo anarquista es un delito?
-“Tenemos órdenes expresas de buscar simbología anarquista”, respondió el oficial.
En ese operativo el allanamiento estuvo a cargo del cabo primero Nicolás Funes y se realizó sin testigos, aunque luego convocaron a cuatro personas para que firmaran el acta. Lo hicieron “en disconformidad”.
Otro saldo de la redada judicial: tres detenidos. Uno de ellos es el fletero que trasladó el equipo de sonido al acto que este lunes manifestó contra el gatillo fácil. Su domicilio fue allanado durante la mañana, como los 11 restantes.
El segundo detenido es familiar de una de las víctimas más emblemáticas de la violencia institucional en esa provincia. Estaba limpiando la mesa del comedor que funciona en su barrio. Fue apresado por otra causa, pero en el marco de esa redada.
El tercero es un vecino del comedor que funciona en la calle Vélez Sarfield 1234. El cargo: “resistencia a la autoridad”.
Esta redada judicial sin precedentes se desató por una supuesta llamada anónima que justificó las órdenes de allanamiento bajo la excusa de “identificar a los encapuchados que cometieron los desmanes”, que se produjeron al finalizar la marcha contra el gatillo fácil realizada el lunes. Se trata, entonces, de una redada desatada contra las organizaciones sociales y políticas que convocaron a esa marcha, justificada con el argumento de averiguar quién rompió la vidriera de una financiera.
La lista de organizaciones sociales y políticas coincide con las que firmaron la denuncia contra la violencia institucional y el rol de los fiscales, que concluía con estas premonitorias palabras:
“Somos conscientes de la incomodidad que produce nuestro accionar en determinados sectores de los poderes de turno por este reclamo que es denuncia y desenmascaramiento de procedimientos represivos y autoritarios. Pero también somos conscientes de la necesidad de que estas palabras resuenen y lleguen a ser escuchadas por toda la comunidad”.
Que así sea.
Qué denunciaron
«Creemos que en este momento es urgente denunciar y repudiar el rol político que está teniendo el Poder Judicial a la hora de asegurar impunidad a miembros de la Policía de Córdoba. Porque es la institución policial quien al formar parte del Estado tiene un límite legal establecido y es el Poder Judicial el que debe garantizarlo”. Once abogadas y abogados querellantes en casos de gatillo fácil, dos legisladores provinciales del FIT (uno con mandato vencido) y 19 organizaciones sociales, suscribieron la denuncia que describe cómo funciona la máquina judicial en casos de violencia institucional. Es interesante leerlo en el contexto de la desaparición de Santiago Maldonado, porque el procedimiento de la investigación fiscal y su relación con la fuerza de seguridad involucrada parece idéntico.
Una síntesis de sus principales datos de contexto:
-“Durante las investigaciones que tienen como objeto estos casos – gatillo fácil, o de abuso policial- las fiscalías basan sus conclusiones sólo en las declaraciones que hacen los mismos miembros de las Fuerzas de Seguridad. No se contemplan ni se encuentran relevantes para la investigación, las declaraciones del resto de los testigos”.
-“La investigación, parte, nace de las declaraciones de los mismos miembros de la fuerza, a partir de allí se construye la hipótesis de lo sucedido, y se investiga en esa línea, no buscando la verdad de los hechos”.
-“Todo esto sucede sin detenciones preventivas para el personal policial, despreciando totalmente la influencia y el poder real que tiene un agente policial en nuestra sociedad, quienes pueden en un alto nivel de probabilidad entorpecer la investigación de diferentes maneras: plantar pruebas, deformar declaraciones, amenazar testigos, etc.; demostrando así cierto privilegio procesal- totalmente ilegal e infundado- otorgado por las mismas fiscalías a los policías”.
-“Estas apreciaciones las hacemos a partir de nuestra profesión, de nuestro trabajo como abogadas, abogados en causas de “abuso policial” y de “gatillo fácil”. Además de la mismísima realidad existente en nuestros barrios y nuestras calles que confirman la profundización de un Estado Policial en nuestra Provincia, un alto grado de poder y crisis en la institución policial, que se ve totalmente descontrolada e impune”.
El Estado policial
-“Sólo en 2016, 39 policías fueron echados de la fuerza y en lo que va de 2017 fueron apartados de su cargo varios miembros de la cúpula policial por diversos hechos delictivos”.
-“Nuestra provincia es una de las más policializadas del país, excediendo abismalmente el número de policías recomendados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un piso razonable para medir la relación policías/habitantes es de 280 uniformados cada 100 mil vecinos. Córdoba excede este número por más del doble. Aun así, el delito no ha disminuido en nuestra Provincia, por el contrario, ha ido en aumento”.
-“Córdoba es la tercera en el orden nacional en casos de violencia institucional”.
-“La Policía de Córdoba tiene un promedio de un joven muerto por mes por gatillo fácil”.
-“Según el informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), titulado Uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba, las víctimas por el ‘uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba’ en el transcurso de casi 6 años (desde 2011 hasta Abril de 2016), se eleva a 77. En 2013 y 2014 es donde se registraron más víctimas (18), y en los 4 primeros meses del 2016 -fecha hasta donde se recopilaron casos para el informe citado-, el número ascendía a 5”.
-“El 60% de las muertes se dio en la categoría denominada ‘ejecución extrajudicial’, es decir: gatillo fácil. En lo que va de éste 2017, es decir, en sus primeros 5 meses ya tenemos 3 casos de gatillo fácil. Hay como se advierte, muchísimos casos de ‘gatillo fácil’, ‘de abuso policial’, y otros motivos preocupantes que nos convocan como: las amenazas a los familiares de víctimas de gatillo fácil, o abusos policiales. También la persecución a los amigos, y familiares de víctimas de violencia policial es algo común, que la Justicia jamás investiga”.
La denuncia detalla luego los casos más emblemáticos de gatillo fácil, cómo fue el tratamiento fiscal y cómo el resultado fue la impunidad de sus responsables. Uno por uno y fiscal por fiscal.
La redada
Los allanamientos ordenados hoy por el fiscal Gustavo Dalama del jueves se realizaron en:
-La Casa 1234. Barrio Güemes. Es un espacio cultural, dedicado principalmente a las artes gráficas, que ofrece talleres y realiza ferias de publicaciones y serigrafías.
-Kasa Karakol, de la Federación de Organizaciones de Base. Fue firmante de la denuncia. Es donde la policía “secuestró” bombos, redoblantes y cajas de leche.
–La casa de una de las madres de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil. Fue firmante de la denuncia.
–La casa del fletero que llevó materiales a la marcha que se realizó el lunes contra el gatillo fácil. Quedó detenido.
-Bataclana Espacio Cultural. Sala que ofrece talleres de acrobacia, danza, teatro y títeres.
-Biblioteca Leopoldo Marechal. Integra la CONABIP.
-Comedor del Frente de Organizaciones en Lucha. Barrio Müller. Fue firmante de la denuncia. Tres personas fueron llevadas hasta la Central de policía para confirmar su identidad. Fueron seleccionadas a partir de una lista que llevó la policía junto con la orden de allanamiento librada por el fiscal Gustavo Dalma.
-Biblioteca Popular de Villa La Maternidad. Una biblioteca que ofrece talleres de títeres y murga y que nació en un barrio que resistió un desalojo.
-Espacio social anarquista. Barrio Güemes. Fue firmante de la denuncia.
-Local del partido Obrero. Dos legisladores del FIT fueron firmantes de la denuncia.
-Local de Partido de la Victoria, sede del kirchnerismo cordobés.
Sintetiza sobre este raid judicial una de las abogadas, presente en los allanamientos: “Ya hemos naturalizado que la policía irrumpa en comedores, también en colegios, y hasta en los lugares dónde nos organizamos, pero hoy se marcó una diferencia al allanar sedes de partidos políticos. Un fiscal no puede ordenar cruzar ese límite sin tener una espalda política muy ancha”.
A las 18 de ese día, el Ministerio Público Fiscal cordobés dio a conocer el siguiente comunicado:
“La Fiscalía de instrucción a cargo de Gustavo Dalma ordenó 15 allanamientos y la detención de tres personas vinculados a los incidentes del día 28 de agosto en el centro de la ciudad. Todos por la supuesta comisión de delitos comunes. Dos de ellos bajo la figura de itimidación pública y el tercero por resistencia a la autoridad”.
*Por La vaca / Fotos: Colectivo Manifiesto.
